Este jueves, la Fiscalía General de la República confirmó la detención y la vinculación a proceso contra Luis “N”, por la explotación ilícita de la mina El Pinabete, donde murieron 10 trabajadores mineros tras un derrumbe en agosto del 2022 en la comunidad de Agujita, en la Región Carbonífera de Coahuila.

De acuerdo con la información expuesta por la FGR, la detención de Luis “N” se dio luego de un cateo que realizaron a su domicilio en San Pedro Garza García, en Nuevo León, el pasado 18 de mayo, y que fue aprobado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cadereyta, Nuevo León.

Según la información de las autoridades, Luis “N” quien es señalado como uno de los dueños del complejo compareció en la primera ocasión que fue citado por la autoridad procuradora; sin embargo, antes de su detención rechazó dos citatorios más en los que fue llamado a comparecer para atender el caso.

El delito que le atribuyen es el de “explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación”, en la mina El Pinabete ubicada en Agujita, Sabinas, Coahuila.

“Por lo anterior, y luego de que el MPF aportó los elementos de prueba, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Torreón, Coahuila, dictó vinculación a proceso por el delito mencionado, y fijó un plazo de un mes y 15 días de investigación complementaria”, dijo.

En ese sentido, la autoridad confirmó que Luis fue puesto bajo la medida cautelar de prisión preventiva a cumplimentar en el Cefereso 18 de alta seguridad ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

Los Reporteros

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes sobre la vinculación a proceso de Cristian Soto, supuesto dueño de la mina ‘El Pinabete’, de Coahuila.

Además indicó que continuará en prisión preventiva justificada.

Lo anterior porque se le señala por probable responsabilidad por un delito de carácter federal relacionado con la Ley General de Bienes Nacionales.

Mina

Por otra parte se indicó que también se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.

Esto, “al determinarse que el imputado presuntamente se encontraba explotando de manera ilícita el bien perteneciente a la Nación, en la mina ‘El Pinabete’”.

Así lo indicó el comunicado de la Fiscalía.

Y es que como se sabe el imputado presuntamente explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación, ubicado en la mina ‘El Pinabete’, de la Agujita.

Dicho sitio, del municipio de Sabinas, Coahuila, en donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados 10 mineros.

Detenido

Cabe destacar que se indica que el 25 de septiembre, el imputado fue detenido en la calle Cananea Agujita, Colonia Cosedores, del municipio de Sabinas, Coahuila.

Y, puesto a disposición del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón, Coahuila.

En ese sentido portales destacan que el 12 de septiembre, la Fiscalía solicitó ficha roja a la Interpol contra dueños de la mina, entre ellos Cristian Soto.

“El Ministerio Público Federal (MPF), lo presentó en la audiencia, formuló imputación a la persona de referencia y solicitó vinculación a proceso”, detalló la FGR.

Incluso se indica que Cristian Soto contaba con el amparo que había otorgado un Juez de Distrito en la ciudad de Piedras Negras.

Dueño

Por otra parte se indica que el juez fijó cuatro meses para presentar la investigación complementaria y que Soto permanecerá en el Centro de Readaptación 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

Y además se indica que continúa los trabajos de localización de Arnulfo “N” y Luis “N”.

Esto, para también ser presentados ante el Juez Federal y solicitar sus respectivas vinculaciones a proceso.

Finalmente los portales destacan que para rescatar los cuerpos de los 10 trabajadores mineros se realiza un tajo a cielo abierto.

Regeneración

Ciudad de México. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila le otorgó una suspensión provisional a Cristian Solís Arriaga, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra. Es uno de los operadores y responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores.

Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022.

Los efectos de la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de captura. No obstante, si al promovente se le imputan delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar sólo será para efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad, en el lugar en que sea recluido, y a disposición de la responsable, para la continuación del procedimiento penal.

El juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Piedras Negras, Coahuila, le fijo a Cristian Solís una garantía de 500 mil pesos que deberá pagar en un plazo de cinco días para que la suspensión se mantenga vigente y programó para hoy la audiencia incidental donde resolverá si le concede la suspensión definitiva.

La medida cautelar será revocada en caso de que el quejoso no se presente ante las autoridades responsables que la requieran para las prácticas de las diligencias para la integración del procedimiento de origen.

“Con motivo de la suspensión, la parte quejosa también queda obligada a acudir ante esta autoridad cuantas veces sea requerida, apercibida que, de no cumplir, la medida será revocada” señala el acuerdo del juez.

Una vez que sepa qué autoridad lo requiere, Solís Arriaga contará con un plazo de 24 horas para acreditar ante el juzgado de amparo que acudió a comparecer.

Solís Arriaga es señalado junto con Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, de ser el operador y dueños de la mina en cuyo derrumbe murieron los 10 asalariados.

Los tres prófugos están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los tres acusados.

La Jornada