El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta hecha por un diputado de Morena, de realizar una consulta popular para que el pueblo decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por el voto directo.

Durante su conferencia matutina, López Obrador mostró su respaldo a la propuesta realizada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco. La propuesta del legislador morenista busca que se realice una consulta popular en la que se pregunte a la gente si quieren que los ministros de la SCJN sean electos por el voto popular.

“Sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, también podemos argumentar la importancia de que que los magistrados y jueces sean electos, los elija el pueblo, por voto directo, que no los elija la élite del poder”, indicó

El mandatario federal aclaró que no solo está de acuerdo con la propuesta, sino que se va a revisar la viabilidad de la consulta. Pues, aclaró el Presidente, “hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer no se pueden hacer consultas cuando inician los procesos electorales“.

“Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente, y todos tenemos que participar en limpiar, moralizar, purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficia del pueblo. Entonces sí hay que renovarlo”, agregó.

Incluso, AMLO propuso la posible pregunta de la consulta popular. Y agregó que serían los mismos ministros quienes revisarían la pregunta, pues así lo establece la ley.

“Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo, es muy sencillo. Hasta los mismos ministros de la Corte de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Es muy sencillo: ‘¿quieres que se elijan a los jueces, magistrados y ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial?’ Sí o no, ahí está la pregunta”, declaró.

Consulta de Revocación de Mandato en la que el INE reprochó no tener los recursos suficientes para organizarla.

El tabasqueño recordó que del pueblo de México emana y es dónde reside el poder de las instituciones, pues así lo establece la Constitución. Por ello, pidió que se haga valer esto y que sea la gente quien escoja a los representantes del Poder Judicial y no los potentados.

“La Constitución establece en su artículo 39 que el Poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno, el pueblo es soberano, esa es la esencia de la democracia, el pueblo manda en la democracia, ¿entonces por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos?”, expresó el mandatario.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo habló de historia y rememoró que entre 1867 y 1876 el pueblo era quien decidía al Poder Judicial. Y culminó diciendo que esa época fue en la que más claramente estaban divididos los poderes.

“Que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces sean electos, los elija el pueblo con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo, además ya fue así e la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876, diez años. Fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes” señaló.

Polemón

Ciudad de México. Con la premisa de no reducir los estándares en los seis comicios locales de 2022 o en la credencialización, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un acuerdo con miras a “suspender las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato hasta di-sipar la incertidumbre de recursos para su financiamiento”.

En tanto, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó un punto de acuerdo para exhortar al INE a velar porque sea un ejercicio exitoso y genuino de democracia participativa. El tema contó con el apoyo de 18 diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia y el rechazo de 12 pertenecientes a la oposición, y ahora deberá ser remitido al pleno de San Lázaro para su análisis y eventual aprobación.

En el documento que prepara el órgano electoral y sujeto a aprobación la próxima semana “determina necesario suspender el desarrollo del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo 2018-2024, a partir de las etapas subsecuentes al periodo de recopilación de firmas de apoyo a la solicitud para la revocación de mandato, pues no se cuenta con la suficiencia presupuestal que permita otorgar al instituto las garantías mínimas para organizar y desarrollar dicho proceso”.

Se argumenta que “el INE no tiene condiciones financieras para cumplir con lo que dice la ley, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, apenas se tendrá la capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que va a costar este ejercicio”.

Aunque se pretendía su aprobación este viernes, la falta de consenso entre los 11 consejeros postergó para la próxima semana la discusión del acuerdo en el Consejo General. Con ello se pretende aguardar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice y determine la procedencia o no de la controversia constitucional que se interpuso contra el recorte presupuestal que determinó la Cámara de Diputados de 4 mil 830 millones de pesos.

El borrador señala que “el recorte al presupuesto del INE trasciende en su operatividad, de manera particular, en las actividades relativas al desarrollo de la revocación de mandato, para lo cual se requería que la Cámara de Diputados aprobará la suficiencia presupuestal solicitada por este instituto”,

Tras detallar cada una de las tareas requeridas para la organización, sostuvo que los recursos en el proyecto presupuestal que remitió el INE al Congreso “no es un monto arbitrario, sino la aplicación, como ya se explicó, de todos los procedimientos, reglas y recursos que determina la ley, empezando por el más relevante, que es instalar el mismo número de casillas utilizadas en el proceso electoral anterior”.

Fuente La Jornada