Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a cerrar la puerta a los intentos de grandes contribuyentes por eludir sus obligaciones fiscales. Al resolver tres juicios de amparo, el máximo tribunal confirmó créditos fiscales que en conjunto superan los 246 millones de pesos, monto que distintas empresas deberán pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La decisión representa un nuevo revés para compañías que buscaban anular adeudos mediante litigios constitucionales y consolida la tendencia reciente de los tribunales a respaldar la recaudación del Estado frente a esquemas fiscales agresivos.

El caso de mayor impacto económico corresponde a la arrendadora de plataformas petroleras Oro Negro, que intentó reducir su carga tributaria argumentando que ciertas aportaciones destinadas a futuros aumentos de capital debían considerarse deducibles dentro del ajuste anual por inflación. La empresa impugnó el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, alegando que omitía incluir esos conceptos entre los montos restables para efectos fiscales.

La Corte desestimó el argumento y determinó que la norma es constitucional, al considerar que no vulnera la capacidad contributiva ni genera un trato injustificado entre contribuyentes. Con ello, dejó firme el crédito fiscal correspondiente.

En un segundo asunto, el tribunal confirmó un adeudo de aproximadamente 49 millones de pesos a cargo de la empresa Angruplast. El caso surgió tras operaciones relacionadas con un aumento de capital social en el que se reportaron pérdidas fiscales derivadas de la emisión y posterior venta de acciones que no fueron pagadas en su totalidad. La autoridad fiscal rechazó esas deducciones y determinó el crédito, decisión que ahora queda validada de manera definitiva.

En conjunto, las resoluciones obligan a tres compañías a cubrir adeudos que habían intentado impugnar durante años, consolidando un precedente relevante sobre la constitucionalidad de diversas disposiciones fiscales y societarias.

El fallo se inscribe en un contexto más amplio de fortalecimiento de la política tributaria federal. En los últimos años, el SAT ha incrementado la fiscalización a grandes contribuyentes y ha obtenido cada vez más victorias en tribunales, recuperando montos significativos para las finanzas públicas.

Desde la perspectiva del Gobierno, estas resoluciones contribuyen a garantizar que las grandes empresas cumplan con el pago de impuestos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, cerrando espacios a estrategias legales destinadas a diferir o evitar contribuciones.

Para los especialistas, la decisión también envía una señal clara: los amparos fiscales ya no representan un mecanismo automático para suspender o anular adeudos millonarios. Con cada fallo, la Corte delimita con mayor precisión los alcances de la planeación fiscal y reafirma el principio de que los tributos son una obligación constitucional.

En un país donde los créditos fiscales en disputa alcanzan cifras billonarias, cada resolución adquiere peso político y económico. Más allá de los 246 millones en juego, el mensaje es que la capacidad del Estado para cobrar impuestos —especialmente a grandes corporaciones— se ha convertido en un eje central de la política pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un golpe al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, al confirmar en definitiva, que Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.

Después de casi cuatro años de haber recibido el expediente, la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, propiedad del empresario, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un tribunal colegiado de circuito.

La Sala consideró, por tres votos contra dos, que la revisión interpuesta por Elektra era improcedente, ya que no es un tema de Constitucionalidad que ameritara la intervención de la Corte.

En su informe anual de 2020, la empresa informó que litigaba contra ocho créditos fiscales por un total de 34 mil 63 millones de pesos, y que este monto está “debidamente garantizado” ante la autoridad.

En diciembre pasado, Elektra pidió a la Corte atraer un amparo directo con el que impugna un crédito por 18 mil 455 millones de pesos, confirmado en octubre de 2020 por el TFJA, que es el más cuantioso.

En el caso resuelto este miércoles por la Corte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó el crédito en 2013, por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes.

El litigio inició en mayo de 2015 con una demanda ante el TFJA, y llegó a la Corte en marzo de 2018. En junio de 2020, la Ministra Margarita Ríos-Farjat presentó a la Primera Sala de la Corte un proyecto que negaba el amparo a Elektra, pero la empresa promovió el impedimento de dicha Ministra, porque durante 2019 fue la Jefa del SAT.

A este impedimento se sumó el de la Ministra Norma Piña, quien había conocido del caso cuando era Magistrada de un tribunal colegiado, lo que dejó a la Primera Sala sin el quórum legal para conocer del recurso de Elektra, y obligó a enviar el expediente a la Segunda Sala.

En esta, el asunto fue turnado al Ministro Fernando Franco, lo que provocó otra reclamación de Elektra que siguió atrasando el caso, a grado tal que Franco se retiró de la Corte en diciembre, y el expediente fue heredado por la nueva Ministra Loretta Ortiz.

En la sesión, el Ministro Alberto Pérez Dayán, que votó en contra, aclaró que estaba en favor de no desechar el recurso de Elektra, sino estudiar sus argumentos, pero de todos modos negar el amparo.

Tras el fallo, Grupo Salinas informó que recurrirá ante instancias internacionales para defender su legítimo derecho.

“Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada. Ello en función de que la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa”, dijo la compañía en un comunicado.

Añadió que el Grupo cuenta con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que consideran una violación flagrante a sus derechos.

Grupo Elektra está conformado por las tiendas Elektra, Banco Azteca, Tiendas Neto, la fabricante de motocicletas Itálika, además de TV Azteca y Total Play, entre otras.