“El informe del MEH y las iniciativas sociales de memoralización son una clara muestra de una herida abierta que no puede cerrar”.

Con la colaboración de Jessica Alcazar

Hace una semana se presentó una parte del informe final titulado “Fue el Estado” del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, realizado por tres de los Comisionados Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart.  En los próximos días Eugenia Allier presentará el reporte sobre las políticas represivas desplegadas específicamente contra las organizaciones político armadas entre 1965-1990 en México.

El informe identifica un amplio universo de víctimas de la violencia política, que cifra en al menos 8 594 personas víctimas. También identifica al menos 11 mil violaciones a derechos humanos y más de 120 mil personas desplazadas durante el periodo de 1965 a 1990. Para los sobrevivientes y sus familiares, el Informe propone medidas reparatorias específicas y adecuadas, dando cuenta del fracaso de las instituciones de atención a víctimas en el país

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) forma parte de la Comisión de el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, creada por decreto presidencial en octubre de 2021. Tras 3 años de arduo trabajo,  evidenció la falta de transparencia y opacidad en el acceso a la información de los archivos  de las instituciones encargadas de la represión, principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (en aquél entonces Dirección Federal de Seguridad).

Los comisionados se refirieron ampliamente a la falta de apoyo institucional pleno y obstáculos que enfrentaron durante su mandato, ejemplificado en cuestiones como la falta de acceso íntegro a los archivos de todas las autoridades, sobre todo del Ejército, del Estado Mayor Presidencial y de lo que hoy es el Centro Nacional de Información.

Por ello, aparte de los hallazgos brutales de este Mecanismo, es fundamental continuar impulsando el rescate de las memorias históricas y narrativas de las personas protagonistas de esta historia negada en México. También es urgente  una reestructura institucional que garantice los derechos largamente denegados a las víctimas, particularmente en materia de justicia, reparación y no repetición.

El informe del MEH documentó cómo la violencia de Estado, durante ese período, no se concentró únicamente en los sectores estudiantiles o en las organizaciones insurgentes, sino que se expandió en contra de cualquier disidencia sexogenérica, política o de clase. También dio cuenta de la violencia histórica y el racismo que enfrentaron (y enfrentan) los pueblos indígenas, particularmente cuando se organizan para defender sus derechos. Esta perspectiva supone, como se ha sabido ver, una valiosa reinterpretación de la historia política reciente y es por ello un insumo importante para la comprensión de nuestro presente y combatir a la impunidad.

En el anterior contexto, desde los colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas de este funesto periodo de represión estatal, en coordinación con el ITESO y Artículo 19, presentamos en Guadalajara el martes 20 de agosto pasado la muestra museográfica  “Vestir la represión”.

Esta exposición, montada en la Galería Universitaria del ITESO,  se enriquece con los testimonios y vivencias de las familias y sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de las disidencias políticas en el país. Principalmente de las vivencias de los familiares y sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).Recuperamos las historias porque los testimonios son claves para conocer y esclarecer lo que ocurrió en aquella época de autoritarismo y violencia de Estado.  La ciudad de Guadalajara fue epicentro del movimiento político en México, pero también de la represión por parte del Estado Mexicano, principalmente de la Dirección Federal de Seguridad que estableció su carcel clandestina y de tortura en la calle Francia 1687 en la Colonia Moderna, en esta Ciudad.

La experiencia sensorial de la exposición se alimenta del proyecto “Cartas Sonoras. Correspondencias para la Ausencia”,  dirigidas  a sus seres queridos ausentes, quienes fueron víctimas directas de la Violencia de Estado en la década de los sesentas y setentas. Muchos de ellos y ellas, desaparecidos por el Estado mexicano, ejecutados extrajudicialmente, y sometidos a un sin fin de graves violaciones a los derechos humanos. Las cartas fueron escritas a través de una serie de talleres de apoyo psicosocial que dieron herramientas para afrontar lo sucedido tras más de 50 años. La exposición se complementa con objetos personales,  y ropa de la época que nos ayudan a darle contexto a ese periodo oscuro de la historia.

Al día siguiente, el 21 de agosto, hicimos el recorrido “Memoria en las calles” en  los barrios de San Andrés y Analco, en la misma capital tapatía, respecto a los murales en memoria de los compañeros de lucha de la LC23S, impulsado por los colectivos “Memoria y Resistencia Francisco Mercado Espinoza” y el colectivo Rodolfo Reyes Crespo en colaboración de artistas locales (@reor91, @elgallomorales, y Casa Quinqué) y Artículo 19. También elaborados en un proceso participativo con la comunidad.

A lo largo del emotivo recorrido por los barrios emblemáticos de la ciudad, sobrevivientes y familiares nos explicaron sobre el proceso para reconstruir las memorias a través de la gráfica y el arte en estás cuatro sitios que se incorporarán a la Ruta por la Memoria, autogestionada por los propios familiares y sobrevivientes. Los murales son unareivindicación de la resistencia y la construcción de memorias desde abajo, con el fin de enfrentar la política de olvido y negación impuesto por más de 50 años. Los murales interpelan a las nuevas generaciones, dignifican las demandas presentes, pero sobre todo muestra que a pesar del terror del Estado, existieron y continúan las resistencias.

El informe del MEH y las iniciativas sociales de memoralización son una clara muestra de una herida abierta que no puede cerrar. La herida supura por la falta de reconocimiento de los hechos, el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad. Supura porla ausencia de justicia y de reparación integral y digna. Pero también explica la terrible situación de violencia actual, que en buena medida deriva por los “nudos de impunidad” instaurados desde hace más de 50 años, tal como concluyeron los comisionados del MEH.

En este contexto, es imposible voltear a otro lado y negar la realidad. Hacerse cargo de ella es obligación del Estado ¿Será que se perderá otra vez una oportunidad histórica como sucedió con el gobierno de Fox, dados los pactos político-castrenses de impunidad? Las siguientes semanas de cierre de gobierno serán definitorias.

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia entregó el martes pasado a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la primera parte de su informe final sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, entre otras violaciones graves a derechos humanos, cometidos de 1965 a 1990 por agentes del Estado.

El informe de nueve tomos titulado Fue el Estado fue elaborado por los comisionados David Fernández Dávalos, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart. La otra parte de la investigación está a cargo de la historiadora Eugenia Allier, quien próximamente la entregará.

En entrevista, Fernández Dávalos afirmó que la mayor contribución de este trabajo (que duró más de dos años) es que se presenta una nueva narrativa de lo sucedido, en que las víctimas no sólo fueron los organismos socialistas, político-militares o políticos, sino fue todo tipo de disidencia o de oposición.

Destacó que los documentos contienen mil 200 testimonios, la gran mayoría novedosos, de víctimas que no han sido visibilizadas, como sobrevivientes de matanzas no documentadas en la Huasteca y violencias contra integrantes de colectivos de disidencias sexogenéricas.

Estamos presentando víctimas con nombre y apellido que no habían sido registradas en ningún informe previo, que van desde desaparición forzada, tortura (incluida la sexual), ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado hasta comunidades que fueron arrasadas por la violencia, aseguró.

Fernández Dávalos detalló que para la investigación consultaron 97 archivos, y abrimos y descubrimos algunos. Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional obstaculizó las tareas de consulta de documentación histórica.

Estas situaciones, dijo, causaron que no puedan conocerse las cadenas de mando. No obstante, señaló, se presenta un volumen completo, muy amplio, sobre los perpetradores, tanto instituciones como personas.

Otro asunto que faltó por conocer a profundidad, reconoció, fue encontrar la doctrina y las prácticas institucionales que dieron origen a estos actos violatorios de los derechos humanos.

Los tomos también fueron entregados al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso, quien lo revisará junto con Medina, y una vez que reciban la parte de la comisionada Allier se acordará la ruta a seguir para hacerlos llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los colectivos de víctimas y familiares.

Pérez Ricart resaltó que los documentos ofrecen una nueva interpretación del periodo, en el cual la fuerza del Estado no solamente se trató de lo que hacía la Dirección Federal de Seguridad o el Ejército, sino en realidad policías municipales, fiscalías, en ese entonces Ministerios Públicos, y el Estado Mayor Presidencial.

San Luis Acatlán, Guerrero, 2 de febrero de 2023. La Asociación Nacional Revolucionaria (ACNR), el Comité Sanluisteco y la Familia de Genaro Vázquez Rojas, entregaron esta mañana en el homenaje por el 51 aniversario de la muerte del guerrillero la solicitud para que se investiguen las circunstancias de su muerte.

Recibió la solicitud el integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de los crímenes de la llamada guerra sucia, Abel Barrera Hernández, durante el homenaje que se rindió esta mañana en la Plaza Cívica de esta ciudad, de donde fue originario.

Se destacó que es la primera vez que se hace la petición y Barrera Hernandez prometió que “tomarán a pecho” la solicitud y que habló de la necesidad de reivindicar la lucha de Genaro y sus seguidores para que queden registrados en la historia, no como robavacas y maleantes, sino como transformadores.

En la ceremonia se depositó una ofrenda floral y los asistentes montaron una guardia de honor.

Estuvieron el lugarteniente de Vázquez Rojas, José Bracho, sus familiares encabezados por la viuda Consuelo Solís y Genaro Vázquez Solís. El ex gobernador, Rogelio Ortega Martínez, la magistrada y ex alcaldesa de Acapulco, Adela Roman Ocampo, así como el representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vásquez Quintero.

Después, los asistentes marcharon hacia el Panteón Municipal donde depositaron una ofrenda floral en la tumba del guerrillero.

Texto: Zacarías Cervantes / Fotos: Lenin Ocampo

Primera ocasión que una fuerza militar le rinde homenaje a un rebelde…

Oficialmente es el primer año que se homenajea al luchador social y comandante guerrillero de la ACNR.

Familiar directo.

Integrante del buró militar de la Liga Comunista 23 de septiembre, cae herido y es detenido el 24 de diciembre de 1973, finalmente asesinado y torturado por miembros de la DFS y militares. Él como muchos compañeros, fueron torturados, encarcelados y perseguidos por ejercer su derecho a rebelarse en contra de los gobiernos represores y por las injusticias prevalecientes en nuestro país. Este periodo conocido como el de la “guerra sucia”, llevó a la muerte y desaparición forzada de incontables jóvenes y no tan jóvenes, pero también a la persecución de familias enteras, a su desintegración y al mismo tiempo la mayoría de los militantes tuvieron que enfrentar la tortura practicada con tal grado de crueldad que sólo pudo ser producto de un estado y de una clase política envilecidas.

El objetivo de esta lucha tenía como propósito fundamental una transformación social que le dieron una profunda razón de ser a estos movimientos de rebeldía, propósitos que nutrieron de energía a sus militantes y los impulsó en la búsqueda de una sociedad nueva, donde no se diera la explotación del hombre por el hombre. La vida, participación y lucha de Pedro “Camilo” se ha dado a conocer durante eventos en su distintos aniversarios, también sobre quién fue y cómo se integró a la lucha estudiantil y armada en varios escritos, sin embargo, es importante conocer el contexto y las motivaciones por las cuales muchos jóvenes a lo largo y ancho del país asumieron el compromiso de luchar por cambios de trascendencia histórica, y esa parte de la historia la relata Juan Antonio Castañeda en sus reflexiones que retratan el ambiente que nos tocó vivir y que lo tituló: Lugares de la memoria de la llamada “Guerra Sucia”.

LUGARES DE LA MEMORIA DE LA LLAMADA GUERRA SUCIA

Juan Antonio Castañeda Arellano

Somos los vencidos temporales

de un injusto destino.

¡Amanecerá!   March Bloch

Guadalajara, Jalisco. Abril de 2004

El relato presente no constituye una narración ordenada. Ofrezco unas cuantas reflexiones, no una declaración de principios, ni un catecismo. Se trata más bien de fragmentos, flechazos, ideas sueltas casualmente recordados. Forman parte de un todo existente en el pasado con los que no sé qué hacer. Destellos de reflexión, recuerdos truncados, deshilvanados, testimonio del tiempo pasado y pesado y que pesa en la conciencia, huellas de búsqueda, intentos humanos, como señales. Ya sabemos, tan importante como lo que se recuerda es lo que se olvida. A mí se me han olvidado muchas cosas.

En fin, quiero trazar en estas cuatro o cinco páginas el rumbo de un viaje que tiene a la memoria como puerto. He mirado hacia atrás para seguir adelante. Comprender, recordar es una tarea ardua y angustiosa. Pero me hace sentir vivo. Algunos de nosotros ya tienen cerca de cincuenta años, y más de cincuenta otros; más otros hace mucho que no son más que un puñado de huesos… tal vez las palabras son nuestra única juventud.

Vivimos el recuerdo y el recuerdo arrastra olvido, sobre todo en estos tiempos en que los grandes horizontes ya no existen o los hemos dejado atrás, los horizontes conocidos se han perdido de vista, Pero insistimos: Sólo una cosa no hay, el olvido, o no debería de haberlo… vivir eternamente en esa dolorosa memoria. Pero, tener memoria, eso no significa o quiere decir que uno tiene que andar todo el tiempo cargado de culpas, pero sí que uno tiene que estar consciente de su pasado… No podemos vivir obsesionados con el pasado. Tenemos que mirar hacia delante con la memoria y con la saludable incertidumbre. La vida nos va encerrando en un mundo que siempre será pequeño en comparación con nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestros deseos.

Sentir nostalgia es una forma elegante de reconocer que los tiempos han cambiado y no han cambiado al mismo tiempo, y que la realidad nos derrota más allá del discurso optimista que mira casi como compasión (cuando no con desdén) que alguien sienta nostalgia. No se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus esperanzas

Recuerdo como termina magistralmente el libro pequeño, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco: (me voy a permitir tomar algunas palabras, parafraseándolo) Qué antigua, que remota, que terrible esa historia, que imposible esa vida. Pero existió Paty Rodríguez, el hermano del Juanjo, existió Camilo, El Clark, el Ful, El niño, Héctor Eladio, Luis Alonso González, existieron cuanto me lo he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio de Luis fue cierto. Jamás volví a ver a ninguno de ellos ni a nadie de aquella época durante bastantes años. Demolieron sus vidas, demolieron sus proyectos, derrumbaron sus familias. Se acabo aquel tiempo. Terminó aquel país sin haber terminado. No hay memoria del México de aquellos años desesperados y esperanzados. Ilusiones rotas, deseos reprimidos. Y a casi nadie le importa: de ese horror quien puede tener nostalgia. A la mierda la nostalgia.

 Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré, sabremos, si aún viven sus hijos si tuvieron hijos. Si vivieran tendrían aproximadamente unos 25 o 30 años.

Las ideas se hallan transidas de naturaleza, su temblor y misterio proyectan con notable intensidad la representación de compañeros enteros sumidos en el torrente existencial, combatiendo en la contradictoria realidad de la vida. Sólo hay palabras sin retorno, todo es ahora nebuloso, vagando entre premoniciones. Avanzamos hacia donde nada acontece, ni te llaman ni te esperan. Ya no hay nada que soñar, tal vez ya no queda ni la esperanza póstuma del sueño. Y la palabra que era, al fin y al cabo, la memoria de las cosas, “pasa” como todo el mundo pasa: sin dejar rastro alguno. Salvo la cicatriz.

En primer lugar, debemos tener muy claro que el pasado de las víctimas de la guerra sucia forma parte del presente. La realidad no es sólo lo que ha llegado a ser, lo presente. De la realidad forma parte toda una historia oculta, casi siempre dolorosa, que ha quedado en el camino. El filósofo Teodoro Adorno expresó con osadía esta valoración del pasado diciendo que “el sufrimiento es la condición de toda verdad”. Es decir, si queremos conocer la realidad de nuestro país y de nosotros mismos tenemos que escuchar esa historia oculta llena de pequeña y grande gente desaparecida, asesinada, ignorada o abandonada a su suerte, pero sobre cuyo sacrificio está construido el bienestar. En esos lugares de la memoria nos esperan muchas facturas pendientes. Recordar el pasado doloroso es reconocer la vigencia de la injusticia causada a los desaparecidos, torturados y asesinados, de ahí que la actitud de quien recuerda es la de quien escucha con atención al otro.

Les confieso que yo nunca milité en el Partido Comunista, no compartía sus optimismos, la dictadura del proletariado, su visión mesiánica y la felicidad por decreto o algo así. Para muchos de esos tiempos era una izquierda decolorada, reformista y verbalista. Posiblemente no haya cambiado en nada o casi nada. Inicié por aquellos tiempos leyendo por curiosidad la revista Política y el semanario Siempre, me empezaron a gustar, a llamar la atención lo que decían algunos escritores, recuerdo a Rico Galán que lo calificaban como trotskista. Hablaba de la lucha heroica del Arturo Gámez y la muerte de casi todos los participantes en la fracasada toma del cuartel Madera el 23 de septiembre del 65 en Chihuahua, las luchas de los maestros, los médicos en la década del 60; movimientos reivindicatorios por los derechos del gremio políticos y sociales que se habían dado. Me dolía, me daba rabia lo ocurrido. Estuve al tanto con   lo que ocurría en relación al movimiento estudiantil popular del 68, entre otras luchas de esos tiempos… Así fue mi primera incursión en la lectura de esos acontecimientos, todos ellos reprimidos por los diferentes regímenes que asesinaron esos levantamientos. Un pequeño círculo de amigos comentábamos sobre ello, hacíamos nuestros análisis sobre las condiciones objetivas y subjetivas y encontrábamos que estaban dadas en nuestro país. Las conclusiones eran obvias, no había salida, la lucha armada era la alternativa única que teníamos.

Yo había leído el libro Con las armas en la mano del sacerdote colombiano que había dejado la sotana y se incorporaba al Ejército de Liberación Nacional: Camilo Torres Restrepo. Los Tupamaros, Actas tupamaras del MLN del Uruguay, un documento de Marigella el brasileño; todas esas lecturas eran las herramientas con las que contaba. Las pasábamos de mano en mano en el pequeño círculo de lectores preocupados e inquietos por lo que ocurría. Con ese escaso bagaje teórico e informativo entramos en el movimiento estudiantil que posteriormente se constituyó como el F E R, un frente amplio, plural lleno de jóvenes fundamentalmente, entusiasmados honestos, alegres y esperanzados, sin teoría, sin una formación sólida, sólo con coraje. Sólo queríamos luchar por la democracia y la justicia a secas.

Al calor de la lucha estudiantil se constituyeron brigadas contra la mafia fegista apoyada por el gobierno, y del 70 al 72 nos hicimos muchos, éramos casi invencibles, así nos sentíamos, pintábamos las consignas del Frente Estudiantil Revolucionario por todos los rumbos, amanecía la ciudad con sus colonias llenas de pintas en bardas y en el trasporte urbano. Algunos ya estaban armados y se preparaban para la lucha que enfrentábamos con el grupo que controlaba la U de G. Otros, en vías de hacerlo… Dispuestos a todo. Éramos de ese tiempo y (un poco al azar) en pláticas dispersas nos fuimos relacionando así se creó el FRAP que dirigían los hermanos Campaña López, con ellos realizamos algunas tareas conjuntas con la Unión del pueblo a través de Héctor Eladio Hernández Castillo y ya de repente pertenecimos a una organización nacional: la Liga Comunista 23 de septiembre.

Teníamos en cuenta que no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal. Para nosotros estaba claro que mientras manden los de siempre y como siempre, cualquier oferta es engaño y toda promesa presagia traición… Queríamos construir una nación para el presente, no para otra época y otro tiempo. Sabíamos que la palabra en cualquier idioma más llena de esperanza es revolución y la más peligrosa también es Revolución. Hoy sabemos que de todas las mentiras que nos contó el comunismo había una que era verdad: el capitalismo es peor.

En ese contexto, nunca uno sabe del todo de dónde llegan los madrazos que nos va poniendo la vida, nomás los íbamos sorteando como bien podíamos… arañando la gloria todo el tiempo, cargados y cagados muchas veces de miedo. Mi militancia en La liga fue corta, no realicé actos que podrían ser importantes, no estuve preso en el campo militar, ni salí en la página de ningún periódico, participé hasta mediados de 1975.

 Un buen día fui citado a las cinco de la tarde en el panteón nuevo. Ahí se me comunicó que la dirección política había decidido que yo era uno de tres compañeros de Guadalajara indicados y preparados para ir Guerrero a incorporarme con Lucio en el Partido de los Pobres. Les pedí unos días para pensarlo. Intuía que yo no tenía nada que hacer ahí, que mi espacio natural estaba en esta zona donde conocía y me movía con relativa facilidad y me parecía que las tareas, los contactos y las relaciones estaban creciendo y yo cumplía un papel más o menos importante. Así que, desobedecí ir a la sierra de Guerrero, se me marginó de las tareas y reuniones, de las citas y tareas, quedé sin amigos, sin compañeros y con una sensación de intranquilidad y de culpa por no haber aceptado.

Es muy probable que el haberme negado a ir, me mantenga vivo o sobreviviendo. Ya sin contactos y desligado de la Liga, entrando el año 1976, a finales de enero un comando rescato a varios compañeros que se encontraban presos en el penal de oblatos, entre ellos recuerdo a el tenebras, al Villela y no se quien más. Dos días después, siendo un poco pasadas las 8:00 horas de la mañana, llego la brigada blanca a Gómez Farias y la 56, que es donde vivía. Me golpearon, me. secuestraron por unos días en una llamada casa de seguridad, me torturaron, amenazaron sólo unos días negros y oscuros, degradantes y humillantes, sin ver, sólo oír y sentir. Por unos minutos me quitaron la venda de los ojos, pero amarrado de las manos, tuve el horror de verle la cara, conocer al asesino Miguel Nazar Haro en persona e interrogándome y amenazándome me preguntó principalmente por el Ful, que era mi primo.  Desde entonces, guarde silencio, no quería saber nada, olvidar todo, con pesadillas y sobresaltos permanentes durante varios años, y hasta hace apenas aproximadamente un año que empiezo a contar mi corta estancia en la lucha armada.

 En lo que respecta a mí, yo coincido con el FZLN. Me parece que es un frente amplio en el que todos caben, un movimiento social que no busca el poder. En el cual coincidiríamos en mucho. ¿Quién sabe?

También hay que señalar que algunos compañeros, lo que dicen, lo que escuchamos de ellos, son ideas sin evolución, creo que tienen mucha razón porque están equivocados, es decir, tienen la razón de hace más de treinta años, por ello están equivocados. Está claro que venimos del mismo campo y nos unen parecidas decepciones y esperanzas. Pero eso no significa que tengamos las mismas perspectivas. Las diferencias a veces son profundas y, en algunos casos, irreconciliables. Me agradan las coincidencias y me resigno a las divergencias. Unas y otras son inevitables.

Ahora bien, si se trata de propuestas, yo percibo ante una situación así, tres posibles ““opciones” que coinciden con un pensamiento casi fúnebre:

Una: vivir en el furor, la soledad y la amargura

Dos: acostumbrarse, es decir, resignarse, conformarse a la situación actual.

Tres: tirar madrazos a lo cabrón por todos lados.

Las tres, son alternativas de muerte, ninguna sirve… ¿Qué hacer?

La lucha continuo, en ese tiempo se inicia la  lucha legal para la defensa  de los compañeros presos  en el penal de oblatos que estaban recluidos en celdas de castigo en condiciones infra humanas, por tal motivo, se constituye el comité de defensa legal de los presos  políticos que lo conforman Don  Luciano Rentería y el Lic. José  Enrique Velázquez Martin con el apoyo decidido de las madres de los recluidos; es importante señalar que esta iniciativa tubo sus logros, se mejoraron las condiciones de los compañeros presos, así mismo, destacar que fue el primer comité  de defensa de presos y perseguidos políticos.

Hoy continuamos exigiendo, ya no con las armas sino con la constitución en la mano, la puesta en práctica de varios postulados básicos, cuyo respeto es imprescindible para la transición a una democracia plena, Sin embargo, también consideramos que se han abierto los cauces para luchar por vías pacíficas para que estos postulados se cumplan y seguir impulsando las trasformaciones de las estructuraras económicas, políticas y sociales prevalecientes.

EN LA ACTUALIDAD….

Iniciativas para el esclarecimiento histórico

Hoy a mas de 50 años se presenta una esperanza de que se haga justicia y se reconozca que nuestra rebeldía tenia y tiene hoy el derecho a reclamar su contribución a los cambios que están en curso en nuestro país. Por tal motivo recibimos con interés y beneplácito el decreto expedido por el ejecutivo federal que en su plan presidencial plantea la búsqueda de la verdad, la memoria y el impuso a la justicia que se expresa en los antecedentes y en exposición de motivos que trascribimos en este 49 aniversario de la muerte de Pedro Orozco Guzmán y honrar la memoria de todos y todas las víctimas de la “guerra sucia “y especialmente a los compañeros que se nos adelantaron sin que se les hiciera justicia.

Antecedentes “Nuestra historia reciente está marcada por las luchas por la democracia y la justicia social. Pero también, por las violencias de Estado contra las exigencias y experiencias democráticas en distintas partes del país: el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, quedaron en nuestra memoria para dar testimonio de esas violencias, y junto a ellas la represión al movimiento cívico en Guerrero, a los ayuntamientos populares y organizaciones campesinas en Oaxaca, la represión a las luchas por la tierra en Morelos y Chihuahua, a los movimientos estudiantiles en Michoacán, Nuevo León o Sinaloa, entre decenas más de experiencias de luchas por la transformación democrática.

Ante la insurgencia social que se manifestó con especial fuerza durante las décadas de 1960 y 1980, el Estado desplegó una violencia contrainsurgente: estigmatización social de la protesta, detenciones arbitrarias, prisión política, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y masacres, fueron para muchos movimientos la respuesta del Estado a sus demandas. Como en otras partes de Latinoamérica, esa violencia allanó el camino al modelo neoliberal económico y de gobierno. Se pondrá especial énfasis en la desaparición forzada al ser una de las graves violaciones a derechos humanos que ha lacerado la historia de varios países sin que se hayan podido esclarecer el paradero y los hechos. Administraciones pasadas no quisieron ver de frente esta parte de nuestra historia reciente, ni asumieron públicamente la deuda social que la violencia dejó. Durante muchos años, las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre las décadas de 1960 y 1980 en el marco de la política de contrainsurgencia, fueron sistemáticamente negadas. A las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas no sólo les fue negado el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra, también les fue negado el reconocimiento de sus memorias y de sus historias, sometidas al olvido y la estigmatización institucional.

Frente a ello, las agrupaciones de familiares de víctimas continuaron su reclamo de justicia y reconocimiento, por sus familiares desaparecidos y por la libertad de los procesos políticos, cuestionando las acciones gubernamentales que lejos de garantizar la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas, pretendieron comprar silencios o abiertamente reprimirlos.

Administraciones pasadas diseñaron iniciativas que, sin garantizar el acceso a la verdad ni construir memoria pública, quisieron apresurar el cierre del pasado reciente, sin integrarlo a nuestra historia, sólo clausurarlo como si nunca hubiera existido.

Con el pasado reciente a cuestas, sumado al agravamiento de las desigualdades sociales por el modelo neoliberal, una nueva estrategia estatal desató mayor violencia a lo largo y ancho de nuestro país. La magnitud de la catástrofe creada por esa estrategia de la llamada “guerra contra el narcotráfico” obligó a crear instituciones que atendieran a sus víctimas, sin atender el pasado reciente y sin poner un alto a la catástrofe del presente.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha asumido, como la herencia más dolorosa, las consecuencias de violencia acumuladas y se ha abocado a mejorar y fortalecer los mecanismos institucionales de atención a las víctimas de la violencia de la última década. Pero no ha dejado la deuda histórica a un lado.

Asumiendo nuestra historia reciente, la actual administración reconoce el largo camino de las familiares y sobrevivientes, y la necesidad de construir una política de reparación que tenga en su corazón las reivindicaciones de memoria, justicia y verdad, como un paso imprescindible en el proceso de construcción democrática.

Las acciones que ha emprendido el gobierno no buscan comprar silencios ni construir olvidos, como sucedió en las administraciones anteriores. La política de memoria y verdad, con acciones de reparación y el impulso a la justicia, se construye con base en investigación social e histórica, con criterios integrales, su diseño e implementación se coordina con las organizaciones históricas de víctimas de la represión, y se acompaña de un equipo independiente de investigadoras e investigadores reconocidos nacional e internacionalmente.

Asumida como una tarea del Estado mexicano, y de la administración pública federal en particular, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, a través de su Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, ha llevado a cabo diversas reuniones con colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia.

En seguimiento a esas reuniones, el 10 de junio de 2021 se realizó un encuentro privado entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y representantes de los colectivos, en donde fueron asumidos diversos compromisos en materia de verdad, memoria y justicia.

En cumplimiento a los compromisos alcanzados en dicho encuentro, se presentan a continuación las iniciativas para el esclarecimiento histórico, la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada, la reparación integral del daño, el impulso a la justicia y la no repetición de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre los años de 1965 y 1990.

Si bien han existido esfuerzos importantes por esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo histórico de violencia política de Estado entras las décadas de 1960 y 1980, marcadas por la contrainsurgencia y las graves violaciones a derechos humanos, han sido insuficientes para establecer un relato oficial de los hechos. Desde el programa de presuntos desaparecidos de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los esfuerzos sólo se enfocaron en la documentación de las personas desaparecidas y posteriormente en la búsqueda. El esfuerzo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que es a la fecha el esfuerzo más ambicioso en busca de la verdad, propio de la política de ese momento, quedó como un esfuerzo trunco, sin reconocimiento del Estado, y sin avances reales en los procesos de judicialización.

Estas experiencias insuficientes o truncadas no sólo evidencian la clara omisión del Estado Mexicano, sino que ha marcado la imposibilidad de todo el país de hacerse cargo de su historia reciente, que el pueblo mexicano conozca los hechos, para la reparación de las familias. Las condiciones de la violencia del Estado y sus consecuencias nunca fueron cuestionadas y fueron cubiertas por la impunidad y negación de los distintos gobiernos federales del periodo neoliberal”.

En un nuevo respaldo a la investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en el trabajo del presidente de esa instancia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; asimismo, consideró que “hubo una especie de rebelión” al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que se trata de enfrentar la impunidad.

“Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información, y se tienen todos los elementos para sostener la investigación”, apuntó en la mañanera de este martes al ser interrogado sobre las declaraciones de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que confirmaron que una parte de la investigación, el paquete de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp sobre los hechos, es “inconsistente” y “no fiable”, aunque por otro lado confirmaron que el resto de las pruebas contra los acusados “son firmes”.

Al respecto, el mandatario federal sostuvo que pese a la poca fiabilidad de esas capturas de pantalla, las autoridades correspondientes seguirán haciendo averiguaciones a fin de consolidar y fortalecer la investigación. “Se va a hacer justicia”, se comprometió para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Pensaban que no íbamos a actuar y que se iba a ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al (ex) procurador (Jesús) Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención. Cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo, pero tenemos un informe de la comisión (Covaj) y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando”.

El presidente cuestionó a las voces que dan más relevancia a las fallas en los trabajos que a los avances, incluidos medios de comunicación y articulistas. “En vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa, lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha y son capaces de eso y de más”.

—¿Pudo haber precipitaciones en el trabajo de la Covaj, el GIEI afirma es que los mensajes (en los pantallazos) contienen elementos que no existían en aplicación al momento que fueron generados, que se hablaría de una fabricación, que se allegó de elementos que no tienen confiabilidad? -se le preguntó.

—No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso (más que los pantallazos). Es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así -respondió el jefe del Ejecutivo.

Destacó el trabajo del GIEI, pues ha ayudado mucho, sobre todo porque fueron esos expertos los que demostraron que en el régimen pasado, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio –prófugo de la justicia que se encuentra en Israel en un intento por evitar una posible extradición—, que se había fabricado, con base en torturas y otros elementos, la llamada verdad histórica, que concluía que a los 43 normalistas desaparecidos los incineraron en el basurero de Cocula, Guerrero.

“Gracias a ellos (Al GIEI) se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura, y por consigna de algunas autoridades, fue muy buena aportación, y sigue siendo muy buenas sus aportaciones, tan es así que por eso se quedan dos y se van dos, y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos”.

López Obrador comentó que los miembros del GIEI ayer informaron que el grupo se dividirá. “Dos se retiraron (Claudia Paz y Francisco Cox) y dos se quedan (Ángela Buitrago y Carlos Beristain), porque así es esto, es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento, porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica.Además constantemente hacemos un llamado a quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayude, porque no hay impunidad para nadie”.

Llamó a anteponer el interés de las madres y los padres de los jóvenes. “Hay que ver lo que ellos piensan, siempre les vamos a tener muchas consideraciones, los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”.

La Jornada

Laura Castellanos es reportera independiente mexicana y autora del libro ‘México Armado 1943-19810’.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó en octubre pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Su objetivo es eliminar la impunidad en dicho periodo de contrainsurgencia, la cual generó una espiral de casos de desaparición forzada que ha convertido al país en una república de fosas comunes.

El organismo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024 e integra un programa ambicioso, con cinco mecanismos que pretenden reconstruir la verdad histórica, indagar el paradero de las personas desaparecidas, buscar la reparación integral y la compensación del daño a las víctimas, y abrir la puerta al juicio de los perpetradores de violaciones de lesa humanidad. El problema es que no hay garantías de que tras los trabajos de la Comisión de la Verdad se enjuicie a los responsables en el Ejército.

México fue el país que tuvo más guerrillas en América Latina en la década de 1970 y el precursor de los “vuelos de la muerte” en la región, en los que personas opositoras al régimen fueron arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares. El Ejército fue el brazo ejecutor de la política de exterminio del Estado contra las guerrillas y los movimientos sociales radicales, con asesoría del gobierno estadounidense, y cometió masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y prolongadas, como documenté en mi libro México Armado 1943-1981.

En junio pasado se anunció el arranque de los trabajos de investigación en archivos y en las instalaciones militares donde presuntamente se hayan cometido violaciones. El evento se realizó en el Campo Militar Número 1, el centro de reclusión clandestina y tortura más grande de la época. Ahí el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, invocó a la ley orgánica castrense para descargar responsabilidades: “Las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil (…) El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea corresponden al presidente de la República”.

También anunció que, con aval presidencial, se inscribirán los nombres de militares fallecidos “con motivo de los hechos del pasado” en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. En tanto López Obrador, en consonancia, hizo responsables de la represión a los presidentes de la época.

La Asamblea de Colectivos Acompañantes de esta comisión, integrada por una veintena de organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas, en un comunicado le demandó al presidente retirar su aval de inscribir los nombres de dichos militares en cualquier sitio público y cualquier otro acto reivindicador, y “el inmediato análisis de las cadenas de mando de aquel periodo y la ubicación en estas de personas vivas, retiradas y en activo”.

La molestia de los colectivos tiene sentido. No solo se trata de la violencia que militares ejercieron con impunidad, en ocasiones en mancuerna con policías de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sino que esta posibilitó que los mandos se coludieran con narcotraficantes y expandieran sus mercados.

El investigador Alexander Aviña, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, consultó documentos de espionaje desclasificados que revelan que las mismas aeronaves Arava 201 usadas en los “vuelos de la muerte” por el general Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro, trasladaron droga a ese país. El periodista Juan Veledíaz documentó cómo el jefe de la DFS, Miguel Nazar Haro, utilizó su estructura policiaca para aplastar a las guerrillas en Sinaloa mientras vendía protección a capos locales.

Dichos personajes alimentaron un Estado cómplice de redes criminales, responsable de entre 400 y 870 desapariciones forzadas en ese momento, según las organizaciones de familiares de víctimas. Al no ser juzgados dejaron un mensaje perenne: en México no se penalizan las desapariciones. Hay al menos 101,600 personas desaparecidas de marzo de 1964 a la fecha.

Acosta Chaparro fue exonerado por la desaparición de 143 personas víctimas de los “vuelos de la muerte”, pero purgaba una condena por tráfico de drogas. Fue excarcelado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La periodista Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, asegura que Calderón lo hizo su emisario para negociar con los capos al tiempo que implementó una estrategia de seguridad militarizada. Esta detonó las muertes provocadas por el supuesto combate a la violencia organizada, que hoy ascienden a más de 250,000.

El Estado está obligado a asegurar los fines de la Comisión de la Verdad porque se lo debe a la sociedad. La creación del organismo es resultado de la tozudez de la generación marcada por las matanzas del Ejército de 1968 y 1971, y que tomó las armas para enfrentar un régimen que aplastó cualquier intento de cambio político. También de las familias de las víctimas, quienes han seguido exigiendo justicia.

Sin embargo, esta comisión ha lidiado con la carencia de presupuesto, oficinas y recursos humanos en su primer semestre de operación, de acuerdo con entrevistas a integrantes de la Asamblea de Colectivos. El defensor de derechos humanos Abel Barrera, una de las cinco personas expertas con cargo honorífico en la misma, me dijo en entrevista que este segundo semestre recibirán un presupuesto de 10 millones de pesos (500,000 dólares), que les permitirá tener entre 40 y 47 personas investigadoras.

Hay militares en retiro que han externado su rechazo a la Comisión de la Verdad, pero Barrera dice que en su primer acercamiento observó disponibilidad del personal: “Son generaciones nuevas que estuvieron en otro momento de formación”.

Más allá del tema militar, la Comisión de la Verdad enfrenta otros desafíos. Uno es la ausencia de la Fiscalía General de la República: no hay una explicación oficial de las razones por las cuáles no ha hecho presencia en el proceso de conformación del organismo. Nadie ha garantizado su participación o la de las fiscalías estatales, ni hay fecha de creación de una fiscalía especializada. Además, el Mecanismo de Justicia deberá sumergirse en un mar de denuncias penales empantanadas, entre las cuales estarán las de los militares.

Como México juzga tarde este capítulo trágico, muchos victimarios ya murieron, como el expresidente Luis Echeverría, quien falleció hace unas semanas y se le acusa de ser el principal responsable de la violencia contrainsurgente en esos años. Por ello Armando Rentería, exguerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quien que fue víctima de tortura, me dijo que desconfía de “la justicia burguesa”, y que solo la verdad histórica —en la que se hagan públicos los nombres de quienes cometieron crímenes— provocará una sanción social, como sucedió con Echeverría.

Con o sin justicia judicial, las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la apertura de los archivos militares llevarán al Ejército a un terreno en el que tendrá que asumir su responsabilidad histórica en el periodo de contrainsurgencia. Coincido con Rentería: los hechos y sus perpetradores deberán hacerse públicos. Esta será una vía de justicia social para las víctimas y de la no repetición del horror vivido en esa época.

The Washington Post

Es factible, antes de que concluya el actual sexenio, saber qué pasó con los desaparecidos de la Guerra Sucia, así como determinar las responsabilidades de quienes ordenaron el terrorismo de Estado: cárceles clandestinas, “vuelos de la muerte”, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Es la convicción del antropólogo Abel Barrera, integrante de la Comisión de la Verdad. La semana pasada, dicha Comisión empezó a revisar documentos y planos de las instalaciones militares

“Es un gran desafío”, dice el antropólogo Abel Barrera Hernández sobre la misión encomendada a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es uno de los cinco comisionados.

Señala que este organismo honorífico –creado por decreto presidencial y al que se le conoce por su nombre corto de “Comisión de la Verdad”– recogerá los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero también los de militares que participaron en esos hechos o que fueron testigos. Destaca que se accederá a las instalaciones castrenses, en específico a los lugares donde se tenga indicios de las cárceles clandestinas y lugares de retención ilegal de personas.

Reconoce que, hasta el momento, ha encontrado disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para colaborar con la Comisión de la Verdad, a partir de la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El titular del Poder Ejecutivo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó la apertura de los archivos e instalaciones militares a los integrantes de la Comisión. Dispuso, inclusive, que militares en situación de retiro sean llamados dar su testimonio.

Abel Barrera señala que no se empieza de cero: ya hay un trabajo previo, realizado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad). Advierte que existe una coyuntura política para avanzar en el esclarecimiento de esos hechos e iniciar un proceso de justicia para las víctimas y sus familias.

Tal coyuntura está determinada por la lucha de decenas de colectivos de sobrevivientes del terrorismo de Estado y de familiares. Son ellos los que han empujado y acompañado la instalación de esta Comisión y son quienes le dan legitimidad y seriedad, explica Abel Barrera.

El decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad fue firmado por el presidente de la República el 7 de octubre pasado. Ese mismo día se publicó en Diario Oficial de la Federación. El objetivo manifiesto del organismo es realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria.

Cinco son los ejes de trabajo, citados en el decreto, de la Comisión. El primero, un Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el que se integran personas expertas independientes para realizar las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.

El segundo, un Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres personas expertas independientes, entre ellas, Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El tercer eje lo constituye un Plan Especial de Búsqueda, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Mientras, el cuarto eje se trata de un Plan Especial de Reparación y Compensación, donde de manera integral –se asegura– se atenderá la reparación por el daño a las víctimas.

Finalmente, el quinto eje está constituido por las Acciones para la Memoria y Garantía de No Repetición, a fin de dignificar la memoria de las víctimas.

La Comisión quedó integrada por cinco personas expertas: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.

El antropólogo Abel Barrera Hernández es director fundador de Tlachi, como popularmente se conoce al no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Desde que se fundó, hace 28 años, este centro ha acompañado los dolores y las luchas de las poblaciones me’phaa, na’savi, nahua, afromexicana, ñomndaa y mestiza esparcidas entre los pliegues de las regiones Montaña y Costa Chica, las más pobres de Guerrero y del país. Muy pronto Tlachinollan vio ampliar sus trabajos hacia las otras cinco regiones de Guerrero: Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente.

Como antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Abel Barrera estudiaba los sistemas de petición de lluvias entre las comunidades indígenas de la Montaña. Hace más de 30 años, los recorridos por las comunidades y la vida cotidiana de Tlapa de Comonfort, –“el corazón de la Montaña”– con la violencia estructural que se ceba con los más vulnerables terminaron por abrirle un derrotero: el de defensor de derechos humanos.

En entrevista con Contralínea, asegura que todo ese andar confluyó en postularse integrar la Comisión de la Verdad. Siempre crítico del poder, encontró una oportunidad de seguir sirviendo a los más vulnerables.

“Este trabajo de defensa y promoción de derechos humanos nos imbuye de ese espíritu que tienen las personas, las familias, pueblos, comunidades, para defender sus derechos.”

Explica que, como antropólogo, en los tiempos en que concluyó su formación en la ENAH, “no tenía claridad de lo que significa estar en una trinchera que la gente no escogió, sino que tiene que estar ahí, resistiendo, organizando, peleando por su vida, su seguridad, su salud, por su educación. Eso lo empecé a ver en la medida en que me adentraba en las comunidades, en el mundo de las familias que han sufrido represión”.

Se trató de una “iniciación” de varios años que irremediablemente le llevó a conocer los graves casos de pueblos arrasados y desapariciones forzadas que son hoy heridas abiertas desde 1960, 1970 y 1980. “Aunque no fuimos parte de este proceso [las luchas de esas décadas], nos consideramos una especie de miembros de ese movimiento de los derechos humanos: alumnos de las familias, de los padres, madres, hijas, hermanas, de quienes aún a 50 años están reivindicando sus familiares desparecidos, torturados, perseguidos, encarcelados, exiliados. Esa historia es dolorosa. Es una historia que es parte de esta herida que llamamos en Guerrero “la herida de la guerra”, que no fue una guerra, sino una acción terrorista de las autoridades contra poblaciones inermes.

—¿Cómo se integraste a la Comisión de la Verdad? ¿Qué te motivó a participar en el proceso?

—La convocatoria simplemente para mí fue una ventana de oportunidad. Aun así, no había tomado la decisión de participar. Compañeras que formaron parte de la Comisión de la Verdad [de Guerrero] me comentaron que sería importante que participara en la convocatoria. No me lo había propuesto. Lo tuve en consideración, y platiqué con los compañeros de aquí, de Tlachi, y dejaron abierta la posibilidad de que yo pudiera participar. Así fue que me animé. Pero también porque sé que hay una posibilidad de empujar esta iniciativa, este decreto, desde acá de Guerrero. Sobre todo porque es un bastión de la lucha por democratizar nuestro país, por la justicia, la verdad. También sentí como un deber y un desafío, un compromiso para poderlo realizar. Eso fue lo que me movió. En verdad me siento muy comprometido con las familias, las organizaciones, los colectivos, los sobrevivientes.

“Ahora que he tenido oportunidad de ir a los diferentes estados como Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, y acá en Guerrero, y que hemos tenido reuniones con los colectivos, en la misma Ciudad de México, la verdad uno se siente pequeño ante la grandeza de tantas familias, compañeros y compañeras que lucharon. Y más, su trayectoria de lucha, casi por 50 años, a su edad, con sus enfermedades, la situación económica siempre adversa, los riesgos, las amenazas… y aún perseveran con ese espíritu inquebrantable y el deseo de justicia, esa contribución para que haya verdad y justicia. Uno no puede defraudar a este gran movimiento nacional, que es como el gran precedente de las luchas que han permitido que se den ciertos cambios, transformaciones, reformas, y también una nueva cultura de los derechos humanos: contra el autoritarismo, la represión, la militarización, contra la impunidad, contra el abuso de poder. El paradigma de los derechos humanos ya nos lo hemos apropiado como mexicanos, pero eso es parte de ellos y ellas, el legado que tenemos y que están vigentes, porque están sus protagonistas.

—Siempre has sido crítico del poder. Has propiciado el diálogo, la mediación, el acuerdo; pero has sido escéptico ante las palabras de los políticos. ¿Qué fue lo que te motivó a, esta vez, participar en una Comisión creada por acuerdo presidencial?

—Son varios factores. En primer lugar, mantuvieron viva la demanda [de justicia] varios colectivos y sobrevivientes en este sexenio con AMLO [Andrés Manuel López Obrador]. Hubo reuniones que tuvieron ellos y ellas con el subsecretario [de Derechos Humanos y Población] Alejandro Encinas sobre la necesidad de que se implementara un mecanismo que impulsara o que le diera una nueva fisonomía a este movimiento de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado. En primer lugar, hubo un trabajo de intercambio de opiniones, planteamientos de parte de los colectivos hacia el gobierno. Entonces, hubo el compromiso de atender su demanda, y ahí fue donde estuvieron trabajando cómo podría ser esta Comisión de la Verdad. Hubo reuniones, pláticas con las víctimas. Es decir, había un respaldo de las organizaciones, de los familiares, hacia la creación de esta Comisión. Obviamente, tratando de que ésta tuviera la fuerza necesaria para que desde un decreto presidencial se empujara que se investigue, sobre todo en el tema de los archivos del Ejército, lo cual es difícil de hacer sin la voluntad política del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y si él asumía el compromiso, pues es obvio que los militares tienen que obedecer esa orden. Obvio, fue una comisión sui generis, que goza de cierta autonomía.

Abunda en que los colectivos de sobrevivientes y familiares de las víctimas acompañan el proceso y con ellos se han acordado las características del trabajo que se realiza.

“Segundo, que es otro momento histórico, otra etapa en este esfuerzo de lo que ya se hizo antes, con el trabajo de la Femospp, que bien o mal se investigó, se avanzó, hubo un informe que no se publicó como debía de ser. La misma recomendación de la CNDH, que también fue muy importante. Lo que se hizo en Guerrero con la Comisión de la Verdad, y un movimiento vigoroso con una estatura moral viva, vigente. Eso me motivó, saber que también era un cargo honorífico, un servicio.

“Por otro lado, en el estado de Guerrero la situación ha sido muy grave, desde hace décadas: las masacres, los asesinatos, las persecuciones… todo lo que ha sucedido con los militares en términos de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos con las desapariciones, ejecuciones, torturas. Por lo que documentamos desde que Tlachi existe como organización no gubernamental, desde 1994 a la fecha, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo [violadas por soldados], lo que lograron los compañeros del Centro con los campesinos ecologistas Teodoro y Rodolfo [ecologistas presos y torturados por defender los bosques], obviamente el caso emblemático de Rosendo Radilla [desaparecido por militares por “componer corridos” sobre Lucio Cabañas y Genaro Vázquez], que pertenece al terrorismo de Estado.

“Todo ese bagaje, toda esa lucha, ese movimiento, esa historia de los pueblos, las víctimas, también me motivó. Estamos en un momento óptimo para poder seguir impulsando. Es una coyuntura, una oportunidad, una posibilidad, es decir, en el sentido del decreto que te dan los lineamientos básicos de lo que se busca, de un informe final, para poder dilucidar lo más profundo que se pueda lo que pasó de 1965 a 1990, que es parte de este mandato.”

—¿Se llegará a saber qué pasó con los desaparecidos? ¿Quién ordenó las ejecuciones masivas? ¿Quién ordenó los “vuelos de la muerte” [avionetas desde las que militares y civiles de la Dirección Federal de Seguridad arrojaban personas al mar]?

—Es el gran desafío que tenemos como mecanismo de esclarecimiento histórico. Será muy importante acceder a los archivos. Ya se está accediendo. Esta semana ya se tiene este acercamiento, esta revisión de los documentos [militares]. Hasta el momento hay un ambiente propicio para facilitar la información. Esa es la meta, que se sepa. Es la intención: profundizar y llegar a esos quiebres de la historia, que nos ha dejado en situaciones muy tristes en términos de que la gente no sabe dónde están sus familiares. El caso de Rosendo Radilla es paradigmático. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana [de los Derechos Humanos], se dijera que era un caso que marcó un nuevo derrotero en nuestra vida política, y sobre todo en la lucha por los derechos humanos. Pero al final, no sabemos dónde está Rosendo. Sí, se hacen grandes esfuerzos jurídicos, esfuerzos de instancias internacionales, pero, lo concreto, lo material, saber dónde está Rosendo, si está vivo, muerto… si está muerto, dónde está su cuerpo, todas esas cuestiones de la verdad tangible. Eso será algo importante. Quién ordenó, ejecutó, dónde están los desaparecidos, qué pasó en las instalaciones militares, qué pasó con los “vuelos de la muerte”, sus responsables. Todas esas preguntas son las que están en nuestro plan de trabajo: cómo implementar una metodología apropiada para avanzar con los testimonios claves. A pesar de que [ya] hay muchos, sabemos de la necesidad de que haya más. Al mismo tiempo, de cómo se implementaron estas políticas, tanto de la represión, planes de gobierno, persecución, y una serie de políticas implementadas. Nosotros estamos abocados a que se avance. Esa es nuestra tarea como comisionados: indagar, investigar de manera exhaustiva, escuchar a las víctimas, tener la capacidad de atención, la sensibilidad para entender los momentos, coyunturas, el contexto, los diagnósticos para ubicar cómo se dieron todas esas acciones represivas del Estado.

—A sobrevivientes de este terrorismo de Estado les preocupa que vayan a recabar más testimonios y no se avance más allá de lo que ya se sabe. Y que en 3 años no se pueda salir de ese pantano, con cada vez menos víctimas y perpetradores.

—Lo que puedo decir es que vamos a avanzar. Tampoco es empezar de cero, hay mucha información que ya está de la Femospp, la Comisión Nacional [de los Derechos Humanos], la Comverdad [de Guerrero], muchas investigaciones de académicos, activistas, militantes, muchos diarios de archivos personales donde la gente misma ha documentado. Nuestra tarea es cómo conjuntar toda esa memoria histórica, colectiva, digna. Hay un manantial de información en los archivos del Ejército, porque son ellos los que directamente intervinieron en estas acciones; por eso será fundamental para todos los archivos planteados en nuestro plan de trabajo. Hay que indagar. Es un gran desafío. Tenemos la confianza de que los cinco compañeros haremos alrededor de 40 investigaciones en lo que queda concluir este año, y las demás comisiones que están desde el impulso a la justicia, todo el tema de la búsqueda, reparaciones, memoria, todas esas facetas de la Comisión de la Verdad, sabemos que es un equipo multidisciplinario con gente experta y mucha experiencia. Qué tanto avanzaremos, con qué profundidad, para eso todavía faltan estos meses en que iremos midiendo.

—¿Han platicado ustedes con militares que estuvieron en inteligencia militar o que son responsables de ejecutar, torturar, de cometer este tipo de esas acciones?

—Uno de los puntos de estas reuniones es la invitación formal para que los militares que participaron o estuvieron [en estas acciones] den sus testimonios. Se hará de manera formal. Esto está comunicado. Y como es parte del plan de trabajo, ya se planteó a militares encargados de ese seguimiento de archivo, y facilitar información relacionada con instalaciones militares, para verificar lugares donde hay testimonios de que la gente fue detenida y desaparecida. Dentro de eso también poder abordar con personal militar estos temas. Para nosotros es muy importante, saber cómo participaron. Más allá de que el MP [ministerio público] investigue sus responsabilidades penales, nos interesa saber quién ordenó, qué pasó, qué se hizo, en qué se involucraron los grupos del Ejército para la represión generalizada y acciones terroríficas contra la población.

—¿Qué ambiente encuentran con las Fuerzas Armadas? ¿Hay resistencia a su trabajo?

—Por lo menos en términos formales, en términos de la relación que persiste entre los equipos de trabajo, nosotros como comisionados, y obviamente en el equipo de militares que atienden estos planteamientos y requerimientos ha habido plena disposición. Lo más importante es que se pueda acceder como hasta ahora a los archivos militares. Apenas están los primeros acercamientos, entrevistas. Se ha pedido cierta documentación y se ha facilitado. Nos interesa constatar qué tanto se puede conocer a fondo todos estos acervos, todos estos repositorios. Estamos empezando esta primera semana.

—Ellos insisten en que combatían delincuentes y que los “terroristas” eran los guerrilleros.

—Entendemos que la visión del Ejército, los mandos, y seguro de todo el personal castrense, es que ellos simplemente acataron órdenes y, por otra parte, cumplieron con algunas acciones, algunos operativos: “Nos mandaron a hacer una misión, y nosotros lo hicimos”. Desde la lógica bélica y militar siempre habrá una justificación, una postura de que ellos no cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero para eso se quiere hacer la investigación. Los responsables de violaciones graves difícilmente aceptarán y reconocerán; pero, creo que las experiencias de otros países de las Comisiones de Verdad, con equipos multidisciplinarios, con fuentes, las fuentes del Ejército, los modus operandi, testimonios, mostrarán este panorama de lo que significó la participación del Ejército contra la sociedad, la población, todas las implicaciones que tuvo en términos de graves violaciones a los derechos humanos. No esperamos que en una entrevista un soldado acepte su responsabilidad en una desaparición forzada; nadie lo hará, lo mismo que los civiles que son acusados por delitos y que no aceptan. Para eso están las autoridades, para investigar las evidencias. A nosotros, como mecanismo histórico, nos toca investigar. Para eso hay métodos, herramientas, documentos, testimonios. Nuestra investigación no se reduce a un sí o un no, si participó o no un militar en un operativo. Es parte de pruebas mayores, de contextos, acciones y evidencias que tienen que ver con decisiones, operativos, mandos, cadenas de mando: un sinnúmero de elementos, que no se quedará uno con el simple testimonio. Eso apenas es una referencia básica que puede ser central, hasta la manera en cómo se da el testimonio puede ayudar a dilucidar qué tanto hay de veracidad, o qué tanto hay de opacidad.

—¿Ya pudieron entrar a instalaciones militares? Hay un lugar que interesa mucho a colectivos de sobrevivientes de la Guerra Sucia: “el metro” un sitio en el Campo militar número 1.

—Estamos empezando, es la primera semana. Ahorita se trabaja en conocer los planos de las instalaciones militares, porque como están actualmente, es obvio que tuvieron cambios. No es lo mismo que hace 50 años a lo que hay ahora, se necesita información previa, conocer los planos, todos estos trabajos de ingeniería que se hicieron previamente. Se está accediendo a esos materiales, a esa información para que, a partir de eso, se identifiquen estos lugares: caballerizas, lugares de reclusión, en fin, todo eso… ubican una cancha de básquetbol… trabajar todos esos lugares. Probablemente ya no están, pero viene un trabajo de investigación. Por ahora han sido las modificaciones, los planos, el trabajo de ingeniería hecho a lo largo de 5 décadas. Y ver cómo se modificaron para recrear lo que pasó con algunos familiares que aún recuerdan que estuvieron ahí. Para eso se requiere, después de este trabajo, un recorrido a las instalaciones militares. Estamos empezando en el tema, no hemos profundizado, es algo que es parte de un proceso de reconocimiento.

—¿Basta el trabajo de una Comisión y la voluntad política de un presidente, que concluye su mandato en menos de 3 años, para desmontar el pacto de impunidad transexenal de una institución permanente como el Ejército?

—A nosotros nos toca hacer el trabajo de esclarecimiento e investigación histórica, pero al final de cuentas somos un eslabón de este gran movimiento de derechos humanos de las víctimas que viene de más de 50 años. Esa ola grande, ese gran movimiento, es el que nos permitirá sacar todas esas realidades dolorosas, como las olas del mar, con esa fuerza, que por un lado parecen aguas tranquilas, pero por debajo está la verdadera fuerza, que es la de los pueblos y víctimas; con esa fuerza, esperanza, con ese torbellino, es que nosotros como comisionados tenemos esa certeza de que lograremos avanzar. Obviamente, la voluntad política cuenta muchísimo, la disposición para que podamos acceder a los archivos es fundamental. Está puesta la escena en términos de que las víctimas están todo momento dándole seguimiento, qué avances hay.

“Hay muchos ojos, mucho corazón, mucha voluntad, y creo que eso es el capital simbólico, pero también político y moral de esta Comisión. Por esa razón no podemos desvalorar todo lo que esto significa. Tenemos una alta responsabilidad para estar a la altura de las grandes expectativas que tienen centenares de víctimas. Y que más allá de lo que pasa cotidianamente, y a veces hay ciertos jaloneos, pero creo que tenemos que ir empujando, esa es nuestra tarea, empujar, sobre todo nuestro mandato de hacer la investigación, acceder a los archivos, a los informes, y avanzar con este equipo, en las líneas que nos hemos planteado, y en el plan de trabajo que tenemos para este año.”

ContraLínea

A raíz del evento celebrado el 22 de junio en el Campo Militar No. 1, donde se presentó la ruta de trabajo para abrir los archivos e instalaciones de la Sedena a fin de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, se ha abierto un debate respecto a sus implicaciones y alcances. En particular sobre el papel que desempeñaron las autoridades civiles y militares en las acciones represivas llevadas a cabo; el deslinde de responsabilidades en la cadena de mando, así como de las corporaciones ilegales creadas para instrumentar operaciones contrainsurgentes.

En el centro de este debate se ubica el discurso que busca equiparar las operaciones represivas del Estado con las acciones de la disidencia política de entonces, pretendiendo eximir de responsabilidad a quienes, en aras “de la seguridad nacional y la seguridad interior”, arremetieron contra toda expresión de inconformidad social, la que no se limitó a los movimientos armados, sino que se generalizó a la lucha por la tierra; la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, a los movimientos urbanos, del magisterio, de estudiantes universitarios y normalistas, a los movimientos contra culturales, la libertad de prensa y de quienes pugnaron por la democracia electoral ante un régimen autoritario.

Se ha abierto la puerta para allanar el camino y cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia.

Ahí la relevancia de este acontecimiento en el Campo Militar No. 1, lugar donde, en 1971, se implementó el Plan Telaraña, para desarticular las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; donde, en 1976, se instaló la Brigada Blanca; donde decenas de personas estuvieron detenidas ilegalmente o fueron desaparecidas; donde se emitió la orden a la comandancia de la 35° Zona Militar de Chilpancingo, señalando: “Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades, a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región, debiendo de utilizar el máximo de medidas de seguridad”.

En este contexto, y en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la México, la Comisión de la Verdad y la Sedena consensuamos un programa de trabajo para revisar los archivos y las instalaciones militares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos; realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos objeto del esclarecimiento histórico, así como recoger testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que estuvieron en calidad de detenidas.

El camino hacia la reconciliación se construye con memoria, verdad y justicia. Para ello es necesario que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la Guerra Sucia que hoy duermen el sueño de los justos, asumiendo que la principal reparación a las víctimas es la justicia.

Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha.

Que nunca más, nadie recurra a las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas de gobierno. Que nunca más, la intolerancia enfrente al pueblo con las fuerzas armadas.

Buscamos la verdad, como un acto que permita la reconciliación y que impida que se vuelva a repetir este capítulo oprobioso de nuestra historia. Que la puerta que se ha abierto, no se vuelva a cerrar.

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Chihuahua, Chih.- Familiares y propias víctimas de desaparición y secuestro en Chihuahua llevan a cabo este sábado una reunión tras la instalación de la Comisión de la Verdad, que por decreto presidencial busca el esclarecimiento de desapariciones comprendidas entre los años de 1965 a 1990.

Como parte de esta “comisión  para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990” se abrió un diálogo con las víctimas y sus familias quienes demandaron, en el caso de Chihuahua, encontrar con vida a las víctimas de casos como los secuestros del campo militar número 1.

Se busca así establecer mecanismos y planes de trabajo para la resolución de los casos y encontrar a las personas aún desaparecidas con vida y el castigo a los involucrados en estas violaciones a los derechos humanos.

Asimismo se presentaron los planes como de Reparación y Compensación a cargo de la Ceav, Impulso a la Memoria y No Repetición, entre otros.

Autoridades comisionadas coincidieron en la necesidad de mantener estos diálogos y escuchar las propuestas de los principales afectados.

Fuente Diario MX

Vanesa Robles

Leticia Galarza Campos desapareció el 5 de enero de 1978, en la colonia Eduardo Molina, de Ciudad de México. Se la llevaron unos agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Tenía 23 años y una nena que diez días después cumplió su primer año. 

Más de cuatro decenios más tarde, este viernes 18 de febrero de 2022 fue una fecha muy importante para su hija, quien asistió al encuentro entre colectivos, familias y personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia, y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. 

La reunión a puertas cerradas, que durará todo el día, se lleva a cabo en el ITESO. 

«La comisión es una exigencia, pero también la esperanza de encontrar a mi mamá y cerrar el ciclo; de tener un espacio físico o unos restos para hablar con ella», relató Alejandra, quien es profesora universitaria y hoy llevaba, colgada en el pecho, una fotografía que le hicieron a Leticia cuando estaba casi por parir. 

En Jalisco y otras cinco entidades de México, en una etapa inicial, una parte de la ciudadanía, la academia y activistas que integran este organismo —perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación— tendrán un primer acercamiento con las personas sobrevivientes y familias de las víctimas de la represión que ejercieron distintos grupos policiales contra movimientos populares e individuos que defendían sus derechos sin el uso de las armas, así como grupos guerrilleros: la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y el Frente Estudiantil Revolucionario, entre otros.  

Entre febrero y marzo de 2022, los integrantes de la comisión visitaron Oaxaca y también acudirán a Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Guerrero. 

El propósito de este primer encuentro es explicar las razones de ser del organismo y establecer contacto con las personas afectadas. En unos meses comenzará una etapa de levantamiento de testimonios y documentos útiles para conocer qué pasó en aquel periodo, cuáles eran los motivos de las autoridades para una represión como la que activaron, qué instituciones participaron en la contrainsurgencia, de quiénes recibían órdenes y cuáles eran esas indicaciones. 

Para la documentación se buscará acceder a archivos familiares, así como a los que existen en instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías federales y estatales, el Estado Mayor Presidencial y las prisiones. 

El comisionado Abel Barrera Hernández explicó que, dentro del diagnóstico preliminar, Jalisco aparece como uno de los estados donde la violencia fue muy cruenta: «hubo una política para desaparecer, ejecutar, causar terror», por parte de las fuerzas policiacas y el ejército. 

En conferencia de prensa, en el Auditorio D1 del ITESO, la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que existe una deuda con la sociedad sobre el tema de la represión del periodo 1965-1990, sobre el cual han pasado decenios antes de que se abra un debate que sirva para esclarecer los hechos. Añadió que, aunque no es consecuencia directa, la impunidad en torno a ese periodo sirve para explicar violencia que afecta hoy a México. 

Otro comisionado, David Fernández, SJ, quien fue rector del ITESO, consideró que gran parte de las medidas que hoy en día sigue poniendo en práctica el Estado mexicano para combatir la inseguridad están incubadas desde aquella época. «Hay mecanismos que siguen vigentes. Necesitamos una mirada atrás para evidenciar y, luego, desmontar esas prácticas. Miramos el pasado para entender al presente y poderlo transformar; para construir una cultura de derechos humanos». 

Explicó que la comisión analiza el periodo entre 1965 y 1990 porque responde a una etapa de represión anterior a que la economía de México se abriera a los mercados internacionales. 

David Fernández, SJ, invitó a las autoridades y personas comunes que tengan información sobre la violencia del Estado en ese lapso, a acercarse al organismo y compartir la información, en un entorno confiable. A la sociedad le pidió respaldar los trabajos que buscan la verdad. 

La visita de la comisión al ITESO coincide con las labores de docencia, investigación, incidencia y acompañamiento en derechos humanos que ha realizado la universidad desde su fundación. Entre otras cosas, estas acciones se hacen presentes en la Maestría en Derechos Humanos y Paz y en el Programa de Tortura, Ejecución y Desapariciones de Personas, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) «Francisco Suárez, SJ». También con las Orientaciones Fundamentales del ITESO (OFI), que buscan la transformación de la realidad a través de la verdad y la justicia.  

En la conferencia estuvieron los comisionados y comisionadas David de Jesús Fernández Dávalos, SJ; Aleida García Aguirre, Eugenia Allier Montaño, Abel Jesús Barrera Hernández y Carlos Pérez Vázquez. A los trabajos con las familias de las víctimas de la Guerra Sucia se unieron, además, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada; el representante de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas, Javier Yankelevich Winocur, y el enlace técnico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Camilo Vicente Ovalle. 

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

La creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2021. Su función es realizar las acciones necesarias de justicia transicional para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria, a través de cinco mecanismos que surgieron de un acuerdo entre el gobierno federal con los sobrevivientes y las familias de las personas desaparecidas y asesinadas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Según el gobierno federal, la Comisión funciona a través de cinco instrumentos: 

1. El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, integrado por especialistas independientes, quienes investigarán, acopiarán información y tendrán acceso a los archivos de todas las dependencias, así como a las instalaciones federales militares y civiles, en búsqueda de la verdad. 
2. El Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres especialistas independientes, entre ellas Ángela María Buitrago Ruíz, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 
3. El Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Manera Forzada, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). 
4. El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, que dirige la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que diseñará acciones de reparación integral, colectivas e individuales. 
5. El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, que realizará acciones para la construcción pública de la memoria. 

En septiembre de 2024 la Comisión deberá entregar un informe a la Presidencia de la República, a los sobrevivientes y familiares de las víctimas y a la sociedad para el conocimiento de la verdad en torno a los crímenes cometidos por el Estado entre 1965 y 1990.