La relación que tendrá el gobierno de México con la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) se definirá una vez que concluya el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de Felipe Calderón, encontrado culpable de narcotráfico en una corte del país vecino, reveló esta mañana Andrés Manuel López Obrador. Ante la pregunta de cuál es la situación de esa agencia en el país, el presidente de la República dijo: “estamos esperando que se termine por completo el juicio de García Luna. Ya en su momento nosotros definimos una relación de cómo vincularnos”.
Desde Chiapas, anunció que habrá una reunión en Washington a la que acudirá el Comité de Seguridad mexicano a la Casa Blanca, con el objetivo de trabajar de manera conjunta “y resolver cómo se tiene que seguir manteniendo la relación con las agencias de Estados Unidos. No quiere decir que nos neguemos a la cooperación, lo que queremos es que haya orden”.
El primer mandatario recordó que el pasado 9 de marzo recibió a la encargada de la estrategia de Estados Unidos contra el fentanilo, Elizabeth Sherwood-Randall, pues México mantiene la cooperación con el país vecino en materia de combate a las drogas ilegales. “Hace poco también vino la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, la señora Elizabeth, y nosotros nombramos a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como su contraparte, como su enlace. Las dos van a trabajar de manera conjunta”.
Del juicio contra García Luna, el presidente López Obrador señaló: “nos importa mucho esperar lo que va a suceder porque él tiene la oportunidad y ayudaría mucho que hablara sobre su relación con [Vicente] Fox, con Calderón, si les informaba o no les informaba; y cuál era su relación también con la DEA y con otras agencias, porque fue hasta premiado por el gobierno de Estados Unidos”.
El titular del Poder Ejecutivo federal advirtió que hace falta una explicación respecto de cómo es la DEA, la CIA y el FBI “no supieron nada o por qué se tardaron tanto en saber que García Luna estaba vinculado con la delincuencia organizada”. En el juicio contra el exsecretario de Calderón, el pasado 21 de febrero se le encontró culpable de ser integrante del Cártel de Sinaloa y conspirar con ese grupo criminal para traficar cocaína.
“Ya que se inició este proceso ojalá y se sepa todo, porque esto va a ayudar mucho a que no se vuelvan a repetir estos casos. Imagínense lo grave que es que el encargado de la seguridad esté al servicio de la delincuencia, gravísimo. Y esto tardó mucho tiempo, cuando menos todo el gobierno de Calderón. Pero no es nada más el manejo así de la relación, de la tolerancia, de hacer a un lado a adversarios de los mismos narcotraficantes, sino el manejo de los aeropuertos, está de manifiesto que manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México con una clave 35/45 y todo mundo voltear a ver para otro lado, el aeropuerto de la Ciudad de México. Y si manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ¿por qué no van a manejar los otros? Hay un dicho que dice que el que puede lo más puede lo menos. Es muy grave”, indicó.
El presidente López Obrador reiteró su deseo de que García Luna hable: “independientemente de que le reduzcan la pena, si confiesa, pase lo que pase va a ayudar mucho para que esto no se repita, que nadie se atreva nunca jamás a abusar la confianza y utilizar el cargo para proteger a delincuentes y afectar a la sociedad, afectar al pueblo”.
Según registros confidenciales, el jefe antidrogas Nicholas Palmeri vacacionaba en Miami con defensores de narcotraficantes. Foto Ap
Miami. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) destituyó silenciosamente a su principal funcionario en México el año pasado por sus contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre los países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera.
La socialización y las vacaciones de Nicholas Palmeri con abogados de narcos en Miami, detalladas en registros confidenciales vistos por Ap, provocaron su caída final después de sólo un año como el poderoso director regional de la DEA, que supervisaba a docenas de agentes en México, América Central y Canadá.
Pero investigaciones internas separadas generaron otras señales de alerta, incluidas las quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de covid-19, que resultó en que dos agentes enfermos tuvieron que ser trasladados en avión fuera del país. Otra, divulgada la semana pasada, encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de lucha contra las drogas para fines inapropiados y buscó un rembolso para pagar su propia fiesta de cumpleaños.
“El puesto de director regional en México es el más importante en las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando sucede algo así, es disruptivo”, señaló Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia.
“Es aún más crítico debido al deterioro de la situación con México”, agregó Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”.
El caso de Palmeri se suma a una creciente letanía de mala conducta que afecta a la principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Estados Unidos, en un momento en que sus operaciones extranjeras en expansión, que abarcan 69 países, están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por la administradora de la DEA, Anne Milgram.
El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un ex supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo.
Uno de esos abogados, identificado por funcionarios estadunidenses, actuales y anteriores, como David Macey, también estuvo implicado en la indagatoria a Palmeri. Los registros internos muestran que Macey recibió a Palmeri y a su esposa –nacida en México– durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según los investigadores, no tuvo un propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con los litigantes que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de comportamiento inapropiado.
Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con ella en febrero de 2021.
El supuesto propósito del viaje a Miami había sido “interrogar” a una fuente confidencial, pero se descubrió que Palmeri estuvo en una casa privada con su esposa en una reunión social donde hubo vino, según el informe interno.
“La reunión tuvo la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no hubo documentación oficial contemporánea de la DEA sobre el contenido del informe, lo cual viola la política de la agencia”.
Estas irregularidades provocaron la transferencia abrupta de Palmeri a la sede de Washington en mayo de 2021, antes de que finalmente renunciara en marzo pasado, según muestran los registros. Palmeri admitió a los investigadores que no había mostrado “el mejor juicio”.
Palmeri aseveró que las indagatorias por mala conducta son una “cacería de brujas” provocada por celos personales y profesionales que se negó a especificar, y a “una narrativa mal concebida para destituirme de mi cargo”.
Ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020.
Algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985, y dijeron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido el verano pasado, meses después de que la DEA llamó a Palmeri a Washington.
Christopher Landau, quien supervisó a Palmeri cuando era embajador de Estados Unidos en México durante la administración Trump, dijo que el enfoque singular en Caro Quintero y otros arrestos similares que acaparan los titulares es característico de las fallas más generalizadas de la DEA en la guerra contra las drogas.
Landau citó el arresto en Estados Unidos en 2020 de un ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a disolver la unidad policial de élite que era la aliada clave de la DEA. López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular a inexistente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2023. Foto José Antonio López
El juicio a Genaro García Luna que se lleva a cabo en Nueva York va más allá de las responsabilidades del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón pues algo que debe salir muy importante es el papel que tuvieron la Agencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese periodo “porque lo premiaban, llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos, que se hace de manera internacional entonces sus agencias de inteligencia, necesitan una sacudida, una revisión”.
Durante su conferencia efectuada en esta ocasión en el Palacio del Ayuntamiento, López Obrador sostuvo que si del proceso legal se desprende, porque existe esa posibilidad, que García Luna sea inocente “sería como el parto de los montes. Sería como parir un ratón” porque tiene tres años detenidos y se ha anunciado que se tienen pruebas en su contra.
Destacó que en su momento García Luna era un hombre fuerte en el gabinete y posteriormente acumuló una gran fortuna, que ni siquiera con el salario de funcionario podría obtenerse porque se habla de residencias en Estados Unidos,madejas de yates y de contar con contratos multimillonarios en dólares en es país.
A pregunta expresa sobre posibles responsabilidades de otros funcionarios y un eventual proceso legal en México contra García Luna, dijo que es necesario esperar y no adelantar vísperas porque el juicio en Nueva York es “como pago por evento”.
Se le acusa de vinculación con la delincuencia organizada y acumular una enorme fortuna.,independientemente de la asociación delictuosa si existió o no si están relacionados otros ex servidores públicos, medios de comunicación, “habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero(…) si es un tema de interés público.
Insistió en los tres escenarios que pueden surgir del proceso: que García Luna sea inocente y, por consecuencia también Calderón; que García Luna era responsable pero engaño a Calderón y finalmente que este estuvo al tanto de todo lo ocurría y no hizo nada.
Al comenzar la conferencia, elogió el trabajo y la honestidad de la anfitriona en la conferencia, La Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, aunque acotó “para que no se vaya a mal interpretar”, definió una vez como su hermana, como “tel otros hermanos”, dijo, en alusión al proceso sucesorio.
La cooptación –implantada por la DEA desde hace cuatro décadas– funciona de forma similar a la que utilizan los laboratorios farmacológicos para persuadir a los médicos. Los invitan a congresos, les abonan suculentos viáticos al tiempo de que los catequizan sobre las bondades irresistibles del «American Way of Life».
El último jueves se inició en el Centro Cultural Kirchner la primera reunión anual del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia del presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Juan Manzur. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, organizó el encuentro que tuvo una duración de dos días, con “foco en el narcotráfico”. Participaron los máximos jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales, operadores judiciales federales y provinciales, funcionarios provinciales y agencias extranjeras dedicadas al combate contra el narcotráfico, entre ellas la controvertida Agencia de Aplicación de la Ley de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés).
La DEA es la repartición federal del gobierno de los Estados Unidos dedicada a represión de la producción, tráfico y comercialización de sustancias ilegales. Fue creada por la administración del presidente Richard Nixon en julio de 1973, y depende del Departamento de Justicia. Su sede se encuentra en Arlington, Virginia, a pocos metros del Pentágono, y la academia en donde se forman sus agentes se ubica en Quantico, una base perteneciente al Cuerpo de Marines. Tiene delegaciones en más de 70 países y un presupuesto global de 28.000 millones de dólares.
Según las investigaciones académicas especializadas, la DEA está orientada por dos objetivos centrales, uno explícito y otro confidencial y hermético. El primero, ampliamente publicitado, remite a proteger la seguridad interna de los Estados Unidos con relación al circuito internacional del narcotráfico. El segundo, a infiltrarse en los organismos de seguridad con el objeto de controlar, digitar u obtener información útil para orientar las políticas estratégicas de Washington.
La “guerra contra las drogas”, al igual que el “combate contra el terrorismo”, brinda un marco de legitimidad para penetrar en los intersticios gubernamentales de diferentes países e influir en favor de políticas convenientes para los intereses del Departamento de Estado. Para lograr ambos cometidos, muchas veces yuxtapuestos, la Agencia desarrolla seis operatorias de claro contenido injerencista, ninguna de las cuales se encuentra regulada por protocolos ni normativas nacionales.
La primera de ellas es la vinculación directa –sin mediaciones– con operadores judiciales, magistrados, secretarios y fiscales. Según las variadas fuentes consultadas, el fuero penal-económico es un área en la cual la DEA cuenta con afinidades garantizadas. Quienes peregrinan los pasillos de dicho fuero consignan que sus movimientos y fallos son consecuentes –y funcionales– con los pedidos y necesidades de la Agencia: “Son empleados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos más que funcionarios argentinos”, sugiere un conocedor de los vínculos tóxicos.
La operatoria de cooptación –implantada por la DEA desde hace cuatro décadas– funciona de forma similar a la que utilizan los laboratorios farmacológicos para persuadir a los médicos. Los invitan a congresos, les abonan suculentos viáticos al tiempo de que los catequizan sobre las bondades irresistibles del American Way of Life.
La segunda es la relación con altos jefes de las fuerzas federales (Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura). Dichas articulaciones han sido profundizadas desde la conformación de los Grupos Operativos Conjuntos creados por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Estos acuerdos han producido una hibridación indiscriminada de organismos locales y extranjeros, también observable en las Task Forces ubicadas en Salta y en Misiones. Durante la etapa macrista, los agentes de la DEA se incrementaron. En 2015 estaban instalados tres agentes y en 2016 pasaron a ser diez.
Uno de los funcionarios encargados de activar los vínculos con las fuerzas de seguridad es el ex policía bonaerense Guillermo González, ocupante desde hace dos décadas de una oficina en el segundo piso de la Embajada, quien mantiene aceitados vínculos con el titular de la Procuraduría de Narco-criminalidad (Procunar), Diego Alejo Iglesias, a quien la totalidad de sus colegas identifican como un subordinado incondicional de la DEA. Uno de los magistrados que goza de mayor simpatía es Claudio Gutiérrez de la Cárcova, presidente de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La tercera es la oferta de tecnologías de las que las fuerzas locales no disponen –como el acceso a desencriptadores de datos de última generación (del tipo Universal Forensic Extraction Device, UFED)–, herramientas que permiten obtener información de celulares o de plataformas informáticas. La información obtenida con esos soportes es utilizada, en forma prioritaria, al servicio de los intereses de seguridad de la DEA, y solo es compartida en la medida en que pueda resultarles indiferente o neutra.
Éxitos de la DEA
La cuarta es la red de informantes propios, financiada sin regulación local ni protocolo alguno, y concebida en absoluto desconocimiento de las autoridades nacionales, sean judiciales o de las fuerzas de seguridad. Los dos ejemplos más célebres de este procedimiento absolutamente ilegal –operativizados por la DEA a nivel local– remiten a los casos de Carlos Savignon Belgrano y de Julio César Pose. El primero de ellos, un reconocido fotógrafo, fue detenido por la Justicia argentina en 1988 por formar parte del Cartel de Medellín, comandado por John Arroyave Arias.
Cuando declaró ante el juez Julio Speroni, fue acompañado por el jefe local de la agencia, Ernest Batista, quien justificó las acciones de Savignon Belgrano, dado su rol de informante de la DEA. El segundo caso conocido se relaciona con un ex agente de la SIDE, Pose, cercano al comisario Jorge “Fino” Palacios y a Antonio Stiuso, quien en 2003 reclutó a un grupo de ex carapintadas y agente de inteligencia desocupados para ingresar 50 kilos de cocaína en el Congreso Nacional, con el objeto de denunciar posteriormente su aparición en el estacionamiento del Palacio Legislativo.
El objetivo transmitido a los reclutados, además de prometerles 3.000 dólares a cada uno, buscaba desestabilizar al gobierno –recientemente electo– de Néstor Kirchner, y al mismo tiempo desprestigiar al Congreso. El operativo fue denunciado a la Gendarmería por el propio Pose, quien adujo ante el juez Claudio Bonadío que la operación había sido una “entrega pactada” bajo supervisión de la DEA.
Bonadío consultó a la Embajada de Estados Unidos y Tony Greco –uno de los funcionarios de la DEA afincados en Buenos Aires– respondió al juzgado federal el 26 de septiembre de 2005, confirmando el rol de Pose. La misiva de la Embajada tuvo un efecto inmediato: Bonadío le otorgó la falta de mérito a Pose.
A fines de 2005 se realizó una celebración en la Embajada, en la que la DEA festejó un triple éxito: el trascendido de que la carga de cocaína tenía como destino el Congreso –con la consiguiente difamación, asociada al sistema político argentino–, el desmantelamiento de una célula de traficantes (por la que serían premiados varios agentes de la DEA local en Quantico) y la libertad de culpa y cargo respecto a su agente infiltrado, Julio César Pose.
Para disgusto de la Embajada, sin embargo, la Cámara Federal revirtió la decisión de Bonadío y los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal 1, finalmente condenaron a Pose en octubre de 2020 a cuatro años de prisión por “instigar y participar del transporte de droga”. El abogado del informante, financiado por la DEA, fue Luis Alberto Imas, hoy juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3.
Entre sus impulsores para que integre la terna –previa a la llegada de la misma al Senado– figuró el agregado político de la Embajada y Antonio Stiuso. Los protocolos internos de la DEA consignan que los datos provistos por sus informantes son de su exclusividad y no deben ser transmitidos a ninguna fuerza de seguridad local. Cada agente controla hasta un máximo de cuatro informantes. Cuando la operación está validada, se le avisa a un juez confiable para que intervenga, advirtiendo de la presencia del informante.
El quinto es el manejo discrecional de “Cajas Negras” para funcionarios operativos de las fuerzas, enmascarados como viáticos, subsidios y/o aportes para “desarrollo de saberes técnico-profesionales”. Dichos recursos solo figuran en la contabilidad de la DEA pero no de las fuerzas locales. El periodista Juñián Maradeo. autor de la Historia de la DEA en Argentina 1973/2021 –de próxima aparición– logró entrevistar al informante Pose, quien le confirmó que los valores que paga la DEA arrancan en 1.500 dólares y pueden superar los 10.000. En tal caso paga con cheque, razón por la cual se debe abrir una cuenta en Estados Unidos.
La sexta es la capacitación en diferentes programas, como los ofrecidos por la Academia Internacional de Cumplimiento de la Ley (ILEA), la Capacitación del Plan Colombia o los seminarios técnico-profesionales virtuales o presenciales. En el último informe del Departamento de Estado dedicado a evaluar la situación del narco-delito a nivel global –el International Narcotics Control Strategy Reports–, difundido a inicios de marzo de 2022, se consigna que la Argentina participa en el plan de Cooperación de Seguridad Regional que se desarrolla en Colombia desde 2013, bajo la dirección de la DEA.
Según tres fuentes consultadas, existe la posibilidad de que funcionarios hayan sido enviados sin autorización de las fuerzas de seguridad locales o que sean invitados y financiados –de forma directa por la DEA– sin que informen de dichas participaciones dentro de las fuerzas.
El propósito de las capacitaciones y las formaciones profesionales se vincula con la estrategia de homogeneizar a las fuerzas de seguridad de distintos países, alineándolos a los patrones metodológicos y las necesidades de la DEA. Ese es el criterio utilizado por la continuación de la Escuela de las América, ILEA, cuya sede de El Salvador se dedica a cooptar operadores judiciales, militares y funcionarios de seguridad latinoamericanos y caribeños para persuadirlos de la legitimidad de los intereses estratégicos estadounidenses.
En setiembre de 2021 se llevó a cabo uno de los últimos cursos de ILEA, dedicado a indagar sobre la corrupción pública. Esa formación fue brindada por la DEA y el FBI, y participaron –de forma virtual–más de 60 funcionarios de la Argentina, Brasil, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Surinam y El Salvador.
Un mes antes, de forma presencial, se ofreció el curso sobre Operaciones de Protección en el Exterior, en el que se exhibieron tácticas de enfrentamiento y represión callejera: “Además de las clases teóricas, se realizaron importantes prácticas, donde el principal objetivo fue que los oficiales pudieran mejorar sus técnicas de protección para responder oportunamente ante cualquier evento sospechoso”.
Agentes
En febrero arribó a Buenos Aires el nuevo jefe local de la DEA, el agente John Wallace, quien residió previamente en Bogotá y en México. Durante su trabajo en Colombia las plantaciones de coca crecieron un 30% y la exportación de cocaína aumentó a su máximo desde la implantación del Plan Colombia a principios del siglo XXI. Su estancia en México tampoco fue muy exitosa: los carteles radicados en ese país concentraron el monopolio de la comercialización y el contrabando dentro del territorio de Estados Unidos, desplazando a los carteles colombianos.
Los voceros de la Embajada que trabajan de comunicadores sociales sugieren que no cometerá los errores de sus antecesores, Michael Tooley y Rodolfo Cesario. El primero mantuvo contactos con el abogado del narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi, involucrado en el triple crimen de General Rodríguez, mientras este estuvo prófugo. El segundo, Cesario, llegó a entrevistarse con Pérez Corradi en la Triple Frontera.
A pesar de estos antecedentes, el jefe de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, anunció la recepción de una “delegación de la Embajada de los Estados Unidos con expertos en seguridad y narcotráfico que van a colaborar con convenios de capacitación de esa fuerza, que estará a disposición del Ministerio Público de la Acusación, de la Justicia provincial y de la Justicia Federal”.
Mempo Giardinelli, en un artículo reciente, detalló los peligros de la sistemática pérdida de soberanía en las costas del Paraná, cuyos beneficiarios terminan siendo los narcotraficantes, los contrabandistas y los agro-fugadores.
El diputado provincial santafecino Carlos Del Frade solicitó recientemente un informe sobre las actividades de la DEA en Santa Fe: “Se le debe exigir la información porque está involucrada nuestra gente, nuestra seguridad, nuestros puertos, nuestras ciudades. A esta altura de las circunstancias, me inclino a pensar que la DEA ha participado en la proliferación del narcotráfico, contribuyendo a desarrollar a ciertos grupos y luego apagarlos. La verdad es que, si realmente la DEA actuó en contra de los narcos en el gran Rosario, habrá que decir que estos grupos se multiplicaron”.
La presencia de una fuerza de seguridad extranjera, que opera con reglas propias y que no se somete a las regulaciones ni las leyes locales, no puede más que caracterizarse como violatoria de la soberanía. Las complacencias, concesiones, ofrendas y permisos a quienes tienen intereses contrapuestos a los nacionales no se convertirán nunca en beneficios para las mayorías populares.
