El Gobierno de Coahuila que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, ha desaprovechado durante la actual administración más de 38 millones de pesos que recibió como subsidio de la Federación, y que debían invertirse en la implementación de acciones de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas en esa entidad federativa.

De acuerdo con registros proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, vía transparencia, en el periodo 2019-2022, el Gobierno de Riquelme Solís ha omitido el ejercicio de una suma que asciende en total a 38 millones 496 mil 332.15 pesos, y por lo cual, ha tenido que retornarlos a la hacienda federal.

En estos cuatro años, la administración del gobernador ha recibido en total una bolsa de 218 millones 975 mil 775.52 pesos, como parte del “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, lo cual implica que casi una quinta parte de la misma se perdió por no haber sido utilizada por las autoridades locales de Coahuila (el 17.58 por ciento).

El año en que el Gobierno de Riquelme Solís ha tenido que devolver la mayor cantidad de estos recursos al Gobierno federal ha sido el 2020, cuando el monto reintegrado ascendió en total a 15 millones 481 mil 363.19 pesos.

Sin embargo, al considerar que ese año el subsidio total que le fue ministrado al Gobierno estatal, fue de 41 millones 354 mil 923.14 pesos, esto significa que terminó desaprovechando el 37.43 por ciento de todos los fondos federales que recibió para desplegar las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas.

Luego del 2020, el siguiente año con más recursos federales sin utilizarse fue el 2022, con 8 millones 789 mil 910.78 pesos; seguido del año 2021, con un monto similar al anterior: 8 millones 647 mil 132.00 pesos en esta condición; y finalmente, el año 2019, con 5 millones 577 mil 926.18 pesos que nunca fueron invertidos para buscar desaparecidos.

Oportunidades perdidas

El “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, que ha sido desaprovechado en una proporción significativa por el Gobierno de Coahuila, se les entrega a los estados para que financien la operación de las Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales tienen competencias para desplegar todos los tipos de búsqueda que están previstos en el marco legal.

La Comisión Nacional de Búsqueda expone en su respuesta que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, prevé diversos tipos de búsqueda que se complementan entre sí: búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, por lo que: las autoridades deben ejecutar simultáneamente todas las acciones que el caso amerite y haga posibles (folio 332163723000044).

La falta de aplicación del Subsidio Federal en que ha incurrido el Gobierno de Coahuila, implica que su Comisión de Búsqueda del Estado ha perdido inversiones que pudieron haberla fortalecido tanto en materia de recursos materiales como humanos, o que pudieron haber posibilitado la implementación de más y mejores acciones de búsqueda en esa entidad.

Los distintos tipos de búsqueda que puede desplegar la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, previstos en el Protocolo Homologado referido, consisten en lo siguiente, según lo plantea la Comisión Nacional:

La búsqueda “inmediata”, por ejemplo, permite la activación de las instituciones desde el primer momento de la desaparición, sin importar si hay delito involucrado. La búsqueda “individualizada”, por su parte, se activa cuando ya se presume  la comisión de un delito contra el desaparecido, e implica la apertura de una carpeta de investigación.

La búsqueda “por patrones”, explica el organismo,  parte de que es posible asociar distintos casos de desaparición mediante análisis de contexto; si la conexión se confirma, deben buscarse conjuntamente.

La búsqueda “generalizada” consiste en la recopilación, organización y cotejo sistemático de información sobre escenarios de búsqueda (incluye los cotejos que realizan las autoridades entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y otras bases de datos gubernamentales).

Finalmente, está la búsqueda “de familia”, que tiene por objetivo restablecer el contacto entre personas extraviadas o incomunicadas y sus familias, y en su caso, restituir restos humanos de las víctimas a sus familiares.

Los rezagos

El 7 de septiembre de 2022, Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), expuso los rezagos que presenta esa entidad en materia de búsqueda de desaparecidos, durante el Observatorio Internacional de Derechos Humanos que estaba celebrándose.

“La voluntad política que dicen tener no se ve reflejada en el presupuesto ni en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Los funcionarios que han incurrido en faltas al debido proceso han sido premiados con cargos en el Poder Judicial, otros ni siquiera tienen investigaciones abiertas ni han sido removidos de sus cargos. (…) Claro que estamos abiertas al diálogo, pero dialogar requiere confianza entre los actores y estar dispuestos a ver las opciones para hacerlo distinto y ustedes no nos han dado señales de confianza”, señaló.

Aunque la administración pública estatal debe prevenir, garantizar y promover que los derechos humanos no se sigan violando, dijo, esto no está pasando,

“La búsqueda, la investigación y la verdad de lo que ocurrió en Coahuila y en México y donde están nuestras familias es la deuda más grande con nosotras.

“Desde las familias vemos que en esta administración se ha avanzado muy poco en cuanto a fortalecer las instituciones para la búsqueda y la investigación, la fiscalía no es autónoma; como desde el 2010 no tienen líneas de investigación de nuestros casos, ni sentenciados, ni a nuestros familiares; ningún gobernador, ni fiscal ha sido investigado ni procesado por lo ocurrido en nuestro estado, por los crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Ciudad de México. En un balance de la visita del Comité para las Desapariciones Forzadas (CDF), de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que México asumirá las recomendaciones que se desprendan del informe final del organismo que se presentará en marzo. Reconoció coincidencias en el diagnóstico como retos: terminar la impunidad, superar la crisis forense y diseñar políticas preventivas de seguridad.

Encinas admitió que la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, sino que sigue vigente, aunque con la peculiaridad de que en gran medida es perpetrado por el crimen organizado. Mencionó que los casos en los que se registra complicidad de agentes del Estado corresponden en su mayoría a corporaciones municipales, aunque, a pregunta expresa sobre más de 300 desapariciones forzadas que involucran a instancias federales, declinó abundar en detalles.

Cuestionado en rueda de prensa sobre la presunta participación del general Jens Pedro Lohmann en un caso de desaparición forzada por posible encubrimiento (recientemente designado como titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos (Birmex), Encinas informó que, por instrucción presidencial, se realiza un análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, apuntó que en primera instancia “no hay una responsabilidad referida directamente a su persona”.

Destacó que se tiene el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del CDF y esto incluye a las fiscalías general de la República y estatales, que si bien son autónomas, no están divorciadas de responsabilidades del Estado mexicano. Admitió que sólo con algunas fiscalías –como las de Coahuila y Morelos– hay una coordinación estrecha, pero en otras es mínima, a pesar de que es indispensable para superar la crisis forense que suma 50 mil cuerpos sin identificar.

Indicó que con la FGR se elaboró un inventario de las capacidades forenses en el país y se tiene el objetivo para 2022 de enfrentar la crítica situación en esta materia. Citó como ejemplo los avances para la identificación humana en Coahuila, donde con una aportación de 150 millones de pesos se pretende que con la participación de la fiscalía y la comisión de búsqueda estatales se emprenda el primer proceso masivo de identificación de cuerpos en Saltillo y Torreón.

Sergio Irazoque, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, mencionó que de 439 acciones urgentes emitidas por el CDF contra México, Nayarit ocupa el segundo lugar, detrás de Guerrero, que cuenta con 221.

Encinas refirió que en tres años de este gobierno se destinaron mil 200 millones de pesos a financiar las comisiones estatales de búsqueda y para 2022 se canalizarán otros 600 millones.

Fuente La Jornada