La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la triangulación de millones de pesos desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la hoy legisladora panista Margarita Zavala.

Los informes, en poder del medio Contralínea, detectaron que la conexión principal entre los Calderón Zavala y el Infonavit es una sociedad anónima denominada Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá. Además de su filial del mismo nombre, radicada en Bogotá, Colombia.

En 2016, Hicue Iberoamérica recibió tres transferencias internacionales por 8 millones 386 mil 735 pesos del Infonavit. Ese mismo año, Hicue Iberoamérica le transfirió 2 millones 42 mil 732.25 pesos a Calderón Hinojosa a una cuenta que posee en Estados Unidos.

Según la UIF, esta transferencia podría implicar el delito de lavado de dinero. Pero esto no es todo, en 2018, el Infonavit realizó otra triangulación de recursos.

Ese año, el Instituto de Vivienda para los Trabajadores hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers. Y esta empresa transfirió 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón, también en su cuenta de Estados Unidos, supuestamente como pago por “participar en foros”.

De menor cantidad, el Infonavit también tuvo operaciones ahora con la cuenta de la esposa del ex mandatario, Margarita Zavala.

Por ejemplo, se detalla una triangulación de recursos de la empresa Hicue Iberoamérica por 125 mil pesos, en 2013, a la empresa C Mark Comunicación, SC.

Esta última empresa, se dedica a “conectar” conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC. Este dato es relevante porque de esta última se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, a favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón.

Y la misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.

Finalmente, vale la pena señalar que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que pedirá a Octavio Romero Oropeza, director actual del Infonavit, que revise los casos.

Este día La Jornada dio a conocer un audio en el que se involucra a Alejandro “Alito” Moreno de triangular recursos de su partido.

En la grabación se puede oír sobre recursos que triángulo el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el material, se escucha una conversación entre Hugo Eduardo Gutiérrez, secretario de Finanzas; así como a la diputada federal, Montserrat Arcos.

También se participa en la conversación el proveedor del partido, Marco Antonio Gómez.

En la grabación, Gutiérrez trata de persuadir a Arcos, quien entonces encabezaba la Organización Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

De acuerdo con la información se trata de un esquema destinado a desviar el 50% del presupuesto de su comisión hacia el partido que dirige “Alito”.

Además, se señal que el esquema consistía en realizar cursos cuyo costo sería devuelto en su mayoría al tricolor; bajo la premisa de que estos estaban auditados desde 2018 y que los precios eran competitivos en el mercado.

Marco Antonio Gómez respaldó la propuesta, y aseguró que el esquema era seguro y había superado auditorías previas.

Por lo que, garantizó la devolución de hasta el 50% de los recursos de los cursos ofrecidos sin inconvenientes.

Asimismo, La Jornada también informó que la Comisión de Justicia del PRI ha estado en posesión de varios audios similares durante meses.

Todos los cuales involucran al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”.

Así como a su círculo cercano, en la creación de un esquema de triangulación de recursos.

Acusan a “Alito” de actos de corrupción en el PRI

Montserrat Arcos, quien fue destituida de su cargo en la ONMPRI, denunció públicamente que su salida se debió a su negativa de participar en este esquema de desvío de recursos.

Por lo que, estas acusaciones agravan la situación del PRI, que ya enfrenta críticas por su manejo interno y transparencia.

Este nuevo escándalo promete generar un debate intenso sobre la ética y la legalidad de “Alito” Moreno; así como de las prácticas financieras dentro del partido.

Foto: Especial.

En una investigación realizada por el medio Sin Embargo Mx, se reveló una serie de incongruencias en la vida y dichos de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Entre estas incongruencias, se encontraron inconsistencias sobre su estado civil, así como el hecho de que su hija Diana Gálvez posee 2 actas de nacimiento.

Respecto al tema de su estado civil, las incongruencias fueron descubiertas por la ambigüedad en las declaraciones durante la adquisición de inmobiliarios, en las cuales reportaba en algunas ocasiones estar soltera y en otras estar casada.

Si bien la candidata ha contado su vida mediante libros biográficos, el medio destacó que existen graves inconsistencias en los relatos dados por Xóchitl, sobretodo en referencia a su hija Diana Vega Gálvez.

Las pesquisas dieron como resultados que una primer acta habría sido registrada en Tepatepec, Hidalgo, el 15 de marzo de 1988, donde aparecen como padres los nombres de la candidata presidencial y Luis Ernesto Vega, expareja de Gálvez. Mientras que una segunda acta se registró en el entonces Distrito Federal 100 días después del verdadero nacimiento de Diana, un 23 de enero de 1988, pero con el nombre de otro hombre como padre, en este caso el de Francisco Llamas de la Fuente.

Lo importante a rescatar de todo esto es que cada registro de la hija de Xóchitl posee una Clave Única de Registro de Población (CURP) y, según los documentos revisados por Sin Embargo Mx, ninguno ha sido cancelado hasta el momento de la presente publicación y, por ende, ambas están vigentes.

Además, aún con estas condiciones, la hija de Xóchitl participa como socia en las empresas de su madre.

Una de estas participaciones en las empresas de su madre fue cuando se le designó en 2011 a ser la administradora única de la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), aunque esto solo fue en documentos, debido a que luego se descubrió que aun en 2014 Xóchitl Gálvez figuraba como la apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y de administración.

La otra participación que tiene es con High Tech Services, otra empresa de Gálvez, en la cual Diana figura como representante legal, siendo implicada además en el caso de la «casa roja».

Antes de concluir su encargo como presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello conoció el resultado final de la auditoría interna DAOC/06/FI/2021, que revela anomalías en la contratación de organizaciones internacionales, asociaciones civiles y universidades para la supuesta observación electoral, por más de 50 millones de pesos. Las presuntas irregularidades se presentaron entre 2015 y 2021, cuando el ahora promotor de Xóchitl Gálvez presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Órgano Interno de Control documentó, por ejemplo, que los convenios de “cooperación” con las ONG’s no establecieron mecanismos para fiscalizar el destino de los fondos públicos; que hubo gastos injustificados, y que no hay evidencias de todos los reintegros. Aunado a ello, en diciembre pasado la Cámara de Diputados recomendó al INE ya no contratar a las AC, pues se sospecha que algunas estarían presuntamente vinculadas al expresidente del INE, en especial la de la OEA. El de la observación electoral no es el único caso que el OIC documentó: el 4 de abril pasado, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera denunció ante los legisladores dos casos más que involucran a Lorenzo Córdova: rentas de automóviles por más de 1 mil millones de pesos y la contratación de una “Memoria” de sus 9 años de gestión, que ni siquiera se entregó

Un mes y medio antes de concluir su encargo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello fue notificado de al menos 24 irregularidades no solventadas por su administración (16 acciones correctivas y ocho preventivas), relacionadas con convenios millonarios firmados con dos organizaciones internacionales –una de ellas ligada a la Organización de Estados Americanos, OEA–, decenas de asociaciones civiles –algunas de ellas, que litigan contra el gobierno de la 4T– y universidades públicas y privadas, para hacer “observación electoral” en los procesos de 2015, 2018 y 2021.

El oficio INE/OIC/UA/045/2023 –del 22 de febrero de 2023 y firmado por el entonces titular de la Unidad de Auditoría, del Órgano Interno de Control (OIC), Rubén Medina Estrada– notificó al ahora promotor de la candidata Xóchitl Gálvez de las diversas anomalías encontradas y no solventadas, entre las que destacan que nunca se establecieron mecanismos para vigilar el uso del dinero público, que hubo gastos injustificados, y que no hay evidencias de todos los reintegros.

El amplio reporte descubre que el INE destinó 54 millones 733 mil 416 pesos del erario a esas contrataciones para la supuesta observación electoral, en los tres procesos electorales (2015, 2018 y 2021) que encabezó Lorenzo Córdova Vianello.

Pero ese presupuesto extraído de las arcas del Instituto Nacional Electoral no fue el único: se aportaron otros 39 millones 500 mil pesos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial (19 millones 500 mil), la Secretaría de Gobernación (15 millones) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales –de la extinta Procuraduría General de la República– (5 millones). Así, a dos organizaciones internacionales se les destinó, en total, 94 millones 233 mil 416 pesos.

De acuerdo con el resultado de la auditoría interna, esos recursos públicos se ejecutaron desde los llamados fondos de apoyo para la observación electoral, a discreción de las autoridades del INE. Y se distribuyeron de la siguiente forma: en 2015, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) recibió 35 millones de pesos; en 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –ligado a la ONU– recibió 28 millones 233 mil 416 pesos; en 2018, el IIDH obtuvo otros 11 millones; y en 2021, este mismo se embolsó 20 millones de pesos.

Esto es que el organismo más beneficiado por este esquema fue precisamente el que está ligado a la OEA: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con un total de 66 millones de pesos.

Presuntos conflictos de interés

A fines de 2023, en el proceso de aprobación del presupuesto para 2024, la Cámara de Diputados recomendó al INE que no destinara dinero del pueblo a las asociaciones internacionales ni civiles, por considerar que algunas de ellas estaban vinculadas al exconsejero presidente. En especial, los legisladores –incluso de oposición– consideraron tres casos: el del IIDH, el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el de la International Foundation for Electoral Systems (IFES).

El primero de ellos, por la cercanía de Córdova Vianello con Luis Almagro, que lo llevó incluso a viajar a Estados Unidos en vísperas de la conclusión de su presidencia –en marzo de 2023– para denunciar ante la OEA que, según él, la reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador (y que se conoció como Plan B) afectaba “la integridad de la organización de las elecciones y la certeza y confianza con la que deben organizarse los procesos electorales”.

En aquella reunión, el ultraderechista Almagro lamentó que la institucionalidad de México “esté en riesgo”. Discurso que, por cierto, coincide ahora con las peticiones de algunos grupos de derecha para que se anulen las próximas elecciones, lo que el propio AMLO denunció como intento de golpe de Estado técnico.

En el segundo caso, porque al concluir su presidencia en el organismo autónomo electoral, Córdova Vianello se reintegró al Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigador titular B. Según la máxima casa de estudios, el doctor en derecho nunca se retiró del todo del IIJ, pues estuvo de permiso mientras se desempeñó como titular del INE.

Y en el tercer caso, porque el propio Lorenzo Córdova presume en su perfil de la red social X ser miembro del Consejo Directivo de la International Foundation for Electoral Systems. Ello, aunado a que el 18 de mayo de 2021 –y en su calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral– firmó con la IFES un memorando de entendimiento para “promover la democracia electoral”.

El rechazo de la Cámara de Diputados a que el INE siga financiando  organizaciones sesgadas quedó evidenciado el 16 de diciembre de 2023, en la sesión ordinaria del Consejo General de ese Instituto –en la que se discutió y aprobó su presupuesto–. Ese día, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Hiram Hernández Zetina, señaló que “el tema de fondo no es el concepto de la observación electoral, sino la sospecha de que por medio de una triangulación de recursos opaca, de organismo internacionales a organismos nacionales, en donde están ligados exfuncionarios de este Instituto en un claro conflicto de interés, hay que decirlo, pues que esta triangulación de recursos provoque que haya una camarilla que se beneficie de fondos que deben ser usados para la observación electoral, no para beneficio personal”.

El legislador priísta acusó que “entre los años 2018 y 2021 se han entregado más de 120 millones de pesos a través de organizaciones internacionales, como el IFES, o IDEA Internacional, entre otros. Para este 2024 se quieren distribuir más de 18 millones de pesos, y precisamente en este último organismo colabora un exfuncionario del INE que se encargaba de otorgar dichos recursos.

“La mecánica es simple, se otorgan recursos a estos organismos internacionales pero no se quedan ahí, hay que decirlo, de esos organismos internacionales esos recursos se dispersan a organizaciones mexicanas, cuya lista actualizada nos dice que hay un claro sesgo por ayudar a organizaciones con intenciones políticas y partidarias. Algunas asociaciones supuestamente civiles como éstas son, por ejemplo, la Alianza Cívica, la COPARMEX, el INCIDE Social, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y yo no entiendo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchas otras.”

Por su parte, el consejero del Poder Legislativo de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, declaró ante los consejeros electorales presididos por la maestra Guadalupe Taddei: “en la Cámara de Diputados no estaríamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo, y por eso hicimos esa consideración en que algunos de esos recursos se triangulan a través de ONG’s para que vayan a dar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde está Lorenzo Córdova. En eso no estamos de acuerdo, y no lo vamos a permitir. […] Queremos que esos recursos, en todo caso, tengan un fin eminentemente indispensable para la función electoral.

“No vamos a permitir esa triangulación y por eso, nosotros, la Cámara de Diputados, asumimos nuestra atribución constitucional. Le pedimos a este Instituto Nacional Electoral que tenga respeto del ejercicio que asumimos de esa atribución, nosotros lo hicimos con responsabilidad, vamos a acompañar la modificación presupuestal, vamos a coadyuvar para que se den los procesos necesarios aquí en este Consejo, [pero] no vamos a apoyar que se le triangule dinero al Instituto de Investigaciones Jurídicas para Lorenzo Córdova, de ninguna manera.”

Ejemplo de dicha triangulación de fondos también es el caso de la IFES, donde abiertamente colabora Lorenzo Córdova: en 2018, esta organización con sede en Virginia, Estados Unidos, fue contratada por el IIDH, a nombre del INE, para hacer observación electoral mediante un “acompañamiento técnico”. En ese proceso electoral, la organización vinculada a la OEA obtuvo 11 millones de pesos del erario mexicano para subcontratar a terceros que dieran “legitimidad” a las elecciones.

Nueve años al frente del INE

Desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023, el abogado y ahora abierto aliado de Claudio X González Guajardo –al grado de que el pasado 18 de febrero fue el único orador en la marcha que convocó el accionista de la trasnacional Kimberly Clark, en supuesta defensa de la democracia pero en realidad para posicionar la candidatura del PRIAN a la Presidencia de la República– presidió el INE. Durante su paso por esa institución dejó una estela de cuentas pendientes, además de incurrir en gastos superfluos con cargo al erario nacional.

Además de las anomalías relacionadas con las contrataciones millonarias de organismos internacionales para la observación electoral, hay al menos otros dos asuntos por los que pronto Lorenzo Córdova Vianello podría enfrentar procesos disciplinarios o incluso judiciales.

Y es que el pasado 4 de abril de 2024, el actual titular del Órgano Interno de Control en el INE, Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que en la gestión del ahora investigador de la UNAM se enfrentaron resistencias para evitar gastos indebidos multimillonarios relacionados con la renta de automóviles. Además, acusó que Córdova Vianello mandó a hacer una “Memoria” de los 9 años de su administración, pero ésta nunca se entregó.

Al presentar el Informe anual del OIC, el contralor interno calificó como un asunto el caso de la renta multimillonaria de parque vehicular. Al respecto, detalló que en 2019, el OIC fiscalizó una licitación con contrato ya firmado para la renta de más de 1 mil vehículos por 3 años. El pago superaba los 1 mil 100 millones de pesos.

“Nosotros atendemos el asunto porque diferentes concursantes se inconformaron. Ellos presentaron tres inconformidades y se hicieron múltiples acusaciones”, entre ellas, “la asignación indebida de puntos a unas empresas que no los merecían, y quitarle puntos a otras empresas que tampoco lo merecían”. Además, dijo, se confirmó que en el proceso algunas empresas concursantes habían presentado documentos falsos.

Esto generó que el Órgano Interno de Control derribara la licitación y ordenara que se repusiera el procedimiento. No obstante, por segunda ocasión el Instituto incurrió en irregularidades: “en aquel entonces cambia el mecanismo de evaluación, y al cambiar el mecanismo de evaluación vuelve a violar la convocatoria”. Por ello, Peralta Rivera explicó que el entonces titular del Órgano Interno de Control volvió a echar abajo el fallo.

No obstante, el contralor acusó que “diversos servidores públicos del propio Instituto [Nacional Electoral] pugnaron, incluso presentaron juicios ante los tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano Interno de Control. Nosotros, sin suponer, pero sospechamos un interés bastante extraño. Se iniciaron los procedimientos correspondientes, y esos procedimientos están actualmente, uno en particular está actualmente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y quizás se resuelva en un par de meses”.

La denuncia, precisó el contralor, es por faltas graves y abuso de funciones. El contralor añadió que fue hasta la administración de la maestra Guadalupe Taddei que se está limpiando esta área del gasto. “Fue hasta esta administración que se logró optar por establecer un mecanismo híbrido. Siempre [en el OIC] estuvimos solicitando que no se rentaran, [sino] que se compraran los vehículos. Y sólo fue hasta esta gestión, precisamente casi hasta los últimos días de diciembre del año pasado, que se emite la convocatoria respectiva y se hace híbrido el mecanismo: comprar 513 vehículos y rentar otros 500. Si hubiéramos rentado los 513 vehículos, hubiésemos pagado 527 millones de pesos, pero como los compramos –y a pesar de cargar con el mantenimiento y la aseguranza por los siguientes 3años– estaríamos pagando 243 millones. Y nos quedamos como Instituto Nacional Electoral con nuestras 513 camionetas, y no tenemos que llegar a 30 meses o 36 meses más adelante y volver a rentar otras 513 camionetas, por lo que probablemente pudiera ser 527 millones, o quizá los 600 [millones de pesos].

En el asunto de la “Memoria” de la gestión de Lorenzo Córdova, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera también consideró que se trata de un caso emblema de auditoría: se trata, dijo, de una contratación para que se elaborara una memoria institucional 2014-2023, y “tiene que ver con el ejercicio de la presidencia del Consejo General anterior”.

Al respecto, narró que antes de la salida de Córdova Vianello del INE –a quien no mencionó por su nombre para salvaguardar la presunción de inocencia–, “se subió a la Junta General Ejecutiva un proyecto así denominado: ‘Memoria de gestión institucional 2014-2023’. Agregó que éste tenía como finalidad que se hiciera un informe de toda la gestión, pero nunca se entregó.

“En lugar de entregarnos el informe para el que era el proyecto, con una inversión de más de 11 millones de pesos, lo que se hizo fue firmar tres contratos para que nos dieran asesoría. Bueno, para que les dieran asesoría a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como si en las diferentes direcciones ejecutivas o unidades técnicas no hubiese el personal necesario y capacitado y que –además, sus cédulas de puesto así lo indican– tienen como función la realización de memorias e informes. Entonces, esto acusa una terrible duplicidad de funciones”.

De acuerdo con el Informe anual del OIC, se trata de la auditoría DADE/02/ES/2023. Del caso, se indica que “el 18 de mayo de 2022, con motivo del término de la gestión del exconsejero presidente del INE, la DEA [Dirección Ejecutiva de Administración] en la Sesión Extraordinaria de la JGE, presentó a consideración de ese órgano colegiado la aprobación del Proyecto Específico G162010 ‘Informe de Gestión y Rendición de Cuentas’. En dicha sesión el Titular del OIC se pronunció señalando que los recursos asignados a este proyecto no fueron considerados dentro del presupuesto del Instituto para el ejercicio presupuestal 2022, aprobado por la Cámara de Diputados, que existen otras necesidades institucionales más apremiantes, que no se presentó el fundamento legal que permita su autorización, que el proyecto debería ser realizado por el personal del Instituto que, de conformidad con la normatividad aplicable, se podría realizar con la plantilla adscrita a la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración o, en su caso, de la Dirección del Secretariado”.

Por ello, el OIC señala que el proyecto no tenía fundamento normativo; “sin embargo, a pesar del pronunciamiento de este órgano de fiscalización, la JGE aprobó el mencionado proyecto a cargo de la DEA, por un monto de 11 millones 614 mil 586 [pesos]”. La auditoría encontró que los contratos INE/049/2022, INE/055/2022 e INE/059/2022 tuvieron por objetivo brindar asesoría para la realización del informe, y no para su ejecución, lo que consideró irregular. Por ejemplo, el contrato 049 fue para “servicio de asesoría relativo a la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la gestión administrativa del consejero presidente del ‘Instituto’ correspondiente al periodo 2014-2022”.

También, detectó pagos injustificados de los entregables, por un total de 4 millones 298 mil 748 pesos, en los tres contratos. Además, la auditoría acusa una “ejecución de recursos del contrato INE/059/2022 sin autorización (partidas restringidas)”. Al respecto, detalla que “se realizaron pagos por un monto 2 millones 147 mil 902 pesos del contrato INE/059/2022 sin contar con el acuerdo de autorización de la DEA, para ejercer recursos con cargo a la Partida 33104 ‘Otras asesorías para la operación de programas’, clasificada como ‘Restringida’”.

De acuerdo con datos del propio INE, dos contratos –INE/049/2022 y INE/059/2022– fueron asignados a la empresa  Dinámica Empresarial Alabarda, SA de CV; mientras que el tercero –INE/055/2022– se asignó a Traust Accounting, S de RL de CV.

La auditoría DAOC/06/FI/2021

Al revisar las contrataciones de organismos internacionales, la auditoría DAOC/06/FI/2021 documentó que en 23 años de vigor, la normativa para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional, entre el Instituto Nacional Electoral e instituciones internacionales, no se ha actualizado. Ni ésta –que fue la primera acción correctiva que estableció el Órgano Interno de Control– se cumplió.

El reporte que el OIC entregó a Lorenzo Córdova Vianello señala que “la Coordinación de Asuntos Internacionales no proporcionó evidencia documental mediante la cual acredite que promovió la revisión y análisis de los ‘Criterios que seguirán para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional’ ante las autoridades competentes, a fin de actualizar el ‘Acuerdo CG04/99 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los criterios que se seguirán para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional”; ya que sólo informó que ha iniciado los trabajos para la revisión y adecuación de la norma, sin proporcionar mayores elementos que sustenten sus argumentos”. Por ello, indicó que esta observación no se solventó.

Otra observación no solventada tiene que ver con el manejo de los recursos públicos: “la Dirección Ejecutiva de Administración no acreditó las razones técnicas y jurídicas por las cuales realizó el registro de los recursos no ejercidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por 139 mil 600.40 pesos, y por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por 1 millón 814 mil 312.47 pesos, en la subcuenta ‘2.1.9.1.5 Ingresos excedentes’, y no en la subcuenta ‘4.1.6.4 Reintegros’; lo que origina que, al ser registrados en una subcuenta distinta a la establecida para tal fin, no se cumpla con el postulado de REVELACIÓN SUFICIENTE de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el que se señala que la información financiera debe mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público; lo cual se corrobora con la materialización del riesgo observado en la acción correctiva 15-21/DAOC/06/FI/2021/DEA/06/C/09, ya que no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los remanentes que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos reembolsó al Instituto Nacional Electoral, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2015, por 3 millones 199 mil 19.29 pesos”.

Otra observación tiene que ver con las asociaciones civiles que fueron contratadas mediante el esquema de triangulación de recursos, algunas de las cuales litigan contra el gobierno del presidente López Obrador.

“Durante la etapa de ejecución de la auditoría DAOC/06/FI/2021, este Órgano Interno de Control identificó que, del total de los gastos ejercidos por las organizaciones de observadores electorales con motivo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) de los ejercicios 2018 y 2021, por 30 millones 877 mil 727.52 pesos, se determinaron ‘gastos no justificados’ en 17 organizaciones de la sociedad civil, por 937 mil 909.92 pesos, mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización identificó que nueve organizaciones de la sociedad civil tuvieron ‘gastos no justificados’ por 714 mil 778.41 pesos; por lo que existía una diferencia de 223 mil 131.51 entre lo observado por este Órgano Interno de Control y lo observado por la Unidad Técnica de Fiscalización.”

Los contratos leoninos de los nueve hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar benefician a seis consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; el de Olegario Vázquez Aldir –dueño de Grupo Imagen–, y el de la familia Servitje, del Grupo Bimbo. En el primer caso, la empresa GIA+A tiene dos contratos por 11.7 mil millones; en el segundo, Prodemex ostenta tres contrataciones por más de 40 mil millones de pesos; y en el tercero, Marhnos, con 4 mil millones. Los otros beneficiarios son: Ortiz Construcciones en sociedad con Grupo Invex (más de 21 mil millones); las españolas Sacyr –12.5 mil millones– y Acciona –3 mil millones–. Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los nueve nosocomios es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque valen apenas 5 mil 200 millones, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos. Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña bajo la figura de asociación público privada, uno de los múltiples eufemismos de la privatización.

Un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el dueño de un medio de comunicación, empresarios expertos en hacer pan y en especulación financiera, así como trasnacionales españolas son los beneficiarios de los contratos leoninos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca renegociar, para dejar de pagar sobrecostos multimillonarios, inmorales e injustificables. Sin embargo, los seis consorcios implicados se resisten a vender esas minas de oro: nueve hospitales privatizados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y es que los nueve nosocomios les representan ganancias multimillonarias a costa del erario de la nación, e incluso de forma indebida: los avalúos ordenados por el presidente de la República demuestran que el sobrecosto de esas contrataciones es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque apenas valen 5 mil 242 millones 182 mil pesos, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos en 25 años.

El esquema ha sido tan abusivo y ventajoso, que el costo real de todos los hospitales ya fue saldado y varias veces. No obstante, como si de un barril sin fondo se tratara, el gobierno está obligado a pagarles, año con año, una cantidad similar o superior al monto invertido en su construcción. Más aún, en seis casos el propio erario les financió las obras mediante créditos de Banobras o recursos del Fonadin.

Al amparo del poder, los seis consorcios se hicieron del lucrativo negocio mediante un esquema de asociaciones público privadas –eufemismo de la privatización–, y a pesar de que la administración federal les ha ofrecido pagarles un precio justo por esos hospitales–basado en el avalúo máximo–, éstos han respondido que prefieren renegociar los montos para seguir chupando dinero del erario nacional. Ante el claro abuso, otra vía para el gobierno federal sería expropiárselos, pero el presidente López Obrador negó que vaya a hacerlo.

El 13 de septiembre, el primer mandatario reveló en su conferencia matutina que los dueños de los seis consorcios le mandaron decir que ellos prefieren negociar una disminución en la tarifa; y aprovechó para responderles que no, “porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras es mucho”. Y cuestionó: “¿ustedes creen que es correcto, es justo, es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno; si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación”.

Ello, porque detrás de las contrataciones se encuentran, por ejemplo, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex), propiedad de Olegario Vázquez Aldir (dueño de Grupo Imagen, Hospital Ángeles y Hoteles Camino Real); y la compañía Constructora y Edificadora GIA+A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en la lista de empresas beneficiadas también están: las españolas Sacyr y Acciona; las empresas Marhnos –de la familia Servitje; Ortiz Construcciones y Proyectos y el Grupo Invex.

Los hospitales

Los abusos en estas contrataciones se evidencian en los pagos indebidos que las empresas obtienen año con año. Tan sólo el pago anual de este 2023 asciende a 5 mil 651 millones de pesos por esas contrataciones, monto que supera en 400 millones de pesos el costo total real que arrojó el avalúo: el valor máximo de los nueve hospitales apenas asciende a 5 mil 242 millones 182 mil pesos. Esto es que en un año se pagan.

De acuerdo con la información del gobierno federal, dos de esos hospitales corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres a la Secretaría de Salud.

1. Hospital General Regional en Tapachula, Chiapas (IMSS).

Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E24‐2017, este contrato benefició a las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, representadas por José Manuel González Hernández.

De acuerdo con el gobierno federal, el monto total del contrato asciende a 17 mil 364 millones de pesos, a pesar de que su precio máximo –según el avalúo– apenas asciende a 603 millones 107 mil pesos. Este año, el consorcio que encabeza Prodemex va a cobrar 633 millones como pago anual por arrendamiento; es decir, 30 millones de pesos más de lo que en realidad costaría comprarlo.

Así, la empresa de Vázquez Aldir cobró su costo real en 2017, año cuando entró en operaciones; y de ahí en adelante ha obtenido puras ganancias a costa del dinero del pueblo. Y en caso de que los empresarios se resistan a vender, la renta –“el IMSS pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado”, señala Banobras– se tendrá que pagar hasta 2042. Esto es: 24 años de saqueo al erario nacional.

El nosocomio de segundo nivel tiene una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas y ocho quirófanos, con una superficie construida de 26 mil 813 m2. Y según Banobras, “los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS”. Es decir, Prodemex solo renta el cascarón.

Y por si eso no fuera bastante, además al dueño de Grupo Imagen se le financió la obra con dinero del pueblo de México. De acuerdo con la banca de desarrollo, se trató de un “proyecto con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.

Es por ello que el presidente López Obrador acusó el pasado 13 de septiembre que los medios están muy enojados con su gobierno, y mencionó específicamente los casos de Imagen y El Financiero, pues en el primer caso –dijo– hacía jugosos negocios en el sector salud; y en el segundo caso, con las cárceles cuando Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa– comandaba la Secretaría de Seguridad, en el sexenio de Calderón.

2. Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit (IMSS).

El contrato por 25 años que favoreció también a Prodemex en sociedad con Infraestructura & Healthcare, tiene un costo total por 15 mil 161 millones de pesos, a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372 millones 176 mil pesos, indica el avalúo máximo. Al igual que el caso anterior, por renta, este año las empresas se embolsarán más dinero de lo que vale: 585 millones de pesos.

Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E2‐2017, para la construcción de este hospital de segundo nivel la empresa de Olegario Vázquez Aldir ni siquiera invirtió el total del dinero requerido: los datos oficiales indican que el proyecto se realizó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.

El nosocomio tiene una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y siete quirófanos, con una superficie construida de 22 mil 301.06 m2. Mientras que la banca de desarrollo apunta que los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS.

3. Clínica Hospital en Mérida, Yucatán (ISSSTE).

Este es el tercer negocio redondo para la iniciativa privada, con una vigencia de 25 años –de 2016 a 2041–. Aunque al gobierno federal le costaría únicamente 212 millones 641 mil pesos adquirir su propiedad, está obligado a pagar un total de 5 mil 85 millones de pesos por su renta en el periodo. Tan sólo este año desembolsará 304 millones de pesos por el arrendamiento, cifra que representa 91 millones 386 mil pesos más que su costo real máximo, según el avalúo oficial.

El contrato APP-019GYN006-E3-2016 se asignó a favor de Constructora y Edificadora GIA+A, empresa que preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Salinas de Gortari, y contó –como las obras anteriores– con financiamiento público de Banobras o el Fonadin.

Según los datos de la banca de desarrollo, la unidad médica de segundo nivel cuenta con una superficie de construcción de 14 mil 240.00m2, y una capacidad de 18 consultorios, tres quirófanos, un quirófano en tococirugía, 66 camas censables, 15 camas de observación en urgencias, camas no censables en terapia intensiva, tococirugía y unidad quirúrgica. Mientras que la prestación de los servicios médicos es proporcionada por el personal del ISSSTE.

Sal cuestionar el origen de la molestia que sienten los dueños de los medios de comunicación con el gobierno federal, el presidente López Obrador señaló: “¿quiénes hacían los negocios en el sector Salud, los negocios más jugosos en el sector Salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por un hospital de mil millones, 20 mil millones? Así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro [Grupo Imagen, de Vázquez Aldir], igual. El dueño de El Financiero [Manuel Arroyo] construye, o reconstruye porque hasta lo inauguró creo Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales”.

El primer mandatario agregó: “entonces, cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar, porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.

4. Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México (ISSSTE).

También financiado por el erario a través de Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura, este nosocomio benefició a Sacyr Concesiones y Sacyr Concesiones México, filiales de la trasnacional española Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia; y a Prestadora de Servicios Alencastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Rivero.

Comprar este hospital le costaría al gobierno federal 1 mil 128 millones 694 mil pesos, pero la modalidad de contratación como asociación público privada lo obliga a pagarle al consorcio –en un plazo transexenal de 25 años: de 2017 a 2042– 12 mil 524 millones de pesos. En 2023, la renta asciende a 700 millones de pesos, monto que cubriría el 62 por ciento del pago total por su adquisición.

Esta unidad médica cuenta con 32 especialidades, 35 consultorios, ocho quirófanos, seis servicios auxiliares de diagnóstico y nueve servicios auxiliares de tratamiento, medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, urgencias, terapia intensiva. En este caso las empresas tampoco están obligadas a prestar los servicios médicos, pues esos corresponden al ISSSTE.

5. Unidad que sustituye al Hospital General Doctor Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit (ISSSTE).

Identificado con el folio APP-019GYN006-E5-2017, el contrato benefició a Ortiz Construcciones y Proyectos –presidida por Juan Antonio Carpintero López–; Invex Grupo Infraestructura (encabezado por Jorge Zapata Alvarado); Invex Infraestructura Salud; y Corporativo de Hospitales. El avalúo máximo revela que si el gobierno federal lo comprara, el costo es de 586 millones 86 mil pesos. No obstante, está obligado a pagar 21 mil 475 millones de pesos por esa misma unidad médica en un periodo de 23 años (de 2017 a 2040).

Tan sólo este 2023, el ISSSTE debe pagarle a esas empresas 1 mil 476 millones de pesos por la renta. La cifra supera en 889 millones 914 mil pesos el costo real de la edificación. Además de esta injusticia para el dinero del pueblo, con el propio erario se financió la obra: el Banco Nacional de Obras y Servicios reconoce que este proyecto se construyó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura”.

La unidad médica de segundo nivel tiene una superficie de construcción de 26 mil 570.79m2, y una capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, siete quirófanos, seis auxiliares de diagnóstico y ocho auxiliares de tratamiento. “Las prestaciones de los servicios médicos serán proporcionadas por el personal del ISSSTE”, indica el reporte de Banobras.

6. Hospital General en Villahermosa, Tabasco (ISSSTE).

Este proyecto financiado por Banobras y/o el Fonadin benefició a Prodemes –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, con un contrato que obliga al gobierno federal a pagarles 8 mil 344 millones de pesos por este hospital –durante 23 años: de 2017 a 2040–, cuando en realidad comprarlo costaría apenas 515 millones 630 mil pesos.

En este 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4 por ciento del valor máximo que pagaría la administración federal por su adquisición.

La unidad de segundo nivel de atención se construyó sobre un terreno de 50 mil m2, y cuenta con 90 camas censables y 58 no censables, así como 35 especialidades médicas; con consulta externa en 41 consultorios, cinco quirófanos y farmacia. Y como en los otros casos, “es responsabilidad del ISSSTE brindar los Servicios de Atención Médica a sus derechohabientes”.

7. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, “Bicentenario 2010” (Secretaría de Salud).

El proyecto que data del gobierno de Felipe Calderón (2007), benefició a la empresa Marhnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje (también consejeros de Grupo Bimbo) con un contrato que tiene vigencia hasta 2032. Si el gobierno lo comprara en este momento, pagaría por ese hospital un monto máximo de 629 millones 284 mil pesos, y no los 4 mil 109 millones que está obligado a dar por su arrendamiento.

Tan sólo en 2023, la Secretaría de Salud debe saldar 531 millones de pesos por la renta, cifra que cubriría el 84 por ciento de lo que en realidad vale. Su capacidad instalada de acuerdo con Banobras es de 94 camas censables, 95 no censables, nueve quirófanos, 35 consultorios de especialidad y uno de telemedicina, 26 especialidades médicas, 14 especialidades quirúrgicas, ocho subespecialidades quirúrgicas y cuatro unidades de especialidad médica de apoyo. “El personal médico es responsabilidad de la Secretaría de Salud”.

8. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).

Se trata del proyecto más antiguo: se adjudicó en el sexenio de Fox (2005), y está vigente hasta 2030. Este contrato favoreció a la española Acciona –que preside José Manuel Entrecanales Domecq–. Si se comprara en este año, el erario de la nación pagaría 587 millones 660 mil pesos.

No obstante, la contratación leonina implica un gasto total de 3 mil 131 millones de pesos. Y sólo en 2023, la obligación de pagarle a Acciona 354 millones de pesos por el arrendamiento.

Este nosocomio cuenta con 184 camas censables, 63 camas no censables, y cartera de servicios. Al igual que con los casos anteriores, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.

9. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).

Éste es otro proyecto que data del gobierno calderonista (2009), y que benefició Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, así como a las españolas Assignia Infraestructuras y Eductrade. Vigente hasta 2033, este contrato asciende a 6 mil 624 millones de pesos, cuando el costo real del nosocomio es de apenas 606 millones 904 mil pesos.

Este año, la administración federal debe pagar por la renta 622 millones de pesos, cifra que implica 15 millones de pesos que el monto que se pagaría por su compra total.

La capacidad instalada es de 246 camas censables y 202 no censables, cuenta con 36 consultorios, 14 quirófanos y una unidad de apoyo. Al igual que los demás, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.

A pesar de los abusos, el presidente López Obrador les envió un mensaje el pasado 13 de septiembre: “no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”.

El gobierno de Calderón desvió casi 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a medios de comunicación. Documentos de Hacienda en poder de Contralínea revelan que los recursos se extrajeron entre mayo de 2010 y noviembre de 2012. Por la presunta corrupción en contrataciones de publicidad gubernamental está en prisión el exdirector de Comunicación Social de la Ssa en ese sexenio, Carlos Olmos Tomasini. Entrevistado en 2013 por Contralínea acerca de los sobreejercicios en campañas publicitarias de Salud que investigaba la Función Pública, éste acusó que las órdenes las recibió de Presidencia, a través de Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar, dos de los principales colaboradores del expresidente.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desvió más de 1 mil 998 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) para el pago a medios de comunicación y de consultorías, revelan cinco acuerdos de ministración de fondos emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre mayo de 2010 y noviembre de 2012.

Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y Hacienda indagaban sobreejercicios por presuntas contrataciones irregulares en Salud con medios de comunicación. Las investigaciones siempre apuntaron a la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, e incluso por este caso ya se encuentra en prisión –desde diciembre de 2022– el extitular del área, Carlos Olmos Tomasini, a quien se le imputó su presunta responsabilidad en un desfalco por al menos 300 millones de pesos.

Por ello, llama la atención que en el expediente al que tuvo acceso Contralínea mediante la Ley General de Transparencia, entre las decenas de acuerdos de ministración de fondos figuren cinco que dan cuenta de esa relación multimillonaria entre la Secretaría de Salud y medios de comunicación afines al calderonismo.

De acuerdo con esos oficios, los multimillonarios fondos públicos fueron solicitados a Hacienda cuando la Ssa era encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, y luego por Salomón Chertorivski Woldenberg. Todos amparan gastos de campañas publicitarias y se justificaron como recursos “para atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación”. Como Contralínea lo ha documentado, transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba el delito de peculado, pero esta práctica fue “legalizada” –mediante la normativa interna– por el gobierno de Vicente Fox Quesada, cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz.

Y aunque una de las condiciones para otorgar esos acuerdos de ministración de fondos es que la asignación urgente se debe regularizar con cargo a los respectivos presupuestos de quien lo solicita invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada o mediante la devolución de los mismos a la Tesorería de la Federación, la realidad es que se acababan contabilizando como sobreejercicios.

Así lo demostró el informe 10-0-06100-02-0764 de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se documenta que en el sexenio calderonista el dinero no se devolvía a la Hacienda Pública, sino que terminaba contabilizándose como “adecuaciones al presupuesto”, es decir, las dependencias y entidades de la administración federal gastaban más de lo que se les asignaba en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Y eso es lo que ocurrió en el caso de la Secretaría de Salud.

Los acuerdos

El primer oficio mediante el cual se transfirieron recursos extraordinarios a Salud para pagarle a medios de comunicación por concepto de publicidad fue el 801.1.-156(10). Éste lo firmó Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, entonces subsecretario de Egresos. Como “deudor diverso ante la Tesorería de la Federación” quedó Laura Martínez Ampudia, en aquel momento subsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa.

De acuerdo con ese oficio, se autorizó un monto de 350 millones de pesos “para la implementación de la estrategia y programa de comunicación social 2010 (200.0 millones de pesos) y fortalecer el objeto social del Seguro Popular (105.0 millones de pesos)”.

El segundo acuerdo de ministración de fondos ascendió a 635 millones de pesos, y fue firmado por Carlos Montaño Fernández, quien sustituyó a Pérez-Jácome en la Subsecretaría de Egresos. Se trata del documento con folio 801.1.-151(11), del 15 de junio de 2011, en el cual se indica que la Secretaría de Salud solicitó el dinero público para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Asimismo, el documento especifica que 600 millones de pesos se destinarían al concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, para dar continuidad a la estrategia del programa de comunicación social desarrollada por la CNPSS. Mientras que los otros 35 millones se gastarían en estudios e investigaciones para continuar con el desarrollo del modelo para mejorar la eficiencia y fortalecer el objeto social del Seguro Popular”.

En el año electoral 2012, Hacienda autorizó a la Secretaría de Salud los otros tres oficios multimillonarios. Los acuerdos fueron firmados por Treviño Medina, entonces subsecretario de Egresos:

-Oficio 801.1.-102, del 12 de junio, por 500 millones de pesos. Los recursos fueron transferidos a la Dirección de Comunicación Social –entonces a cargo de Olmos Tomasini– para “el pago de los compromisos generados con medios de comunicación por los servicios de difusión de la campaña adicciones, versiones: prevención y atención de las adicciones fase 1; prevención y atención de las adicciones fase 2; y red nueva vida, mediante las cuales la Secretaría de Salud informa a la población acerca de los programas preventivos, del tratamiento y control de las adicciones”.

-Oficio 801.1.-118, del 23 de julio, por 447 millones 273 mil pesos. El monto también fue entregado a la oficina de Olmos Tomasini, para “cubrir el pago por los servicios de difusión de las campañas: control de enfermedades y alerta sanitaria versión: vacunación fase 1; igualdad de oportunidades versión: infraestructura hospitalaria y equipamiento médico; y adicciones, versión: para el pago de los compromisos generados con medios de comunicación por los servicios de difusión de la campaña adicciones, versiones: prevención y atención de las adicciones fase 1; prevención y atención de las adicciones fase 2; y red nueva vida”.

– Oficio 801.1.-161, del 20 de noviembre –apenas 10 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón– por 111 millones 144 mil 399.20 pesos. Nuevamente, el destinatario fue la Dirección General de Comunicación Social.

Según ese acuerdo, los fondos tendrían como objeto “cubrir el pago por los servicios de difusión de las campañas ‘infraestructura hospitalaria y equipamiento médico’, ‘prevención y atención de las adicciones fase 1’, ‘prevención y atención de las adicciones fase 2’ y ‘red nueva vida’; así como la campaña [de] control de enfermedades y alerta sanitaria ‘vacunación fase 1’”.

En el sexenio de Felipe Calderón, el gasto en publicidad gubernamental en medios de comunicación ascendió a 32 mil millones de pesos, y se detectaron anomalías en el uso de ese presupuesto público no sólo en Salud –donde la SFP documentó un sobregiro de 317 millones de pesos–, sino también en las secretarías de Desarrollo Social y Turismo.

Otro de los hallazgos de esas indagatorias –de las que Contralínea tiene copia– era que en 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio–, el gobierno calderonista gastó 6 mil 860 millones de pesos en publicidad en medios electrónicos e impresos (Reforma, 4 de diciembre de 2012). De ese total, Olmos Tomasini reconocía que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones sólo en aquel año, es decir el 36.44 por ciento.

Los sobreejercicios

En abril de 2013, cuando la Secretaría de la Función Pública profundizaba las investigaciones por el presunto desfalco a la Hacienda Pública mediante acuerdos irregulares entre Comunicación Social y medios de comunicación, Contralínea entrevistó a Carlos Olmos Tomasini acerca de esas imputaciones. El exresponsable de la asignación publicitaria –que por este caso se encuentra actualmente en prisión– aseguró en aquel momento que las órdenes siempre las recibió de la oficina de prensa de la Presidencia de Felipe Calderón.

Abiertamente señaló a sus extitulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) de haberle ordenado utilizar recursos públicos para pagar miles de millones de pesos a los medios de comunicación. El entonces coordinador de Comunicación Social del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, aseguró haber recibido instrucciones directas de la Presidencia de la República para otorgar las partidas presupuestales para la publicidad oficial. Las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían de ello le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación, según dijo.

Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”, afirmó Olmos Tomasini. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”. Y agregó: “nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.

Las indagatorias de la SFP y Hacienda comenzaron luego de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, y empezara a recibir presiones de medios de comunicación para que se les pagara por la publicidad contratada a fines del sexenio pasado. Ello, porque en la Secretaría de Salud no se pagaron 260 contratos por “insuficiencia presupuestal”. Es decir, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la secretaria peñista Mercedes Juan López.

Desde el inicio del sexenio de Peña, Hacienda manifestó que el dinero para el pago de esos 260 contratos nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión ni por esa secretaría. No obstante, Olmos Tomasini aseguró a Contralínea en abril de 2013 que “las campañas [publicitarias] de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.

El siguiente es un fragmento de la entrevista que esta revista sostuvo con Olmos Tomasini:

—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?

—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.

—¿2 mil 500 millones en 3 meses?

—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.

—¿Quién lo ordenó?

—Presidencia y Gobernación.

A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, la publicidad gubernamental se usó de forma facciosa, para premiar a medios afines y castigar a medios críticos (la discriminación fue documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los casos de Contralínea y Proceso, revistas que sistemáticamente fueron excluidas de esas partidas presupuestales).

La relación de complicidad que se estableció entre el calderonismo y la prensa mediante los acuerdos económicos quedó al descubierto el 23 de marzo de 2011, cuando 715 medios de comunicación –encabezados por Televisa, Excélsior, El Universal, El Economista, La Razón; grupos: Multimedios (Milenio diario), Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ACIR, Expansión; las revistas Nexos, Etcétera– uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tienen todas las víctimas. Su silencio cómplice ocurría en el peor momento de la crisis humanitaria en la que se había sumergido México por la “guerra” que ordenó el político de derecha para beneficio –ahora se sabe– del Cártel de Sinaloa. Además, generó un manto de impunidad a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por su alianza con el crimen organizado.

A tan solo unos días que se terminé el periodo como presidente del INE a Lorenzo Córdova, el contralor del órgano electoral, Jesús George Zamora, se reunió con diputados de diferentes bancadas en el recinto legislativo de San Lázaro; denunció presuntas irregularidades por hasta 23 mil millones de pesos en los fideicomisos del INE.

De acuerdo con medios nacionales, también se informó que se iniciarán las investigaciones necesarias para afincar responsabilidades.

El contralor expuso que hay opacidad en los fideicomisos, mismos que representan hasta 23 mil millones de pesos. También acusó que no le dejan contratar personal del servicio profesional de carrera para ahondar en las pesquisas.

“Lo que tenemos son hechos irregulares, no tenemos aún ni es el momento adecuado para señalar responsables”, comentó Jesús George Zamora.

“Entre 2014 y 2022, el INE ha recibido un presupuesto de 139 mil millones de pesos y ha tenido remanentes presupuestales por 8 mil 157 millones, lo que da un promedio de 6 por ciento durante todos los años. Parte de estos montos se han destinado a los fideicomisos, como el de infraestructura y módulos de atención ciudadana.”, explicó George Zamora.

Además, explicó que de los remanentes presupuestales que posee el INE, al menos 2 mil 700 millones de pesos se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe), “el Instituto Nacional Electoral siempre tiene remanentes, siempre tiene sobrantes, esto se interpreta que aún hay áreas de oportunidad para hacer una planeación adecuada y rigurosa”, anunció George Zamora.

De acuerdo con Radio Fórmula, el contralor afirmó que uno de los objetivos de presentar estas presuntas irregularidades es que el Consejo General del INE modifique sus lineamientos, aparte que el poder Legislativo haga las modificaciones necesarias al funcionamiento del órgano electoral, de acuerdo con lo dicho por el contralor.

Con información de Radio Fórmula.

Por Linaloe R. Flores

En abril de 2021 el gobierno de Miguel Riquelme Solís en Coahuila dio a conocer a los ganadores del sorteo “A los Cumplidos, Coahuila sí los Premia 2021”. La rifa se efectuó entre los ciudadanos propietarios de automóviles que cumplieron con sus obligaciones fiscales de ese año. Entre otros premios, se entregaron 15 Fiat Mobi Like 2021.

En la adquisición de los autos, la administración estatal gastó 2 millones 723 mil 275 pesos sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La licitación se hizo mediante la invitación a tres personas, pero al proceso solo se presentó Automotriz Lagunera S.A de C.V; de modo que esta empresa se llevó el contrato.

El sorteo se convirtió en una paradoja. El mismo gobierno que ese año otorgó premios al buen desempeño de los ciudadanos incurrió en un incumplimiento que a la fecha lo mantiene entre los primeros tres estados con mayores observaciones en la revisión de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un boquete de 3 mil 261 millones 730 mil pesos.

Michoacán, gobernado en ese entonces por Silvano Aureoles Conejo, está en el primer sitio con más de 12 mil 46 millones de pesos por aclarar.

Durango, en ese año bajo el mandato de José Rosas Aispuro Torres, es el segundo con ocho mil 171 millones de pesos.

De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador, a cargo de David Rogelio Colmenares Páramo, hay 61 mil 840 millones de pesos por aclarar, de los cuales 61.8 por ciento correspondió al gasto que la Federación le entregó a los estados y los municipios.

¿En dónde están los focos rojos de Coahuila?

La salud y la educación son los causantes de parte del agujero zanjado en Coahuila por dinero sin comprobar durante 2021. El gobierno de Miguel Riquelme Solís no pudo aclarar el destino de poco más de mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación para la mejora de esos sectores.

En salud, según la Auditoría, un punto clave es que la entidad autorizó un aumento en el presupuesto de 824 millones de pesos sin que hasta ahora haya justificado de dónde tomó el dinero y en qué lo usó. Además, el órgano de la Cámara de Diputados detectó que el pago de personal tuvo un aumento de 37 por ciento que no había sido aprobado. En cuanto a educación, el faltante de los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales es de 693 millones 282 mil pesos.

Reporte Indigo

En 2021, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, en Coahuila, dejó marcadas sus finanzas por un agujero negro.

La administración estatal no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de ese año en todo el país.

Pero ese no es el único foco rojo que se encendió con el uso del dinero público del gobierno coahuilense.

Múltiples empresas con antecedentes de colusión y con antecedentes de mal desempeño resultaron beneficiadas con contratos millonarios de la estrategia de asistencia alimentaria en la que el gobierno de Riquelme Solís concentró sus esfuerzos políticos, así como el gasto público.

Los grupos afectados por la pobreza y la pobreza extrema —el 22.5 por ciento de la población en 2018, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– se convirtieron en el objetivo principal de las compras públicas durante 2021 en Coahuila, de acuerdo con una revisión en Compranet.

Ese año, la administración coahuilense erogó mil 377 millones 112 mil 23 pesos en 104 contratos.

Para insumos alimenticios y despensas fueron destinados 835 millones 87 mil 638 pesos en 11 contratos; es decir, el 60.6 por ciento de las erogaciones, según lo publicado en Compranet.

En estas compras públicas participaron el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Finanzas.

Se adquirieron insumos para los programas Apoyo a familias coahuilenses, Adulto Mayor en Abandono y desayunos escolares, así como equipo y artículos básicos de cocina para Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales.

Las empresas

Dominus Messico S.A. de C.V. se llevó la mayor tajada con un único contrato por 611 millones 564 mil 800 pesos.

Esa contratación fue la mayor y además representó el 73.2 por ciento de lo destinado a la adquisición de alimentos para la asistencia social.

No es la primera vez que Dominus Messico S.A. de C.V. resulta ganadora en una estrategia gubernamental de un estado en la distribución de alimentos a poblaciones vulnerables.

En 2018 también se coronó en Zacatecas como ganadora con más contratos y dinero en el entonces gobierno de Alejandro Tello (2016-2021) para suministrar alimentos de programas sociales.

Ejecución deficiente

No obstante, también se convirtió en una de las partícipes de un fracaso.

En el informe de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas sobre la revisión de la cuenta pública de 2018, quedó asentado que la ejecución de los recursos públicos de esa estrategia a cargo del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia careció de eficiencia debido a licitaciones con irregularidades.

Otra empresa beneficiada en Coahuila fue Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila.

Según el órgano fiscalizador, ha ganado contratos durante más de una década en la entidad del norte mediante la simulación de competencia.

Ante el pastel de contratos de Coahuila, Distribuidora y Servicios Integrales ganó el contrato cuya licitación llevó la identificación CE-905040987-E7-2021 para proporcionar desayunos escolares.

A cargo del proceso, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no presentó investigación de mercado que comprobara la existencia de por lo menos tres probables licitantes, indicó la ASF en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2021.

Intoxicación en Puente Grande

De igual manera está el caso de Productos Serel, protagonista de un cuadro de intoxicación en el penal de Puente Grande, Jalisco, uno de los más numerosos en la última década en los centros penitenciarios de México. Del gobierno de Coahuila obtuvo un contrato por ocho millones 365 mil 561 pesos.

El otro participante fue el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, que por seis millones 235 mil 500 pesos, se encargó de la logística para las entregas de alimentos en cinco mil 762 puntos en los 38 municipios de Coahuila en la operación del programa: Apoyo a familias coahuilenses.

Personas beneficiadas

Las personas físicas que obtuvieron contratos de la estrategia alimentaria de Coahuila fueron Gerardo Hernández Sandoval y José Alfredo Martínez Sánchez.

El primero proporcionó equipo y artículos básicos de cocina para el programa Cocinas populares y unidades de servicios integrales.

El segundo vendió despensas para la operación del programa Adulto Mayor en Abandono.

Los otros gastos de Riquelme

Coahuila permanece marcado por la falta de explicaciones de lo que se hizo con los mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación en 2021, de acuerdo con las 17 auditorías que se le aplicaron en la revisión de la cuenta pública de ese año.

La mayor parte del boquete –mil 291 millones de pesos– corresponden al sector salud. El dinero que provino del Gobierno federal debía apuntar a mejoras en el servicio. Pero lo registrado en Compranet indica que esa área no fue la prioritaria.

De 104 contratos, 31 conciernen a los servicios de salud por una suma de 147 millones 808 mil 444 pesos, lo que es 5.6 veces menos que lo usado en la estrategia de asistencia alimentaria.

En ese año, diversas variantes o mutaciones del virus SARS-CoV-2 hicieron que la pandemia de COVID-19 permaneciera, lo que provocó la caída de los mercados financieros y un freno de la recuperación económica.

Para diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud había aprobado 29 vacunas bajo diferentes especificaciones para su uso.

Ignora la pandemia

El gobierno de Coahuila no acreditó una sola compra para atender la emergencia sanitaria. Lo que se encuentra ese año son suministros de gases medicinales, servicio integral para el banco de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, contratación de anestesia, adquisición de ropa hospitalaria, instrumental para cirugías y fumigación para hospitales, entre otros.

En el ámbito de la salud, la empresa con el contrato más grande, de 34 millones 482 mil 377 pesos, fue Praxair México S de RL de CV.

Dudas en la UAdeC

La otra parte sobre la que el gobierno estatal debe dar explicaciones, es respecto a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

En esa institución, el órgano fiscalizador detectó anomalías por 693 millones de pesos. En Compranet no hay un solo contrato que se refiera a la casa de estudios.

El gobierno también gastó en pavimentación asfáltica, servicio de fotocopiado, adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica y de vehículos para el sorteo: “A los cumplidos, Coahuila sí los premia 2021”.

De acuerdo con la página oficial del gobierno, en abril se entregaron 15 automóviles Fiat Mobi Like 2021. Mientras, Coahuila pasaba marcada en rojo a los historiales de la ASF.

Cuentas sin cuadrar

Más allá de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los números no cuadran en Coahuila respecto al Hospital Materno Infantil, una unidad médica ubicada en Saltillo.

El 14 de noviembre de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, publicó en el Periódico Oficial que se instalaría ese hospital con el fin de reducir los altos índices de mortandad de mujeres embarazadas y de recién nacidos; sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del estado y con facultades específicas.

El 28 de noviembre de 2017, Moreira publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para (el) inicio de operaciones”.

Pero Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador siguiente, quien tomó protesta el 1 de diciembre de ese año, informó en cada uno de sus informes de gobierno que la construcción del centro de salud continuaba con varias inversiones.

En el primero (2018), sostuvo que se invirtieron 53 millones de pesos en “la continuación de la construcción” del hospital.

En su segundo informe (2019), Riquelme Solís expuso que se continuaba con esa edificación para la cual se destinaron 53 millones de pesos.

La tercera vez ante el Congreso (2020), el gobernador también reportó que los trabajos del hospital seguían. Esta vez la inversión fue de 44.4 millones de pesos.

En el cuarto informe (2021) dejó asentado que se continuaba con la construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos.

Para el quinto informe (2022) reportó que varias áreas del hospital fueron terminadas con 8.3 millones de pesos.

El diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, interpeló la última intervención del mandatario estatal y expuso un presunto fraude respecto al hospital.

En tribuna, sostuvo que las inversiones reportadas no fueron realizadas. Sus evidencias fueron dos contratos pedidos a través de los mecanismos de transparencia, uno por 44 millones de pesos y otro por cinco millones de pesos.

No obstante, en Compranet no hay registro de ningún contrato que se refiera al Hospital Materno Infantil.

Reporte Indigo

En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos –fuera del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados– para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas: sólo 9 millones de pesos se entregaron a unas cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el siniestro. Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala: el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh, impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para evitar investigaciones de la prensa extranjera; y el secretario de Gobernación, Gómez Mont, presionó al ministro Zaldívar para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y las responsabilidades de los parientes de la primera dama y ahora diputada federal por el PAN. El juzgador denunció en 2022 una “operación de Estado” para garantizar impunidad a la familia presidencial.

Lejos de ayudar a las decenas de víctimas del incendio de la guardería ABC, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia para hacerse de recursos millonarios fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación, que cada año aprueba la Cámara de Diputados. El dinero público fue manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como supuesta respuesta a la crisis; sin embargo, las familias de los 49 bebés fallecidos, 104 bebés heridos de gravedad y los adultos quemados durante el siniestro –de aquel 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora– no vieron un solo peso.

El desprecio de las autoridades por las víctimas se manifestó desde el primer momento en el que ocurrió el grave incendio, con la falta de atención médica oportuna a los bebés quemados –directamente se operó desde el IMSS para impedir el traslado de los infantes a hospitales en Estados Unidos especializados en menores quemados, para evitar una cobertura mediática internacional–; también, con una “operación de Estado” para encubrir a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, hoy diputada federal por el PAN [Partido Acción Nacional], como lo reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien presionó hasta la amenaza a Zaldívar para que la Corte no determinara que en el siniestro hubo graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado, ni se manifestara por sancionar a los familiares de Zavala. Ello, porque dos primas de la entonces primera dama tenían relación con la tragedia: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era una de las dueñas de la estancia infantil, y Lourdes Laborín Gómez del Campo es esposa de Eduardo Bours, en aquel momento gobernador de Sonora.

El lucro de la tragedia

La implicación de la familia presidencial en el suceso no impidió a las autoridades federales lucrar con la tragedia: el 27 de julio de 2010, el entonces subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, autorizó al Seguro Social la entrega de 250 millones de pesos, consta en el oficio 801.1.-209(10). El documento se refiere al acuerdo de ministración de fondos por el cual el subsecretario ordenaba a la Tesorería de la Federación entregar los recursos presupuestarios de ayuda extraordinaria, “para ser aportados por el IMSS para la constitución de un fideicomiso, cuyo fin será cubrir diversos conceptos de apoyo que están contemplados en el ‘Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010”.

Dicho decreto fue firmado directamente por Calderón Hinojosa y establecía que habría una ayuda extraordinaria para la educación de los menores que resultaron lesionados para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana.

Asimismo, ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron; a las madres de los menores que resultaron lesionados; a las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan los menores y los adultos que resultaron lesionados durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de equipos para el debido cuidado de su salud, y ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Nada se cumplió.

Para obtener el dinero, el director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Eduardo González Pier, envió dos oficios con folios 099001 600 000/0356 y 099001 600 000/0405, mediante los cuales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –entonces encabezada por José Antonio Meade Kuribreña– un monto de 250 millones de pesos.

El subsecretario de Egresos instruyó a la Tesofe depositar esa cantidad a partir del 30 de julio de 2010 en la cuenta bancaria del IMSS, en el banco Scotiabank Inverlat. También estableció que el límite para la regularización del acuerdo de ministración sería el 26 de noviembre de ese mismo año y se realizaría con cargo al presupuesto autorizado del Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas” para ese ejercicio fiscal.

El fideicomiso se creó en Banamex hasta el 4 de agosto de 2010, con el nombre de “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC”, y clave de registro 201050GYR01537. Y aunque la administración de Daniel Karam Toumeh obtuvo los recursos como una bolsa extraordinaria para atender las urgentes necesidades de los infantes y adultos sobrevivientes e indemnizar a quienes perdieron a sus pequeños, al término del gobierno de Calderón Hinojosa –en noviembre de 2012– sólo se habían ejercido 9 millones 778 mil 567.95 pesos.

En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda, consta que 3 millones 380 mil 921.38 se ejercieron en 2010, y 6 millones 397 mil 646.57 pesos en 2011; y nada en 2012. A la ya insultante situación de la no entrega del dinero a las víctimas menores de edad y los adultos quemados se suma el hecho de que no todo ese recurso fue para ayudas: al enunciar el destino de los 9 millones de pesos, Hacienda detalló que también se pagaron los gastos de administración del fideicomiso y los honorarios de las auditorías de los ejercicios 2010 y 2011.

Así, el fideicomiso sirvió sólo para la especulación financiera: al cierre del sexenio peñista contaba con una disponibilidad de 334 millones 776 mil 499.39 pesos por los rendimientos generados entre agosto de 2010 y diciembre de 2018. Ello porque la administración de Enrique Peña Nieto sólo se ejerció 22 millones 762 mil 856.75 pesos, que además de las ayudas, implicaba gastos de administración y de auditorías.

El dinero para atender a las víctimas se empezó a ejercer hasta el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con los padres y madres de los bebés afectados a reparar el daño de forma integral. De acuerdo con los informes de Hacienda al Congreso de la Unión sobre los fideicomisos, en 2019 se ejercieron 64 millones 448 mil 939.67 pesos a favor de las víctimas. Además de aplicar el decreto original de asistencia social, se adicionaron acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, con los que se autorizó la actualización y ampliación de los apoyos y ayudas otorgados por el Seguro Social a niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo o gases tóxicos; las madres de los infantes fallecidos, así como de los niños y niñas lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o tóxicos; y de las maestras y otros adultos que resultaron afectados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC.

Para 2020 se entregaron apoyos a las víctimas antes citadas por 125 millones 316 mil 594.20 pesos; en 2021, por 129 millones 746 mil 612.3, y se le depositaron 12 millones 163 mil 204 pesos; y al tercer trimestre de 2022 –el más reciente reporte que se tiene–, se destinaron otros 103 millones 949 mil 72 pesos a las víctimas, y se transfirieron 107 millones 312 mil 300 pesos al fideicomiso.

El encubrimiento de la familia de Zavala

El 22 de febrero de 2022, el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reveló que en 2010 el presidente Felipe Calderón –por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo y su familia no se vieran involucradas.

“Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, señaló durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.

El ministro Zaldívar declaró que Gómez Mont lo visitó en su oficina para presionarlo, al exigirle que cambiara su proyecto de sentencia sobre ese crimen, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita Zavala. Incluso reveló que durante el encuentro hubo gritos: “el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: ‘dice el presidente [Calderón] que no te apoyamos para esto’”.

El ministro Zaldívar temía por su vida. Por ello, instruyó a su secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él desaparecía, la secretaria debía difundirlo ante la prensa. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”. Zaldívar descubrió que el expresidente Calderón operó una estrategia de ocultamiento del caso para que el crimen contra 49 bebés muertos y 104 lesionados no tuviera repercusiones internacionales.

Al respecto, dijo, hasta se bloqueó la ayuda médica a los más de cien menores que sobrevivieron al incendio. “Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [Estados Unidos], donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo”.

El papel de Karam Toumeh

Los testimonios que recabó en 2010 el ministro Zaldívar descubren el papel que jugó Daniel Karam Toumeh en la falta de atención a los bebés sobrevivientes, lo que no sólo constituiría una negligencia, sino sobre todo daños intencionales a la salud de las víctimas y violaciones graves a derechos humanos. En su investigación ministerial –que retomó la nueva denuncia penal que interpuso en 2020 el IMSS– se da cuenta, por ejemplo, de que en su calidad de director general del Seguro Social, Karam Toumeh obstaculizó el traslado urgente de los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos, especializados en este tipo de atención.

Por órdenes del amigo de Calderón Hinojosa, los infantes fueron trasladados a nosocomios de Guadalajara y Ciudad Obregón. Eso fue confirmado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su comparecencia, el político priísta, empresario y esposo de una prima de Margarita Zavala afirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners; Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados”.

La propia investigación del ministro Zaldívar da cuenta de las resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”. Y agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.

A este asunto también se refirió Zaldívar el 22 de febrero de 2022 –cuando reveló la operación de Estado que orquestó el expresidente de México para encubrir a Margarita Zavala y a su familia–: “los padres [de las víctimas] me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.

El impedimento de que los bebés quemados fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos y la alteración de expedientes médicos fueron sólo algunas de las presuntas anomalías en las que habría incurrido Karam Toumeh, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y licenciado en economía por el ITAM.

Con base en el voto minoritario de los ministros Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, así como en la recomendación de la CNDH, la denuncia del IMSS interpuesta en 2020 señala que la magnitud de las fallas del sistema de guarderías subrogadas alcanzan a Karam Toumeh, quien fue director general entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012, debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección de dicho Instituto. Asimismo, acusa que este exfuncionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se brindó a las víctimas.

Sobre este último punto, Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso ante la Comisión Investigadora de la Suprema Corte las responsabilidades del exfuncionario: “estuvo el director general, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: ‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.

Otro de los testimonios recabado es el de Lorenzo Alberto Huguez Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.

Karam Toumeh se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill+Knowlton Strategies, Inc –consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York– y en redes sociales (@danielkaramt) ha compartido mensajes en contra del actual gobierno federal. Irónicamente, en 2011 –dos años después del crimen de Estado de la guardería ABC– Karam Toumeh fue reconocido por el ITAM con el premio al “Mérito Profesional”, por su “calidad profesional como exalumno y su notable contribución al desarrollo económico, político y social del país”.

Ante la situación de vulnerabilidad de los menores usuarios de las guarderías, la investigación ministerial de la Corte establece que tanto Karam como su antecesor Juan Francisco Molinar Horcasitas –director del IMSS del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2009, y fallecido en 2015– eran responsables del bienestar de los niños que se encontraban a su cargo. Por ello debieron instrumentar políticas que impidieran la autorización de operación de guarderías sin el cumplimiento previo de todos los requisitos legales aplicables, entre los cuales destacaba la verificación de que los inmuebles cumplieran con las condiciones idóneas de seguridad.

Asimismo, se indica que quien ostenta el cargo de director general del Seguro Social preside a otros dos órganos superiores: la Asamblea General –que es la autoridad suprema del IMSS– y el Consejo Técnico –que es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del Instituto–, por lo que esta triple condición lo hace responsable del buen funcionamiento del Instituto. Entre otras funciones, el director general debe proponer las políticas estratégicas para su conducción y tiene a su cargo la ejecución de cualquier acto jurídico necesario para cumplir con sus fines.

De esta manera, a Karam Toumeh –como a su antecesor– le correspondía el control y conocimiento estricto sobre el esquema de funcionamiento del servicio de guarderías, y estaba obligado a instrumentar las medidas necesarias para que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes.

Nada de eso se cumplía al momento de la tragedia. De acuerdo con la investigación del ministro Zaldívar que se retoma en la denuncia penal, el 99.7 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS incumplían al menos uno de los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Respecto del control administrativo, el IMSS sólo verificaba un 87 por ciento; y acerca de la supervisión de los aspectos de protección civil, el Seguro Social omitió vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Y es que al día del incendio en la guardería ABC, del total de guarderías operadas por particulares, el 69.7 por ciento no contaba con equipo de incendios; el 72 por ciento carecía de dictamen favorable de instalaciones eléctricas; el 51.8 por ciento no contaba con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública; el 49.8 por ciento no tenía dictamen de protección civil municipal vigente; el 83.7 por ciento no contaba con dictamen de protección civil municipal anual; el 72.2 por ciento no tenía visto bueno o dictamen de bomberos vigente; el 91.4 por ciento carecía de visto bueno o dictamen de bomberos anual; al 75.1 por ciento le faltaba la constancia de realización de simulacros; y el 73.3 por ciento no tenía constancia de capacitación de protección civil.

Asimismo, de la inspección ocular realizada a un número representativo de guarderías subrogadas –conforme a la muestra elaborada por peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México– se desprende que, al 5 de junio de 2019, también existía incumplimiento en las medidas de seguridad.

Ejemplo de ello es que el 41.7 por ciento carecía de salidas de emergencia; el 57 por ciento no contaba con detectores de humo; el 5.4 por ciento carecía de extintores; el 54.7 por ciento no tenía luces de emergencia; el 5.3 por ciento no contaba con rutas de evacuación; al 26.5 por ciento le faltaba piso antiderrapante en los baños; el 13.2 por ciento incumplía con la distancia a la salida menor a 40 metros; el 5.3 por ciento no realizó simulacros; al 14 por ciento le faltaba que la apertura de puertas de emergencia contara con mecanismo de empuje hacia fuera; el 45 por ciento no tenía sistema de alarma sonora; el 2.6 por ciento presentaba instalaciones eléctricas en descuido; y el 9.9 por ciento no tenía protectores de tomacorrientes en la pared. Por ello, el voto minoritario del ministro Zaldívar señaló que existía un “desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas guarderías”.

La responsabilidad de los socios

Basados en las evidencias que recabó la Comisión Ministerial que encabezó Arturo Zaldívar, los ministros Sánchez Cordero y Silva firmaron el voto minoritario en el que establecieron que los servidores públicos federales, estatales y municipales –con corresponsabilidad de los dueños de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella– omitieron obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a las garantías individuales, hoy considerados derechos humanos.

Entre éstos destacaron la violación al principio de interés superior de la niñez. Al respecto, indicaron que “el artículo 4 de la Constitución reconoce distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos”. Éste establece que “[…] los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez […]”.

También consideraron que la interpretación de este artículo constitucional debe tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos de los menores de edad, firmados y ratificados por México. Por tanto, se agrega que “este principio ordena que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas ‘reforzadas’ o ‘agravadas’. El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño”.

Al respecto, citaron –entre otras normativas– la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana, que reconocen que los menores requieren una protección y cuidado especiales. Incluso detallaron que este principio de interés superior ordena que las medidas de protección sean doblemente reforzadas cuando están dirigidas a niños pequeños, como eran los de la guardería ABC [de entre 10 meses y 4 años de edad].

Los ministros señalaron que “el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la protección a los menores tiene que ser más intensa cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia. Esta mayor protección encuentra su justificación en la especial vulnerabilidad de los niños a esta edad. Es evidente que las capacidades motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy limitadas, de tal manera que dependen por completo de sus padres y cuidadores para poder sobrevivir”.

El segundo derecho humano violado fue el de la protección de la vida y a la integridad física. Al respecto, observaron que “la falta de cumplimiento de distintas disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad ocasionó que 49 niños que se encontraban en la ‘guardería ABC’ el día 5 de junio de 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados en su integridad física”.

Apuntaron que “el derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio”. Adicionalmente, subrayaron que los tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos lo tutelan, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el caso de la guardería ABC, indicaron que lo que el alto tribunal debía determinar es si hay una relación especial entre el Estado y los 49 niños que perdieron la vida en la vida. “La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.

Los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza consideraron de forma contundente que “existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades estatales hubieran cumplido sus deberes constitucionales de protección de la vida, interpretados de conformidad con el estándar doblemente reforzado que impone el principio interés superior del niño en relación con los menores que están en la primera infancia, en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Lo que significa que no hubieran perdido la vida los 49 niños que fallecieron el día del incendio”.

De igual forma, concluyeron “que si las autoridades hubieran cumplido cabalmente su obligación de proteger la integridad a los menores que eran usuarios del servicio de guarderías subrogadas, los niños que se encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en su integridad física”.

En el caso del incendio, otros derechos que se violaron fueron de acuerdo con los tres ministros que se opusieron al autoritarismo del entonces presidente Calderón fueron: a la seguridad social y a la salud, así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.

Acerca de la responsabilidad de los socios de la guardería, el voto minoritario determinó “que los socios, administradores y representante legales de la guardería ABC, tienen una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos materia de la investigación”. Una de las socias es, precisamente, la prima de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa.

Los ministros establecieron “que al tratarse de un servicio público subrogado, deben vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de la guardería de acuerdo a su nivel de participación, al tener que ver de manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio, tanto en su función de persona moral particular, como en su carácter de autoridad material para efectos de la investigación como auxiliar del Instituto subrogante”.

También señalaron que, “más allá de que la responsabilidad imputada sea o no analizada conforme a su calidad de sociedad civil, debe hacerse bajo la consideración de las responsabilidades de dichas personas derivadas de los derechos de los menores que se han vulnerado con la deficiente operación del servicio público prestado. Es decir, a la luz de los derechos relativos a la primera infancia, que impone el artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Federal”.

Determinaron que los prestadores del servicio incumplieron con lo establecido en la Constitución, en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, la Norma Oficial Mexicana 167-SSA-1-1997, el contrato de prestación de servicio de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único –celebrado el 29 de diciembre de 2006 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la sociedad civil Guardería ABC–. Ello, “porque no desempeñaron la obligación de prevenir el riesgo derivado de no cumplir los cuidados suficientes a los niños bajo su resguardo durante la jornada de trabajo”.

Para los ministros, los socios, administradores y representante legal “fueron omisos en dirigir y normar las acciones suficientes de prevención relacionadas con los estándares de protección civil a que estaban obligados para garantizar la integridad y seguridad de los menores en la guardería subrogada, no obstante que, conforme a los ordenamientos constitucionales y legales antes señalados, se establece que la prestación del servicio de guardería debe cumplirse con base en determinados requisitos para el debido funcionamiento de la guardería, as  como con los programas de protección civil y técnicos de seguridad expedidos por el Departamento de Bomberos de la localidad, a fin de mantener la calidad de la operación de la guardería, pero sobre todo para respetar en ordenamiento constitucional que hace referencia a los derechos de los niños”.

ContraLínea