La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció de forma oficial y política, que la matanza de estudiantes perpetrada el 2 de octubre de 1968, fue concebida en el “más alto nivel del Gobierno Federal” siendo el expresidente Gustavo Díaz Ordaz el principal responsable de este crimen de lesa humanidad.

Durante su mañanera, Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo mediante el cual se reconoció como un crimen de lesa humanidad la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

La firma de este acuerdo derivó en una disculpa pública del Estado Mexicano, dada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos, en nombre del Estado mexicano, por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Como gobierno de la transformación, tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse”, dijo Rosa Icela.

En el acuerdo firmado por la mandataria federal, considera que la acción criminal  tuvo como propósito reprimir y destruir a un grupo estudiantil que, amparado en las libertades democráticas de expresión, reunión y manifestación pública, fue capaz de poner en cuestión la estructura de poder vertical y autoritaria del entonces gobierno priista.

“Que es claro que fue un auténtico crimen de lesa humanidad, por el uso de las fuerzas del Estado contra un sector de la población. Un acto ajeno por completo a la soberanía popular y a los fines éticos y constitucionales inherentes al ejercicio del Poder Público; crimen que confirmó la plenitud de un régimen autoritario dispuesto a seguir manteniendo incólume un sistema de dominación y hegemonía ideológica, política y social”, se lee en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, el acuerdo reconoció la incansable lucha de los liderazgos estudiantiles quienes para lograr “una sentencia emblemática en la que se estableció en forma clara y precisa que la matanza del 2 de octubre se enmarcó dentro de los crímenes internacionales de lesa humanidad”. Asimismo, reconoce al movimiento del 68 como un “precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país”.

Con el acuerdo, se pretende alcanzar la no repetición de los hechos violentos que según algunas investigaciones, estiman más de 300 personas fallecidas a manos de Estado. Por ello se realizó la disculpa pública de parte del Estado Mexicano.

Finalmente, por parte de la propia Sheinbaum se comprometió a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el acuerdo.

Por lo que en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas “asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al Pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición“.

Al pronunciarse porque se continúen las investigaciones en el caso del asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, sostuvo que en un crimen de estado no puede dársele vuelta de hoja en referencia a una reciente resolución de un juez que desestimó la acusación de que hubo un segundo tirador. De igual forma, en respuesta a la petición del hijo del candidato y alcalde de Monterrey, descartó proceder al indulto de Mario Aburto, único detenido por ese magnicidio, pronunciándose por ampliar la indagatoria.

En su conferencia de prensa reconoció que “él ya no quiere saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”. Destacó que de acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el otro tirador pertenecía al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional y estaba bajo las órdenes de Genaro García Luna.

“No estoy cerrado (a la petición del hijo de Colosio), no tengo ninguna de utilizar una situación lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero es importante que no haya impunidad, si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene una relación con una institución del estado”.

Al ser cuestionado sobre el caso, López Obrador hizo difundir el comunicado de la FGR en el que anuncia que impugnará la decisión del juzgado para que se investigue la hipótesis del segundo tirador porque existen elementos de su vinculación. El mandatario destacó que no es un asunto menor porque en el supuesto de que sólo fuera Aburto el asesino podría tratarse de una decisión personal, pero con un segundo tirador “ya hay una connotación distinta, pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, que va a rescatarlo es nada más que García Luna, que trabajaba en el Cisen. Esto es lo que dice la Fiscalía. No es cualquier cosa”.

En una larga intervención sobre el caso en el que detalló cada uno de los puntos que destaca el comunicado de la FGR dijo que “como se trata de un crimen que dañó mucho al país que no se debe de tolerar, ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad. Si aplica la no repetición esto es gravísimo. No hay que dejarlo pasar, que la gente tenga la información y que la autoridad resuelva, o sea la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, mucho menos cuando se trata de un caso en el que estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país Se trata de un dirigente es un candidato a la Presidencia.

La Jornada

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Este jueves 18 de agosto, el comisionado presidencial afirmó que el caso fue un crimen de estado.

Además de que Alejandro Encinos leyó las conclusiones preliminares de la investigación, se compartió el documento Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre algunas de las conclusiones se afirmó que hubo coalición entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, como autoridades federales, estatales y municipales.

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de estado”, afirmó.

En ese sentido, Encinas negó la veracidad de la llamada “Verdad histórica”, la cual señaló que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque supuestamente pertenecían a Los Rojos, grupo contrario.

Esta “Verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República,Jesús Murillo Karam. En conferencia de prensa dio a conocer el informe sobre los últimos avances del caso; se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación “exhaustiva, profunda y seria”, con resultados científicos. Por este hecho, renunció a su cargo en febrero del mismo año.

De igual manera planteó que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. Ésta versión se sustentó en la información obtenida “espontáneamente” de una llamada telefónica de una mujer quien proporcionó datos de “El Chereje” y “El Pato”, posteriormente también por interrogatorios realizados mediante tortura.

En el nuevo informe se afirmó que esta versión se generó a conveniencia con la finalidad del cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso, mediante “legitimar socialmente la verdad de los hechos”.

Cuáles son las diferencias entre “la verdad histórica” y la información actual

1. Se señaló que los estudiantes buscaban boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, la entonces presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez. Sin embargo, se indicó que en realidad los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre de 2014.

2. La “Verdad histórica” determinó que los alumnos detenidos por la policía de Iguala fueron llevados a la comandancia de la entidad. Sin embargo, con la información presentada este jueves 18 de agosto, se afirmó que los estudiantes asegurados por la policía municipal de Iguala en Juan N. Álvarez, fueron los que iban a bordo del autobús 1568 y fueron trasladados a su comandancia.

Asimismo, en el aseguramiento de los estudiantes del puente frente al Palacio de Justicia, del autobús 1531, participaron las policías municipales de Iguala y Huitzuco. “En un inicio la intención era solamente darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque ‘A1′, es decir, un jefe de plaza que no se quiere identificar, no buscaba disturbios, además de recuperar el material, el cual aparentemente venía en uno de los autobuses”, se lee en el informe.

3. En la primera versión se dedujo que los alumnos fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por elementos de policías municipales de Iguala y Cocula y entregados en Loma de Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. Mientras que en la información presentada este jueves se aclaró que fueron los alumnos del camión 1568.

La “verdad histórica” indicó que la primera entrega constó de cuatro personas, una de las cuales estaba muerta y fueron transportadas en una camioneta estaquitas. Más tarde se realizó una segunda entrega de 35 a 40 personas las cuales fueron transportados en una camioneta de tres y medias toneladas propiedad de “El Gil”.

Por el contrario, la Segob indicó que los alumnos del camión 1531 fueron asegurados por la policía de Iguala y fueron llevados a Loma de Coyotes, mientras que los asegurados por la policía de Huitzuco fueron llevados a esa entidad.

Una testigo protegida mencionó que se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos. De todos los estudiantes solo tres de ellos fueron de interés para sus superiores, entre los cuales estaban “El Cochiloco” y “El Chilango”.

Hay muchas diferencias entre la «verdad histórica» y la información actualizada (Foto: Twitter/@GlorietaMx)

4. De acuerdo con Murillo Karam, la desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones que “El Gil” transmitió al “Cepillo” a través de “Fercho”, encargado de los sicarios de Guerreros Unidos en Cocula.

Sin embargo, ésto contrasta con la información actual en donde se informó que “A1″ dio la orden de recuperar la mercancía: “Me ch*ngan a todos a discreción”. “A1″ ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben “quien es quien” y se está calentando la plaza demasiado: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.

5. La “verdad histórica” afirmó que los integrantes de Guerreros Unidos los incineraron en le basurero de Colula, por tratarse de supuestos miembros del grupo contrario llamado Los Rojos. Las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartirlos por lo que “El Chuky” les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.

Hasta el momento se desconoce el método de ejecución del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco. En ese sentido, se identificó al sicario Eduardo N, alias “El Chuky” como el que mató y torturó al estudiante Julio Cesar Mondragón “El Chilango”, incluso sin tener instrucciones de sus superiores, se escribió en el informe.

Los operadores de la desaparición de los estudiantes fueron: “El Gil”; “El Negro”; “El Tito”; “El Chino”; “El Pato” Landa y su gente; “El Cholo”; “El Chango”; “La gorda”; “El Duvalín o “Duva”; “El Tony”; “El pollo”; “El Cuca”; “El Feo”; “El Wasako”; “Memo” (primo de “El Chino”); “El Moreno” (cocinero de Guerreros Unidos) y “H1″ mando policial de Huitzuco.

6. Uno de los temas más polémicos fue que los restos hechos cenizas fueron colocados en bolsas negras que arrojaron al río San Juan. Pero el nuevo informe aseguró que el día de los hechos seis estudiantes se encontraban vivos y estaban retenidos en La bodega vieja. El 30 de septiembre “El Coronel” comentó que ellos se encargarían de limpiar todo y que ya se habían encargado de los seis estudiantes que quedaban vivos.

Los 43 estudiantes fueron señalados de pertenecer al grupo de Los Rojos (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Respecto al último punto, la información actual aseguró que los restos fueron movidos a un segundo destino. Respecto a la primera ubicación se conoce que:

-“El Chino” arrojó sus “paquetes” al río Balsas

-“La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo con el apoyo de “El Cuca” y “El Feo”

-A “El Moreno” se le pidió que cocinara a 10 estudiantes, pero por falta de material solo cocinó a cinco, el resto se los mandó a “El Chuky”

– Otros estudiantes fueron desplazados a la casa de Huitzuco; aún se desconoce quién realizó el movimiento

-”El Chino” comentó que hasta en “la mina de los patrones” aventaron gente

En el informe se destacó: “En días posteriores hubo una reunión con Albarca y los ‘asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”. Además se aseguró que secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo para que desterrara los cuerpos y se los llevaron al segundo destino en: 27 Batallón, al rancho del Cura, Lomas de Coyote y La Mina.

Por último, se reiteró que con la “verdad histórica” construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia con el fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos.

Infobae