Ricardo Mejía reveló el modus operandi del “Cártel Inmobiliario” que lideraban dos funcionarios panistas en la Alcaldía Benito Juárez.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, habló este jueves sobre el “Cártel Inmobiliario” presuntamente encabezado por dos servidores públicos del Partido Acción Nacional (PAN) de la Alcaldía Benito Juárez acusados de realizar actos de corrupción en la Ciudad de México.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario expuso que Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico (2009-2016) , y Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obra pública (2006-2018) serían los líderes de esta estructura delictiva en la que estarían vinculadas 10 empresas fantasma.

Mejía Berdeja detalló los actos que cometían van desde establecer un sistema de intercambio de favores por medio de condiciones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, hasta extorsiones a empresarios dentro de la misma demarcación.

Como parte de su informe semanal “Cero Impunidad”, el funcionario explicó que la investigación sobre esta organización delictiva comenzó en agosto de 2021 tras la explosión de un inmueble ubicado en avenida Coyoacán, el cual se acreditó como una obra nueva y obtuvo un dictamen de habitabilidad durante la gestion de Nicias Aridjis.

A partir de las indagatorias, la Fiscalía capitalina descubrió que el exdirector de obras de la Benito Juárez posee un par de departamentos en ese mismo edificio, los cuales podrían haber sido obtenidos como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, pues entre sus facultades estaba garantizar que la infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable.

Asimismo, acreditó que la condiciones de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017 ubicado en la avenida Emiliano Zapata cumplían con todas las disposiciones legales, sin embargo, el edificio colapso nueve meses después de haber sido inaugurado, hecho por el cual fue suspendido en 2020.

Por tales hechos, se logró ubicar a la organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, por los cuales ya fueron detenidos en cumplimiento con una orden de aprehensión en su contra por el delito enriquecimiento ilícito.

El 30 de junio, la Fiscalía capitalina logró la detención de Luis Vizcaíno, quien también está presuntamente asociado con la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y el 4 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso con prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

Además, anunció que se realizaron cateos en 42 inmuebles de las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en los que se recabaron información que permitieron fortalecer la indagatoria.

Mientras que Nicias René Aridjis Vázquez fue detenido por las autoridades capitalinas el 1 de agosto, también señalado como el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación y de operar el “Cártel Inmobiliario” con otros exfuncionarios de la Benito Juárez.

Por su parte, el Presidente López Obrador celebró que las autoridades lleven a cabo estos procesos judiciales contra exfuncionarios del PAN y líderes del ‘Cártel Inmobiliario’ de la Alcaldía Benito Juárez.

“Qué bien que ya se incluya a delincuentes de cuello blanco, porque solamente a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía, y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel”.

SinEmbargo

Siete empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos identifican como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa están vinculadas con el gobernador de Tamaulipas. Los expedientes financieros –a los que Contralínea tuvo acceso– revelan que esas compañías fantasma triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas de García Cabeza de Vaca. El destino de los fondos fue la adquisición de una de las 28 propiedades que posee el mandatario tamaulipeco –incluidos varios ranchos– y que no concuerdan con sus ingresos legítimos, pues en 20 años suman 23.9 millones de pesos.

El Cártel de Sinaloa usó a siete de sus empresas fachada dedicadas al lavado de dinero para triangular más de 60 millones de pesos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revelan las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el estadunidense Fincen (Financial Crimes Enforcement Network).

Las transferencias ocurrieron en 2013 –por 14.3 millones de pesos– y en 2019 –por 44.8 millones de pesos– y sirvieron para que el mandatario tamaulipeco adquiriera un lujoso departamento y después lo vendiera. En total, el servidor público –a quien el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría determinarle que no tiene fuero y debe enfrentar la justicia– posee 28 propiedades en México y Estados Unidos, incluidos ranchos, cuyos valores catastrales y comerciales superan, por mucho, sus ingresos lícitos declarados ante las autoridades fiscales.

Y es que en 20 años –de septiembre de 2000 a septiembre de 2020–, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido ingresos como servidor público por 23 millones 935 mil 764 pesos, de acuerdo con la UIF. Al revisar sus declaraciones fiscales, de inteligencia y otras fuentes de información, la Unidad le documentó ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria por 10 millones 570 mil 856 pesos, que constituyen evasión fiscal. Sin embargo, este monto sólo se refiere a recurso que ingresó a sus cuentas bancarias, no a las propiedades que posee y que, para las autoridades, también demuestran riqueza inexplicable.

Departamento con dinero del Cártel

Los expedientes a los que Contralínea tuvo acceso dan cuenta que la compra y posterior venta de un departamento de lujo en la exclusiva zona de Santa Fe –en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México– vincula al gobernador de Tamaulipas con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la UIF, para su compra en 2013, García Cabeza de Vaca obtuvo recursos de siete empresas fachada de la organización criminal. Tras seis años de mantenerlo como uno de sus bienes inmuebles, en 2019 lo vendió precisamente a esas mismas compañías fantasma dedicadas a lavar dinero.

Para su adquisición, en 2013, la UIF documenta operaciones trianguladas de las siete entidades mercantiles creadas para lavar el dinero del también llamado Cártel del Pacífico hacia una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple), la cual a su vez dispersó ese dinero a las cuentas del entonces senador de la República.

De acuerdo con el expediente de la UIF, en esa primera transacción, la Sofom recibió recursos de dos de las siete empresas fachada del Cártel de Sinaloa. Los SPEI se hicieron el 17 de diciembre de 2013, por un total de 14.3 millones de pesos. Un día después, la Sofom transfirió también por SPEI esos 14.3 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca, quien ese mismo 18 de diciembre de 2013 compró el departamento por, exactamente, 14.3 millones de pesos.

Para la UIF, “existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de posible procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble”. Asimismo, en las indagatorias se descubre que del 2 de mayo de 2013 –siete meses antes de dichas operaciones– al 27 de octubre de 2019, “no se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas de Francisco [Javier García Cabeza de Vaca] hacia la Sofom”.

Además, se advierte que para la compra, el entonces senador usó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), al utilizar estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos. Ello, porque simuló obtener un préstamo de la Sofom que, hasta la fecha y aún cuando ya vendió ese departamento, no ha pagado.

Con informes del Fincen –gracias a los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos materia de combate al crimen organizado trasnacional–, la UIF documenta que las siete entidades mercantiles fantasma –que son origen de los 14.3 millones de pesos que acabaron en las cuentas del gobernador– forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos no sólo del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel de Colombia.

De estas empresas fachada también apunta que todas se encuentran en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluso una de ellas desde aquel momento en el que se realizaron las transferencias a las cuentas de García Cabeza de Vaca. Y es que fue denunciada por la UIF en 2013, por lo cual se inició una “carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal”. Asimismo, otras dos fueron denunciadas e incluidas en la lista un año después, en 2014. Y derivado de la denuncia fue iniciada en la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas.

Venta del departamento al Cártel

El departamento de lujo en Santa Fe, en sí mismo, es una simulación para que el gobernador recibiera 60 millones de pesos. Y es que seis años después de haberlo adquirido con dinero del Cártel de Sinaloa, las mismas siete empresas fantasmas, en conjunto con una octava, estuvieron involucradas en la compra del bien inmueble.

Al respecto, la UIF observa que las empresas que fondearon a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015”. Se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, quien en su momento fue señalado por las autoridades ministeriales de financiar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de ese mismo año.

De acuerdo con el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera, en diciembre de 2019, la empresa “T” vinculada a la Trilladora trasladó al gobernador de Tamaulipas 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

El dinero fue nuevamente triangulado para aparentar origen lícito. Antes de la compra, la empresa “T” había recibido recursos por 44.8 millones de la empresa Avalúos, quien tiene características de sociedad fachada y forma parte del grupo de las siete compañías que lavan dinero al Cártel de Sinaloa. Previo a ello, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos en diferentes operaciones de las otras seis empresas fachada vinculadas con la organización criminal.

Por ello, la UIF observa que “el vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo “T” [Manuel Rodolfo Trillo Hernández], alias la Trilladora, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Asimismo, indica que la empresa fachada que fondeó a la empresa “T” manifestó tener mismo domicilio con otra empresa de Trillo Hernández, e incluso comparte domicilio con esta persona física. Y que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la propia Unidad en 2018 –un año antes de la venta del departamento de Santa Fe– e incluidas en la lista de personas bloqueadas en 2019. “Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.

Las cuentas de Cabeza de Vaca

Para el análisis del caso del gobernador García Cabeza de Vaca, la UIF dio puntual seguimiento a tres cuentas bancarias del político panista:

-Bancomer: de 2017 a 2021 presentó depósitos por 12.4 millones de pesos y retiros por 12.2 millones de pesos. Esta misma cuenta fue la que recibió los SPEI por 14.3 millones de pesos el 18 de diciembre de 2013. Adicionalmente, entre esa fecha y el 4 de febrero de 2014 recibió otros 500 mil pesos.

-Santander: de 2016 a 2019 obtuvo depósitos por 1.9 millones de pesos y retiros por 1.6 millones. Entre 2003 y 2009, esta cuenta registró operaciones en efectivo por 2.01 millones de pesos y 184 mil dólares en depósitos; y en retiros, por 350 mil pesos.

-Banregio: es la cuenta con más actividad en los años recientes, pues entre 2016 y 2021 tuvo depósitos por 61.4 millones de pesos y retiros por 59.8 millones. Entre 2015 y 2019 recibió cheques interbancarios por 9.6 millones de pesos.

Con información de ContraLínea