El segundo informe presentado ayer por el Subsecretario Alejandro Encinas ha permitido restablecer la relación con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, después de días en los que parecía estar en una situación crítica debido a la negativa a proporcionar información militar y la narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Las madres y los padres de los 43 normalistas aseguraron este jueves que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas y que participaron en la reunión para crear la “verdad histórica” deben ser investigadas.

En la conferencia de prensa afuera del Campo Militar, fueron cuestionados sobre qué opinan de “la defensa del Presidente a Omar García Harfuch y que ahora esté buscando una candidatura”. Sin mencionarlo directamente, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 jóvenes, señaló:

“Nosotros creemos que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la ‘verdad histórica’ se tienen que investigar penalmente, tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse”, subrayó.

El abogado y los padres insistieron en que “ya ha quedado acreditado que hubo una reunión de autoridades donde se decidió crear la verdad histórica”, por lo que la exigencia puntual es que todas las autoridades que estuvieron en la junta sean investigadas.

“En virtud de que hubo una junta de autoridades donde participó Enrique Peña Nieto, estamos pidiendo que se abra una investigación penal, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el Presidente”, agregó frente a los medios de comunicación.

La “junta de autoridades” a la que se refiere el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, estaba integrada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.

Rosales destacó que sería una contradicción que se tenga a Murillo Karan en la cárcel y que exista una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, por materializar la “verdad histórica”, y que no existan consecuencias para los demás: “Hubo otras autoridades alrededor que participaron en la construcción y deben investigarse todas las autoridades”.

Y reiteró: “queremos ser claros, estamos hablando de todas esas autoridades”.

A su vez, afirmó que la petición no tiene nada que ver con tiempos electorales: “Esto no es electoral. Nuestra demanda es por verdad y justicia, y quienes han violado la Ley tienen que pagar, quienes manipularon la investigación tienen que ser investigados”.

Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado, sin embargo, en qué parte, cómo, y qué papel jugó es lo que no ha quedado claro.

Alejandro Encinas confirmó ayer que que el expolicía federal y exjefe de seguridad de la capital mexicana aparece en dos informes elaborados por el actual Gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia.

García Harfuch es precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la izquierda y está bien posicionado en la intención de voto. Eso agrega aún más tensión a la referencia. Por eso Encinas fue cuidadoso, y lo dijo: no quiero intervenir en los procesos internos de los partidos. Pero la ecuación parece más o menos sencilla si se reducen a dos las posibilidades: una, donde el policía toma parte del grupo que ayudó a construir la llamada “verdad histórica” y que, sostuvo Encinas ayer, encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto. Otra, donde fue parte de los cientos, quizás miles, que se dieron a la tarea de buscar a los normalistas. En esos años tenía un rango de jefe, lo que refuerza la primera posibilidad.

También comentó, después de varias horas de silencio, que sí participó en “las reuniones”. ¿Cuáles? ¿Las que encabezó Peña Nieto junto con Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio? No está claro. Porque esas reuniones de alto nivel fueron las que construyeron la “verdad histórica” que fue, básicamente, un crimen de Estado –reveló ayer el Subsecretario de Gobernación– para ocultar la verdad y encubrir a servidores públicos e incluso el papel de una institución tan temida como respetada en México: el Ejército.

En el punto 8 del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada “junta de autoridades” que, según el propio reporte, fue la que construyó, “desde el Gobierno federal”, la conclusión que defendió Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, el propio Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal (PF).

La participación de la mencionada “junta de autoridades” implicó la construcción de la “verdad histórica”, donde se estableció que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, fueron privados de la vida e incinerados en el Basurero de Cocula y arrojados desde el puente Río San Juan.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala, Guerrero, también avalaron el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y celebraron que apunte al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano, además de retomar datos clave como los mensajes de Chicago que ligan a militares con el crimen organizado y el tráfico de droga.

“El informe presentado el día de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta narrativa de hechos descrita, pues no retoma estos seis aspectos [que reclamamos] y, sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica”, indicaron desde el plantón instalado en el exterior del Campo Militar Número 1.

Las y los familiares habían reclamado en días anteriores por la narrativa realizada por el Gabinete de Seguridad por seis cuestiones: criminaliza a los estudiantes; diluye la extensión de espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano, de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que hizo a los estudiantes; presenta conclusiones de lo que ocurrió con los estudiantes describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio; incorpora declaraciones de testigos que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados y omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica”.

“No somos necios, queremos la verdad. Que el Gobierno cumpla su promesa de esclarecer”, dijo la señora Joaquina García durante la conferencia de prensa.

Otro aspecto que aprobaron y ven con buenos ojos del informe es que retomó las capturas de pantalla de chats de Chicago, obtenidos por las autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, destacaron.

Los padres y madres también solicitaron que “por las falacias” presentadas en la narrativa del Gabinete de Seguridad, sea retirada. Además, también exigieron a las autoridades “cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la información que hemos solicitado”, y que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la “verdad histórica”.

Otra solicitud planteada es que el Gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), particularmente las relaciones con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.

Los padres también exigieron a las autoridades que dejen de “meter dudas a las población”. “Que no estén metiéndole dudas de lo que pedimos, que es información del Ejército. Ellos van a decir que estamos manipulados, que queremos entrar a la política. No, queremos encontrar a nuestros hijos”, aseveró Mario Carlos González, padre de uno de los normalistas.

Emiliano Navarrete, otro de los padres, reiteró que quieren que no se siga administrando la investigación, verdad y justicia que quieren alcanzar. Aseguró que no van a dar ni un paso atrás y pidieron la judicialización de exfuncionarios de alto nivel.

“Aquí estamos en las puertas del Ejército, este Gobierno que se comprometió a resolver nuestro caso, con esa buena voluntad, pero seguimos y no tenemos ni verdad y justicia, lo que tenemos es la resistencia acá atrás de nosotros”, remarcó al señalar hacia las instalaciones militares. “Nosotros vamos a dar la vida por nuestros hijos, no vamos a dar un paso atrás”.

“Pedimos que esta petición [de dar información del Ejército] sea pronta y efectiva”, abundó Navarrete.

“Y desde este micrófono exigimos que se abra una investigación contra el Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] por haber sido la máxima autoridad, [el exprocurador de Justicia, Jesús] Murillo Karam no pudo haber actuado sin la instrucción de una autoridad”, destacó por su parte Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres.

El padre de uno de los normalistas también anunció que van a retirarse del Campo Militar 1. “Hemos decidido levantar este plantón y esperando que la voz de Encinas sí tenga eco y perfore esa fortaleza y que la información sea entregada, que no haya obstáculo, que el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] no defienda lo indefendible. Queremos llegar a la verdad”.

“Suspendemos el plantón por la instrucción del Presidente de buscar esos documentos del Ejército que faltan”, dijo Cristina Bautista, madre de otro de los normalistas, pero advirtió que “si no cumple el Ejército en entregar esos documentos, vamos a regresar a este lugar”.

COVAJ ENTREGA SEGUNDO INFORME

Ayer, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.

Las conclusiones del Segundo Informe de la CoVAJ refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, que las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Asimismo, reiteró que en ningún momento se identificó un vínculo de los normalistas con ningún grupo delictivo.

El documento también destaca que a la fecha se encuentran detenidas 132 personas, de las cuales, 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, 2 federales ministeriales), siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala.

También han sido arrestados tres funcionarios de la FGR: el exsecretario de Seguridad Pública estatal de Guerrero; el expresidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca; y su esposa, la expresidenta del DIF Iguala, y 14 elementos de la Sedena.

La desaparición de los jóvenes, según plantea el documento, se atribuye principalmente al grupo de Guerreros Unidos, quienes lo habrían hecho en colusión y complicidad con autoridades y policías municipales y federales.

En tanto que la narrativa del Gabinete de Seguridad, presentada a los padres y madres el pasado viernes, proponía tres hipótesis para explicar el por qué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala.

La primera sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal “Guerreros Unidos” debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de “Los Rojos”, el grupo antagónico. La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del Alcalde José Luis Abarca contra los estudiantes por las protestas en el Palacio Municipal de Iguala. Y, por último, la tercera señala la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraban en los camiones tomados por los normalistas durante esa trágica noche en Iguala.

Las familias de los jóvenes desaparecidos habían acusado que la nueva narrativa incorpora elementos que ya habían quedado fuera y que se asemeja a la “verdad histórica”, ya desmantelada por las investigaciones del GIEI.

Los padres también denunciaron que, en esos datos presentados, se criminaliza a los estudiantes desaparecidos. Y es que, la tercera hipótesis sugiere que los estudiantes habrían sido desaparecidos por el tráfico de drogas y, la eventual presencia de estupefacientes, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

En tanto que el informe de la CoVAJ identifica principalmente, como parte de la colusión del Ejército, al Capitán Crespo, quien participó, según el informe, en la entrega de los estudiantes al crimen organizado. Esta aseveración se obtuvo a partir de la declaración del testigo protegido identificado como “Juan”.

Durante la marcha en la novena acción global por el Caso Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas desaparecidos reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la protección que ha dado al Ejército, pues, dijeron, eso les impide saber dónde están sus hijos. De igual forma, acusaron a su Gobierno de tratar de imponer una versión similar a la “verdad histórica” tan criticada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el diario español El País, que cita una investigación que contiene el informe que agentes andorranos pidieron a las autoridades judiciales de Estados Unidos, el cual establece que el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto habría utilizado, en al menos dos ocasiones, dos aeronaves propiedad de su ex abogado Juan Ramón Collado, quien está en el centro de la indagatoria abierta en el país europeo por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental.

Collado, encarcelado en México desde mediados de 2019, registró los vuelos mencionados en los Estados Unidos, en donde aparece Peña Nieto, pero además afirman que el abogado preso fue el responsable de abonar un tratamiento médico para una de las hijas de Peña Nieto en Estados Unidos por 91 mil euros.

La investigación del periódico madrileño sostiene que, en la que se indaga precisamente si Collado cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia, “el novedoso nexo entre el letrado (Collado) y Peña Nieto aparece en un informe inédito de la policía de Andorra de junio de 2022 que forma parte del sumario de la Operación Jet”.

El ex presidente Peña, que vive en Madrid en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de la capital española, desde octubre de 2020, cuando consiguió tramitar la llamada “visa de oro”, después de comprar en España un inmueble de más de medio millón de euros, no hace apariciones ni se prodiga en sitios públicos, a diferencia del también ex presidente de México y residente en Madrid, Felipe Calderón.

En entrevista para El País, Peña Nieto reconoció que “viajé tres veces en el avión (de Collado). Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó (…). Nunca he usado su avión para fines personales.

El ex mandatario mexicano negó también que Collado hubiese pagado la cirujía de su hija, aunque sí viajó en la aeronave de éste para trasladarla a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota: “Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. [Collado] no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que [los gastos de la operación] los cubrió el seguro médico de mi hija”.

Así mismo, Peña Nieto no solo rechazó que Juan Collado fuera su abogado, sino que inclusive negó que existiera una relación muy cercana: “Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”.

SinLínea

na vez más el expresidente de sustracción panista, Vicente Fox Quesada, fue mencionado en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que días 5 días antes de la salida de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó 63 concesiones para comercializar productos derivados de la cannabis a familiares del expresidente Vicente Fox Quesada.

Ante tales irregularidades, el Presidente López Obrador mencionó que se investigará el caso y las irregularidades cometidas cinco días antes de que Peña Nieto dejara el cargo de presidente; “Cinco días antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, Cofepris otorgó concesiones para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría de ellos vinculados a familiares de Vicente Fox”.

El líder del Ejecutivo federal también mencionó que el Dios de Vicente Fox y los conservadores es el dinero, ya que solo les interesa lucrar, en este caso con el comercio del cannabis.

Fox responde al Presidente con mensaje confuso

Minutos más tarde, Vicente Fox respondió, a través de un mensaje confuso y mal escrito, señalando que él no tiene concesiones para comerciar productos derivados de cannabis, llamado “mentiroso” a López Obrador.

Entre su frase sin sentido, Fox mencionó que AMLO debe “revisar” Cofepris y su propia información, sin embargo el ex panista no brindó mayor información, mientras que usuarios de redes sociales mostraron como es que Fox Quesada ya ha promocionado sus empresas canabicas.

Los Reporteros MX

En la investigación hecha por Amir Ibrahim llamado ‘El Cártel del Gol’ que presentó en la mañanera se dio a conocer la corrupción que existe en el fútbol mexicano; además de datos reveladores que fueron obtenidos mediante un juicio que obligó que la información fuera pública.

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador cedió 30 minutos de su conferencia matutina para que el periodista Amir Ibrahim exhibiera casos de corrupción dentro de la Liga MX, en la que destacó la condonación de más 2 mil 620 millones de pesos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

El periodista también dio conocer contratos, correos electrónicos, llamadas telefónicas que revelan como varios equipos mexicanos fraguan fraudes fiscales, evasión de impuestos y extorsión a jóvenes futbolistas.

“El futbol es un gran negocio, estimaciones señalan que mueve en el país unos 2 mil 800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo este enorme botín ha atraído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del futbol nacional para darle prioridad a sus ganancias”, dijo Ibrahim en Palacio Nacional.

¿A qué equipos se les condonó impuestos?

De acuerdo con la investigación exhibida en la conferencia del presidente se dio a conocer que durente los años 2007 y 2018 se condonaron 2 mil 620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes de la Liga MX.

Estos son los equipos y montos condonados durante los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón:

Sin embargo, el periodista aclaró que no es todo el dinero condonado a equipos de la Liga mexicana, ya que no se pudo acceder a toda la información requerida.

SinLínea

a Fiscalía General de la República (FGR) investiga el contrato de 29.3 millones de dólares entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la consultora BAIN & Company México, en la cual figuraba Gilda Susana Lozoya Austin. 

De acuerdo con el periódico Reforma, dicha consultora fue contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Peña Nieto para elaborar el programa de transformación de la Comisión; incluido el modelo operativo, plan de inversiones, estrategia de financiamiento y plan de negocios 2016-2020.

El contrato establecía que BAIN & Company México entregaría 29 productos y brindaría los servicios de 76 asesores, entre ellos la hermana del entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin; como contraprestación la consultora recibiría 28.8 millones de dólares.

“En el listado de 76 asesores expertos ofertados, BAIN incluyó y se le aprobó la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, con lo que se actualizaba un supuesto conflicto de interés por ser pariente consanguíneo de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, lo cual era suficiente motivo para desechar su oferta”, establece la denuncia interpuesta por la CFE ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que tuvo acceso el diario Reforma.

A pesar de que el contrato fue firmado y el pago fue efectuado, hasta la fecha, no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados y tampoco hay documentos que comprueben su entrega, de acuerdo con la denuncia.

Además de Gilda Susana, ejecutivos de BAIN & Company México y de la CFE también se encuentran bajo investigación, ya que la auditoría efectuada al contrato reveló una tendencia a favorecer a BAIN sobre otras consultoras que ofrecían mejores condiciones.

El pasado 16 de mayo, un juez de control volvió a girar una orden de aprehensión contra la hermana de Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por presuntas transferencias ilegales de dinero que recibió en el marco del caso Agronitrogenados.

Polemón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó el 14 de abril una demanda en una corte de Texas contra la empresa Whitewater Midstream, a quien acusa de corrupción en contratos que le otorgó CFE International en 2016.

Una empresa de investigación privada presentó pruebas de que ” los contratos otorgados a WhiteWater y su fundador, Matthew Calhoun, se realizaron en violación de las leyes mexicanas”, explicó El País en su publicación.

La Fiscalía Anticorrupción abrió el proceso penal en el país. Por lo que espera que se le brinde la documentación sobre estos arreglos que resultaron “perjudiciales” para México.

Whitewater y Antaeus Group son las empresas incluidas en la demanda de la CFE

Javier Gutiérrez Becerril, ex director de Operaciones de CFE International, y Guillermo Turrent Schnaas, exdirector general de esta filial. Ambos son señalados de tráfico de influencias y corrupción, por aprobar estos convenios “en detrimento de México y de su pueblo”.

Whitewater obtuvo permisos “para construir, transportar y comercializar gas en un gasoducto de Texas, cuya construcción fue patrocinada por CFE”, se lee en el documento de más de mil páginas.

Así, la empresa estadounidense ganó “cientos de millones de dólares”. Además, se convirtió en la mayor proveedora de gas natural durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, se investiga a la compañía Antaeus Group, que también pertenece a Calhoun.

“La CFE otorgó a Antaeus Group los derechos para construir un gasoducto de gas natural en el estado de Texas, pero la firma no lo construyó, sino que arrendó sus derechos a una empresa externa para construir y operar el proyecto. A cambio, Antaeus Group y un socio recibirían un pago de arrendamiento mensual fijo de 2.1 millones de dólares”, describe el diario español.

La Octava