Debido a que el Poder Judicial no ha respetado a los otros poderes ni a la Constitución, la presidenta Claudia Shenbuam Pardo decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, al acto por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

“La Corte no está invitada para mañana. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, señaló la mandataria en la mañanera de este martes ante pregunta sobre si si la ministra Piña estaba convocada al acto que se realizará mañana 5 de febrero en Querétaro.

Cuando se le insistió en cuál era la razón para no invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la jefa del Ejecutivo subrayó:

“Es obvio, somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Hasta ahora, la Corte ¿qué es lo que ha estado haciendo, la mayoría de los ministros de la Corte?

“En esta ocasión tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. En esta ocasión, tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, de que vamos a estar (sólo) dos poderes”.

Por otro lado, la mandataria rechazó las voces en la oposición que han señalado que personas vinculadas a la 4T fueron los seleccionados en los procesos de elección de candidatos a la elección de cargos del Poder Judicial que se desarrollaron el domingo en las tómbolas de los comités de los dos poderes que decidieron continuar con el proceso.

“Son falsos (los señalamientos). Me llama la atención por qué no preguntan por qué cerró las puertas el Poder Judicial. Lo mas preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución, eso es preocupante, que la Corte, que afortunadamente va a cambiar a partir del 1 de septiembre, no siguieron la Constitución”.

Recordó que la mayoría de los ministros del máximo tribunal tomó la decisión de que el Comité del Poder Judicial para seleccionar a quienes irán a la boleta en la elección del 1 de junio próximo

“Tomaron la decisión que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución, alegando un amparo, cuando ellos saben que esos amparos no pueden ser elementos para parar la elección judicial, porque la reforma dice que el amparo no va a atender reformas constitucionales, y además ellos mismos resuelven los amparos. Eso es lo más problemático que ha habido en todo este proceso”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se busca reformar el artículo 127 constitucional para que bajo ninguna argucia legaloide puedan seguir violando la Constitución.

El Presidente agregó que se está viviendo un momento estelar en la historia de México porque se está transformando y garantizando libertades sin censura.
Insistió, además, en que era necesario llevar a cabo las transformaciones para no continuar con la decadencia que dejó como fruto podrido la política neoliberal.

“Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República”

Con esta modificación se busca convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.

Existía una controversia por la redacción del citado artículo por lo que se contemplan nuevos candados para que efectivamente ningún funcionario público pueda ganar más que el Presidente de la República, como el hecho de considerar además del salario del presidente los los recursos públicos asignados a sus gastos de vida, de los cuáles no hay rendición de cuentas.

Con tales modificaciones, el texto nuevo, ya con la reforma quedaría de la siguiente manera:

“No forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquéllos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia”.

SinEmbargo

Por Carlos Lafferte

El resultado del plebiscito constitucional de salida es una derrota de los pueblos, de las masas trabajadoras, empobrecidas, marginadas y excluidas por el neoliberalismo y de toda la izquierda anticapitalista, el que  profundiza la derrota que se le impusiera el 15 de noviembre de 2019.

La perspectiva de un levantamiento popular general después del 18 de octubre tuvo su límite estructural y su fracaso en el soporte que la sostenía: una izquierda social y política fragmentada, afirmada en la “diversidad posmoderna” que inculcó la filosofía neoliberal, y que imposibilitó la construcción de una conducción estratégica de las luchas a nivel nacional.

La no lectura de aquella derrota por los fragmentos político – sociales de la izquierda instaladas en posiciones antineoliberales o anticapitalistas marcó su incapacidad para comprender que las demandas de los pueblos habían sido trasladadas a la lucha constitucional en la coyuntura que se abría. Esta incomprensión llevó a unos sectores de esta izquierda a respuestas insuficientes, a otros a la abstinencia de hacer política y, a algunos de ellos, a la agresión a la Convención Constituyente, en una situación política en la que su ilegitimación era la tarea estratégica de los partidos y medios del orden neoliberal.

La no consideración de la derrota del 15 de noviembre llevó a algunos fragmentos de esta izquierda a intentar mantener la ofensiva popular apoyada en los sectores más de punta del movimiento de masas, principalmente en el centro de la capital, en tanto que los sectores medios, integrados a las fuerzas políticas que se harían del gobierno, asumían la dirección ideológica y política del movimiento general a partir de la gigantesca marcha del 25 de octubre, arrebatando para sí  y representando la idea del cambio.

En la nueva coyuntura constitucional abierta por los acuerdos neoliberales el 15 de noviembre, ignorada por los fragmentos de la izquierda antineoliberal y anticapitalista, llevó a que estas evadieran su rol de retaguardia ideológica y teórica  de los sectores más cercanos a la política del levantamiento en la CC, así como a que rechazaran transformarse en los agitadores y propagandistas en los territorios de las propuestas antineoliberales que surgían de las Comisiones de la CC, desechando así las posibilidades de generar, más allá de la propia convención, una mirada estratégica de la organización, la conciencia y la fuerza social territorial para luchar por una Constitución que rompiera con el neoliberalismo y abriera espacios a sus derechos y demandas en una perspectiva socialista, desde la idea de la lucha por una Asamblea Constituyente Originaria.

La Convención se constituyó así en un espacio aislado socialmente, encerrado en las normas de la ley que la crea, con una mayoría de 2/3 neoliberales y 1/3 crítico al neoliberalismo disgregado y confuso, con negociaciones y acuerdos que la limitan, bajo el ataque estratégico de las fuerzas neoliberales.

En este vacío social y político  dejado por  nuestra izquierda en la coyuntura constitucional, el neoliberalismo fundacional le impuso comunicacionalmente al gobierno neoliberal travestista la derrota de la opción  Apruebo, llevándolo a negociaciones y acuerdos previos al plebiscito de salida, en los que se establecían los nudos irreformables del modelo  neoliberal, negociación que se cerraría en el congreso con un senado que la propia CC había prolongado en sus funciones hasta el 2026.

El debilitamiento de la presencia de la CC y  la casi desaparición de todo discurso de los sectores otrora más cercanos al levantamiento del 18 de octubre dejó espacios al gobierno para asumir en un mismo proceso la convocatoria al Apruebo y la negociación del plebiscito y sus resultados, usando para ello a sus estropeadas figuras de la concertación y de la nueva mayoría, desarmando y confundiendo la respuesta popular el plebiscito.

No ha habido una convocatoria desde la izquierda anticapitalista o extrainstitucional a votar Rechazo. En general se convocó a votar nulo o a abstenerse. Sin embargo, por un lado, la participación electoral en este plebiscito fue la más alta de la historia electoral chilena, llegando al 85,3 %, que además es significativa si se considera que la participación en el plebiscito de entrada fue 50,9 %.  Y, por otro, el voto nulo alcanzó solo el 1,5 %. Se podía pensar que las personas que no votaban en las elecciones anteriores  – y que ahora lo hacían arrastradas bajo penas judiciales – incrementaran, como se hizo, la participación electoral y que, convocadas por un sector de izquierda, lo hicieran votando nulo, elevando esta cifra al menos a los dos dígitos. No fue así. De los casi 5 millones de votantes que se agregaron a la elección de manera obligatoria solo un 1,5 % votó efectivamente nulo. De esto es posible concluir que la incidencia y por tanto la responsabilidad política de la izquierda anticapitalista y extrainstitucional en la derrota del movimiento de las masas trabajadoras y populares en el plebiscito es nula.

La distribución de las preferencias de las nuevas personas votantes en las comunas más pobres indican una muy significativa votación del rechazo, variando definitivamente los resultados registrados en el plebiscito de entrada hacia las posiciones del neoliberalismo fundacional. Ello entrega una dato de gran importancia para la reflexión de la izquierda real, anticapitalista, pues la derrota vivida en este plebiscito evidenciaría que después de más de 40 años de neoliberalismo fundacional y travestista, sus consecuencias ideológicas y hasta subculturales en el mundo de la pobreza están alojadas en el sentido común neoliberal, y siguen reproduciéndose y ampliándose en desde hondas precariedades a partir de estrategias de éxito individual en su mundo social popular y pobre.

Tal situación de constituye como un llamado a esta izquierda a reflexionar críticamente sobre su real inserción en el mundo social popular de la pobreza, de la marginación y la exclusión social. A reconocer su instalación en sectores de punta de los territorios, politizados y de larga historia social y política, lejos de las grandes masas empobrecidas, construidas como guetos subculturales del neoliberalismo atroz.   Es un llamado de atención  a aquellas micro orgánicas que reclaman períodos pre revolucionarios, poder popular y revolución socialista, lejos del factor central de la revolución: su carácter de masas. Un llamado a dejar de ser una izquierda revolucionaria discursiva para insertarse profundamente en ellas, en su vida cotidiana para romper desde ahí su sentido común neoliberal e impulsarlas a la dignidad humana del trabajo, de la solidaridad, de lo colectivo.

Reflexionar e internalizar la certeza de que para reiniciar el camino hacia un nuevo ciclo de luchas en una perspectiva de derechos, democrática y revolucionaria, se requiere de una organización político social que las conduzca, las articule, transformando las necesidades y exigencias populares por una vida y un entorno humanamente digno en fuerza social transformadora. Una reflexión que resuelva los traumas del centralismo democrático del pasado – del que han abusado posmodernistas de todo tipo –  con una ecuación que considere más democracia interna, a partir de dirigentas y dirigentes elegidos y mandatados por las instancias respectivas y removibles a cada momento por estas mismas. Con todo el centralismo necesario para ser eficaces en la conducción y dirección de las luchas.

La salida de la derrota obliga a atender el conjunto de las luchas de los pueblos, articulando espacios y formas de lucha legales, semilegales y no legales que lleven a un incremento de su fuerza y su organización social y política. Convocar a las masas, de acuerdo con sus niveles de conciencia, en torno a las demandas del 18 de octubre y a las resoluciones mayoritarias votadas en las Comisiones de la Convención Constitucional, articulando desde ellas una Plataforma Antineoliberal y Democrática de los Pueblos. Llamando a luchar en contra la renovación de la constitución de Pinochet y Lagos que realizan gobierno y las alianzas neoliberales. Avanzando, con claridad y sin prisa, en las condiciones de inserción, de conciencia y organización de las masas que permitan  llamar a luchar por un Gobierno de los Pueblos que habitan Chile, un gobierno de las masas trabajadoras, marginadas y excluidas y reprimidas  por el neoliberalismo y su estado policial. Un gobierno que realice sus demandas de dignidad y justicia social y las asegure desde una nueva Constitución Política nacida de una  Asamblea Constituyente Originaria. Avanzando hacia la crisis política del neoliberalismo y el despliegue de las masas en revolución.