Una parte importante de los recursos públicos que se ejercerán en 2026 se destinarán a  pagar la “maldita deuda corrupta” de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que en 2025 y 2026 deben cumplirse pagos de una parte importante de la deuda de la petrolera, por lo que la Secretaría de Hacienda diseñó una estrategia para continuar con el rescate de la petrolera. Recordó que fue en los últimos dos sexenios del PRIAN cuando se endeudó más a Pemex, por lo que indicó que a esos pasivos les llamará “la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”.

“Calderón y Peña, los dos decían: ‘ay, las finanzas del gobierno están muy bien’, así como dicen los financieros, ‘el déficit está bajando, hay consolidación’. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban”, señaló en su conferencia matutina.

La presidenta Sheinbaum Pardo detalló que, entre 2007 y 2012 –es decir, el sexenio de Calderón–, la deuda pasó de 46 mil millones a 60 mil millones de dólares. Y durante el gobierno de Peña Nieto, aumentó de 60 mil millones a 105 mil millones de dólares, sin que ese endeudamiento se reflejara en mayor producción de gasolina, diésel o petroquímica.

Al contrario: de 2012 y 2018, la producción de gasolina y diésel cayó de 718 mil a 324 mil barriles diarios. “Endeudaron a Pemex y se produjo menos petróleo”, acusó. Respecto a la producción de petroquímicos, Sheinbaum señaló que hubo reducción:  de 10.69 toneladas en 2012 disminuyó hasta 5.98 en 2018.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que una de las principales presiones sobre el presupuesto es el pago de la deuda de Pemex, la cual se incrementó durante los gobiernos neoliberales. Indicó que el 26 por ciento de esa deuda debe cubrirse entre 2025 y 2026, mientras que el 46 por ciento restante corresponde a los años siguientes del actual sexenio.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que uno de los objetivos de su administración es rescatar Pemex porque representa “el patrimonio de las y los mexicanos”. Asimismo, destacó el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que de 2018 a 2024 aumentó la producción de gasolina y diésel, tendencia que continuará en su administración.

La primera mandataria subrayó que el Paquete Económico 2026 es “responsable y humanista”, pues garantiza los programas sociales y la inversión. “¿Se acuerdan que dije, cuando presentamos Pemex?: en el 2027 ya sale solito Pemex, ya no va a necesitar el apoyo? Pues así es. En el 2026 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña”.

Eustaquio Tomás de Nicolás tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, madre del expresidente Enrique Peña Nieto, recibió 38 millones de pesos del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien enfrenta procesos penales por los delitos de fraude, evasión fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Según una investigación de Contralínea, las transferencias millonarias se realizaron sin que haya registros fiscales del origen de esos fondos.

Peña Nieto, a través de una tercera persona, informó al medio que esta operación sí se realizó, aunque se trató de la venta de un terreno.

“El priista aseguró que eso ocurrió hace 15 años, cuando él era gobernador del Estado de México y su madre ‘le vendió unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo, Enrique Peña del Mazo’”, se lee en la investigación.

Sin embargo, declaró el priista, el pago no se hizo en su momento, sino hasta 2012, cuando él llegó a la Presidencia y pudo intervenir para reclamar el pago.

El expresidente resaltó que “terminó mal” su relación con el empresario Eustaquio de Nicolás, debido al atraso del pago. Aclaró que estas transacciones “ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.

“Tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”, expresó el exmandatario sobre los terrenos vendidos y los movimientos financieros en torno a ellos.

¿Quién es Eustaquio de Nicolás?

Contralínea hizo un perfil del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario. 

Fue fundador y presidente de las empresas desarrolladoras de viviendas Homex y Expectras, así como del equipo profesional de futbol Dorados de Sinaloa. “Tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto”, explicó el medio.

Además, “está vinculado a una red de funcionarios y empresarios que presuntamente han blanqueado dinero en el Andorra”. No solo eso, según el medio, también aparece en un esquema de triangulación de recursos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Asimismo, “se relacionó con los prófugos de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, en la creación de empresas factureras”.

La Octava

Por Daniela Barragán.

La UIF habla de millones de pesos y las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto solo de miles. Ambos datos contrastan y ponen en evidencia que el expresidente pasó seis años sin reportar todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.

Ciudad de México, 8 de julio.- Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.

Derivado de ese episodio, desde el Gobierno federal se puso énfasis en la transparencia de las declaraciones patrimoniales, ese documento que todo funcionario público debe presentar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que permite determinar irregularidades en el crecimiento del patrimonio, pero también para poner sobre aviso los posibles conflictos de interés, que son las relaciones que pueden influenciar sus decisiones como servidores.

En ese entonces, Peña Nieto incluso llamó a su amigo Virgilio Andrade para investigarlo y dirigir la SFP. Éste concluyó que nunca existió un conflicto de intereses y que en las declaraciones de Peña Nieto no había anomalía ninguna.

A pesar de todo el revuelo que provocó ese episodio, Enrique Peña Nieto mantuvo la secrecía en sus declaraciones patrimoniales. Ahora contrasta la opacidad con la información que posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el nivel de vida que ha llevado luego de terminar su administración.

El origen de la riqueza de Enrique Peña Nieto no se puede esclarecer con lo que reportó cuando ocupó la Presidencia de México (2012-2018). El día de ayer, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.

En ninguna de sus declaraciones patrimoniales que ingresó como Presidente informó su relación con dos empresas de las que, según informó UIF, ha sacado los millones con los que ha vivido en España, su actual lugar de residencia en donde cuenta con un “visado dorado”. Esto dio origen a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Este último dato dado a conocer por El País, fue uno de los que más dudas levantó, ya que para obtener un permiso de ese nivel se requiere ser un inversor que destina al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.

Las declaraciones dan pocas pistas pero hablan de ingresos que no rebasan los 3 millones de pesos anuales. En 2013, la primera declaración patrimonial y de intereses que presentó Enrique Peña Nieto dio información sobre su escolaridad, su experiencia laboral y sus ingresos, que en ese momento eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).

En ese momento reportó cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, obtenidos la mayoría por herencia y donación; solo dos adquiridos de contado. Por último informó de bienes inmuebles por 6 millones 900 mil pesos entre joyería, obra de arte y menaje de casas.

A mediados de ese año presentó otra declaración en la que hubo cambios de sus ingresos, al pasar a los 452 mil 713 pesos anuales derivados de su cargo público (240 mil 234 pesos), por actividad financiera (65 mil 756 pesos) y “otras” actividades (146 mil 723 pesos).

En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.

En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.

En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.

En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.

En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.

En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.

De acuerdo con la UIF, el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.

SinEmbargo identificó con base a los contratos contenidos en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que beneficiaron al expresidente priista.

No obstante, desde que dejó la Presidencia su estilo de vida ha llamado la atención, sobre todo por los viajes que ha hecho a lo largo del mundo y por las recientes revelaciones que hizo el diario El País de su estancia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua y de la adquisición en 2020 de un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí.

De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.

Aunque frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.

Ahora, con la reportado por la UIF, las autoridades han dado una posible explicación sobre el financiamiento de este estilo de vida, un esquema millonario irregular, que implica a empresas que obtuvieron contratos durante a su Gobierno, y sobre el cual no hay un rastro en su declaración patrimonial.

Aunque en 2019 el expresidente Enrique Peña Nieto negó vivir en España, la realidad es que tiene visa dorada para habitar en aquél país.

De acuerdo con el medio El Pais, el exmandatario solicitó una autorización inicial de residencia y trabajo que se le concedió en octubre de 2020.

El permiso que tiene Peña Nieto es el “visado dorado”, trámite que permite regularizar a los multimillonarios que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500.000 euros (10.5 millones de pesos mexicanos).

Actualmente, Peña Nieto reside en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, en la exclusiva urbanización Valdelagua, donde es vecino de los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

La casa alquilada, según el registro de la propiedad, es un chalet construido en una parcela de 2.500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega. El resto es jardín. Un seto de cipreses protege la intimidad del exdirigente priista, que mantiene una enorme bandera de España ondeando en la explanada de la entrada.

En Valdelagua no puede entrar nadie que no esté autorizado por los residentes; de hecho, hay seguridad privada que hace rondas continuas por las callejuelas que conectan a casi 300 chalets. Esa es parte de su exclusividad.

En 2020, el político adquirió un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario idealista.com le atribuye un valor superior a los 500 mil euros.

El inmueble ha pasado por una reforma reciente y es ahora un “piso de lujo”, según relata uno de los vecinos, usualmente se mantiene vacío aunque en alguna ocasión se ha juntado gente para cenar en la terraza. El expresidente ha llegado incluso a participar en al menos una junta vecinal.

El País no ha podido confirmar si Peña Nieto posee activos financieros en España, además de la propiedad del barrio de Chamberí.

La autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto expira en octubre de este año. Tras ese periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual. En el caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por cinco años más.

El exmandatario nunca ha reconocido públicamente su residencia en España. En 2019, vía Twitter, negó tener o alquilar algún bien en Madrid.

“Es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid”.

En ese mensaje aseveró que vivía en México con su familia y que no tenía contemplado mudarse “a España ni a ningún otro país”.

En ese entonces no mentía, pues la solicitud de su residencia en España la hizo algunos meses después.

Polemón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) demandó el pasado 14 de abril a una empresa norteamericana por posibles actos de corrupción en los contratos que le otorgaron en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El nombre de la empresa norteamericana es WhiteWater Midstream y fue la  mayor proveedora extranjera de gas natural del país en el gobierno prianista de Peña Nieto.

El documento señala a Javier Gutiérrez Becerril, exdirector de Operaciones de CFE International, y a Guillermo Turrent Schnaas, exdirector general de la filial, por adjudicar contratos beneficiosos a la empresa texana que resultaron perjudiciales para México.

Una empresa de investigación privada presentó pruebas de que ”los contratos otorgados a WhiteWater y su fundador, Matthew Calhoun, se realizaron  violando las leyes mexicanas”, explicó el diario El País en su publicación.

La Fiscalía Anticorrupción abrió el proceso penal en México. Por lo que espera que se le brinde la documentación sobre estos arreglos que resultaron “lesivos” para la nación.

El recurso legal presentado, cuenta con más de mil páginas en las que se  muestran detalles  acerca de denuncias contra los exfuncionarios por tráfico de influencias y corrupción.

La demanda interpuesta señala que Mathew Calhoun, cofundador de WhiteWater Midstream y presidente de Operaciones Comerciales de la empresa, tiene una larga relación profesional y personal con Gutiérrez Becerril y Turrent Schnaas.

En julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso en una de sus conferencias de prensa mañaneras, al mencionar que muchos de esos contratos se han llevado a litigios internacionales, ya que se hicieron de manera corrupta con el fin de comprar gas de manera exagerada.

“Tenemos que hacernos cargo de contratos que significan el doble del gas que necesita México, y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos”, refirió el mandatario.

Whitewater obtuvo permisos “para construir, transportar y comercializar gas en un gasoducto de Texas, cuya construcción fue patrocinada por CFE”, se lee en el documento de más de mil páginas.

Así, la empresa estadounidense ganó “cientos de millones de dólares”.  Asimismo, se investiga a la compañía Antaeus Group, que también pertenece a Calhoun.

“La CFE otorgó a Antaeus Group los derechos para construir un gasoducto de gas natural en el estado de Texas, pero la firma no lo construyó, sino que arrendó sus derechos a una empresa externa para construir y operar el proyecto. A cambio, Antaeus Group y un socio recibirían un pago de arrendamiento mensual fijo de 2.1 millones de dólares”, describe el diario español.

Desde 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, iniciaron investigaciones contra ex funcionarios de la CFE por la firma de contratos para la construcción de gasoductos los cuales, dijeron las autoridades, tenían condiciones desventajosas para la empresa productiva del Estado.

Entre los funcionarios investigados desde entonces han resaltado los nombres de Gutiérrez Becerril, quien actualmente es consultor de energía en Houston, Texas, y de Turrent Schnaas.

Con Información de Polemón.

De acuerdo con el testimonio de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa brasileña Odebrecht destinó USD 6 millones a la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien prometió como moneda de cambio la llamada Reforma Energética.

En el documento membretado por la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, se aprecia un resumen de los presuntos actos de corrupción ocurridos desde la pre campaña de quien fue jefe del Ejecutivo federal del 2012 al 2018.

En el apartado “Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del Partido Revolucionario Institucional”, Lozoya Austin asegura que, a petición de Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, contactó con Luis Alberto de Meneses Weyll, representante de Odebrecht en México, para pactar el financiamiento ilegal para garantizar que el oriundo de Atlacomulco, Estado de México, llegue a la silla presidencial.

“Conocí a Luis Weyll desde antes de que yo colaborará en la campaña del entonces pre candidato Enrique Peña Nieto. Desde que conocí a Luis Weyll, me consultaba y me pedía orientación en la forma adecuada para expandir sus negocios, así como también, identificar y estructurar proyectos en México y otros países de América Latina y Medio Oriente”, aseguró en su testimonio Lozoya, quien en ese momento fungía como el coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial del 2012.

Tras una serie de encuentros profesionales, Lozoya aseguró llevar una buena relación con Weyll. Esto fue bien visto por Videgaray y Peña, quienes lo comisionaron para conseguir fondos para la campaña.

Así mismo, le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiada cuando ganare.

Poco tiempo después, se reunieron en una cafetería El Globo ubicada en la Ciudad de México y acordaron el futuro de la política energética de México.

“Yo le pedía a Luis Weyll que apoyara la campaña y/o precampaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que para tales efectos Odebrecht aportara 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) […] También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en contratos si al ganar Peña Nieto, se materializaba la reforma energética” indicó en la testimonial.

Este acercamiento no fue fortuito, pues Marcelo Odebrecht y Enrrique Peña Nieto ya se habían conocido. Incluso, el ofrecimiento del financiamiento ya se había hecho.

Esta petición se la hice a Luis Weyll puesto que el jefe de Luis Weyll, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador […] la empresa brasileña Odebrecht ya se había acercado a ofrecer esos recursos desde que Enrique Peña Nieto conoció a Marcelo Odebrecht como gobernador del Estado de México

Específicamente, el ex director de Pemex habló de una reunión en abril del 2010, justo después del Foro Económico Mundial en Cartagena, Colombia.

“Esto fue posible porque Enrique Peña Nieto voló desde Cartagena a Brasil, para encontrarse con (Luiz Inácio) Lula, reunión que no se concretó, de tal forma que al día siguiente se hizo la reunión con Odebrecht”, aseguró en el escrito.

Asimismo el egresado del ITAM recalcó que la mano derecha de EPN y la persona de su mayor confianza es otro itamita: Luis Videgaray Caso.

Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso quien, aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza

Cabe destacar que tanto los funcionarios mexicanos como el empresario brasileño tenían en la mira el petróleo de México.

“Uno de los atractivos de la candidatura de Peña Nieto era, sin duda, la reforma energética lo que generaba amplio interés de muchas empresas”, añadió.

DECLARACIÓN DE EMILIO LOZOYA

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que el ex presidente Enrique Peña Nieto le pidió personalmente encargarse de darle el soborno a Ricardo Anaya para aprobar la Reforma Energética de 2014.

Según una ampliación de la denuncia de Lozoya, a la que Milenio tuvo acceso, el ex jefe petrolero asegura la participación directa de Peña Nieto en la entrega de sobornos. De acuerdo con la denuncia que se encuentra en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, Lozoya dice que se reunió con el exmandatario mexicano en enero de 2014.

Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya (al centro) y Luis Videgaray, en un viaje a Nueva York durante su Gobierno. Foto: Especial

En este encuentro, realizado en la residencia oficial de Los Pinos, Lozoya narró que Peña Nieto le dijo que consideraba a Ricardo Anaya “un aliado natural” para la aprobación de las reformas porque “le encantaba el dinero”.

“Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’ […] me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”.

Lozoya añadió que en esa reunión, Peña Nieto le dijo que el excandidato presidencial panista se había “comprometido a sacar adelante las leyes secundarias”. No obstante que se necesitaba darle dinero, “porque los del PAN no daban paso sin huarache” y que el panista “simplemente se llevaba pésimo” con los senadores de su propio partido, por lo que se les tenía que “sobornar por separado”.

Además, Lozoya Austin aseguró que en caso de no sobornar a los panistas se organizaría un grupo parlamentario con la intención de echar para abajo la reforma peñista.

Según el mismo exdirector de Pemex, dio estas declaraciones hasta ahora debido a que Anaya ha negado públicamente haber recibido sobornos. Asimismo el panista acusa a Peña Nieto de corrupto.

“Esto me parece sorprendente, ya que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Ricardo Anaya Cortés y los senadores del PAN confabularon y pactaron sobornos a cambio de votos, pedían que se otorgaran contratos ilegales y actuaban de forma conjunta durante 2013 y 2014 para así obtener beneficios ilegales.”

Emilio Lozoya lleva ya más de 3 meses en prisión debido a su participación en los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados. Con estas declaración, el exfuncionario busca el criterio de oportunidad o alguna otra salida alterna.

Al respecto, el abogado de Ricardo Anaya se pronunció diciendo “afortunadamente ya nadie le cree a Lozoya” y esta es “una más de sus mentiras”

“Ni en su denuncia ni en sus ampliaciones, ha presentado pruebas de sus dichos, y esta afirmación, como se podrán dar cuenta, no tiene ni sustento ni prueba alguna. Por el contrario, todas sus afirmaciones están llenas de contradicciones, mentiras compulsivas e incongruencias”.

Fuente Polemón

Por Álvaro Delgado Gómez

A Rosario Ibarra

Qué maravilla: Enrique Peña Nieto, quien encabezó uno de los gobiernos más corruptos de la historia, fue reivindicado por los cuatro partidos políticos de la oposición que este domingo 17 defendieron en la Cámara de Diputados la reforma energética que auspicia, desde 2013, el multimillonario saqueo de las empresas extranjeras de los recursos de México.

Hasta el PRI reconoció la robadera de aproximadamente 500 mil millones de pesos al año a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de empresas que obtuvieron contratos por la reforma de Peña Nieto, como la española Iberdrola –para la que trabaja Felipe Calderón–, y la italiana Enel, asesora de la coalición Va por México, así como las mexicanas FEMSA y Bimbo, entre muchas otras.

“En el parlamento abierto –admitió el priista Rubén Moreira– descubrimos que hay empresarios que aprovechan, de muy mala fe, la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autoabasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad dañando con ello a la CFE”.

Y dijo más: “Descubrimos que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE, con ellos causas dañe grave a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad.”

Sí, pero este saqueo propiciado por la reforma de Peña Nieto, aprobada por ellos mismos y por el PAN a cambios de millonarios sobornos, fue defendida por el propio Moreira, el mismo que, en diciembre, definió al PRI como “un partido de centro izquierda” que ya le había dado, según él, “una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder”.

Nada más falso: Lo que el PRI hizo este domingo, además de reivindicar a Peña Nieto dejando intocada su reforma, fue atrincherarse en el modelo neoliberal y acatar la orden de Claudio X. González de consolidar el bloque antagónico al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el partido Movimiento Ciudadano como nuevo integrante, que ya había sido participante en los conciábulos en la mansión del magnate en la Lomas de Chapultepec, en marzo de 2020, para crear la coalición Va por México.

Con la defensa del legado Peña, el plan de Claudio X. González de unir a toda la oposición está tomando forma y ahora sólo queda la formalización, en enero del próximo año, de las tres candidaturas clave para el 2024: La que se disputará ese año, la gubernatura del Estado de México, así como la Presidencial y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el libro La disputa por México. Dos proyectos frente a frente hacia el 2024, Gustavo de Hoyos, arquitecto de la coalición Va por México desde su posición como presidente de la Coparmex, reveló que ese es el calendario político que se ha diseñado.

“¿Qué va a llevar esta nave que se va a llamar Va por México, que es el instrumento táctico para llegar a un Gobierno de coalición? Tiene elementos habilitantes y uno de ellos, sin duda fundamental, es tener una candidatura presidencial de unidad, debidamente legitimada y oportunamente decidida… Si no tenemos un buen candidato, el procesamiento adecuado para que tenga un verdadero respaldo y no lo hacemos a tiempo, si falta cualquiera de esas tres cosas, está condenado al fracaso”.

El candidato en ciernes se llama Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato de Carlos Salinas y del PRI en 1994 y actual alcalde de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano, colocado por encuestadoras afines como supuestamente competitivo ante Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Colosio, quien quería ser cantante de baladas y acabó en abogado de exgobenadores priistas, bien podría medirse en una “primaria” con Ricardo Anaya, Silvano Aureoles, Alejandro Moreno y el propio Claudio X, cuya equis grandotota cruza el emblema de Va por México.

La incorporación formal del partido de Dante Delgado a la coalición Va por México es sólo cuestión de tiempo, porque está ya colonizado no sólo por numerosos panistas, sino por la facción de Calderón, cuyo sobrino Juan Ignacio Zavala es el secretario general, su jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, es candidata en Durango, y su secretario de Salud, Salomón Chertorisvki, es Diputado federal.

No es fortuito que esta facción de Calderón haya avalado el Pacto por México de Peña Nieto y Luis Videgaray, quienes se encerraban con PAN y PRD en la casa de José Murat, son prácticamente los mismos que aprobaron el Fobaproa en 1998 y a los que unió Carlos Salinas tras el fraude de 1988, a cambio de implementar juntos el modelo neoliberal cuya defensa quedó plásticamente expuesta este domingo en la Cámara de Diputados.

Sí, qué maravilla: Esta oposición protagonizó lo que ellos llaman una victoria épica contra el Presidente de México, quien por primera vez en la historia de la Constitución de 1917 no le fue aprobada una reforma constitucional, y ya advirtieron que tampoco le aprobarán otras sobre el Instituto Nacional Electoral y sobre la Guardia Nacional.

Si así ocurre, la oposición que jefatura Claudio X. González seguirá cohesionada, pero también abiertamente expuesta ante los mexicanos sobre los intereses que defiende que, como quedó demostrado este domingo, son los de las empresas que saquean.

Tampoco les duró mucho la felicidad, por cierto, porque la iniciativa presidencial para nacionalizar el litio, que se aprobará sin necesitar a la oposición, representa en realidad una derrota para la coalición opositora que, eso sí, dispone de un coro de medios de comunicación, intelectuales, académicos y mucho, mucho dinero.

El tercer informe del GIEI sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa revela una operación de Estado ejecutada por el gobierno de Peña Nieto, que involucró a los tres niveles de gobierno. Los crímenes cometidos incluyen tortura, obstrucción de la justicia, manipulación de escenas, fabricación y destrucción de pruebas, falsificación de documentos, ocultamiento de información, detenciones ilegales, espionaje, colusión de servidores públicos. En estos delitos se revela el papel activo de la Sedena –tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos– y de la Marina –manipuló el basurero de Cocula–; además, se descubre que previo a la desaparición, estudiantes fueron presentados con vida en barandillas. Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. Pese a la instrucción del presidente López Obrador de colaborar plenamente con la investigación, la Defensa Nacional y el CNI siguen ocultando información crucial para revelar la verdad

El gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó una operación de Estado antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero –ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala–, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este 28 de marzo. En éste se documenta, por ejemplo, que elementos de la Secretaría de Marina manipularon la escena del basurero de Cocula y que el Ejército –a través del Batallón 27– realizó labores de espionaje de forma ilegal, además de que tuvo conocimiento de lo que sucedía con los jóvenes en tiempo real.

En realidad, el reporte –del que sólo se dio a conocer una versión corta, porque el original fue entregado a la Fiscalía General de la República para su judicialización– evidencia que los tres niveles de gobierno participaron de forma activa en lo que los expertos del GIEI denominaron una simulación, y que podría configurar una operación de Estado para encubrir este crimen de lesa humanidad y a sus verdaderos responsables.

En éste se documentan los delitos de desaparición forzada y tortura, sancionados por el derecho penal internacional por considerarse violaciones graves a los derechos humanos, mismos que no prescriben. Además, se da cuenta de otros ilícitos, como la obstrucción sistemática de la justicia, la manipulación de escenas, la fabricación y la destrucción de pruebas, la falsificación de documentos, el ocultamiento de información, las detenciones ilegales, el espionaje. Asimismo se descubre que previo a la desaparición de los estudiantes, éstos fueron presentados con vida en barandillas y en presencia de personal del Ejército Mexicano.

Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. En total, 22 personas civiles que pudieron aportar elementos para conocer el desarrollo de los hechos han perdido la vida, pero sólo dos por causas naturales. Asimismo, durante la presentación del reporte, los integrantes del GIEI denunciaron que sigue habiendo resistencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) para entregar información crucial que podría revelar la verdad. Ello, pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de colaborar plenamente con la investigación del Grupo Interdisciplinario.

Antes de la desaparición

El resumen del Informe Ayotzinapa III da cuenta de que “las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades del crimen organizado, particularmente, el accionar de Guerreros Unidos. También conocían de la siembra de amapola y la fabricación de heroína, así como su trasiego en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos. En respuesta a esta situación, en 2014 se instalaron el Centro Regional de Inteligencia y la Coordinación Guerrero Seguro, en la que participaban efectivos militares para combatir al crimen organizado. En seguimiento a estas actividades, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.

El documento incluso señala que la infiltración a los estudiantes por parte de la Sedena era de tiempo atrás, con militares encubiertos que reportaban todo a sus superiores. “Los estudiantes durante al menos 10 años fueron objeto de continuo seguimiento por parte de las autoridades, incluso, había agentes de inteligencia en los alrededores de la escuela y en la escuela misma que se hacían pasar por estudiantes y uno de ellos se encuentra desaparecido”. Durante la presentación, los expertos del GIEI confirmaron que se trata de un militar encubierto que se había infiltrado en la normal rural, como parte de las labores de contraguerrilla que aplica el Ejército en campo.

Adicionalmente, el informe señala que el 22 de septiembre de 2014 –4 días antes de la desaparición forzada– “se ordenó que se diera un seguimiento a las actividades de las estudiantes previas a la marcha por el 2 de octubre hacia Ciudad de México”. Específicamente, los expertos señalaron en la conferencia que hubo labores de espionaje del Batallón 27.

Documentos militares a los que el GIEI tuvo acceso en esta nueva etapa de investigaciones dan cuenta que el 26 y 27 de septiembre de ese año, cuando ocurrió el crimen de lesa humanidad, “el seguimiento a los estudiantes inició frente al intento de toma de autobuses al medio día en Chilpancingo; continuó con su salida de la escuela hacia Iguala, los intentos de toma de autobuses a las afueras y su traslado a la Central Camionera, y posteriormente su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la ciudad”.

Al respecto, detalla que con el seguimiento ocurrió a través del C4 y de OBIS (órganos de búsqueda de información o agentes de inteligencia), las autoridades tuvieron información en tiempo real desde las dos escenas donde se detuvo y desapareció a los estudiantes.

Durante la desaparición

Los documentos a los que accedieron los integrantes del GIEI revelan las comunicaciones que se realizaron entre zonas militares y batallones. “Los documentos pertinentes no sólo se encuentran en el 27 Batallón, sino en los archivos de la Zona Militar 35 y de la IX Región Militar a la que pertenecen y en el EMD. Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía, e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre hechos”.

De acuerdo con el informe, se ejecutaron dos operaciones de inteligencia: “una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado, y la otra, las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre; resulta llamativo que estos seguimientos cesaran justo en el momento de la desaparición. Esto a pesar de que se contaba con interceptación de comunicaciones que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014. Esta información nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente”.

Otra información que destaca del tercer informe del GIEI es el hecho de que los estudiantes desaparecidos fueron detenidos en los separos del Palacio de Justicia (conocidos como barandillas) y ahí estuvieron presentes elementos del Ejército.

“Desde el inicio de la investigación, existieron fuertes indicios de que un grupo de estudiantes detenidos habrían sido llevados a la comisaría de barandillas, aunque no era claro si entraron o no y el tiempo que se habrían quedado ahí, en su caso, antes de ser trasladados. Si bien varias declaraciones de policías acusados señalaron que los estudiantes habrían sido llevados a este lugar, nuevas evidencias confirman que los estudiantes efectivamente estuvieron detenidos en barandillas”.

El reporte da cuenta de que las autoridades militares sancionaron a los elementos que ingresaron a los separos y omitieron informar al respecto. “Las patrullas salieron antes de las 00:30 horas, porque ya se encontraban en Palacio de Justicia cuando ocurrió la segunda balacera en la calle Juan N Álvarez. De la misma manera, el recorrido incluyó otros sitios que no se habían reconocido en las primeras declaraciones como los separos (barandillas). Hay que tener en cuenta que existen varias pruebas y declaraciones de personas que manifestaron haber visto la presencia de normalistas detenidos en este lugar”.

Respecto de los procesos disciplinarios y sanciones, se indica que fueron dos militares los que omitieron información relevante sobre su presencia esa noche en barandillas. “De acuerdo al documento donde se le notifica la sanción a uno

de ellos, esta se impuso: “por haber omitido en su informe que el día 26 de sept. 2014 ingresó a barandilla de la pol. [policía] municipal en busca de una motocicleta propiedad de un elemento de la tropa, encontrándose efectuando rondines de patrullamiento con el pnal [personal] de la fuerza de reacción que se organizó con pnal de los diferentes svs que se encontraban el día 26 y 27 de sep. 2014”.

Pese a contar con información en tiempo real, ni la Sedena ni el Cisen evitaron la desaparición forzada de los 43 normalistas. Entre ellos, el militar infiltrado para hacer labores de inteligencia.

Después de la desaparición

La cargada de las instituciones federales, estatales y municipales para ejecutar la operación de Estado de encubrimiento de los hechos ocurrió después de consumada la desaparición forzada de los estudiantes y permanece, en el caso de la Sedena y el CNI, hasta la fecha por las resistencias que mantienen ambas dependencias a colaborar con las investigaciones.

El GIEI ha llamado a estas estrategias de ocultamiento de la verdad como simulación, mismas que rayan en una clara obstrucción de la justicia, para lo cual servidores públicos de todos los niveles de gobierno se coludieron con el objetivo de fabricar la “verdad histórica”.

Al respecto, en su tercer informe el Grupo Interdisciplinario señala que “se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”.

Asimismo, acusa que “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.

Para los expertos independientes, está demostrado que las autoridades federales, estatales y municipales crearon un relato que no se correspondía con la verdad sobre el destino final de los 43 normalistas desaparecidos y para ello se cometieron distintas ilegalidades para incorporar tanto el relato como las declaraciones dentro de las investigaciones. “La actuación de diferentes funcionarios de la PGR legalizó y falsificó varias de esas actuaciones. Estas ilegalidades incluyen falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen”.

Los expertos indican que al ser verídica la identidad del resto óseo de Alexander Mora –uno de los 43 estudiantes desaparecidos–, esta circunstancia supone no sólo una versión distorsionada de la realidad, sino que debe existir evidencia de cómo se llegó a ella.

Se agrega que la construcción de la ‘verdad histórica’ fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes, ya que se sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”.

En esta obstrucción sistemática de la justicia se destacan varios momentos clave de la simulación. Entre ellos la participación activa de la Semar en el montaje del basurero de Cocula, donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos de los normalistas rurales. Ello, gracias a que los expertos del GIEI obtuvieron copias de videograbaciones hechas por un área de inteligencia de Marina a la que sólo le dan órdenes el secretario de Marina en turno –en aquel momento se trataba del almirante Vidal Francisco Soberón– o el presidente de la República –Enrique Peña–. Se trata de más de 100 horas de video que se encuentra bajo resguardo seguro por parte del Grupo Interdisciplinario.

Al respecto, se indica que “el 12 de noviembre de 2021, el GIEI, finalmente, tuvo acceso a los archivos de la Marina, tal y como había sido solicitado reiteradamente. El acceso a los archivos permitió tener documentos confidenciales, archivados como “secreto”, que hacían referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 27-29 de octubre de 2021. Esta documentación se refiere a los escenarios del basurero de Cocula y el río San Juan”.

Uno de esos videos captado por un dron de la Marina (aeronave no tripulada de reconocimiento ANX 3501) corresponde al día 27 de octubre de 2014, en el que se observan actividades realizadas por elementos de la Semar hasta ahora desconocidas, “y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”. Éste documento en video dura más de 2 horas y lleva por nombre “20141027A.mpg”, en el basurero del municipio de Cocula durante la mañana de aquel día. Algunos fragmentos se proyectaron en la presentación del tercer informe.

Tras hacer una amplia descripción de los hechos que se observan en el video, el reporte del GIEI concluye que “un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de las 06:39 am hasta la llegada de la comitiva del procurador [Jesús] Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.

“Los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden una hoguera, en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas.

“Poco después de lo cual los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona, baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, identificada como zona B en el acta relacionada y donde se encontraron elementos balísticos y restos óseos. Tanto la zona A como la zona B eran de relevancia para la investigación por la posibilidad de que en ellas se encontraran distintas evidencias (balísticas, restos óseos, ropa, sangre, etcétera), ambas quedaron seriamente contaminadas después de la presencia del personal de la Marina.

“Mientras estas acciones se están dando, el dron que realiza la filmación explora el camino al basurero, se centra un momento en personas que cruzan a caballo el camino, y exploran la totalidad de la ruta desde el pueblo de Cocula. Posteriormente uno de los vehículos de la Marina se mueve hacia la entrada del basurero y bloquea la entrada.”

Los expertos destacan que previo a esa manipulación de la escena, elementos del Ejército habían visitado el basurero de Cocula semanas antes sin encontrar evidencias, los que fue consignado así en documentos oficiales. La versión de que en ese lugar habrían sido calcinados los restos de los estudiantes, apunta el GIEI, surgió el 26 de octubre y se generó mediante bajo tortura. Durante 7 años se ocultó información en torno a este lugar.

Esta no fue la única simulación o montaje. De acuerdo con el nuevo reporte, las autoridades de los tres niveles sistemáticamente ocultaron la verdad a los expertos pues ante sus solicitudes de información, las respuestas no coincidían con la realidad de los hechos. “Diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad”.

Asimismo se usaron documentaciones falsas, como el acta del Río San Juan: la ministerio público que la firma no estuvo en el lugar. “Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían”.

Otro hecho relevante fue que se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos, así como las torturas con las cuales se arrancaron los supuestos testimonios de este crimen.

Asimismo se hicieron llamadas ficticias por parte de funcionarios. “Hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones. Las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles entregadas eran falsas, también las bitácoras”.

Adicionalmente se señala que 22 personas que pudieron tener información sobre el caso han muerto, de las cuales sólo en dos casos fallecieron por muerte natural.

Investigación de ContraLínea