Harfuch informó que El Pelón contaba con órdenes de aprehensión por homicidio, tráfico de armas, personas y fentanilo hacia EU.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó la captura de Omar Félix N., alias El Pelón, presunto operador clave de Los Chapitos en Sonora. El presunto delincuente fue detenido este viernes en un operativo conjunto en la colonia Las Quintas, de Culiacán, Sinaloa.

Harfuch también informó que Félix contaba con órdenes de aprehensión por homicidio, tráfico de armas, personas y fentanilo hacia Arizona, Estados Unidos.

El arresto, coordinado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se da en medio de una violenta escalada en Sinaloa que ha dejado 14 muertos en un solo día, consolidándose como una de las jornadas más letales desde que inició la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Harfuch detiene a El Pelón de Los Chapitos

Gracias a trabajos de inteligencia, se descubrió que El Pelón presuntamente coordinaba enfrentamientos ofensivos contra un grupo delincuencial rival en Culiacán, Sinaloa. Tras identificar su zona de movilidad, se realizaron vigilancias fijas y móviles.

Con la información recabada y los datos de prueba obtenidos, un juez de control emitió una orden de cateo para intervenir un domicilio en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Tras corroborar su identidad, se cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego y tráfico de personas.

Cabe señalar que esta detención está relacionada con los recientes hechos violentos en la entidad. A Omar Féliz se le informaron sus derechos de ley y fue presentado ante la autoridad correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las indagatorias subsecuentes.

¿Quién es El Pelón de Los Chapitos?

Según la Secretaría de Seguridad, El Pelón era considerado uno de los principales coordinadores del tráfico transfronterizo de drogas, armas y personas, así como de la producción de fentanilo.

También se le atribuye la organización de enfrentamientos entre células delictivas en Culiacán y otros delitos como secuestros y extorsiones.

Desde el 9 de septiembre, la pugna entre el grupo liderado por Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos ha dejado más de 350 asesinatos, además de desapariciones forzadas, secuestros y robos, según cifras oficiales.

La narcoviolencia ha sembrado el terror en Sinaloa, con ejecuciones de empresarios y hallazgos de cuerpos en vehículos abandonados, mientras las autoridades intentan contener una situación que se les escapa de las manos.

El gobernador Rubén Rocha, quien este viernes entregó su informe de tercer año, enfrenta duras críticas de sectores empresariales, oposición y ciudadanos, quienes califican la situación como insostenible. Ante la presión, Rocha se mostró dispuesto a someterse a una votación de revocación de mandato.

Francisco Javier “N” fue beneficiado por jueces con un amparo que dejó insubsistente una orden de aprehensión en su contra.

Jueces y magistrados en México han sido señalados por presuntamente haber ayudado a políticos vinculados a la delincuencia organizada. En algunos casos, se les acusa de emitir fallos favorables, retrasar procesos, o liberar a personas con nexos con el crimen organizado.

La confianza en el sistema judicial se tambalea cuando quienes deberían representar la imparcialidad y la justicia se convierten en cómplices de actos corruptos. México enfrenta un problema profundo y estructural en su sistema de justicia, evidenciado por la actuación de jueces y magistrados que, en lugar de proteger el estado de derecho, han beneficiado a políticos acusados de corrupción. Estos funcionarios judiciales, ya sea por presiones, intereses económicos o lazos personales, terminan ayudando a los poderosos a evadir la justicia, perpetuando así un ciclo de impunidad que daña la democracia y la confianza pública.

Uno de los casos más sonados es el de jueces que han otorgado amparos a políticos bajo investigación por malversación de fondos y otros delitos graves. Al conceder amparos con justificaciones endebles, estos jueces obstaculizan las investigaciones, permitiendo que los acusados eviten enfrentar consecuencias por sus actos. La complicidad en estos casos no solo afecta la percepción de justicia, sino que también alienta a otros funcionarios a actuar de manera similar, con la seguridad de que existen mecanismos para eludir la ley si se cuenta con los contactos adecuados.

Por otro lado, el rol de ciertos magistrados también ha sido cuestionado. En el ámbito de los tribunales colegiados, donde se resuelven casos de mayor trascendencia, existen magistrados que han sido señalados por favorecer a figuras políticas a cambio de prebendas. Algunos casos han salido a la luz gracias a investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas, revelando cómo magistrados han favorecido a altos funcionarios públicos, desestimando pruebas cruciales o ignorando el peso de los cargos en su contra. Esto representa una violación no solo de la ética judicial, sino de los principios básicos que deben regir el ejercicio del poder judicial.

En este contexto, una de las prácticas más preocupantes es la llamada «puerta giratoria», donde jueces y magistrados pasan de cargos públicos a funciones judiciales y viceversa. Este fenómeno crea una red de relaciones y favores que facilita la corrupción. Funcionarios que previamente ocupaban cargos en administraciones públicas regresan al ámbito judicial y utilizan su posición para favorecer a sus antiguos colegas, creando un círculo de impunidad que se perpetúa con cada cambio de administración. La «puerta giratoria» impide la imparcialidad que debería caracterizar a la justicia, y establece un sistema donde las conexiones políticas son más importantes que la ley.

A pesar de los esfuerzos de organismos de control y asociaciones de transparencia, la rendición de cuentas en el Poder Judicial mexicano es todavía limitada. Los procesos de investigación y sanción son lentos y muchas veces opacos, lo cual dificulta que los jueces y magistrados corruptos enfrenten consecuencias reales por sus acciones. Además, el sistema de nombramientos y promociones en el Poder Judicial es susceptible a influencias políticas, lo que facilita que los jueces alineados con ciertos intereses lleguen a posiciones de poder.

La sociedad mexicana se enfrenta a un reto monumental: lograr que su sistema judicial sea verdaderamente independiente y eficiente en la persecución de delitos, sin importar la influencia o el poder del acusado. Esto requiere una reforma profunda y un compromiso genuino por parte de todos los actores involucrados. Desde los organismos de control hasta los ciudadanos, es necesario presionar para que se implementen medidas efectivas contra la corrupción en el ámbito judicial.

Conoce qué jueces y magistrados ayudaron a políticos:

Para evitar la intervención del crimen organizado en las campañas electorales de los ministros, magistrados y jueces, el Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá a la Secretaría de Gobernación y Seguridad Ciudadana establecer los protocolos de vigilancia que aplicaron en el proceso electoral pasado.

Así lo informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, al señalar que iniciarán acercamientos tanto con Gobernación como con Seguridad para poder contar con una estrategia que impida el uso de dinero proveniente de la delincuencia organizada.

Entrevistada al término de la sesión en la que se hizo la declaratoria del inicio del proceso extraordinario del Poder Judicial, la instalación de los 32 consejos locales y la creación de la Comisión Temporal que dará seguimiento a estas elecciones, Taddei Zavala señaló que sí es necesario “por aquello de que algún aspirante decida solicitar protección en materia de seguridad”.

Consideró que el uso de recursos del crimen organizado en las campañas para jueces “está latente”, pero también habrá que vigilar otros orígenes que estén prohibidos.

Respecto a los cargos que se van a elegir, comentó que calculan la elección de 880 cargos para el próximo primero de junio de 2025, incluyendo todas las vacancias.

Ante ello, la consejera presidenta apuntó que esto modifica el presupuesto que van a presentar para el 2025, aunque la complicación es que están partiendo de una elección que no tiene la misma formalidad o el mismo modelo de las otras elecciones que el instituto ha realizado por más de 33 años. 

Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que están elaborando lineamientos, pues el número de cargos para cada una de las boletas es muy amplio, porque son muchos.

“Tenemos que ver qué hacemos con la capacitación, para que las personas, sobre todo la ciudadanía, tenga claridad por quién va a votar, quiénes son las candidaturas a cada uno de los cargos”, apuntó tras agregar que deben considerar lineamientos en lo que se establecen las leyes secundarias.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno se mantiene atento a los problemas de inseguridad en el estado de Sinaloa. Explicó que las autoridades federales buscan dos objetivos fundamentales: proteger a los ciudadanos y evitar enfrentamientos entre los grupos criminales que puedan poner en riesgo a la población.

El mandatario instó a los medios de comunicación a no caer en el sensacionalismo ni en el amarillismo al cubrir la situación de seguridad en Sinaloa. Además, respaldó las declaraciones del General Jesús Leana Ojeda, quien mencionó que la seguridad en la entidad depende, en parte, de los grupos antagónicos que operan en la región. A pesar de ello, López Obrador reafirmó el compromiso de las fuerzas armadas en proteger a la población.

Refuerzos en Sinaloa tras la captura de líderes del narcotráfico

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, informó sobre las medidas que el Gabinete de Seguridad ha tomado desde el 25 de julio, cuando fueron detenidos en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Sandoval detalló que se implementaron operaciones de inteligencia y refuerzos militares, especialmente en Culiacán y en la zona sur del estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y evitar confrontaciones entre los grupos delictivos.

El secretario explicó que la estrategia ha consistido en ocupar áreas con alta presencia de grupos criminales, desplegando 2,200 efectivos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, apoyados por vehículos terrestres, seis aviones y cuatro helicópteros. Entre los aseguramientos recientes en Sinaloa destacan 115 armas largas, 14 vehículos blindados, así como drogas como cocaína, metanfetaminas y goma de opio.

Balance de la violencia en Sinaloa

Desde el 9 de septiembre, las fuerzas armadas han enfrentado 13 agresiones en el estado, de las cuales nueve fueron contra personal del ejército y cuatro contra miembros de la Guardia Nacional. Estas confrontaciones resultaron en la muerte de dos militares y dejaron heridos a otros nueve. Además, 30 civiles han fallecido en los enfrentamientos, 22 de ellos en Culiacán.

A pesar de la violencia, Sandoval aseguró que las fuerzas armadas continuarán en el estado el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad interior y el estado de derecho. Se han establecido operaciones de inteligencia y órdenes de aprehensión para seguir actuando contra los grupos delictivos.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer avances en la detención y desarticulación de grupos criminales en México.

El funcionario de seguridad destacó que se logró la detención de 37 sicarios quienes presuntamente pertenecían a una grupo criminal el cual se hizo sin «realizar un solo disparo».

Por otro lado detalló que se detalló que la detención de Berenice «N» alías «La Viuda Negra» fue realizada en Guerrero, y actualmente se encuentra en proceso por el homicidio de su esposo e hijos.

Asimismo, comentó que se logró detener y sentenciar al feminicida de Brenda Jazmín, quien pertenecía al colectivo «Guerreras buscadoras de Cajeme»; el sujeto fue sentenciado a 50 años de cárcel.

Del mismo modo Mejía Berdeja destacó que se logró la detención de un operador de un grupo criminal que tenía su centro de operaciones en Guanajuato y la Ciudad de México, era apodado como «El Apá» o «El Ronco»; y agregó que tras el enfrentamiento en Playa del Carmen entre grupos del crimen organizado se consiguió capturar a nueve involucrados en dicho tiroteo.

Igualmente, el subsecretario de seguridad enfatizó sobre la desarticulación de 129 narcolaboratorios entre el 21 de mayo al 25 de julio del presente año en diferentes partes de la República.

Cabe señalar que detalló que será este domingo 31 de julio que el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winckler «N», seguirá su proceso por los supuestos delitos de privación de la libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas.

Siete empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos identifican como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa están vinculadas con el gobernador de Tamaulipas. Los expedientes financieros –a los que Contralínea tuvo acceso– revelan que esas compañías fantasma triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas de García Cabeza de Vaca. El destino de los fondos fue la adquisición de una de las 28 propiedades que posee el mandatario tamaulipeco –incluidos varios ranchos– y que no concuerdan con sus ingresos legítimos, pues en 20 años suman 23.9 millones de pesos.

El Cártel de Sinaloa usó a siete de sus empresas fachada dedicadas al lavado de dinero para triangular más de 60 millones de pesos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revelan las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el estadunidense Fincen (Financial Crimes Enforcement Network).

Las transferencias ocurrieron en 2013 –por 14.3 millones de pesos– y en 2019 –por 44.8 millones de pesos– y sirvieron para que el mandatario tamaulipeco adquiriera un lujoso departamento y después lo vendiera. En total, el servidor público –a quien el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría determinarle que no tiene fuero y debe enfrentar la justicia– posee 28 propiedades en México y Estados Unidos, incluidos ranchos, cuyos valores catastrales y comerciales superan, por mucho, sus ingresos lícitos declarados ante las autoridades fiscales.

Y es que en 20 años –de septiembre de 2000 a septiembre de 2020–, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido ingresos como servidor público por 23 millones 935 mil 764 pesos, de acuerdo con la UIF. Al revisar sus declaraciones fiscales, de inteligencia y otras fuentes de información, la Unidad le documentó ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria por 10 millones 570 mil 856 pesos, que constituyen evasión fiscal. Sin embargo, este monto sólo se refiere a recurso que ingresó a sus cuentas bancarias, no a las propiedades que posee y que, para las autoridades, también demuestran riqueza inexplicable.

Departamento con dinero del Cártel

Los expedientes a los que Contralínea tuvo acceso dan cuenta que la compra y posterior venta de un departamento de lujo en la exclusiva zona de Santa Fe –en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México– vincula al gobernador de Tamaulipas con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la UIF, para su compra en 2013, García Cabeza de Vaca obtuvo recursos de siete empresas fachada de la organización criminal. Tras seis años de mantenerlo como uno de sus bienes inmuebles, en 2019 lo vendió precisamente a esas mismas compañías fantasma dedicadas a lavar dinero.

Para su adquisición, en 2013, la UIF documenta operaciones trianguladas de las siete entidades mercantiles creadas para lavar el dinero del también llamado Cártel del Pacífico hacia una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple), la cual a su vez dispersó ese dinero a las cuentas del entonces senador de la República.

De acuerdo con el expediente de la UIF, en esa primera transacción, la Sofom recibió recursos de dos de las siete empresas fachada del Cártel de Sinaloa. Los SPEI se hicieron el 17 de diciembre de 2013, por un total de 14.3 millones de pesos. Un día después, la Sofom transfirió también por SPEI esos 14.3 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca, quien ese mismo 18 de diciembre de 2013 compró el departamento por, exactamente, 14.3 millones de pesos.

Para la UIF, “existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de posible procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble”. Asimismo, en las indagatorias se descubre que del 2 de mayo de 2013 –siete meses antes de dichas operaciones– al 27 de octubre de 2019, “no se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas de Francisco [Javier García Cabeza de Vaca] hacia la Sofom”.

Además, se advierte que para la compra, el entonces senador usó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), al utilizar estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos. Ello, porque simuló obtener un préstamo de la Sofom que, hasta la fecha y aún cuando ya vendió ese departamento, no ha pagado.

Con informes del Fincen –gracias a los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos materia de combate al crimen organizado trasnacional–, la UIF documenta que las siete entidades mercantiles fantasma –que son origen de los 14.3 millones de pesos que acabaron en las cuentas del gobernador– forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos no sólo del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel de Colombia.

De estas empresas fachada también apunta que todas se encuentran en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluso una de ellas desde aquel momento en el que se realizaron las transferencias a las cuentas de García Cabeza de Vaca. Y es que fue denunciada por la UIF en 2013, por lo cual se inició una “carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal”. Asimismo, otras dos fueron denunciadas e incluidas en la lista un año después, en 2014. Y derivado de la denuncia fue iniciada en la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas.

Venta del departamento al Cártel

El departamento de lujo en Santa Fe, en sí mismo, es una simulación para que el gobernador recibiera 60 millones de pesos. Y es que seis años después de haberlo adquirido con dinero del Cártel de Sinaloa, las mismas siete empresas fantasmas, en conjunto con una octava, estuvieron involucradas en la compra del bien inmueble.

Al respecto, la UIF observa que las empresas que fondearon a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015”. Se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, quien en su momento fue señalado por las autoridades ministeriales de financiar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de ese mismo año.

De acuerdo con el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera, en diciembre de 2019, la empresa “T” vinculada a la Trilladora trasladó al gobernador de Tamaulipas 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

El dinero fue nuevamente triangulado para aparentar origen lícito. Antes de la compra, la empresa “T” había recibido recursos por 44.8 millones de la empresa Avalúos, quien tiene características de sociedad fachada y forma parte del grupo de las siete compañías que lavan dinero al Cártel de Sinaloa. Previo a ello, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos en diferentes operaciones de las otras seis empresas fachada vinculadas con la organización criminal.

Por ello, la UIF observa que “el vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo “T” [Manuel Rodolfo Trillo Hernández], alias la Trilladora, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Asimismo, indica que la empresa fachada que fondeó a la empresa “T” manifestó tener mismo domicilio con otra empresa de Trillo Hernández, e incluso comparte domicilio con esta persona física. Y que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la propia Unidad en 2018 –un año antes de la venta del departamento de Santa Fe– e incluidas en la lista de personas bloqueadas en 2019. “Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.

Las cuentas de Cabeza de Vaca

Para el análisis del caso del gobernador García Cabeza de Vaca, la UIF dio puntual seguimiento a tres cuentas bancarias del político panista:

-Bancomer: de 2017 a 2021 presentó depósitos por 12.4 millones de pesos y retiros por 12.2 millones de pesos. Esta misma cuenta fue la que recibió los SPEI por 14.3 millones de pesos el 18 de diciembre de 2013. Adicionalmente, entre esa fecha y el 4 de febrero de 2014 recibió otros 500 mil pesos.

-Santander: de 2016 a 2019 obtuvo depósitos por 1.9 millones de pesos y retiros por 1.6 millones. Entre 2003 y 2009, esta cuenta registró operaciones en efectivo por 2.01 millones de pesos y 184 mil dólares en depósitos; y en retiros, por 350 mil pesos.

-Banregio: es la cuenta con más actividad en los años recientes, pues entre 2016 y 2021 tuvo depósitos por 61.4 millones de pesos y retiros por 59.8 millones. Entre 2015 y 2019 recibió cheques interbancarios por 9.6 millones de pesos.

Con información de ContraLínea

“La narcopolítica en su plenitud en Jalisco. Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, cómplices de este árbol genealógico criminal. Todos están adentro”, aseveró Ravelo

Francisco Félix | julioastillero.com

“Jalisco es una bomba de tiempo”. Así lo consideró el periodista Ricardo Ravelo, quien dio a conocer el miércoles que un testigo en Estados Unidos ofrece su testimonio respecto a los negocios del gobernador Enrique Alfaro y sus “ligas con [el] crimen organizado”, así como la implicación de familiares “en red de lavado y negocios al amparo de la venta y compra de la justicia en Jalisco”.

Ravelo no dudó en señalar que el caso de Enrique Alfaro supone la aparición de “otro narcogobernador, ahora en Jalisco” y consideró que “este caso es tan estruendoso y grave como el de Tamaulipas con Cabeza de Vaca. Son historias muy parecidas”; vaticinó que “pronto estallará”. Agregó que Alfaro sigue “la misma ruta que Aristóteles Sandoval”, exgobernador priista que fue asesinado hace un año y a quien también se ha señalado de presuntas relaciones con personajes de la delincuencia.

De acuerdo con el escritor de libros sobre delincuencia organizada, “Alfaro encabeza amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial, presunto lavado de dinero con gente del CJNG. Todo, a través del cuñado. Se afirma que el negocio empieza y termina en la oficina del mandatario jalisciense”.

El periodista también hizo señalamientos sobre Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien ha defendido en reiteradas ocasiones al gobernador de Jalisco: “La narcopolítica en su plenitud en Jalisco. Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, cómplices de este árbol genealógico criminal. Todos están adentro”. Agregó que todo esto sale a la luz “en momentos en que Dante Delgado, el líder de MC, se cura en salud y habla de honestidad. [¿]Cuál honestidad? Fue encarcelado por enriquecerse como gobernador de Veracruz”.

El autor del libro “Los narcopolíticos”, acusó que, cuando fue gobernador de Veracruz, Dante Delgado “fue cómplice del despojo obrero-portuario en 1991, cuando Carlos Salinas de Gortari ordenó la requisa al puerto. Ahora se dice demócrata y honesto”. Señaló que “todos [están] ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación” y apuntó la existencia de un “amplio andamiaje de lavado de dinero”.

El periodista, quien frecuentemente plantea que el crimen organizado se encuentra infiltrado en todas los partidos políticos, también hizo señalamientos sobre políticos de otros partidos, entre ellos el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, de quien dijo que “arrastra negra historia desde que fue alto mando de la Administración General de Aduanas” y agregó que “ahora [es] solapador del huachicol y otros jugosos negocios del crimen”.

Respecto a Enrique Alfaro, cabe recordar que no es la primera vez que hay señalamientos en su contra por sus presuntas relaciones con integrantes del crimen organizado. Tan sólo un par de días antes de los comicios de 2018, en los que resultaría electo gobernador de Jalisco, salió a la luz información que lo vinculaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado acusaciones formales en su contra, por lo que no ha sido investigado.

A pesar de lo anterior, Ravelo aseguró: “no alcanzaría la tinta ni el papel para escribir sobre tanta corrupción política y criminal. Alfaro solito es un libro de 800 páginas. Y me quedo corto”.

Fuente Julio Astillero