La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una impugnación contra la decisión del Instituto Nacional Electoral que prohíbe al Gobierno Federal difundir información sobre la elección judicial del 1 de junio. El objetivo es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permita al Ejecutivo comunicar a la ciudadanía sobre este proceso sin beneficiar a ningún candidato.
Durante una conferencia, Sheinbaum explicó que la impugnación fue interpuesta por la oficina encabezada por Ernestina Godoy y que actualmente está en espera de resolución. Según detalló, la intención del Gobierno es simplemente informar a la población para promover su participación, no intervenir ni inclinar el proceso.
La presidenta mostró su desacuerdo con la decisión del Instituto, argumentando que comunicar la fecha e importancia de la elección fortalece la democracia y ayuda a que la ciudadanía ejerza su derecho de manera informada. A pesar de ello, recalcó que su administración respetará la decisión final que emita el Tribunal Electoral.
El proceso electoral en cuestión es histórico, ya que permitirá que por primera vez los ciudadanos elijan directamente a los integrantes del Poder Judicial. Por eso, la presidenta considera indispensable que el Gobierno pueda comunicar el valor de esta elección sin ser interpretado como propaganda electoral.
El recurso legal interpuesto tiene como fin encontrar un equilibrio entre la obligación del Gobierno de informar y el principio de imparcialidad en los procesos electorales. La decisión que tome el tribunal no solo afectará esta elección, sino que también marcará un precedente sobre el papel de los gobiernos en la promoción de la participación democrática.
Distintos sectores sociales han mostrado opiniones divididas. Algunos respaldan la prohibición como garantía de neutralidad electoral, mientras que otros consideran que informar sobre la elección no representa una falta, sino un deber del Estado. La resolución del tribunal definirá los límites de comunicación institucional en periodos electorales y podría influir en la manera en que futuros gobiernos promueven la participación ciudadana en procesos clave.
