Mientras Chihuahua encabeza cifras alarmantes de inseguridad y carencias sociales, su gobernadora panista construye un palacete de lujo con candiles de hojas de oro, cuarcita importada y arte de galería exclusiva. La investigación que la tiene acorralada.

La mansión que lo dice todo

Una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —conocida popularmente como «Maru Campos»— es propietaria de una lujosa residencia de 1,800 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, en la capital del estado. El inmueble, bautizado como la Mansión Dorada, cuenta con alberca, chimenea, jardín paisajístico con árboles nativos trasplantados con grúa y un baño de visitas cuyo plafón luce 400 hojas de oro auténtico. El terreno solo tiene un valor catastral de 31.7 millones de pesos, sin contar los acabados de mármol, cuarcita Taj Mahal, vitrales artesanales, muebles de alta gama y obras de arte de galería.

La versión de Maru: su marido se la construyó

Ante la presión mediática, la gobernadora salió a dar la cara en entrevista radiofónica para reconocer que la propiedad es suya, pero trasladar la responsabilidad a su difunto esposo. Señaló que la mansión se la construyó su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, quien falleció en octubre de 2025, y negó que siguiera en construcción. Sin embargo, fotografías tomadas el 11 y 16 de febrero de 2026 muestran uno de los tres lotes aún en obra negra. Los documentos de la sucesión testamentaria y los avalúos obtenidos por SinEmbargo demuestran que Cruz Russek adquirió los lotes entre diciembre de 2023 y enero de 2025, apenas días antes de casarse con la gobernadora, y que al menos uno seguía en construcción meses después de su fallecimiento.

Cuestionada también sobre la transparencia de su patrimonio, la mandataria declaró: «Mi vida es limpia, mi vida es transparente». No obstante, sus propias declaraciones patrimoniales presentan vacíos que no detallan varias de sus operaciones inmobiliarias, y se negó a responder el cuestionario que SinEmbargo le remitió desde el 20 de febrero.

El rastro del duartismo: dinero que huele a nómina secreta

Lo más grave de la investigación no es el lujo en sí, sino de dónde pudo venir el dinero. La red de operaciones inmobiliarias ligadas a Maru Campos involucra a José Luis García Mayagoitia, exsecretario de Hacienda y excontralor durante el gobierno de César Duarte, actualmente en prisión por corrupción. Las firmas Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, vinculadas a García Mayagoitia, aparecen en compraventas, permutas y cesiones de terrenos relacionados tanto con la Mansión Dorada como con otras propiedades de la gobernadora o de su empresa, la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, en la que la mandataria reconoció poseer el 98% de participación.

Cabe recordar que Campos Galván fue señalada en su momento por haber recibido presuntamente más de 9 millones de pesos provenientes de la tristemente célebre nómina secreta de Duarte —mecanismo con el que se distribuyeron al menos 1,100 millones de pesos entre empresarios, legisladores, sacerdotes y periodistas a cambio de favores políticos—. Fue vinculada a proceso penal, aunque dicha causa se diluyó misteriosamente tras su victoria electoral en 2021.

Un patrimonio que explotó al llegar al poder

Los números no mienten. En pagos como funcionaria pública, Campos acumuló 13 millones de pesos en el periodo analizado, a los que se suman otros 13 millones obtenidos por enajenación de bienes entre 2021 y 2024. En ese mismo periodo, su empresa adquirió propiedades por 43 millones de pesos y bodegas por 37 millones adicionales, algunas de las cuales han sido arrendadas a instancias municipales, generando así un círculo de negocios entre el sector público y el privado. La riqueza inmobiliaria de la mandataria se disparó justo al llegar al poder, incrementando su patrimonio reconocido a casi 40 millones de pesos en propiedades.

Seguridad pública para proteger la mansión, no a los ciudadanos

Mientras la ciudadanía chihuahuense clama por más policías en las calles ante una crisis de inseguridad que no cede, la Mansión Dorada es custodiada permanentemente por al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal, además de escoltas privados para la familia de la mandataria. El contraste es brutal y simbólico: los recursos del Estado, al servicio del privilegio.

Sheinbaum exige transparencia; el Congreso local, en la mira

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en pronunciarse sobre el caso. Durante su conferencia matutina del 2 de marzo, señaló que la Fiscalía de Chihuahua y el Congreso local deben revisar el origen de los recursos de la Mansión Dorada, y advirtió que si hubiera recursos federales involucrados, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República tendrían que intervenir. La 4T hace lo que la oposición jamás hizo: exigir cuentas, aunque duela.

Una gobernadora de cristal

El caso de la Mansión Dorada de Maru Campos no es un asunto menor ni anecdótico: es el reflejo de cómo las élites políticas del bloque conservador han operado históricamente en México, utilizando el poder público como trampolín hacia la acumulación privada. Mientras el proyecto de la Cuarta Transformación avanza en transparencia, austeridad republicana y combate a la corrupción, el PAN en Chihuahua gobierna para unos pocos, se rodea de los mismos operadores del pasado corrupto y construye mansiones doradas. La ciudadanía merece saberlo, y merece exigir cuentas.

Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al revocar el amparo que durante años le permitió evadir a la justicia. La resolución reabre formalmente el proceso penal en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallo, aprobado por unanimidad, avala la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y coloca nuevamente al exmandatario panista en riesgo real de detención una vez que se cumplan los trámites de notificación judicial correspondientes.

Fin de la protección judicial

La orden de captura había quedado sin efecto en 2023 tras un amparo concedido por una jueza federal en Tamaulipas. Sin embargo, la Corte concluyó que dicha resolución excedió sus facultades, al valorar aspectos que correspondían exclusivamente al juez penal encargado del caso.

Con esta decisión, el máximo tribunal deja sin protección jurídica al exgobernador y restablece el mandamiento judicial originalmente emitido a solicitud de la FGR.

El caso deberá ahora regresar al ámbito penal, donde se determinará la ejecución de la orden y el eventual proceso judicial.

Acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero

Las investigaciones contra García Cabeza de Vaca se remontan a denuncias presentadas desde 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares durante su mandato (2016-2022).

De acuerdo con el expediente, el exgobernador habría favorecido a empresas vinculadas a su entorno familiar mediante contratos públicos, lo que derivó en sospechas de lavado de dinero y desvío de recursos.

La orden de aprehensión original fue girada por un juez federal tras imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados graves en el sistema penal mexicano.

Una larga batalla legal

El proceso judicial ha estado marcado por recursos legales, amparos y disputas entre instancias federales y locales.

En 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador, pero el Congreso de Tamaulipas —controlado entonces por el PAN— se negó a reconocer la decisión, lo que generó un conflicto constitucional y permitió que permaneciera en el cargo.

Posteriormente, distintos tribunales concedieron suspensiones o amparos que frenaron la ejecución de la orden de captura, mientras la FGR insistía en su validez.

Incluso en fechas recientes, jueces federales habían negado nuevos amparos al exmandatario y a miembros de su familia, manteniendo vigente el proceso penal.

Implicaciones políticas y legales

La resolución de la Corte no implica una detención inmediata, pero sí elimina el principal obstáculo jurídico que impedía ejecutar la orden de aprehensión. Una vez notificada formalmente la sentencia, las autoridades podrán proceder conforme a derecho.

El caso vuelve a colocarse en el centro del debate político nacional, al tratarse de uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con presunta corrupción y vínculos entre poder político y redes financieras ilícitas.

Para el Gobierno federal, el fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad de altos funcionarios. Para sectores de la oposición, en cambio, el exgobernador ha insistido en que se trata de una persecución política.

Un proceso aún abierto

El destino judicial de García Cabeza de Vaca dependerá ahora de su localización, la ejecución del mandamiento y las decisiones de los tribunales penales. Informes legislativos han señalado incluso la posibilidad de que autoridades busquen su extradición si se encuentra fuera del país.

Más allá del desenlace, la decisión de la Suprema Corte marca un punto de inflexión en un caso que ha atravesado administraciones, reformas judiciales y confrontaciones políticas.

La justicia, al menos en el plano jurídico, ha vuelto a tocar a la puerta del exgobernador.

Ciudad de México.— Durante años, una minoría de exfuncionarios y altos mandos del aparato estatal ha gozado de pensiones que desafían cualquier noción de justicia social: pagos mensuales que alcanzan —y en algunos casos superan— el millón de pesos, financiados íntegramente con recursos públicos. Hoy, el Gobierno federal busca poner fin a ese legado de privilegios mediante una reforma que pretende recortar estas jubilaciones extraordinarias y liberar miles de millones de pesos para el gasto social.

Lejos de tratarse de pensiones ordinarias del IMSS o ISSSTE, estos beneficios corresponden a regímenes especiales creados en el pasado para proteger a la élite burocrática y directiva de empresas públicas. Exdirectivos, mandos superiores y funcionarios de confianza integran el núcleo de beneficiarios de un sistema que, según datos oficiales, absorbe cerca de 28 mil millones de pesos al año.

Se calcula que alrededor de 9 mil 457 personas reciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales, mientras que algunos casos aislados rebasan el millón. A ello se suman subsidios fiscales que reducen el impuesto sobre la renta que deberían pagar, lo que implica un costo adicional de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos anuales para el erario.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea establecer un límite claro a estas prestaciones financiadas por el Estado. El tope propuesto equivaldría a la mitad del salario presidencial, lo que situaría las pensiones máximas en torno a los 70 mil pesos mensuales. Con ello se busca eliminar pagos que hoy resultan desproporcionados frente a la realidad económica de la mayoría de los jubilados mexicanos.

El argumento central es de carácter moral y político: no puede sostenerse un modelo de austeridad y redistribución del ingreso mientras subsisten beneficios que recuerdan a una etapa de privilegios institucionalizados. Desde la perspectiva oficial, estas pensiones representan un vestigio del viejo régimen, en el que los altos cargos públicos se blindaban con garantías económicas vitalicias a costa del presupuesto nacional.

El Gobierno ha insistido en que la reforma no afectará a los trabajadores comunes ni a las pensiones derivadas de contratos colectivos laborales. Tampoco se tocarán las Afores ni la pensión universal para adultos mayores. El objetivo, se afirma, es corregir excesos concentrados en un grupo reducido, pero extremadamente costoso.

De aprobarse la medida, el ahorro estimado ronda los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales y proyectos prioritarios. Más allá de la cifra, la reforma busca marcar una ruptura simbólica con el pasado: la idea de que el servicio público no debe convertirse en un mecanismo de enriquecimiento perpetuo financiado por la ciudadanía.

En un país donde millones de personas sobreviven con pensiones mínimas, la existencia de jubilaciones millonarias se ha convertido en un recordatorio incómodo de la desigualdad estructural. La discusión, por tanto, trasciende lo presupuestal y se instala en el terreno de la legitimidad política: quién paga el costo del Estado y quién se beneficia de él.

La propuesta abre así un nuevo capítulo en la disputa por redefinir el alcance de los privilegios dentro de la administración pública. Para el actual Gobierno, limitar estas pensiones no sólo es una decisión financiera, sino un acto de justicia que busca cerrar definitivamente una de las brechas más visibles entre la élite burocrática y la sociedad que sostiene sus ingresos.

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de Seguridad investigan la presunta protección y complicidad de servidores públicos para el grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos que fue desmantelado recientemente, y que operaba en cuatro estados del centro del país. 

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito se va a proceder, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Entonces se van a hacer las investigaciones y ya puede informarlo el gabinete de seguridad desde cuándo venía operando esta red. Los responsables, digamos, los jefes de este grupo criminal desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información cuando se cierre la investigación”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

El grupo delictivo desmantelado, que presuntamente encabezada Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo (detenido), obtenía el combustible de los ductos de Pemex.

Sheinbaum dijo que este y otros grupos se investigan y se combaten desde la administración pasada, de Andrés Manuel López Obrador, en la que se “avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte que es dónde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan”.

Destacó que el golpe a dicho grupo tomó a las autoridades de gobierno más de seis meses.

“El objetivo es erradicar el huachicol… y nosotros estamos… dónde venden ese combustible”, señaló.

Ciudad de México. Como consecuencia de las irregularidades detectadas en el proceso de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, sostuvo que se están investigando 16 empresas farmacéuticas, una de las cuales ya fue inhabilitada y otra a la que se le iniciará un proceso legal por haber falsificado documentación de Cofepris. Además hay 59 empresas que están investigadas por incumplimiento en la entrega.

Durante la conferencia presidencial , Buenrostro explicó que se han encontrado irregularidades en los procesos de licitación de poco más de 600 claves. Preciso que la empresa inhabilitada es Biomics.  En cuanto a la empresa que será demandada dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar las sanciones a las empresas involucradas en alteraciones durante el proceso de compra consolidada.

Indicó que se tienen identificados los nombres de todos aquellos que estuvieron directamente involucrados en las irregularidades que fueron detectadas y que provocó que se detuviera el proceso de la compra consolidada.

Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la secretaría de Salud, Eduardo Clark dijo que a pesar de la reposición del proceso, continúan la llegada de medicamentos y hasta ahora se han recibido 435 millones de piezas, 148 millones de los cuales se registraron en lo que va del mes de abril.

Clark dijo que en paralelo al proceso de revisión de las irregularidades que encabeza Buenrostro,  no hay faltas de suministro ni reducción en termino de lo que entregan los proveedores, mayor entrega de medicamentos la semana pasada.

Agregó que se está en la parte final de la generación de nuevos contratos. En menos de una semana se concretarán para continuar principalmente con aquellos proveedores  que han demostrado ser cumplidos y que técnica y administrativamente han cumplido.

El subsecretario aseveró que han continuado llegando medicamentos para tratamientos oncológicos, destacando que los problemas en este ámbito se concentran en 21 claves donde había problemas de sobre precio en el proceso de licitación pero que ahora se están comprando con una reducción promedio de 30 por ciento, con respecto a los precios que las empresas presentaron originalmente.

Destacó que de manera paralela la reposición se está privilegiando las claves más urgentes. Sin embargo, esta decisión de reponer el procedimiento nos ha dado la razón de que había sospechas de sobre precio pues hubo un proveedor que originalmente lo ofertó en 20 mil pesos y ese mismo lo vendió en 4 mil.

Los jueces emitieron sentencias absolutorias y libertades provisionales a personas señaladas por narcotráfico secuestro y tortura.

En los últimos tres años, el Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México. Entre enero de 2022 y enero de 2025, diversos jueces han emitido sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas procesadas por delitos como narcotráfico, secuestro, tortura y delitos contra la salud.

El pasado viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, justificó la entrega de 29 capos a Estados Unidos bajo el argumento de que existía el riesgo de que algunos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para retrasar sus procesos de extradición.

El jueves, de manera sorpresiva, el gobierno de México extraditó a 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos. Entre los extraditados se encuentran figuras como Rafael Caro Quintero, alias Don Rafa; Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy; Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana; y Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40.

Todos ellos enfrentan cargos graves y podrían ser sentenciados a cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Jueces liberaron a 72 líderes del narco en solo tres años

Dentro de los 72 liberados en los últimos tres años, se encuentran presuntos delincuentes de alta peligrosidad. Entre ellos, Inés Coronel Barrera, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada el 5 de abril de 2022 por decisión del juez Segundo de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, Fredy L. Portillo González.

Coronel Barrera fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Otro caso relevante es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias El Barbas, exlíder regional del cártel de Los Zetas, quien permanecía recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Sin embargo, el 29 de febrero de 2024 fue absuelto por el magistrado Rodolfo Martínez Abarca, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.

Asimismo, Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, obtuvo libertad provisional el 25 de diciembre de 2023. Su liberación fue autorizada por Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Baja California.

José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, también figura entre los beneficiados. A pesar de ser acusado por delitos como extorsión y secuestro, el juez Penal de Primera Instancia en Guanajuato determinó su no vinculación a proceso.

¿Quiénes son los principales capos liberados por jueces?

Entre los 72 liberados se encuentran:

• Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, liberado el 20 de enero de 2024.
• Gabriel Ayala Fonseca, alias El Tres Animales, lugarteniente de Los Arellano Félix, quien obtuvo una condena condicional el 18 de enero de 2023.
• Alan Ervey Castillo Juárez, alias Comandante Cano, exlugarteniente del Cártel de Sinaloa, liberado el 13 de enero de 2024.
• Saúl de los Santos de Jesús, alias El Comandante Fósil, líder huachicolero de Los Bukanas, quien obtuvo sentencia absolutoria en Veracruz.

Otras figuras del crimen organizado que fueron liberadas incluyen a:

• Sabino Guillermo Flores Conchas, alias Memo, lugarteniente de Fuerza Anti-Unión Tepito.
• José Antonio Galarza Coronado, alias El Amarillo, líder regional del Cártel del Golfo.
• Andrés Felipe García Munera, alias El Colocho, líder de La Unión Tepito.
• Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety, líder y fundadora del Cártel de Cancún.

“Latinus es una plataforma de información ajena a grupos políticos”, aseguró este portal en su lanzamiento, en 2020, pero muy pronto quedó desnuda la patraña: Demostramos que el dueño es el clan del priista Roberto Madrazo y su socio es Silvano Aureoles, el fugitivo exgobernador de Michoacán acusado de corrupción que ahora arrastra a todos al abismo.

No hay sorpresas: Hace cinco años, el 29 de marzo de 2021, revelamos en SinEmbargoMX cómo el fraude, la mentira y los montajes han sido siempre el sello de Latinus, el escaparate para los ideólogos y figuras de la oposición, como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Carmín, Denise Dresser, Lorenzo Córdova, Jorge Castañeda y Jesús Silva Herzog, que hicieron candidata presidencial a Xóchitl Gálvez a la que ahora aborrecen.

Qué curioso: En cosa de días, dos proyectos de la derecha que involucran a los mismos personajes quedan exhibidos por corrupción.

Primero fue la cancelación que hizo el Gobierno federal para que los donativos de los multimillonarios a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el grupo de presión fundado por Claudio X. González, ya no sean deducibles de impuestos, como revelamos el martes 25, y ahora el caso del fugitivo Aureoles es también un golpe a Latinus del clan Madrazo.

Claudio X. González y Roberto Madrazo tienen en común formar parte del mismo grupo político de Carlos Salinas de Gortari, el verdadero padre del PRIAN y de la plutocracia que nació en el sexenio 1988-1994, el modelo que defiende el elenco de… Latinus.

Ahora que Aureoles está prófugo es preciso recordar la red de relaciones políticas que revelamos en 2021 y que exhibe, otra vez, la mentira de que Latinus es “ajena a grupos políticos”, porque está directamente vinculado a dos grupos: El de Madrazo, con su hijo Federico Madrazo Rojas y su yerno Alex Nickin Gaxiola, y el de Aureoles con Miguel Alonso Olamendi y Marco Antonio Estrada Castilleja, sus secretarios particular y privado, respectivamente.

La relación no es sólo que el Gobierno de Michoacán con Aureoles como titular haya contratado por más de 500 millones de pesos a las empresas de Nickin y Madrazo, como Samedic, S.A. de C.V, y Hova Health S.A. de C.V., con las que se financió Latinus, sino que las dos empresas que están legalmente detrás de este proyecto mediático tienen como socio e integrante a Antonio Estrada Castilleja, el secretario privado del exgobernador.

En efecto, los contratos del gobierno de Aureoles a las empresas del clan Madrazo se otorgaron cuando Estrada Castilleja era socio de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y comisario de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., las dos empresas vinculadas corporativamente a Latinus.

No sólo eso: Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles, fue el operador político y económico para el lanzamiento de Latinus, acompañando muchas veces a las locaciones al presentador Carlos Loret de Mola y hasta fue su acólito en el Mundial de futbol en Qatar, en 2022, como consta en fotografías y videos.

Alonso Olamendi es hijo de Miguel Alonso Raya, quien fue subcoordinador de los diputados federales del PRD cuando Aureoles era el coordinador en la legislatura de 2012 a 2015 y se aprobaron las reformas del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, y de Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox y quien auxilió jurídicamente a Latinus. El PRIAN, pues.

Si bien la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez contra Aureoles es por presunta corrupción de tres mil 121 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal, no por los contratos a Latinus, esta misma institución ministerial investiga por lavado de dinero y corrupción a las empresas del clan Madrazo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó, en julio de 2024, que desde mayo de 2021 se presentó una denuncia ante la FGR, luego de que se detectaron triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las empresas de Latinus.

Es decir, la denuncia de la UIF se presentó un mes después de que revelamos la identidad de los dueños de Latinus.

Entre 2019 y 2024, expuso, los gobiernos de Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo y Estado de México transfirieron dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos a esas empresas de Latinus, en los que se presumen delitos, entre ellos lavado de dinero y corrupción.

El asunto apesta: No es nada más que Latinus miente cuando afirma que es “ajena a grupos políticos”, que lo es al del salinista Madrazo y del prianista Aureoles, sino que esos grupos están asociados a la corrupción. Sí: Los fraudes, las mentiras, los montajes como el sello de la casa…

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheibaum Pardo presentó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.

En la mañanera del pueblo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Nacional de Transformación Digital, señaló que con esta norma se reducirán a la mitad los trámites, requisitos y tiempos de resolución, y se tendrán por lo menos 80 por ciento de todos los trámites en línea.

A nivel nacional, detalló, hay más de 7 mil trámites; en promedio, cada estado tiene 523 y cada municipio, 144. En tanto, una persona realiza durante su vida aproximadamente 486 trámites, de los cuales 85 por ciento son estatales o municipales.

Peña Merino planteó que los objetivos de la ley son homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención; eliminar trabas a personas y empresas; mantener buenas prácticas regulatorias, como plantea el T-MEC y facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho.

El funcionario realizó su presentación con la denominación de Ley Nacional de Simplificación Digital, pero la presidenta dijo que le cambiarían el nombre a Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.

“Así se va a llamar, ese es el objetivo, que disminuyan los trámites y se elimine cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano”.

Abundó que será una ley nacional porque incluye federación, estados y municipios. Puso como ejemplo que si una persona va a hacer trámites ante SAT, se les pida el mínimo indispensable para que puedan tener su registro federal.

Se creará el Centro Nacional de Tecnología Pública, a fin de promover el desarrollo de capacidades tecnológicas propias en los tres órdenes de gobierno.

Esto impactará en 30-35 por ciento en los costos administrativos de las empresas, lo que nos hará más competitivos por nuestro país.

La Presidenta también anunció que ya está lista la reforma para transparencia y seguridad de datos personales, que se presentará a más tardar el lunes en su conferencia de prensa.

Informó que se investigará la denuncia de que trabajadores del INAI plantearon a la Federación Mexicana de Futbol bajar sus multas a cambio de boletos para el mundial. “Para quienes siguen defendiendo al INAI… No sabemos hasta dónde llegaba la corrupción. No eran nada más los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción a una multa”.

Se investigará nepotismo, dijo. “La honestidad y la honradez para nosotros es la esencia de lo que somos”, subrayó.

Dijo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que investigar y presentar las denuncias penales correspondientes.

Por otro lado, sin detallar, respondió a pregunta expresa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones echó para atrás todo el proceso para otorgar la serie de concesiones que otorgó cuando ya estaba en curso su proceso de desaparición.

Cuestionado sobre la renuncia de Salvador Landeros como director de la Agencia Espacial Mexicana, Peña Merino reconoció su trayectoria y dijo que se trata de uno de los mayores especialistas en telecomunicaciones y específicamente en satélites.

Al igual que la Presidenta, indicó que se creará un solo organismo, en el cual esperan la participación de Landeros, así como fortalecer los vínculos con la academia.

Saltillo, Coahuila. En el inicio de 2025, el proceso de replaqueo vehicular en Coahuila ha generado un notable descontento entre los ciudadanos debido a los elevados costos asociados y la polémica en torno a una tarjeta de descuento vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Altos Costos del Replaqueo

A partir del 2 de enero de 2025, el replaqueo vehicular se ha vuelto obligatorio en Coahuila, con un costo total de $4,337 pesos, que incluye derechos de control vehicular, laminado de placas y aportaciones a la Cruz Roja, entre otros conceptos. Los contribuyentes al corriente en sus pagos pueden acceder a un descuento de $1,405 pesos, reduciendo el monto a $2,932 pesos. Sin embargo, muchos ciudadanos consideran que estos costos son excesivos y representan una carga financiera significativa.

coahuila.posta.com.mx

Algunos residentes de Saltillo han expresado su inconformidad, señalando que, aunque el costo inicial de las placas es de $1,126 pesos, al sumar el refrendo y otras contribuciones, el monto total supera los $4,000 pesos. Esta situación es especialmente gravosa para quienes poseen más de un vehículo. Un ciudadano comentó: «Es una carga para todos nosotros, como la ciudad ha crecido mucho, el tener un auto ya no es un lujo, es una necesidad, las distancias están totalmente alejadas y no están viendo eso».

elcoahuilense.com

Controversia por la Tarjeta «La Mera Mera»

En medio de este panorama, ha surgido la tarjeta «La Mera Mera», que ofrece descuentos significativos en el replaqueo. Por ejemplo, Griselda Silva, residente de Saltillo, reportó que, al utilizar esta tarjeta, pagó solo $2,200 pesos por el replaqueo de su vehículo, en contraste con los casi $5,000 pesos que debía sin el descuento.

info7.mx

Sin embargo, la regidora morenista de Saltillo, Alejandra Salazar, ha denunciado que esta tarjeta beneficia únicamente a los simpatizantes del PRI. Según sus declaraciones, la distribución de este beneficio se realiza a través de «gestoras sociales» o «lideresas» asociadas al PRI, especialmente durante épocas electorales.

info7.mx

Comparativa con Otras Entidades

Es relevante destacar que Coahuila es una de las pocas entidades en el país que mantiene estos costos elevados para el replaqueo. En contraste, otros estados han implementado políticas de reducción de costos o incluso la eliminación de este tipo de trámites, buscando aliviar la carga financiera de sus ciudadanos.

Reacciones Ciudadanas y Políticas

El descontento social ha sido palpable. Muchos ciudadanos cuestionan la transparencia en el uso de los recursos recaudados y la equidad en la aplicación de descuentos. La controversia en torno a la tarjeta «La Mera Mera» ha intensificado las críticas hacia el gobierno estatal y el PRI, señalando una posible utilización de programas sociales con fines partidistas.

Organizaciones civiles y partidos de oposición han exigido una revisión de las políticas de replaqueo y una mayor transparencia en la distribución de beneficios. Asimismo, se ha solicitado una investigación sobre la posible vinculación entre la tarjeta de descuento y la afiliación partidista, argumentando que este tipo de prácticas podrían vulnerar los principios democráticos y de equidad.

El proceso de replaqueo en Coahuila ha puesto de manifiesto tensiones sociales y políticas significativas. Mientras que el gobierno estatal defiende la necesidad de estos cobros para el mantenimiento de servicios públicos, una parte considerable de la ciudadanía demanda una revisión de los costos y una distribución más justa de los beneficios, libre de posibles influencias partidistas. La situación actual plantea la necesidad de un diálogo abierto entre autoridades y ciudadanos para encontrar soluciones que beneficien a toda la población sin distinciones.

Falta de Transparencia en el Gobierno de Manolo Jiménez

El gobierno de Manolo Jiménez ha sido señalado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos obtenidos por el replaqueo. A pesar de la millonaria recaudación, no se han detallado proyectos específicos para mejorar la infraestructura vial o el transporte público.

Además, la vinculación de la tarjeta “La Mera Mera” con estructuras partidistas genera dudas sobre la equidad en la administración de los descuentos. Ciudadanos y opositores han exigido auditorías y mayor rendición de cuentas, pues temen que estos ingresos sean utilizados con fines políticos en lugar de beneficiar a la población.

El freno en la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley del Infonavit –derivado del fuerte cabildeo de empresarios y líderes sindicales, a la par de la guerra sucia mediática que busca generar terror en los derechohabientes con falsedades– esconde, en el fondo, una serie de corruptelas que habrían desfalcado miles de millones de pesos al Instituto. Entre los casos más emblemáticos destacan: un presunto fraude por 5 mil millones de pesos de Telra Realty, propiedad de la familia Zaga Tawil, y que toca a la trasnacional White&Case; la contratación ilegal de un seguro por 550 millones de pesos a favor de Mapfre-Tepeyac; las ventas sucesivas de créditos Infonavit, tipo esquema ponzi, que deja al descubierto una red de complicidades al interior del Instituto; despojo masivo de viviendas; pagos indebidos a consejeros por asistir a asambleas y reuniones de Consejo; sueldos millonarios a directivos, superiores al de la presidenta de México, revelaron la propia Claudia Sheinbaum y el actual director, Octavio Romero Oropeza

En plena campaña de guerra sucia mediática para descarrilar la reforma a la Ley del Infonavit, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo ordenó que se ventilaran los casos más emblemáticos de corrupción en ese Instituto. Por ello, pidió al director general, Octavio Romero Oropeza, revelar una serie de corruptelas que van desde el pago una indemnización indebida por 5 mil millones de pesos a favor de Telra Realty, hasta la contratación ilegal de un seguro, por más de 500 millones de pesos a favor de Mapfre Tepeyac.

Por otro lado Carlos Gutiérrez Ruiz es un exfuncionario foxista, señalado por la fallida política de vivienda en este Gobierno y quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso de la Dirección Empresarial, ésta es encabezada por Carlos Gutiérrez Ruiz, un exdirigente de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) que trabajó para los Gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa como Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) y como director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), respectivamente.

En el periodo en el que Gutiérrez Ruiz fue el responsable de la política de vivienda de los gobiernos panistas fue señalado por favorecer a constructoras como Geo y Homex, las cuales, aunque recibieron jugosos contratos de construcción de vivienda social, se declararon años después en quiebra.

Uno de los casos emblemáticos es el de Casas Geo, que fue la constructora de vivienda favorita de Vicente Fox Quesada. Se trata de una desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y exservidores públicos. Fox presumió en su momento que los mexicanos tendrían en su Gobierno una vivienda donde vivir, lo cierto es que junto a Calderón y Enrique Peña Nieto después heredaron miles de casas abandonadas, y trabajadores que quedaron con deudas y con su patrimonio en vilo.

Uno de los personajes que es señalado por esta política es precisamente el actual director sectorial empresarial de Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República.

El director sectorial empresarial es nombrado por la Asamblea General, a propuesta de los representantes de los patrones entre quienes figuran actualmente miembros de la Concamin y de la Coparmex, dos de los brazos patronales que junto a los sindicatos de la CTM y la CROM se oponen a la reforma al Infonavit.

Los cambios que se buscan hacer al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pasan por desaparecer precisamente las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y Empresarial, que durante 2016-2018 promovieron desarrollos que sólo beneficiaron a un puñado de constructoras que recibieron millones de pesos en recursos sin haber construido nada, denunció esta mañana el director del Instituto Octavio Romero Oropeza.

En el caso de Telra Realty –empresa de la familia Zaga Tawil–, Romero Oropeza acusó que el contrato data de 2014, y fue para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia, en un plazo de 2 años y por un monto de 100 millones de pesos. No obstante, la empresa incumplió el contrato y no entregó la plataforma.

Al participar en la conferencia presidencial del 18 de diciembre, el director general del Infonavit detalló que, en vez de sancionar a la empresa, se le rescindió el contrato. Aunado a ello, en 2016, el Consejo de Administración le autorizó una indemnización por 5 mil millones de pesos.

Tras comprobarse el desfalco al Infonavit, “dos socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’”.

Romero Oropeza añadió que el pago de la indemnización se “justificó” con un documento supuestamente expedido por la trasnacional White & Case. “Son tres hojas, y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice; hay que leer lo que dice, desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma, y la antefirma es ‘W’, un signo de ‘&’: ‘White & Case’. Y la última está firmada por ‘White & Case S.A.’. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera”.

Y explicó que a nombre de los despachos legales y las empresas quien firma es un socio o el representante legal, porque la razón social de las personas morales no es una firma válida. Por ello, llamó públicamente a White & Case para que avale o desmienta el documento.

Romero Oropeza también exhibió que la Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra se trianguló dinero entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso, aclaró la presidenta Sheinbaum, ocurrió antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Romero Oropeza denunció que frente al trabajo de la ASF, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit –que es un organismo tripartita– a interponer un amparo contra el informe de resultados, con el voto en contra de sector gobierno y de la oposición de la Dirección General.

Otro ejemplo de corrupción, dijo, es el programa Línea III del Infonavit, que “consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores, y la empresarial, y así con presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del Consejo y se aprueba”.

Al respecto, denunció que se identificaron 22 proyectos –autorizados entre 2017 y 2018– que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit, por 575 millones de pesos. “Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones”.

Explicó que en cuatro casos, las empresas recibieron más recursos a pesar de no haber construido las casas: “45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero”.

Otro caso de corrupción, dijo, es el de una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Lo que podría asemejarse a un esquema ponzi.

“Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Todo lo anterior –y ojo porque esto es importante– sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda que, hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos”.

Y expuso que el problema se ha detectado en todas las entidades que se han revisado: “en el Estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2 mil 37 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron mil 696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las mil 400 y las 12 mil ventas”.

Acerca del mecanismo que emplea esta red de corrupción, ejemplificó: “en el Estado de México tres notarios, con dos despachos de evaluación, con tres peritos valuadores, con tres controladores y seis trabajadores del Infonavit: vendieron 496 casas 4 mil 130 veces”.

Otro ejemplo de corrupción que puso Romero Oropeza es el de los desalojos. Recordó que, en 2019, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificado, contratados para “recuperar vivienda por la vía judicial”. Práctica que, detalló, se eliminó desde el sexenio del presidente López Obrador.

El director del Infonavit explicó que, entre 2013 y 2015, los despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes. Y denunció que el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo.

Otro caso de corrupción que expuso fue el de la aseguradora Mapfre Tepeyac: “funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito. ¿Por qué decimos que ilegalmente? Porque el Instituto, el Infonavit, ya cubre ese seguro. La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias –se adelantaron al Covid–, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados, y sin necesidad porque ya el Infonavit cubre eso”.

A la lista de irregularidades añadió el caso del padrón de viviendas nuevas: “en 2011, el Consejo de Administración de Infonavit autorizó convertirlo en un fideicomiso que le pertenece al Infonavit. Ese fideicomiso genera recursos porque la información que da el Registro Único cobra por la entrega de esta información; pero ese ingreso no debe ser calificado como una utilidad, toda vez que se debe reintegrar al ahorro de los trabajadores. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUV, donde participa el Sector Empresarial, y de Trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUV”.

Al respecto, añadió: “en noviembre pasado, el director del RUV gestionó el pago como pago de utilidades. A pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo, se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes”.

Y concluyó con el tema de los sueldos: “el ingreso neto anual de la presidenta de la República anual es de 1 millón 992 mil pesos; esto es, mensual, vienen siendo 140 mil pesos, aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director Sectorial de los Trabajadores: anual, 3 millones 255 mil pesos. Mucho más que lo que gana la presidenta: mensual 271 mil pesos contra 140 mil”.

Acerca de la Dirección Sectorial Empresarial, expuso que “el director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140; y sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185 mil pesos mensuales; superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”.v