México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, a través de ella, argumentan que lo ocurrido ha generado un “daño irreparable” al sistema internacional.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó en la conferencia matutina de este día que los hechos ocurridos el pasado 5 de abril, ya fueron denunciados.

En la denuncia se acusa la agresión a la integridad física y moral del personal diplomático, por ello México realizó una serie de exigencias, entre las que se destaca:

Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México.

Otra solicitud es la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU en tanto no se emita una disculpa pública, se agrega que la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión.

Otra petición es que en caso que otro país actúe como lo hizo Ecuador, sea expulsado definitivamente de la ONU.

La canciller afirmó que México espera que el sistema multilateral “esté a la altura de la gravedad de los hechos”, confió en que la Corte resuelva el conflicto sin ambigüedades.

Alicia Bárcena confió en que la actitud tomada por Ecuador, no se vuelva a repetir con ninguna otra nación, pues es reprobable en todos los sentidos.

Durante su conferencia de prensa de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló imágenes inéditas grabadas al interior de la embajada de México en Ecuador, en donde se muestra el autoritarismo y la fuerza con la que ingresó la policía.

En ellas también se hizo evidente la agresión a Roberto Canseco, el jefe de Cancillería.

“No pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, nada más, que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática por lo que se presentará una denuncia ante la corte internacional de Justicia.

El primer mandatario explicó que la denuncia se está elaborando y se presentará ante la Corte Internacional de Justicia, enfatizando que esta instancia es la adecuada para abordar violaciones tanto a la soberanía nacional como a los derechos internacionales fundamentales.

“Se trata de una violación, no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección de sus embajadas.”

En el video presentado por el Gobierno de México se observa cómo el embajador Roberto Canseco intenta impedir la entrada de las fuerzas ecuatorianas; sin embargo, éstos le apuntan con armas de fuego, al tiempo que lo empujan y someten en el suelo en repetidas ocasiones con el fin de llevarse a Jorge Glas de la sede diplomática.

Al fondo, se observa cómo el ex funcionario Glas, es llevado a la fuerza, mientras que Canseco lucha por defender la soberanía desde la Embajada.

Por Cristóbal León Campos

La crisis política que se vive en Ecuador desde meses atrás, ha rebasado las leyes internacionales y violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomaticas y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, tras el violento asalto a la Embajada mexicana en dicho país sudamericano, autorizada por el presidente Daniel Noboa, cuyo Gobierno vive una serie de cuestionamientos populares por el retroceso que ha generado en los aspectos económicos, políticos, de seguridad y soberanía.

El reciente secuestro del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, quien desde diciembre de 2023 se encontraba en la Embajada mexicana luego de solicitar asilo político, es una acción, además de ilegal a nivel internacional y neofascista, que muestra de la sumisión del régimen ecuatoriano de Noboa al imperialismo estadounidense, pues después de aquellas esecenas donde se observó a un grupo de criminales tomar las instalaciones de una televisora y del incremento de la violencia por el narcotráfico, se establecieron con mayor rigor una serie de “alianzas”, o más bien de imposiciones imperialistas, que entre otras cosas han mostrado la presencia del Comando Sur de EE.UU., siendo que la general Laura Richardson, jefa de dicho Comando, ya había declarado que “Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para Ecuador”, y esto no es otra cosa, que la imposición de la agenda políticoeconómica de Washington. Jorge Glas, además de haber denunciado la corrupción del Gobierno y de negar las acusaciones que sobre su persona recaen actualmente, también se posicionaba como el contendiente electoral contra la derecha, por lo que su actual detención ilegal busca incriminarlo y desplazarlo de la posibilidad de ser Presidente. Algo que ya vimos con Lula da Silva en Brasil.

Por su parte, el Gobierno mexicano ha iniciado una serie de procedimientos legales que buscan la defensa de su soberanía, cuyo primer paso ha sido la ruptura de la relaciones diplomáticas con Ecuador, lo que representa un cisma para la unidad latinoamericana, y esto tampoco es casual, pues no se olvide que México ya había dado asilo a Evo Morales y demás funcionarios bolivanos después del Golpe de Estado que se vivió en ese país, algo que para el imperialismo y las oligarquías sudamericanas quedó pendiente de ser cobrado, y tan poco debe dejarse de lado la figura tan ejemplar que para Latinoamerica recae en México por su historia diplomática en la región. Esto último es otro objetivo de desestabilizar, ya que se sabe que las oligarquías y el imperialismo no son amigos de la idea de unidad e integración que México ha vuelto a representar tras varios años de dudosa diplomacia.

Ecuador vivirá disputas internas, la acción violenta en la Embajada mexicana desenmascaró más el carácter neofacista del régimen de Noboa, siendo que ni las dictaduras sangientas de Argentina y Chile llegaron a violar la Convención de Viena, y aquellos años fueron de verdadero terror. Además, si bien para algunos el seguir al pie de la letra los dictados de Washington pudieran darle puntos a Noboa, en realidad siempre debe considerarse la recupercucion internacional de este tipo de actos, y ante el rechazo mayoritario, Noboa corre el riesgo de ser descartado por el imperio estadounidense, cuyo discurso habla de “democracia”, aunque ya sepamos muy bien que subvenciona bombas en Medio Oriente, grupos criminales en Sudamérica y oposiones en países gobernados por la izquierda o el “progresismo”. La región vuelve a encenderse, veremo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó el asalto a la Embajada de México en Ecuador por parte del gobierno de Daniel Noboa Azín, a quien dijo que ni siquiera el dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte se atrevió a violar el derecho internacional e ingresar a las embajadas para arrestar a asilados políticos.

Durante la ‘mañanera’ en Mazatlán, Sinaloa, AMLO declaró que el ingreso sin autorización a la Embajada de México en Ecuador por parte de la fuerza policial ecuatoriana fue un acto autoritario e increíble. Mencionó que aunque no estuviera de acuerdo en hacer comparaciones en situaciones así, era algo real que ni siquiera el “temible” Augusto Pinochet y otros dictadores sudamericanos se atrevieron a mancillar sedes diplomáticas.

López Obrador dijo que los integrantes del gobierno de Noboa Azín tienen malos instintos o podrían están mal aconsejados, ya que siempre hay oportunistas que “meten sus narices”:

“Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales […] Creo que los que tomaron esa decisión están muy mal aconsejados, no quieren a Ecuador y sin duda no quieren a su noble pueblo, no valoran al pueblo ecuatoriano que es bueno, noble y hermano”, pronunció.

En ese sentido, el mandatario nacional dijo que cuando los gobiernos son débiles y carecen de respaldo popular, o no tienen capacidad, es el momento en el que entran los asesores políticos en escena. En tanto, advirtió que estos últimos suelen actuar de acuerdo con sus propios intereses, no los de la población.

Enseguida, el titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció que existen acusaciones contra el exvicepresidente Jorge Glas Espinel acusándolo de delincuente por parte del actual gobierno ecuatoriano. Sin embargo, consideró que no es motivo suficiente para arrestarlo violando el derecho de asilo, un mandato de política exterior y la soberanía de México, ya que eso debió ser resuelto de otra manera por instancias internacionales.

Pese a la indignación que esto generó a un sector de los mexicanos, el presidente de la República pidió separar las acciones de los gobiernos del comportamiento de los pueblos. Sostuvo que el allanamiento de la sede diplomática de México en Quito tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno posiblemente por una rivalidad interna, lo cual lo llevó a tomar esa decisión sin dimensionar la repercusión para su pueblo.

Finalmente, AMLO destacó que el pasado domingo habló con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, para expresarle su apoyo y también se enteró de que el expresidente boliviano Evo Morales le envió muestras de solidaridad ante lo sucedido en Ecuador. Asimismo, agradeció al gobierno de Nicaragua por haber roto relaciones diplomáticas con el país sudamericano.

Ciudad de México. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrará el lunes y el martes reuniones de urgencia, luego del allanamiento a la embajada de México en Quito realizada por el gobierno de Ecuador.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, actual presidenta en turno de la Celac, convocó a la troika del organismo para el lunes 8 de abril y a una reunión de cancilleres de la Celac para el martes 9.

Agregó que una reunión de presidentes también será programada.

“Ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador, al tomar por la fuerza la embajada de México en Quito, convoco con carácter de urgencia a la troika de la Celac para este lunes 8 de abril, y a los cancilleres para el día martes 9 de abril”, comunicó Castro en las redes sociales.

Ambas reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 de la mañana hora de Honduras y de México.

En las reuniones de cancilleres pueden discutirse y, eventualmente aprobarse, declaraciones de condena a acciones como la suscitada en Quito.

La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este sábado la “solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador”.

En un mensaje en la plataforma X, el mandatario también manifestó su respeto por el pueblo ecuatoriano, con cuyo gobierno México rompió relaciones diplomáticas ayer.

“Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación”, dijo López Obrador.

Añadió que el gobierno mexicano está atento a la situación del personal diplomático de México en Ecuador, que será repatriado, y a quienes hizo un reconocimiento por su labor.

“Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos. Han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de cancillería de la embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto”.

La escalada de violencia ejercida por los grupos del crimen organizado no es espontánea. Ha sido calculada para justificar la intervención de Estados Unidos en Ecuador con la anuencia del gobierno derechista de Daniel Noboa. Luego de supuestas “guerras contra el narcotráfico” que han padecido Colombia y México, el turno es del pueblo ecuatoriano. El gobierno estadunidense podrá contar con un nuevo enclave en América Latina con miras a detener lo que considera la “influencia” china y rusa en la región

En 2023, fueron asesinados al menos nueve políticos ecuatorianos. El caso más llamativo fue el homicidio del candidato a presidente, Fernando Villavicencio, a sólo 2 semanas de las elecciones de 2023.

De inmediato y como parte del proceso de guerra jurídica impulsada desde 2017, los medios de comunicación, funcionarios de turno y referentes políticos culparon al expresidente Rafael Correa y a los sectores políticos vinculados a él. El gobierno de Lasso pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos para esclarecer el caso.

Pasaron unos meses y, a días de la segunda vuelta electoral, seis sospechosos del crimen –quienes estaban presos en Guayaquil– fueron asesinados. En 2023, se registraron 7 mil 800 muertes violentas; la tasa más alta en la historia de Ecuador.

Esta espiral de violencia desencadenó un escenario de máxima amenaza a la seguridad pública el 9 de enero de 2024, a raíz de la toma de las cárceles por parte de bandas criminales días antes.

El 7 de enero, uno de los jefes del crimen organizado más peligrosos escapó de la cárcel. El 9 de enero prosiguió la fuga de otros criminales. Ese mismo día personas armadas tomaron un canal de televisión de Guayaquil, a la vez que se perpetró un ataque armado en contra de la Universidad de Guayaquil.

El presidente Daniel Noboa calificó los hechos como parte de un “conflicto armado interno”. Decretó “Estado de Excepción” y autorizó a los militares neutralizar a los grupos del crimen organizado. Enumera 22 organizaciones del narcotráfico por nombre y les da el estatus de “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

Estados Unidos tiene un papel en este contexto: el 11 de enero, la Corte Constitucional debía ratificar un acuerdo de seguridad entre Ecuador y ese país. En el periodo 2021-2022, la asistencia militar estadunidense alcanzó 172 millones de dólares, en el marco de programas militares y antinarcóticos. Esto convierte al país sudamericano en el principal receptor de asistencia militar en la región.

“Asistencia” de EU e incremento de los niveles de violencia

El 6 de octubre de 2023, el canciller Gustavo Merinque –del gobierno de Lasso– y el embajador de estadunidense en Ecuador, Michael Fitzpatrick, firmaron un acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por su sigla en inglés).

El Artículo 164 de la Constitución de la República señala que se puede declarar el estado de excepción por conflictos armados internacionales o internos, entre otros.

Con esto, el gobierno queda facultado para decretar la recaudación anticipada de impuestos; utilizar fondos públicos destinados a otros fines; disponer de la censura previa a los medios de comunicación; establecer zonas de seguridad en todo o parte del territorio, y disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con la facultad de convocar a la reserva. De igual manera, puede cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, además de la movilización y las requisiciones necesarias hasta que se restablezca la normalidad.

Este acuerdo otorga privilegios, inmunidad y garantías al personal de las Fuerzas Armadas estadunidense; del Departamento de Defensa, y a los contratistas. Cualquier “exceso” sería dirimido en la justicia de Estados Unidos. Asimismo, garantiza el libre desplazamiento en territorio ecuatoriano de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa.

De igual manera, es una base legal que Estados Unidos considera necesaria para garantizar la inmunidad de su personal en la implementación de planes y acuerdos más amplios, en materia de seguridad y defensa. Durante la administración de Joe Biden, Ecuador pasó a ser el principal receptor de asistencia militar estadunidense en la región.

Con el Gobierno de Lasso, hay dos componentes:

El primero es el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por su sigla en inglés), un crédito otorgado para la adquisición de artículos de defensa, servicios de defensa y servicios de diseño y construcción (171 millones de dólares). Y, el segundo, el Programa Educación y entrenamiento militar internacional (IMET, por su sigla en inglés), una capacitación de estudiantes militares extranjeros, tanto en el extranjero como en Estados Unidos (198 mil 157 dólares).

Acuerdos recientes en materia de seguridad y defensa

El Plan de Cooperación de Estados Unidos con Ecuador en julio de 2023. Además de la firma de Memorando de Entendimiento en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para fortalecer las capacidades del sector de Seguridad en Ecuador y definir objetivos compartidos relacionados con la cooperación, en materia de Seguridad. Está orientado al combate del tráfico ilegal de narcóticos y sus delitos conexos, tales como la delincuencia organizada transnacional, delitos en los espacios acuáticos y las acciones de los grupos irregulares armados.

El 16 de agosto de 2023, se firmó el acuerdo –establecido por primera vez en 2002– para fortalecer la cooperación, con el fin de aumentar la capacidad de las fuerzas militares, policiales y el sector Justicia para combatir la delincuencia organizada durante los siguientes 10 años.

El 17 de agosto de 2023, el expresidente Lasso anunció un Acuerdo de Cooperación con Estados Unidos para la interceptación aérea de “narcoavionetas”.

El 28 de septiembre de 2023, se suscitó un acuerdo para el envío de fuerzas militares terrestres y marítimas al país, con el objetivo de combatir a las organizaciones del narcotráfico. Fue anunciado durante una mesa redonda de la Fuerza de Intervención del Congreso de Estados Unidos para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos que contó con la presencia de Lasso.

Cuatro puntos relevantes: intercambio de información; desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas de Ecuador; entrenamiento y capacitación, y adquisición de recursos esenciales. Aunque la nota de la Embajada no incluye una asignación financiera específica, el ministro de Defensa ecuatoriano mencionó que el acuerdo implica una inversión de más de 3 mil 100 millones de dólares durante los próximos 7 años.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador, como parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional, el 15 de diciembre de 2022. Incluye temas comerciales, de desarrollo y de seguridad. Entre otros aspectos, autoriza el traslado de patrulleros sobrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos a Ecuador, además de fortalecer la cooperación de seguridad en cuestiones cibernéticas, policiales y militares.

Acuerdo entre Ecuador y EU relativo al Estatuto de las Fuerzas

El acuerdo se aplica al personal militar y civil de Estados Unidos –miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa– y a los contratistas estadunidenses –empresas y firmas, además de sus empleados bajo contrato o subcontrato con el Departamento de Defensa– que puedan estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano, con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios y actividades humanitarias, tales como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre; actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos, el tráfico ilícito, el terrorismo intencional y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y otras actividades acordadas (Artículo 1).

Se le otorgará a este personal privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas, bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 (Artículo 2).

El personal no será responsable de pagar ningún impuesto o cargo similar. Podrá importar y exportar desde el territorio de Ecuador y usar cualquier bien personal, equipo, suministros, pertrechos, tecnología, entrenamiento o servicios, en relación con actividades al amparo del presente acuerdo. Estarán exentos de cualquier inspección, licencia, tasas de aduanas, impuestos, o cualquier otro cargo aplicado dentro de Ecuador (Artículo 4).

Las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos –o que en ese momento estén operados para este departamento– podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio de Ecuador. Dichos vehículos –sea que se desplacen por sí mismos o remolcados– no estarán sujetos al pago de peajes por tránsito terrestre (Artículo 5).

El Departamento de Defensa podrá contratar cualesquiera pertrechos, suministros, equipos y servicios –incluidos los de construcción– que se suministren o lleven a cabo en el territorio de Ecuador, sin restricciones en cuanto a la elección del contratista, proveedor o persona que suministre esos pertrechos, suministros, equipos o servicios. Esos contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán conforme con las leyes y regulaciones de Estados Unidos (Artículo 6).

Los contratistas estadunidenses no estarán sujetos al pago de ningún impuesto y podrán importar, exportar y usar bienes personales, equipos, suministros, pertrechos, tecnologías, entrenamiento o servicios en el territorio de Ecuador, en cumplimiento de contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con actividades al amparo del presente acuerdo. Estarán exonerados de cualquier inspección, licencia, otras restricciones, tasas de aduanas, impuestos, o cualquier otro cargo (Artículo 7).

El personal de Estados Unidos tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones –mutuamente acordados– que se exijan en relación con actividades al amparo del presente acuerdo, así como el uso de ellos (Artículo 9).

Se permitirá que el Departamento de Defensa de Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. Esto incluirá el derecho a utilizar los medios y servicios necesarios, con el objetivo de asegurar plena capacidad para operar los sistemas de telecomunicaciones, además del derecho a usar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que sean necesarias para este propósito. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para Estados Unidos (Artículo 10).

Ambos gobiernos obviaron cualquier reclamo –excepto los reclamos contractuales– entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes, o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o el personal civil de cualquiera de los Gobiernos que surja del cumplimiento de sus deberes oficiales, en relación con actividades al amparo del presente acuerdo. Los reclamos de terceros por daños o pérdidas causados por personal estadunidense serán resueltos por el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país (Artículo 12).

*Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad-Conicet; doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Silvina Romano*, Tamara Lajtman** y Aníbal García Fernández***/Observatorio Lawfare

**Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina); maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM

***Doctor y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM