En un episodio emblemático del realismo mágico que caracteriza la vida pública de nuestro país, y en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo, por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes.

Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con “interrogarme hasta el cansancio”.

La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares, sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las fuerzas armadas en procesos que involucran a una autoridad civil, y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos.

En primer lugar, no hay precedente, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad.

Como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo Federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, como sucedió en mi caso, pues durante la audiencia, a pregunta expresa de la jueza Duarte Cedillo, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en mi contra en la Fiscalía General de la República cuando estaba aún en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que evidenció que el propósito de la promoción de esa audiencia era buscar mi autoincriminación.

Se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad. He tenido la oportunidad de estudiar la experiencia de decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional, y si, bien algunas de ellas fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones de los grupos incriminados, en ningún caso se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno.

Parece no entenderse que las comisiones de la verdad son organismos oficiales que se constituyen para esclarecer violaciones graves de los derechos humanos. Las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales, no establecen responsabilidad penal individual para casos específicos; no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una corte de justicia.

Las comisiones de la verdad contribuyen con los procesos judiciales mediante sus conclusiones y recomendaciones, y pueden ayudar a superar la cultura del silencio y la desconfianza.

Por cierto, el Artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares no tienen la autoridad para ejercer jurisdicción sobre personas que no sean miembros del Ejército. La jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional. No es el fuero adecuado para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a autores de violaciones a los derechos humanos.

Sirva este testimonio para refrendar mi compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Ni el enredo de las estrategias jurídicas ni la cargada de corifeos que desinforman nos distraen de esta causa.

Coordinador de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno de la Ciudad de México

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Expresó que para los gastos de operación de la Sedena no  hubo la necesidad de pedir más recursos, explicó que se ejercieron medidas de austeridad.

También habló sobre los gastos para el avión presidencial y otras aeronaves al igual que mencionó los gastos para de operación para la modernización de la industria militar.

El general Sandoval también informó que la Sedena sí cuenta con helicópteros de origen ruso, pero que estos se adquirieron años atrás y que actualmente se les da mantenimiento.

Por último, desmintió lo que varios medios habían estado informando sobre la adquisición de armamento ruso, precisó que en este sexenio no se ha comprado armamento de fabricación rusa o alemana y que lo dicho es complemente falso.

Revolución 3.0

El presidente López Obrador celebró la tarea que la Marina y la Sedena han realizado en las aduanas del país, pues gracias a su apoyo se ha logrado incrementar la incautación de drogas y armas de fuego.

Horacio Duarte, quien hasta ahora era encargado de la Agencia Nacional de Aduanas, resaltó que en lo que va del sexenio se han decomisado 97.9% más armas cortas que en la administración de Calderón y 59.8% más que en el gobierno de Peña Nieto.

RESPECTO A LAS ARMAS LARGAS, SE HAN ASEGURADO 187.9% MÁS QUE EN EL SEXENIO CALDERONISTA Y 106% MÁS QUE EN LA ADMINISTRACIÓN PRIISTA.

En materia de drogas AMLO resaltó que se ha evitado, sobre todo, el ingreso de narcóticos provenientes de Asia. Además, también se ha evitado la entrada de sustancias como el fentanilo.

“Nada más imaginen ustedes cómo podríamos tener vigilancia, control en los puertos si no se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Marina o en las aduanas fronterizas si no se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Defensa”, señaló el mandatario.

Cabe señalar que el apoyo de la Marina y la Sedena también ha derivado en una mejor recaudación. Hasta septiembre de este año se recaudaron 820 mil millones de pesos, que significa un incremento del 11% con respecto a 2021.

No obstante, se tiene previsto que para finales de año la cantidad ascienda a 1 billón 100 mil millones de pesos, lo que representa una sexta parte de los ingresos del Estado Mexicano.

Revolución 3.0

A pesar de que las entidades del país con mayor violencia son las gobernadas por la oposición, los legisladores y las legisladoras que representan esos estados quienes votaron en contra de prolongar el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, por lo cual, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió revelar los nombres de esos 21 senadores y senadoras que no desean la pacificación de nuestro país.

Ya durante la conferencia mañanera de este jueves, el mandatario había señalado que el Partido Acción Nacional (PAN) votara en bloque contra el apoyo del Ejército y la Marina en el esfuerzo de restauración de la paz, así como también algunos legisladores y legisladores del Partido Revolucionario Institucioanl (PRI), como la sobrina de Salina de Gortari, Claudia Ruiz Massieu y quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las fuerzas armadas, cuando ellos sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido, hacían esto, claro no solo son los panistas, este, también algunos del PRI el que fue secretario de gobernación, Chong, la sobrina de Carlos Salinas, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra”, señaló el Jefe del Ejecutivo Federal.

Así, quienes están en contra del apoyo de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de la Guardia Nacional para evitar que termine, como sucedió con la Policía Federal, comandada por una persona ligada al crimen organizado, fueron:

• Nadia Navarro Acevedo PAN
• Kenia López Rabadán PAN
• Damián Zepeda Vidales PAN
• Julen Rementería Del Puerto PAN
• Xóchitl Gálvez Ruiz PAN
• José Erandi Bermúdez Méndez PAN
• José Alfredo Botello Montes PAN
• Noé Castañón Ramírez MC
• Juan Zepeda Hernández MC
• Clemente Castañeda Hoeflich MC
• Dante Delgado Rannauro MC
• Claudia Ruiz Massieu Salinas PRI
• Beatriz Elena Paredes Rangel PRI
• Mario Zamora Gastélum PRI
• Miguel Ángel Osorio Chong PRI
• Miguel Ángel Mancera Espinosa PRD
• Antonio García Conejo PRD
• Nancy de la Sierra Arámburo
• Emilio Álvarez Icaza Longoria
• Germán Martínez Cázares
• Gustavo Enrique Madero Muñoz

Por eso, López Obrador recordó a los legisladores opositores que solamente con el apoyo de ña Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas se podrá hacer frente a la espiral de violencia en que el país fue sumergido a consecuencia de las estrategias fallidas implementadas en los gobiernos anteriores, que provocaron una rápida aceleración en el número de delitos cometidos, especialmente en el homicidio, creando así un inercia a la alza que fue muy dificil detener y que, gracias al éxito de las políticas de atención a las necesidades de la población, ahora por fin, empieza a disminuir.

“Hay muchos municipios que no tienen policía y hay un fondo federal que se destina a la seguridad pública en estados y municipios. Entonces sí estoy de acuerdo, hay que apoyar a policías municipales y estatales. Y hay otro asunto también del por qué de la Guardia Nacional. Un policía municipal vive ahí, ahí está su familia, es muy difícil para ellos porque es plata o plomo”, indicó el Presidente.

SinEmbargo

Laura Castellanos es reportera independiente mexicana y autora del libro ‘México Armado 1943-19810’.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó en octubre pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Su objetivo es eliminar la impunidad en dicho periodo de contrainsurgencia, la cual generó una espiral de casos de desaparición forzada que ha convertido al país en una república de fosas comunes.

El organismo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024 e integra un programa ambicioso, con cinco mecanismos que pretenden reconstruir la verdad histórica, indagar el paradero de las personas desaparecidas, buscar la reparación integral y la compensación del daño a las víctimas, y abrir la puerta al juicio de los perpetradores de violaciones de lesa humanidad. El problema es que no hay garantías de que tras los trabajos de la Comisión de la Verdad se enjuicie a los responsables en el Ejército.

México fue el país que tuvo más guerrillas en América Latina en la década de 1970 y el precursor de los “vuelos de la muerte” en la región, en los que personas opositoras al régimen fueron arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares. El Ejército fue el brazo ejecutor de la política de exterminio del Estado contra las guerrillas y los movimientos sociales radicales, con asesoría del gobierno estadounidense, y cometió masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y prolongadas, como documenté en mi libro México Armado 1943-1981.

En junio pasado se anunció el arranque de los trabajos de investigación en archivos y en las instalaciones militares donde presuntamente se hayan cometido violaciones. El evento se realizó en el Campo Militar Número 1, el centro de reclusión clandestina y tortura más grande de la época. Ahí el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, invocó a la ley orgánica castrense para descargar responsabilidades: “Las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil (…) El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea corresponden al presidente de la República”.

También anunció que, con aval presidencial, se inscribirán los nombres de militares fallecidos “con motivo de los hechos del pasado” en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. En tanto López Obrador, en consonancia, hizo responsables de la represión a los presidentes de la época.

La Asamblea de Colectivos Acompañantes de esta comisión, integrada por una veintena de organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas, en un comunicado le demandó al presidente retirar su aval de inscribir los nombres de dichos militares en cualquier sitio público y cualquier otro acto reivindicador, y “el inmediato análisis de las cadenas de mando de aquel periodo y la ubicación en estas de personas vivas, retiradas y en activo”.

La molestia de los colectivos tiene sentido. No solo se trata de la violencia que militares ejercieron con impunidad, en ocasiones en mancuerna con policías de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sino que esta posibilitó que los mandos se coludieran con narcotraficantes y expandieran sus mercados.

El investigador Alexander Aviña, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, consultó documentos de espionaje desclasificados que revelan que las mismas aeronaves Arava 201 usadas en los “vuelos de la muerte” por el general Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro, trasladaron droga a ese país. El periodista Juan Veledíaz documentó cómo el jefe de la DFS, Miguel Nazar Haro, utilizó su estructura policiaca para aplastar a las guerrillas en Sinaloa mientras vendía protección a capos locales.

Dichos personajes alimentaron un Estado cómplice de redes criminales, responsable de entre 400 y 870 desapariciones forzadas en ese momento, según las organizaciones de familiares de víctimas. Al no ser juzgados dejaron un mensaje perenne: en México no se penalizan las desapariciones. Hay al menos 101,600 personas desaparecidas de marzo de 1964 a la fecha.

Acosta Chaparro fue exonerado por la desaparición de 143 personas víctimas de los “vuelos de la muerte”, pero purgaba una condena por tráfico de drogas. Fue excarcelado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La periodista Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, asegura que Calderón lo hizo su emisario para negociar con los capos al tiempo que implementó una estrategia de seguridad militarizada. Esta detonó las muertes provocadas por el supuesto combate a la violencia organizada, que hoy ascienden a más de 250,000.

El Estado está obligado a asegurar los fines de la Comisión de la Verdad porque se lo debe a la sociedad. La creación del organismo es resultado de la tozudez de la generación marcada por las matanzas del Ejército de 1968 y 1971, y que tomó las armas para enfrentar un régimen que aplastó cualquier intento de cambio político. También de las familias de las víctimas, quienes han seguido exigiendo justicia.

Sin embargo, esta comisión ha lidiado con la carencia de presupuesto, oficinas y recursos humanos en su primer semestre de operación, de acuerdo con entrevistas a integrantes de la Asamblea de Colectivos. El defensor de derechos humanos Abel Barrera, una de las cinco personas expertas con cargo honorífico en la misma, me dijo en entrevista que este segundo semestre recibirán un presupuesto de 10 millones de pesos (500,000 dólares), que les permitirá tener entre 40 y 47 personas investigadoras.

Hay militares en retiro que han externado su rechazo a la Comisión de la Verdad, pero Barrera dice que en su primer acercamiento observó disponibilidad del personal: “Son generaciones nuevas que estuvieron en otro momento de formación”.

Más allá del tema militar, la Comisión de la Verdad enfrenta otros desafíos. Uno es la ausencia de la Fiscalía General de la República: no hay una explicación oficial de las razones por las cuáles no ha hecho presencia en el proceso de conformación del organismo. Nadie ha garantizado su participación o la de las fiscalías estatales, ni hay fecha de creación de una fiscalía especializada. Además, el Mecanismo de Justicia deberá sumergirse en un mar de denuncias penales empantanadas, entre las cuales estarán las de los militares.

Como México juzga tarde este capítulo trágico, muchos victimarios ya murieron, como el expresidente Luis Echeverría, quien falleció hace unas semanas y se le acusa de ser el principal responsable de la violencia contrainsurgente en esos años. Por ello Armando Rentería, exguerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quien que fue víctima de tortura, me dijo que desconfía de “la justicia burguesa”, y que solo la verdad histórica —en la que se hagan públicos los nombres de quienes cometieron crímenes— provocará una sanción social, como sucedió con Echeverría.

Con o sin justicia judicial, las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la apertura de los archivos militares llevarán al Ejército a un terreno en el que tendrá que asumir su responsabilidad histórica en el periodo de contrainsurgencia. Coincido con Rentería: los hechos y sus perpetradores deberán hacerse públicos. Esta será una vía de justicia social para las víctimas y de la no repetición del horror vivido en esa época.

The Washington Post

El ex periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola, volvió a ser el centro de atención.Y es que reveló en su columna en El Universal que, supuestamente, integrantes de un grupo de élite del Ejército mexicano está “muy enojados” con las decisiones tomadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el operativo realizado  hace un mes en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según Loret de Mola en las filas del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), un cuerpo de inteligencia que operaba secretamente en las entrañas del Ejército desde 1995, hay  un malestar generalizado porque el 31 de octubre, durante la conferencia mañanera, López Obrador expuso algunos de los nombres de sus integrantes y aspectos de la forma en que realizan sus operativos en todo el país.

“En Inteligencia Militar hay malestar. No sólo fue expuesta la cabeza del GAIN sino que se dieron detalles de su operatividad y número de elementos, lo cual viola las reglas de sigilo bajo las que deben mantenerse a esos órganos por seguridad nacional”.

“El sentir es que para salvar a los políticos se sacrificó al GAIN, y existe el temor de que sus elementos participantes en el operativo terminen procesados. Según las fuentes, la ruptura de los protocolos en una operación tan sensible implicaría la imputación de delitos que los podrían llevar a enfrentar penas hasta de 60 años de cárcel”, escribió Loret de Mola en su columna.

Sin embargo hoy, durante una ceremonia en la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio ascensos a 102 integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con el actual gobierno y echó por tierra cualquier intento de golpe de Estado.

“Los militares no buscamos beneficios personales ni protagonismos, sino el bien de México. En su Gobierno hay nuevas tareas encomendadas, tenga la seguridad que los marinos y soldados así las harán. Estamos honrados”, dijo  Sandoval.

El secretario de la Sedena añadió: “Estamos encaminados a la transformación que usted dirige. Respaldamos su proyecto de Gobierno y el respeto a la figura presidencial. Todos trabajamos en la misma dirección. Y todos honramos las instituciones. Somos leales y lo seguimos siendo en el marco de la Constitución”.

Y remató: “Provenimos de pueblo y nos debemos a él, trabajaremos con lealtad, deber, patriotismo, valor y respeto a los derechos humanos. Con apego al Estado de Derecho y subordinación al poder civil. Sigamos cumpliendo con las misiones encomendadas, sigamos sintiéndonos orgullosos por el uniforme que portamos para los nuevos retos y desafíos”.

En las últimas semanas se creó un ambiente de tensión luego de las declaraciones del general en retiro Carlos Gaytán Ochoa, quien criticó al Presidente López Obrador durante una reunión en la que se encontraba presente el titular de la Sedena.

“Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”, expresó el general en retiro.

Ante esto, López Obrador calificó las declaraciones de Gaytán Ochoa como “imprudentes” y “poco mesuradas”, y hasta provocaron una serie de tuits por parte del mandatario, asegurando que la mayoría de los mexicanos no aceptarían un golpe de Estado en el país.

En el primero tuit, hizo referencia a que los conservadores y sus halcones se atrevieron a derrocar y asesinar a Francisco I. Madero, porque éste “no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara”.

Noticias MZ

El tercer informe del GIEI sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa revela una operación de Estado ejecutada por el gobierno de Peña Nieto, que involucró a los tres niveles de gobierno. Los crímenes cometidos incluyen tortura, obstrucción de la justicia, manipulación de escenas, fabricación y destrucción de pruebas, falsificación de documentos, ocultamiento de información, detenciones ilegales, espionaje, colusión de servidores públicos. En estos delitos se revela el papel activo de la Sedena –tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos– y de la Marina –manipuló el basurero de Cocula–; además, se descubre que previo a la desaparición, estudiantes fueron presentados con vida en barandillas. Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. Pese a la instrucción del presidente López Obrador de colaborar plenamente con la investigación, la Defensa Nacional y el CNI siguen ocultando información crucial para revelar la verdad

El gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó una operación de Estado antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero –ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala–, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este 28 de marzo. En éste se documenta, por ejemplo, que elementos de la Secretaría de Marina manipularon la escena del basurero de Cocula y que el Ejército –a través del Batallón 27– realizó labores de espionaje de forma ilegal, además de que tuvo conocimiento de lo que sucedía con los jóvenes en tiempo real.

En realidad, el reporte –del que sólo se dio a conocer una versión corta, porque el original fue entregado a la Fiscalía General de la República para su judicialización– evidencia que los tres niveles de gobierno participaron de forma activa en lo que los expertos del GIEI denominaron una simulación, y que podría configurar una operación de Estado para encubrir este crimen de lesa humanidad y a sus verdaderos responsables.

En éste se documentan los delitos de desaparición forzada y tortura, sancionados por el derecho penal internacional por considerarse violaciones graves a los derechos humanos, mismos que no prescriben. Además, se da cuenta de otros ilícitos, como la obstrucción sistemática de la justicia, la manipulación de escenas, la fabricación y la destrucción de pruebas, la falsificación de documentos, el ocultamiento de información, las detenciones ilegales, el espionaje. Asimismo se descubre que previo a la desaparición de los estudiantes, éstos fueron presentados con vida en barandillas y en presencia de personal del Ejército Mexicano.

Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. En total, 22 personas civiles que pudieron aportar elementos para conocer el desarrollo de los hechos han perdido la vida, pero sólo dos por causas naturales. Asimismo, durante la presentación del reporte, los integrantes del GIEI denunciaron que sigue habiendo resistencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) para entregar información crucial que podría revelar la verdad. Ello, pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de colaborar plenamente con la investigación del Grupo Interdisciplinario.

Antes de la desaparición

El resumen del Informe Ayotzinapa III da cuenta de que “las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades del crimen organizado, particularmente, el accionar de Guerreros Unidos. También conocían de la siembra de amapola y la fabricación de heroína, así como su trasiego en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos. En respuesta a esta situación, en 2014 se instalaron el Centro Regional de Inteligencia y la Coordinación Guerrero Seguro, en la que participaban efectivos militares para combatir al crimen organizado. En seguimiento a estas actividades, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.

El documento incluso señala que la infiltración a los estudiantes por parte de la Sedena era de tiempo atrás, con militares encubiertos que reportaban todo a sus superiores. “Los estudiantes durante al menos 10 años fueron objeto de continuo seguimiento por parte de las autoridades, incluso, había agentes de inteligencia en los alrededores de la escuela y en la escuela misma que se hacían pasar por estudiantes y uno de ellos se encuentra desaparecido”. Durante la presentación, los expertos del GIEI confirmaron que se trata de un militar encubierto que se había infiltrado en la normal rural, como parte de las labores de contraguerrilla que aplica el Ejército en campo.

Adicionalmente, el informe señala que el 22 de septiembre de 2014 –4 días antes de la desaparición forzada– “se ordenó que se diera un seguimiento a las actividades de las estudiantes previas a la marcha por el 2 de octubre hacia Ciudad de México”. Específicamente, los expertos señalaron en la conferencia que hubo labores de espionaje del Batallón 27.

Documentos militares a los que el GIEI tuvo acceso en esta nueva etapa de investigaciones dan cuenta que el 26 y 27 de septiembre de ese año, cuando ocurrió el crimen de lesa humanidad, “el seguimiento a los estudiantes inició frente al intento de toma de autobuses al medio día en Chilpancingo; continuó con su salida de la escuela hacia Iguala, los intentos de toma de autobuses a las afueras y su traslado a la Central Camionera, y posteriormente su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la ciudad”.

Al respecto, detalla que con el seguimiento ocurrió a través del C4 y de OBIS (órganos de búsqueda de información o agentes de inteligencia), las autoridades tuvieron información en tiempo real desde las dos escenas donde se detuvo y desapareció a los estudiantes.

Durante la desaparición

Los documentos a los que accedieron los integrantes del GIEI revelan las comunicaciones que se realizaron entre zonas militares y batallones. “Los documentos pertinentes no sólo se encuentran en el 27 Batallón, sino en los archivos de la Zona Militar 35 y de la IX Región Militar a la que pertenecen y en el EMD. Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía, e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre hechos”.

De acuerdo con el informe, se ejecutaron dos operaciones de inteligencia: “una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado, y la otra, las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre; resulta llamativo que estos seguimientos cesaran justo en el momento de la desaparición. Esto a pesar de que se contaba con interceptación de comunicaciones que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014. Esta información nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente”.

Otra información que destaca del tercer informe del GIEI es el hecho de que los estudiantes desaparecidos fueron detenidos en los separos del Palacio de Justicia (conocidos como barandillas) y ahí estuvieron presentes elementos del Ejército.

“Desde el inicio de la investigación, existieron fuertes indicios de que un grupo de estudiantes detenidos habrían sido llevados a la comisaría de barandillas, aunque no era claro si entraron o no y el tiempo que se habrían quedado ahí, en su caso, antes de ser trasladados. Si bien varias declaraciones de policías acusados señalaron que los estudiantes habrían sido llevados a este lugar, nuevas evidencias confirman que los estudiantes efectivamente estuvieron detenidos en barandillas”.

El reporte da cuenta de que las autoridades militares sancionaron a los elementos que ingresaron a los separos y omitieron informar al respecto. “Las patrullas salieron antes de las 00:30 horas, porque ya se encontraban en Palacio de Justicia cuando ocurrió la segunda balacera en la calle Juan N Álvarez. De la misma manera, el recorrido incluyó otros sitios que no se habían reconocido en las primeras declaraciones como los separos (barandillas). Hay que tener en cuenta que existen varias pruebas y declaraciones de personas que manifestaron haber visto la presencia de normalistas detenidos en este lugar”.

Respecto de los procesos disciplinarios y sanciones, se indica que fueron dos militares los que omitieron información relevante sobre su presencia esa noche en barandillas. “De acuerdo al documento donde se le notifica la sanción a uno

de ellos, esta se impuso: “por haber omitido en su informe que el día 26 de sept. 2014 ingresó a barandilla de la pol. [policía] municipal en busca de una motocicleta propiedad de un elemento de la tropa, encontrándose efectuando rondines de patrullamiento con el pnal [personal] de la fuerza de reacción que se organizó con pnal de los diferentes svs que se encontraban el día 26 y 27 de sep. 2014”.

Pese a contar con información en tiempo real, ni la Sedena ni el Cisen evitaron la desaparición forzada de los 43 normalistas. Entre ellos, el militar infiltrado para hacer labores de inteligencia.

Después de la desaparición

La cargada de las instituciones federales, estatales y municipales para ejecutar la operación de Estado de encubrimiento de los hechos ocurrió después de consumada la desaparición forzada de los estudiantes y permanece, en el caso de la Sedena y el CNI, hasta la fecha por las resistencias que mantienen ambas dependencias a colaborar con las investigaciones.

El GIEI ha llamado a estas estrategias de ocultamiento de la verdad como simulación, mismas que rayan en una clara obstrucción de la justicia, para lo cual servidores públicos de todos los niveles de gobierno se coludieron con el objetivo de fabricar la “verdad histórica”.

Al respecto, en su tercer informe el Grupo Interdisciplinario señala que “se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”.

Asimismo, acusa que “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.

Para los expertos independientes, está demostrado que las autoridades federales, estatales y municipales crearon un relato que no se correspondía con la verdad sobre el destino final de los 43 normalistas desaparecidos y para ello se cometieron distintas ilegalidades para incorporar tanto el relato como las declaraciones dentro de las investigaciones. “La actuación de diferentes funcionarios de la PGR legalizó y falsificó varias de esas actuaciones. Estas ilegalidades incluyen falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen”.

Los expertos indican que al ser verídica la identidad del resto óseo de Alexander Mora –uno de los 43 estudiantes desaparecidos–, esta circunstancia supone no sólo una versión distorsionada de la realidad, sino que debe existir evidencia de cómo se llegó a ella.

Se agrega que la construcción de la ‘verdad histórica’ fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes, ya que se sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”.

En esta obstrucción sistemática de la justicia se destacan varios momentos clave de la simulación. Entre ellos la participación activa de la Semar en el montaje del basurero de Cocula, donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos de los normalistas rurales. Ello, gracias a que los expertos del GIEI obtuvieron copias de videograbaciones hechas por un área de inteligencia de Marina a la que sólo le dan órdenes el secretario de Marina en turno –en aquel momento se trataba del almirante Vidal Francisco Soberón– o el presidente de la República –Enrique Peña–. Se trata de más de 100 horas de video que se encuentra bajo resguardo seguro por parte del Grupo Interdisciplinario.

Al respecto, se indica que “el 12 de noviembre de 2021, el GIEI, finalmente, tuvo acceso a los archivos de la Marina, tal y como había sido solicitado reiteradamente. El acceso a los archivos permitió tener documentos confidenciales, archivados como “secreto”, que hacían referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 27-29 de octubre de 2021. Esta documentación se refiere a los escenarios del basurero de Cocula y el río San Juan”.

Uno de esos videos captado por un dron de la Marina (aeronave no tripulada de reconocimiento ANX 3501) corresponde al día 27 de octubre de 2014, en el que se observan actividades realizadas por elementos de la Semar hasta ahora desconocidas, “y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”. Éste documento en video dura más de 2 horas y lleva por nombre “20141027A.mpg”, en el basurero del municipio de Cocula durante la mañana de aquel día. Algunos fragmentos se proyectaron en la presentación del tercer informe.

Tras hacer una amplia descripción de los hechos que se observan en el video, el reporte del GIEI concluye que “un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de las 06:39 am hasta la llegada de la comitiva del procurador [Jesús] Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.

“Los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden una hoguera, en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas.

“Poco después de lo cual los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona, baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, identificada como zona B en el acta relacionada y donde se encontraron elementos balísticos y restos óseos. Tanto la zona A como la zona B eran de relevancia para la investigación por la posibilidad de que en ellas se encontraran distintas evidencias (balísticas, restos óseos, ropa, sangre, etcétera), ambas quedaron seriamente contaminadas después de la presencia del personal de la Marina.

“Mientras estas acciones se están dando, el dron que realiza la filmación explora el camino al basurero, se centra un momento en personas que cruzan a caballo el camino, y exploran la totalidad de la ruta desde el pueblo de Cocula. Posteriormente uno de los vehículos de la Marina se mueve hacia la entrada del basurero y bloquea la entrada.”

Los expertos destacan que previo a esa manipulación de la escena, elementos del Ejército habían visitado el basurero de Cocula semanas antes sin encontrar evidencias, los que fue consignado así en documentos oficiales. La versión de que en ese lugar habrían sido calcinados los restos de los estudiantes, apunta el GIEI, surgió el 26 de octubre y se generó mediante bajo tortura. Durante 7 años se ocultó información en torno a este lugar.

Esta no fue la única simulación o montaje. De acuerdo con el nuevo reporte, las autoridades de los tres niveles sistemáticamente ocultaron la verdad a los expertos pues ante sus solicitudes de información, las respuestas no coincidían con la realidad de los hechos. “Diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad”.

Asimismo se usaron documentaciones falsas, como el acta del Río San Juan: la ministerio público que la firma no estuvo en el lugar. “Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían”.

Otro hecho relevante fue que se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos, así como las torturas con las cuales se arrancaron los supuestos testimonios de este crimen.

Asimismo se hicieron llamadas ficticias por parte de funcionarios. “Hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones. Las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles entregadas eran falsas, también las bitácoras”.

Adicionalmente se señala que 22 personas que pudieron tener información sobre el caso han muerto, de las cuales sólo en dos casos fallecieron por muerte natural.

Investigación de ContraLínea

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual reveló la presencia del ex procurador Jesús Murillo Karam y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula momentos antes de que se levantaran las evidencias de la supuesta quema de los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El informe también expone que el Ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer, pese a que pudieron ser vitales para la localización de los jóvenes.

En el documento, dado a conocer este lunes, se incluye un video de más de dos horas, hasta ahora desconocido, tomado el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Semar sobre el área del basurero de Cocula.

Tras analizar las imágenes, el GIEI concluyó que:

“Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de 6 h39 am(sic) hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam (a las 8:28 horas), en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación previa e investigación del basurero de Cocula”.

Al revisar los detalles, cuadro por cuadro de las imágenes, los expertos determinaron que “los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero”.

Puede verse a algunos marinos bajar al fondo de la hondada del basurero y encender una hoguera en el inicio de la pendiente. También se ve cómo los bultos bajados de las camionetas navales “han desaparecido”.

La explicación brindada a los miembros del GIEI sobre la hoguera, refiere que se hizo “para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de las coordenadas”.

En el reporte, el GIEI agrega que ese mismo día, a las 16:00 horas, Murillo Karam y Tomás Zenón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), protagonizaron una conferencia de prensa para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

“En ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no había ocurrido”, detalla el documento.

Destaca que en los primeros días de febrero, elementos de la Policía Estatal y del 27 Batallón de Infantería ya vigilaban ese lugar y preguntaban a lugareños de Cocula por algunos personas que, luego, fueron acusados por la PGR.

Todo se trató de una construcción

En esta tercera parte del informe, el GIEI, compuesto por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, muestra cómo la “verdad histórica” fue construida por funcionarios de distintas dependencias.

Algunas de las que fueron señaladas son:

• Policía Estatal
• Ejército
• Secretaría de Marina
• Policía Federal
• Procuraduría General de la República
• AIC
• Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)

La narrativa indica que:

“Fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y, en lo posible, encontrados”.

Gracias a la colaboración de la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), entre los nuevos datos revelados en el documento se da cuenta que la llamada anónima con la que se justificaron las detenciones de personas involucradas en la “verdad histórica” no existió.

También se reveló que “se bajó de forma intencional y bajo la dirección de una persona de nivel de dirección de la unidad antisecuestros de la PGR, para dar cobertura a las detenciones que se habían realizado el 27 de octubre (…) se falseó no sólo el contenido sino la fecha, señalando que habría ocurrido el 25 de octubre, de forma que diera credibilidad a actuaciones que ya estaban en curso”.

De igual forma, se identificaron más de 60 videos relacionados con 50 detenidos, “que demuestran el trato degradante y violatorio de derechos humanos” y la tortura que recibieron de “titulares de Unidad, agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales de la PRG” y elementos de la Policía Federal y el Cisen.

Así fue el operativo

El informe sostiene que en el caso Ayotzinapa la tortura fue sistemática, y se describe el modus operandi a partir de los videos:

27 de octubre de 2014, basurero de Cocula

6:39 hrs: se observa a elementos de la Marina en la escena del crimen principal. Los marinos pueden verse acercándose a los vehículos estacionados en la zona.

6:52 hrs: llega a la zona una camioneta blanca. Las personas presentes tienen una charla en el vehículo y regresan.

6:59 hrs: El acceso al basurero es cerado con uno de los vehículos

7:00 hrs: Las personajes bajan hacia el Río San Juan, que cruza el basurero, y se les ve andando durante varios minutos en la zona donde, luego, se anunciaría el hallazgo de restos óseos supuestamente pertenecientes a los estudiantes.

7:27 hrs: Comienza a observarse humo blanco que se desprende de una fogata que encendieron los marinos. En el video se observan tres bultos blancos.

7:37 hrs: El fuego se extingue y los marinos salen del basurero.

Mas tarde, cerca de las 8:31 de la mañana, llega al lugar un convoy de seis camionetas de la PGR y la Semar, en las que se encuentran el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.

Luego de que los marinos estuvieran ahí, al mediodía arribaron los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes encontraron restos humanos que no eran del los normalistas. Por su parte, los miembros de la Marina y la PGR estuvieron por varios minutos removiendo objetos y, aparentemente, vertiendo otros.

A lo largo del video es posible apreciar que, en algún momento, más de 40 personas estuvieron en el fondo del basurero.

Fuente Polemon

Por José García Sánchez – La primera línea de fuego en la guerra política de la derecha en México es un distractor que oculte lo que desde arriba mueven las fuerzas conservadoras, en ese frente están los legisladores de los partidos PAN, PRI y PRD.

Resulta a veces inexplicable la sobrecarga de estridencias de la bancada de los partidos de oposición en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, donde tienen sus alfiles listos para contraatacar cualquier disposición del gobierno. Son lugares donde se gasta pólvora en infiernitos, pero que llaman la atención de propios y extraños. Creen despistar al enemigo.

La segunda línea de esta guerra declarada unilateralmente, son los analistas, comentaristas, opinadores, otrora intelectuales orgánicos del pasado, que tratan de apoyar a la primera línea de ataque, a través de los medios, que continúan con la doble tarea de atacar y distraer. Dispersar la congruencia que todo gobierno debe guardar. Recordemos que toda artillería tiene una boca de fuego. Ahí se lanzan anzuelos, nados sincronizados, fake news, rumores, chistes y memes.

Del lado donde sólo se dirige la batalla están los de alto rango que son los empresarios, que a su vez tienen a sus generales no sólo ocultos sino que pelean de incógnitas.

En la tercera línea de fuego aparecen personajes como Héctor Aguilar Camín, –identificado con los regímenes del pasado y una derecha que se autodenominó progresista–, quien lanza un artículo de fondo, respecto al discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en el 111 Aniversario de la Revolución Mexicana, donde convoca a la sociedad a unirse a la transformación que gobierna en este momento, como si pensara que las fuerzas armadas son un órgano autónomo del Poder Ejecutivo y no su dependencia; es decir, con un representante del Jefe del Ejecutivo, a la cabeza de los militares. La crítica a esa alocución muestra un contenido que había mantenido oculto la derecha, pero no por ello era imperceptible.

Suponer o cuestionar que debe existir autonomía entre la milicia y el poder civil, convoca a un enfrentamiento. Tal vez a una competencia de poderes, que fue el móvil de algunos generales golpistas de américa Latina de los 70 a los 90. El mundo ha cambiado y la derecha no se ha dado cuenta por su obsesión de reconstruir el pasado resurgiendo de las cenizas, de lo que ni ruinas hay.

Ahí, el escribano, duda que el secretario de la Defensa represente al resto de los militares, busca una escisión en las fuerzas armadas o, por lo menos, difunde esa sospecha, con más de una interpretación. Aunque se sabe que hay un grupo de generales retirados que comulgan con la idea de descarrilar la 4T; sin embargo, la simple insinuación de que no haya consenso al interior del Ejército es una declaración pública contra la democracia, en busca de proselitismo militar con miras a un golpe de Estado, muchas veces deseado y pocas veces anunciado.

Como en todo el mundo, en México hay militares producto de un gobierno elegido en las urnas, encaminado a contribuir a diseñar su propia democracia, que siempre es perfectible, también hay militares de las dictaduras que sistemáticamente han sido apoyados por las derechas de todo el planeta.

Quienes denuncian el peligro del comunismo son los que advierten sobre el militarismo, la historia de la militarización en Latinoamérica, y buena parte del mundo, es una expresión represiva del capitalismo; sin embargo, la búsqueda de resquicios por donde pueda penetrar la duda sobre la cohesión del ejército mexicano propiciaría la amenaza de un golpe de Estado militar de derecha. La convicción democrática de cualquier ejército se muestra supeditándose a un poder civil.

Cualquier golpe militar exige de apoyo externo, no sólo económico o político, y la derecha mexicana lo tiene en varios países, donde muestran su preocupación por nuestro gobierno. En el exterior se habla de la remilitarización de Latinoamérica ante los triunfos electorales de partidos que no son de derecha.

Desde esa perspectiva conservadora quieren vincular estrechamente al Jefe del Ejecutivo con el Ejército, más allá de las leyes, y, también separarlos para medir fuerzas y mostrar aparentes diferencias, o discordias inventadas. No siempre cuando el Ejército gana espacios políticos se militariza un país, simplemente aumenta sus tareas, no sus atribuciones, porque también se puede militarizar sin triunfos políticos de por medios, y es ahí donde la derecha quiere tener el mando.

Es en este escenario de guerra, donde se desarrolla un discurso con violencia verbal que suele anteceder a la violencia física, propia de una oposición más cercana al golpismo que a la democracia, arroja antihéroes en sus filas por falta de estrategias adecuadas, caracterizada por una desesperación que les impide ser cautelosos, y así sueltan sus proyectos como si fueran petardos, demostrando, una vez más que las urnas no son campos de batalla para la derecha.

Fuente Rebelión