La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentada este miércoles ante la Cámara de Diputados, busca transformar de raíz el sistema electoral mexicano con austeridad, democracia directa y tecnología como ejes centrales.

La Cuarta Transformación da otro paso en su proyecto de refundación democrática. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea los cambios más profundos al sistema electoral mexicano en décadas, con un eje claro: devolver al pueblo lo que los partidos y burócratas electorales se habían apropiado en forma de privilegios, sueldos y plurinominales.

Un Congreso más cercano al pueblo

La iniciativa propone reducir el Senado de 128 a 96 senadurías mediante la eliminación completa de las 32 senadurías de representación proporcional (plurinominales). Con este cambio, quien quiera llegar al Senado deberá ganarse el voto de la ciudadanía en las urnas, sin atajos ni favores de cúpula. La propia presidenta Sheinbaum lo dejó claro: «¿Quieres ser senador? Busca el voto popular».

En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 integrantes, pero se modifica radicalmente la forma de asignar las 200 curules de representación proporcional para evitar designaciones cupulares. Cien de esas curules serán para quienes, sin haber ganado en su distrito, obtuvieron los mejores porcentajes de votación para su partido.

El fin de los privilegios: 12 mil millones de pesos de ahorro

Uno de los puntos más contundentes de la reforma es el recorte al gasto electoral. Se proyecta un ahorro estimado de 12,000 millones de pesos, lo que representa una reducción del 25 por ciento en el costo total de los procesos electorales, proveniente del recorte al financiamiento público ordinario de los partidos, el ajuste salarial para que ningún funcionario del INE o del Tribunal Electoral perciba un sueldo mayor al de la Presidenta de la República, y la modernización de los procesos técnicos.

La fórmula para el gasto ordinario de los partidos baja del 65% al 48.75% del valor de la UMA multiplicado por el padrón electoral, y los tiempos en radio y televisión a disposición del INE se reducen de 48 a 35 minutos diarios durante periodos electorales.

Fiscalización en tiempo real: cero dinero sucio

La corrupción en el financiamiento electoral tendrá un cerco sin precedentes. El INE tendrá acceso en tiempo real a todas las operaciones financieras de partidos y candidatos, y se prohíben las aportaciones en efectivo, por lo que todos los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero. Adicionalmente, se prohíbe de forma explícita que partidos o candidatos reciban recursos de gobiernos, fondos de inversión o personas físicas extranjeras.

La IA en las elecciones: regulación pionera en América Latina

México se convierte en uno de los primeros países de la región en constitucionalizar el uso de la inteligencia artificial en procesos electorales. Todo contenido electoral modificado con IA deberá estar etiquetado, y las plataformas digitales y concesionarias serán responsables de identificar y advertir sobre contenido no etiquetado. Se trata de una medida que busca frenar los deepfakes, los bots y la desinformación automatizada que amenazan la integridad de las elecciones en todo el mundo.

Democracia directa: el pueblo decide

Fortalecer la democracia participativa es uno de los cuatro ejes de la propuesta. Se busca que en todas las legislaciones locales se incluyan las figuras del referendo, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, para que sea el pueblo el que mande y el que tome decisiones. Los resultados de estas consultas serán vinculantes si participa al menos el 40% de la lista nominal.

Una reforma con sello de la 4T

Esta iniciativa no es solo una modificación técnica al andamiaje electoral: es la continuación del proyecto transformador que comenzó en 2018. Menos burocracia dorada, más voto directo; menos privilegios para partidos, más recursos para el pueblo; menos opacidad, más fiscalización. La reforma electoral de Sheinbaum llega al Congreso con la fuerza de un mandato ciudadano y el respaldo de un proyecto de nación que pone a la gente primero.

Ciudad de México.— En un hecho inusual por su amplitud política y territorial, las y los gobernadores de las 32 entidades federativas manifestaron su respaldo a la política nacional de paz y seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje de unidad institucional frente a los desafíos de violencia y crimen organizado que enfrenta el país.

El pronunciamiento conjunto, difundido a través de redes sociales y canales oficiales, establece el compromiso de los ejecutivos estatales de mantener coordinación permanente con el Gobierno federal y actuar dentro de sus atribuciones para garantizar la tranquilidad de la población.

La postura implica el apoyo de 31 gobernadores y gobernadoras, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre federación y estados para consolidar una estrategia integral de seguridad.

Coordinación como eje central

El mensaje subraya que la paz no puede construirse de manera aislada desde un solo nivel de gobierno. Por ello, las entidades federativas refrendaron su disposición a trabajar de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y las fuerzas federales, particularmente en tareas de prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Este enfoque coincide con la visión del actual Gobierno federal, que plantea la seguridad como una responsabilidad compartida y no exclusivamente militar o policial. En ese sentido, los mandatarios estatales reconocieron la necesidad de acciones integrales que atiendan tanto los delitos como las causas estructurales de la violencia.

Otros reportes señalan que la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) también expresó su respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas y a la estrategia federal, destacando el profesionalismo de las instituciones encargadas de salvaguardar a la población.

Un mensaje político de unidad nacional

El respaldo colectivo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por episodios recientes de violencia y por el golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó reacciones criminales en diversas regiones. Frente a estos hechos, la señal de cohesión entre federación y estados busca transmitir estabilidad institucional y continuidad en la estrategia de seguridad.

Además, el pronunciamiento tiene implicaciones políticas: muestra que, más allá de diferencias partidistas, existe un consenso básico sobre la necesidad de fortalecer al Estado frente a organizaciones delictivas con capacidad transnacional.

En el documento, las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar dentro del marco legal y de fortalecer sus propias capacidades institucionales, desde policías estatales hasta fiscalías, con el fin de evitar vacíos de poder que puedan ser aprovechados por el crimen organizado.

Seguridad con enfoque integral

La política de seguridad del actual Gobierno federal se sustenta en varios pilares: presencia territorial de fuerzas federales, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y programas sociales orientados a reducir los factores de riesgo que alimentan la violencia.

Desde esta perspectiva, el respaldo de los estados no sólo implica apoyo político, sino también la posibilidad de implementar acciones conjuntas en materia de prevención, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento institucional.

Especialistas en seguridad han señalado que la cooperación entre niveles de gobierno es uno de los factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia nacional, particularmente en un país con profundas diferencias regionales en materia de violencia y capacidad institucional.

Un frente común frente al crimen

El pronunciamiento de los gobernadores envía un mensaje claro: la lucha por la paz y la seguridad no puede fragmentarse por intereses partidistas. La coordinación entre estados y federación se presenta como la única vía viable para enfrentar a organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras administrativas.

Al cerrar filas con la estrategia nacional, los mandatarios estatales buscan también fortalecer la legitimidad del Estado frente a la ciudadanía, que exige resultados concretos en materia de seguridad.

Más allá de la retórica, el desafío ahora será traducir este respaldo en acciones tangibles: operativos coordinados, intercambio de inteligencia, fortalecimiento policial y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento del crimen organizado.

En un país marcado por décadas de violencia, la unidad institucional aparece como un requisito indispensable para avanzar hacia una paz duradera. El pronunciamiento conjunto de las entidades federativas, al menos en el plano político, apunta en esa dirección.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad federales tras el operativo que culminó con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado durante años el narcotraficante más poderoso y buscado del país.

La mandataria destacó la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades federales, subrayando que la acción representa uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en décadas. Tras los enfrentamientos y la posterior reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno aseguró que la situación se encuentra bajo control y que las carreteras del país permanecen transitables.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, mediante una intervención de alta precisión basada en labores de inteligencia. Las fuerzas federales localizaron al líder criminal en un complejo rural y desplegaron unidades terrestres y apoyo aéreo para intentar su captura.

Durante la operación, los elementos de seguridad fueron atacados por integrantes del CJNG, lo que derivó en un enfrentamiento armado. El capo resultó gravemente herido y falleció posteriormente, mientras que varios miembros de su círculo de seguridad murieron en el lugar.

La caída del líder criminal provocó una respuesta violenta del cártel en diversas regiones del país, con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques coordinados. Autoridades federales desplegaron operativos de contención en múltiples estados para restablecer el orden y proteger a la población.

Informes oficiales indican que los enfrentamientos posteriores dejaron decenas de muertos, entre ellos elementos de seguridad y presuntos integrantes del grupo delictivo, además de numerosos detenidos y aseguramientos de armamento.

Pese a la magnitud de la reacción criminal, el Gobierno sostuvo que la acción demuestra la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a las organizaciones delictivas más violentas sin ceder ante la intimidación. Desde Palacio Nacional se enfatizó que el operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas, aunque contó con información de inteligencia compartida por agencias estadounidenses.

“El Mencho” era considerado uno de los principales responsables del tráfico internacional de drogas y de una escalada de violencia contra autoridades desde la década pasada, lo que lo convirtió en objetivo prioritario de México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa millonaria por su captura.

Para el Gobierno federal, la neutralización del líder del CJNG representa no sólo un éxito táctico, sino un mensaje de que el Estado mantiene la iniciativa frente a las estructuras criminales que operan en el país. El reconocimiento presidencial a las fuerzas del orden se inscribe en esa narrativa: la de un Estado que, pese a los costos y riesgos, continúa disputando el control territorial y la seguridad pública a los grupos armados.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista ruptura o traición dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) tras la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y aseguró que el proyecto político es colectivo y no patrimonio de una sola persona.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las diferencias internas son parte natural de un movimiento amplio y democrático, pero advirtió que las descalificaciones personales sólo favorecen a los adversarios políticos.

“Nadie es dueño del movimiento ni de los espacios públicos”, afirmó al referirse a la controversia generada por los cambios en la Nueva Escuela Mexicana y la salida del funcionario educativo.

Sin ruptura ni traición a la 4T

Sheinbaum subrayó que el debate no implica abandono de los principios impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni una división interna profunda.

Según explicó, el movimiento se construyó con la participación de amplios sectores sociales y continúa abierto a distintas visiones, siempre que se mantenga el compromiso con sus objetivos fundamentales.

También rechazó la idea de “pureza ideológica” dentro de la 4T y afirmó que todos sus integrantes pueden aportar desde distintos espacios del servicio público o la organización social.

Reconoce la labor de Marx Arriaga

La Presidenta reconoció el trabajo realizado por Arriaga al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), especialmente en la elaboración de los nuevos materiales educativos.

Sin embargo, dejó claro que ningún cargo es permanente ni pertenece a una persona en particular, y que los proyectos gubernamentales pueden evolucionar con el tiempo.

Incluso señaló que al exfuncionario se le ofrecieron alternativas para continuar dentro del Gobierno, como la posibilidad de encabezar un consulado u ocupar otra responsabilidad pública.

“Con Noemí Juárez Pérez, nuestra Subsecretaria de Educación Básica, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la Historia en los Libros de Texto, porque la mayor parte de los libros tienen a los héroes, pero no a las heroínas”, explicó desde Palacio Nacional.

Diferencias por los libros de texto

La mandataria explicó que el principal desacuerdo surgió cuando el Gobierno decidió reforzar la presencia de las mujeres en la narrativa histórica de los libros de texto gratuitos, iniciativa con la que Arriaga no coincidió plenamente.

Ante ello, se optó por realizar ajustes al proyecto educativo y nombrar a una nueva titular en el área de materiales educativos, con el objetivo de continuar el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana con un enfoque más incluyente.

Sheinbaum insistió en que el modelo pedagógico no se abandona, pero sí puede perfeccionarse y adaptarse a nuevas necesidades.

Llamado a resolver diferencias por vías institucionales

La Presidenta también consideró que los desacuerdos deben resolverse dentro de los cauces institucionales y no mediante confrontaciones públicas.

Señaló que no debieron intervenir elementos policiacos si no existía un delito, y reiteró que el diálogo y los procedimientos legales son la vía adecuada para resolver conflictos dentro del Gobierno.

Finalmente, enfatizó que el movimiento de transformación es plural y seguirá avanzando con la participación de múltiples actores, sin exclusiones definitivas.

El Gobierno de México presentó un ambicioso Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, mediante el cual se prevé movilizar recursos públicos y privados por aproximadamente 5.6 billones de pesos durante el sexenio, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, reducir desigualdades regionales y fortalecer sectores estratégicos.

Para el año 2026, la estrategia contempla un incremento extraordinario equivalente a 2 % adicional del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a obras y proyectos prioritarios, lo que representará alrededor de 722 mil millones de pesos adicionales a la inversión ya prevista en el presupuesto federal.

Inversión histórica para impulsar la economía

La administración federal señaló que este programa busca acelerar el desarrollo económico mediante una expansión significativa de la inversión pública, complementada con esquemas de participación privada y social.

De acuerdo con autoridades hacendarias, el aumento de recursos se suma a los montos ya programados en el Presupuesto de Egresos, elevando sustancialmente el gasto en infraestructura durante 2026 y los años siguientes.

El plan pretende detonar empleo, fortalecer cadenas productivas y mejorar la competitividad del país, en un contexto de bajo crecimiento económico reciente.

Sectores estratégicos beneficiados

Los recursos se concentrarán en ocho áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional:

• Energía
• Transporte ferroviario
• Carreteras
• Puertos
• Aeropuertos
• Infraestructura hidráulica y agua
• Salud
• Educación

Estos sectores fueron seleccionados por su impacto directo en la productividad, la integración territorial y la calidad de vida de la población.

Inversión pública, privada y social

El plan combina distintas modalidades de financiamiento:

• Inversión directa del gobierno federal
• Asociaciones público-privadas
• Participación de empresas privadas
• Proyectos con comunidades y ejidos

El objetivo es ampliar la capacidad financiera del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal, manteniendo al mismo tiempo el control sobre proyectos estratégicos.

A nivel internacional, el programa también busca atraer capital externo y fortalecer la posición de México como destino de inversión en sectores clave.

Más de mil proyectos rumbo a 2030

Según estimaciones oficiales, el plan contempla el desarrollo de más de 1,500 proyectos de infraestructura a lo largo del periodo 2026-2030, abarcando desde grandes obras nacionales hasta iniciativas regionales y locales.

Se espera que estas inversiones contribuyan a elevar el crecimiento económico anual y a reducir brechas de desarrollo entre distintas zonas del país.

Objetivo: crecimiento con bienestar

El Gobierno federal sostiene que el programa no solo busca impulsar indicadores macroeconómicos, sino también mejorar las condiciones de vida mediante:

• Mayor acceso a servicios básicos
• Conectividad territorial
• Infraestructura social
• Reducción de desigualdades regionales

Asimismo, se enfatiza que la planeación incluye criterios de sostenibilidad ambiental y justicia social.

El Gobierno federal anunció la recuperación de más de doscientas concesiones mineras que actualmente se encuentran en manos privadas y que, de acuerdo con las autoridades, no están siendo explotadas ni cumplen con fines productivos. La medida, presentada como parte de una política de soberanía sobre los recursos naturales, implica que dichos títulos regresarán al control del Estado mexicano.

Durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que el proceso no se trata de una expropiación ni de una cancelación unilateral, sino de una devolución voluntaria por parte de los concesionarios, quienes han aceptado entregar los permisos ante la falta de actividad minera en las zonas asignadas.

Según lo señalado por el Ejecutivo, muchas de estas concesiones fueron otorgadas en administraciones anteriores y permanecían inactivas, lo que impedía que esos territorios pudieran destinarse a otros usos económicos, sociales o ambientales.

Concesiones inactivas regresan al Estado

La mandataria detalló que los titulares de los permisos han optado por devolverlos a solicitud del Gobierno federal, con el objetivo de liberar áreas que permanecían concesionadas sin explotación real.

La lógica detrás de esta medida es evitar que grandes extensiones del país queden bloqueadas para otras actividades productivas o proyectos estratégicos, al estar reservadas para una minería que nunca se desarrolló.

Este fenómeno, común en el sector extractivo, suele responder a prácticas especulativas en las que empresas mantienen concesiones con la expectativa de explotarlas en el futuro o revender derechos.

Soberanía sobre recursos naturales

El anuncio se enmarca en la política energética y minera impulsada por la actual administración, que ha reiterado que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y deben utilizarse en beneficio del país.

La presidenta subrayó que la recuperación de estos títulos no implica apertura del sector a nuevos actores privados ni cambios en la legislación minera vigente, sino lo contrario: consolidar el control estatal sobre los recursos estratégicos.

Asimismo, descartó que la medida esté vinculada a una expansión de la actividad extractiva o a la autorización de nuevas minas.

Contexto internacional y minerales estratégicos

El anuncio también ocurre en medio de conversaciones con Estados Unidos para establecer mecanismos de cooperación en materia de minerales críticos, insumos indispensables para industrias como la tecnológica, energética y de seguridad nacional.

Autoridades mexicanas han insistido en que dichas negociaciones no implican cesión de soberanía ni explotación conjunta de yacimientos, sino coordinación para fortalecer cadenas de suministro y reducir dependencia de otros países.

México posee reservas relevantes de diversos minerales considerados estratégicos a nivel global, lo que incrementa su importancia geopolítica en el contexto de la transición energética.

Política de control y reordenamiento del sector minero

La recuperación de concesiones forma parte de una estrategia más amplia para revisar los títulos existentes, combatir la especulación territorial y asegurar que las autorizaciones vigentes cumplan con obligaciones fiscales, ambientales y operativas.

De acuerdo con datos oficiales, en México existen más de 22 mil concesiones mineras que abarcan millones de hectáreas, aunque no todas se encuentran en producción.

El Gobierno ha señalado que la revisión de estos permisos continuará, especialmente en casos donde no se reporten actividades o pagos correspondientes.

La propuesta de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual busca transformar de fondo el marco legal que regula la producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en México, sustituyendo la legislación vigente desde principios de los años noventa, cuando el panorama mediático era radicalmente distinto al actual.

Impulsada desde el ámbito federal, la iniciativa pretende adaptar la normativa a la era digital, caracterizada por la expansión del streaming, la globalización del entretenimiento y el uso creciente de tecnologías como la inteligencia artificial.

Impulso al cine nacional

Uno de los ejes centrales de la reforma es fortalecer la presencia del cine mexicano frente al dominio de producciones extranjeras.

La propuesta establece que las salas cinematográficas deberán reservar al menos un porcentaje mínimo de su programación para películas nacionales, garantizando además que estas se exhiban en horarios competitivos y no únicamente en funciones marginales.

El objetivo es evitar que las producciones locales queden relegadas pese a contar con financiamiento y reconocimiento internacional.

Regulación de plataformas digitales

Por primera vez, la legislación incluiría a los servicios de streaming dentro del marco regulatorio cultural del país.

Plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+ tendrían que asegurar visibilidad para contenidos mexicanos, ya sea mediante catálogos dedicados, algoritmos de recomendación o cuotas de programación.

Este cambio reconoce que el consumo audiovisual ha migrado masivamente del cine tradicional a los servicios bajo demanda.

Financiamiento e incentivos

La iniciativa también contempla mecanismos para fortalecer económicamente a la industria nacional.

Entre ellos destacan:

• Apoyos públicos para producción independiente
• Estímulos fiscales para proyectos realizados en México
• Programas de formación y profesionalización
• Sustitución o rediseño de esquemas anteriores de financiamiento

Se busca consolidar una industria autosustentable capaz de competir internacionalmente.

Protección frente a la inteligencia artificial

Un elemento novedoso es la regulación del uso de tecnologías de IA en la creación audiovisual.

La ley plantea salvaguardas para actores, actrices y profesionales del doblaje, especialmente ante la posibilidad de replicar voces e interpretaciones sin autorización.

El uso de voces sintetizadas o recreaciones digitales requeriría consentimiento expreso y compensación económica, reconociendo estos elementos como parte del patrimonio creativo de los artistas.

Conservación del patrimonio audiovisual

Otro componente importante es la preservación de la memoria cinematográfica del país.

Se propone fortalecer los mecanismos para:

• Resguardar películas y archivos históricos
• Digitalizar materiales antiguos
• Facilitar el acceso público al acervo audiovisual nacional

La intención es proteger obras que forman parte de la identidad cultural mexicana.

Diversidad y representación regional

La iniciativa promueve además la inclusión de voces diversas y la descentralización de la producción.

Esto implica impulsar contenidos provenientes de distintas regiones del país, así como proyectos de comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos históricamente subrepresentados.

El objetivo es reflejar la pluralidad cultural de México en su industria audiovisual.

Un cambio estructural para la industria

De aprobarse, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual redefiniría las reglas del sector, buscando equilibrar la competencia entre producciones nacionales y extranjeras, modernizar el financiamiento público y garantizar derechos laborales en un contexto tecnológico cambiante.

Más allá del entretenimiento, la iniciativa reconoce al audiovisual como un componente estratégico de la economía cultural, la identidad nacional y la proyección internacional de México.

Ante el incremento sostenido de casos de sarampión en México, el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum concretó la compra de 27.3 millones de dosis de vacuna, como parte de una estrategia nacional para contener el brote y proteger a la población.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, más de 23 millones de estas vacunas ya se encuentran disponibles para su aplicación inmediata en unidades médicas de todo el país, mientras continúa la distribución del resto.

Más de 14 millones de dosis aplicadas

Las autoridades sanitarias informaron que entre 2025 y el 6 de febrero de 2026 se han administrado 14 millones 297 mil 330 dosis, dentro del plan emergente de inmunización para frenar la propagación del virus.

Este despliegue forma parte de una campaña intensiva destinada a reforzar coberturas de vacunación que en años recientes se redujeron, situación que facilitó la reaparición de brotes en diversas entidades.

Esquema de vacunación para niñas y niños

El programa nacional prioriza a la población infantil, considerada el grupo con mayor riesgo de complicaciones graves. El esquema contempla:

• Primera dosis de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) a los 12 meses
• Segunda dosis a los 18 meses
• Refuerzo a los seis años

Este calendario fue ajustado en años recientes para garantizar protección más temprana, ya que anteriormente la segunda aplicación se realizaba hasta la edad escolar.

“Dosis cero” para bebés en zonas con brotes

En áreas donde la transmisión es activa, se está aplicando una vacuna adicional a bebés de entre seis y 12 meses, conocida como “dosis cero”, cuyo objetivo es reducir el riesgo de contagio en los menores más vulnerables.

Aunque esta dosis no sustituye al esquema regular, proporciona protección temporal en contextos de emergencia epidemiológica.

Vacunación para personas sin esquema completo

La estrategia también incluye a personas menores de 49 años que:

• No cuenten con esquema completo
• No recuerden haber sido vacunadas
• Presenten alto riesgo de exposición

Entre los sectores prioritarios se encuentran jornaleros agrícolas, personas migrantes y poblaciones con alta movilidad, particularmente en estados con mayor incidencia de contagios.

Objetivo: cortar las cadenas de transmisión

Autoridades federales subrayaron que ampliar la cobertura de vacunación es esencial para romper los ciclos de contagio y evitar brotes más severos.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede provocar neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en menores de cinco años y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Llamado a la población

La Secretaría de Salud reiteró que las vacunas son gratuitas y están disponibles en el sistema público, por lo que exhortó a la ciudadanía a acudir a centros de salud para completar esquemas pendientes.

Las autoridades enfatizan que mantener niveles de inmunización superiores al 95 % es clave para evitar la propagación comunitaria y preservar el estatus sanitario del país.

Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, pagó 500 millones de pesos, una tercera parte del total que deberá aportar al plan integral de justicia para la remediación de la cuenca del Río Sonora y para los mineros de Cananea. “Faltan otros mil millones de pesos”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria adelantó que el recurso será destinado a la construcción del Hospital de Ures, Sonora, y aseguró que la cantidad faltante será pagada por la trasnacional, pues forma parte del acuerdo para la reparación integral del daño. “Lo va a cumplir porque está escrito”.

Sheinbaum Pardo subrayó que el acuerdo con Grupo México llegó tras la intervención del gobierno federal. Con éste, dijo, se buscó que la empresa respondiera a las demandas de los afectados. “Finalmente se llegó a un acuerdo, pero el gobierno estuvo insistiendo en que tenían que cumplir con lo que la comunidad pedía. No es nada más un acuerdo, digamos, del gobierno y Grupo México, sino la exigencia de que cumpliera con lo que la comunidad desde hace años venía pidiendo”.

Cabe recordar que –desde diciembre de 2025– el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció la construcción del Hospital Regional de Ures, Sonora, con un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología para atender a la población de la zona.

Por Editor

El anuncio del Paquete Económico de 2026 marca una etapa decisiva para México. No se trata solo de cifras o presiones políticas: plantea una visión clara de consolidación fiscal, mayor justicia tributaria, fortalecimiento institucional y redistribución inteligente de los recursos. A continuación, los elementos más destacados y una valoración con base técnica.

1. Corrección a privilegios fiscales: los bancos y el FOBAPROA

Históricamente, las instituciones financieras mexicanas se han beneficiado de deducciones ligadas al Fideicomiso Bancario (FOBAPROA), particularmente reclamando beneficios fiscales sobre las partes de sus pagos de deuda que luego eran descontados por el gobierno. Esto representaba un costo para las finanzas públicas de alrededor de 10 mil millones de pesos al año, monto que, por abusivo, ha sido blanco de críticas crecientes. En 2026, ese mecanismo dejará de operar como lo ha hecho, lo que implicará una recuperación de recursos para el Estado y una menor carga para los contribuyentes.

Así, México avanza hacia una mayor equidad: si bien las entidades financieras deben cumplir con el sistema de impuestos como cualquier otro actor económico, no resulta aceptable que además obtengan devoluciones por conceptos que distorsionan el principio tributario de contribución proporcional. Esta medida refleja procurando sanear las finanzas públicas y redistribuir responsabilidades fiscales.

2. Reforma fiscal progresiva: impuestos y modernización recaudatoria

El Paquete Económico incorpora nuevos gravámenes y ajustes: bebidas azucaradas, cigarrillos, videojuegos, apuestas, entre otros. Estas medidas no son meras recaudaciones mecánicas, sino parte de una política para desincentivar conductas con externalidades negativas (como los daños a la salud) o regular sectores que han escapado de una supervisión efectiva.

También se prevé un incremento en la capacidad recaudatoria del país del orden del 6.3% comparado con los ingresos actuales, con la meta de llegar a que los ingresos tributarios representen el 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se logra, sería un hito: históricamente México ha luchado por superar la barrera del 13-14% del PIB para ingresos fiscales, lo que implica mayor espacio presupuestario para gastos sociales sin endeudamiento adicional.

3. Prioridad social: aumentos presupuestales en salud, educación, seguridad y vivienda

El proyecto presupuestal para 2026 contempla incrementos significativos en partidas sociales.

• En salud, el presupuesto crece casi un 10%, lo que debe traducirse en mayor acceso, cobertura, insumos, personal y mejora en infraestructura.
• Para educación, el aumento ronda el 7%, lo cual es indispensable para enfrentar retos como la deserción escolar, la mejora de la calidad educativa y la incorporación de tecnologías.
• Además, vivienda, seguridad y programas sociales también verán un impulso presupuestal. Esto reafirma el compromiso de políticas públicas orientadas hacia quienes más lo necesitan.

4. Fortalecimiento institucional: INE, Poder Judicial y administración

Otro rasgo central del Paquete es la atención al funcionamiento de órganos autónomos y del sistema judicial:

• Se prevé un ajuste al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), en consonancia con su función crucial para las elecciones y la democracia.
• El Poder Judicial también recibe una asignación mayor, con la intención de que los incrementos alcancen no solo a magistrados, ministros y jueces, sino también al personal de base. Esto busca equilibrar las estructuras jerárquicas y mejorar la operación cotidiana de los tribunales.

Este fortalecimiento institucional contribuye a que las decisiones de gobierno se apeguen a los estándares de rendición de cuentas, al debido proceso y al principio de imparcialidad, factores esenciales en un Estado democrático de derecho.

5. Evaluación macroeconómica: sostenibilidad y percepciones internacionales

La consolidación fiscal no solo es una aspiración doméstica: los mercados internacionales, así como las agencias calificadoras, están observando con atención. Según lo reportado, México ha logrado mantener sus calificaciones soberanas por parte de agencias como Standard & Poor’s con niveles de BBB / BBB+, mientras que Moody’s mejoró la nota crediticia de Pemex, lo que indica confianza en la administración del riesgo financiero y de los pasivos del Estado.

Además, la estimación de que los ingresos tributarios alcanzarán el 15.1% del PIB sin necesidad de crear impuestos nuevos, sino mejorando la recaudación y combatiendo la evasión, da señales de que la estrategia puede ser viable si se acompaña de disciplina presupuestaria y transparencia.

6. Críticas anticipadas y respuestas previstas

Como en todo proyecto de gran envergadura, ya se levantan voces opositoras que alertan sobre riesgos: supuesta grieta fiscal, presión sobre sectores productivos, alto costo de vida, etc. Sin embargo, muchas de estas críticas carecen de propuestas alternativas concretas.

• Las voces contrarias tienden a repetir discursos sobre quiebras presupuestales sin presentar diagnósticos financieros específicos.
• Otras denuncian que Pemex no rinde, que el Tren Maya “no sirve”, etc., pero sin cifras que comparen costos de oportunidad u otras rutas de inversión.

En contraparte, la administración ha puesto sobre la mesa datos y escenarios: sostenibilidad de deuda, evaluaciones del impacto social, enfoque preventivo en salud pública, protección de derechos constitucionales, etc. Si esos elementos se consolidan, la percepción pública seguirá favoreciendo la continuidad de la transformación.

Conclusión

El Paquete Económico 2026 no es perfecto —ningún presupuesto lo es— pero sí representa un avance tangible en el rumbo político y económico del país. Las medidas fiscales, redistributivas e institucionales apuntan hacia una transformación con responsabilidad: equilibrar crecimiento, bienestar social y prudencia financiera.

Si se cumplen las promesas —transparencia en el uso de los recursos, evaluación de los programas, rendición de cuentas constante—, México podrá vivir en 2026 un fortalecimiento real de su soberanía fiscal, de su democracia y del tejido social. La transformación no solo se declara: la transformación se comprueba, día a día.