Con la 4T al mando, México reportó mayor crecimiento durante el tercer trimestre del 2022 de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En su medición, la OCDE señala que la economía mexicana creció en un 1.8% en dicho periodo y superó a Colombia y Noruega que registraron aumentos del PIB de 1.6 y 1.5% respectivamente.

POR SU PARTE, ESTADOS UNIDOS ALCANZÓ UN CRECIMIENTO DE 0.6%, ISRAEL, DINAMARCA E ITALIA TUVIERON UN 0.5%.

Canadá tuvo un incrementio de 0.4%, Corea y Alemania lograron un 0.3% y España y Francia lo hicieron en 0.2%.

Cabe destacar que mientras casi todos los demás países lograron un crecimiento apoyados en la contratación de deuda pública, México lo alcanzó apoyado en sus propios recursos.

Revolución 3.0

Claves para entender qué es el Fobaproa y por qué se sigue pagando

Esta deuda ha trascendido generaciones. Hoy, los que nacieron en la década de los 90 son parte de los contribuyentes que la pagan.

Selene Ramírez

Si naciste en la década de los 90, estás pagando -tal vez sin saber- una deuda que surgió hace más de 20 años. Probablemente hayas escuchado sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), pero ¿qué es? ¿Por qué existe y en qué momento pasó a ser asunto tuyo? Aquí te explicamos.

¿Qué es el Fobaproa y cuál fue su propósito?

En 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se creó el Fobaproa, el cual, básicamente hizo que la deuda privada de la banca pasara a ser pública.

El fondo surgió como una respuesta para enfrentar posibles crisis financieras -que ya se habían presentado- y el supuesto de que éstas pusieran en peligro la liquidez de los bancos. Así, en caso de emergencia, el fondo se utilizaría para comprar las deudas de los bancos y otorgarles capital.

Activación del Fobaproa

Aunque fue creado en 1990, éste no se activó hasta 1995. La temida crisis económica prevista para su creación sí llegó, en 1994, mismo año en que Salinas salió del poder, así que fue su sucesor, Ernesto Zedillo, el encargado de poner en marcha la creación de su antecesor.

Es así como el gobierno terminó comprando la deuda de los bancos por 552,300 millones de pesos.

La polémica del Fobaproa y la crisis del PRI

Para 1995, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaba arrastrando varios escándalos a los que se sumó el Fobaproa, todo ello concluyó en su derrota en una elección presidencial por primera vez en el 2000.

En 1987, el PRI perdió por primera vez una gubernatura, en Baja California, contra el Partido Acción Nacional (PAN). Un año después, se llevaron a cabo los comicios en los que resultó ganador Salinas; sin embargo, éstos fueron señalados como fraudulentos debido a la “caída del sistema” que se presentó durante el conteo de los votos.

Las controversias continuaron rumbo a las elecciones de 1994, cuando el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California durante un mitín político y sustituido por su jefe de campaña, Ernesto Zedillo, quien finalmente subió a la silla presidencial.

A todo ello se le sumó la crisis económica de 1994, que causó la devaluación del peso durante los primeros días del gobierno de Zedillo.

¿Cómo afectó el Fobaproa a los mexicanos? La deuda privada se vuelve pública

El uso de capital del Estado para dar liquidez a los bancos fue señalado como un acto de corrupción y aprovechamiento por parte de los banqueros, quienes ingresaron las deudas de las instituciones a la cartera vencida que rescató el gobierno. Es decir que las deudas de los bancos fueron -y siguen siendo- pagadas con los impuestos de los mexicanos, capital que pudo ocuparse -pero no fue así- para otros ámbitos: salud, infraestructura, educación y cultura, principalmente.

En los siguientes años, el Fobaproa absorvió la deuda de los bancos, que para 1999, año en que se publicó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, llegó a los 552,300 millones de pesos, es decir, el 11% de la economía del país en ese momento.

Desde el 21 de mayo de 1999, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), es el organismo encargado de administrar el Seguro de Depósitos Bancarios en México, su objetivo es, de acuerdo con el gobierno, «determinar el método de resolución de los bancos con problemas financieros, al menor costo posible para la sociedad y buscando, en la medida de lo posible, evitar el uso de recursos públicos ante situaciones de inestabilidad financiera».

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta diciembre de 2021, la deuda del Fobaproa –que se compone de los pasivos del IPAB y del programa de apoyo a deudores de la banca– alcanzó 1 billón 040,507 millones de pesos, suma que sigue cubriéndose por los contribuyentes.

Expansión Política

Los partidos PAN, PRI, PRD Y MC en la Cámara de Diputados impidieron que se aprobara la iniciativa de Reforma Energética impulsada por el presidente López Obrador y, por tanto, se mantiene la reforma constitucional neoliberal promovida por Peña Nieto en 2013.

Se requería mayoría calificada y Morena y sus aliados no la obtuvieron. ¿Qué sigue ahora? Luchar por obtener la mayoría calificada e impulsar la movilización y participación del pueblo organizado.

El no haberse aprobado la iniciativa presidencial significa que la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), va a seguir perdiendo mercado; la CFE produce actualmente apenas el 38% de la energía eléctrica y los grandes monopolios eléctricos privados generan el 62% restante, y en el futuro inmediato estas tendencias se van a ampliar y con el grave riesgo de que la CFE siga operando con pérdidas y recibiendo subsidios del gobierno. La CFE está en un grave peligro.

Los neoliberales al impedir la reforma presidencial están impulsando una privatización silenciosa para debilitar a la CFE. La iniciativa presidencial solo planteaba que la CFE se quedara con el 54% y las grandes empresas privadas eléctricas con el 46% restante, pero ni eso aceptaron los neoliberales, porque quieren hacer de la electricidad no un bien público y un derecho humano sino una simple mercancía para lucrar y obtener ganancias.

Estas grandes empresas privadas eléctricas nacionales e internacionales son controladas por el gran capital financiero y en especial por los grandes fondos de inversión internacionales, como Black Rock, Vanguard Group, JP Morgan Chase, etc. El capital financiero internacional, el capitalismo imperialista, aliado con los grandes capitales nacionales, impidió la aprobación de la reforma eléctrica que revertía parcialmente la reforma neoliberal de Peña Nieto.

La lucha por la renacionalización energética y en contra de todas las reformas neoliberales privatizadoras sigue vigente no obstante este revés de no conseguir la mayoría calificada en la Cámara de diputados. Esta lucha por la desprivatización de la economía y por la nacionalización con control obrero y popular es la lucha por un México más justo y libre. El neoliberalismo se escuda en la defensa del libre mercado, pugna por la mínima participación del Estado en la economía y por desmantelar a las empresas públicas.

El neoliberalismo dice defender a “la iniciativa privada”, pero en realidad solo defiende a los monopolios capitalistas, porque estos monopolios someten a los pequeños y medianos empresarios. El tal libre mercado no existe, los monopolios capitalistas son lo que realmente existen y dominan en la economía y en toda la vida social; vivimos en México en una economía capitalista monopolista y no en una economía capitalista de libre mercado.

Nuestro país lo que requiere es una profunda reforma económica y un nuevo modelo de desarrollo donde no dominen estos monopolios capitalistas, sino que los sectores público y social de la economía sean los preponderantes junto con los pequeños y medianos empresarios. Nacionalizar los sectores claves de nuestra economía con participación social sigue siendo demanda popular y camino para salvaguardar la soberanía nacional.

Las empresas públicas como Pemex y CFE son conquistas históricas del pueblo mexicano que deben ser fortalecidas y democratizadas y no pueden regirse bajo la lógica de empresas privadas que buscan el lucro. La CFE y PEMEX han sido y son saqueadas por el neoliberalismo por medio de la deuda, entre otros factores. PEMEX debe al cierre del 2021 la suma de 2.2 billones de pesos, casi 110 mil millones de dólares y debido a ello paga elevados intereses: 142 mil millones de pesos pagó el año pasado. La CFE tiene una deuda de 394 mil millones de pesos también al cierre de 2021 y en ese mismo año pagó 20 mil millones de pesos de intereses. Pero en 2021 la CFE tuvo pérdidas por 131 mil millones de pesos y el subsidio del gobierno fue de 70 mil millones de pesos que no compensa las pérdidas. La deuda de las empresas públicas suma casi 2.6 billones de pesos de los 13.4 billones de la deuda pública total.

La defensa y ampliación del sector público o nacionalizado, primordialmente PEMEX y CFE y ahora también el litio, forma parte del programa democrático popular del pueblo mexicano que debe concluir con un nuevo Constituyente y una nueva Constitución. Por lo anterior la Promotora por la Suspensión de la Deuda Pública se pronuncia: Primero, por sostener la lucha por la restauración de los fines para los que fueron creados CFE y PEMEX: no al lucro y si el servicio de la población; Segundo, por suspender el pago de la deuda de estos organismos descentralizados del estado para que se apliquen a su fortalecimiento y contribuyan al desarrollo mejorando las condiciones de vida del pueblo mexicano; y Tercero, por hacer partícipe a los trabajadores, usuarios domésticos y pequeños productores agropecuarios y pesqueros, del establecimiento de políticas de precios y tarifas vinculadas a los ingresos reales en el medio rural y urbano y diferenciadas del uso industrial y empresarial.

Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública

https://nomasdeudapublica.org