Ciudad de México.— A menos de una semana del operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Gobierno de México informó que ya tiene plenamente identificados a los principales aspirantes a tomar el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un intento por anticipar una posible recomposición del grupo criminal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia presidencial que existen al menos cuatro liderazgos fuertes bajo investigación, de los cuales dos serían los más probables sucesores del capo abatido.

Sin embargo, el funcionario evitó revelar sus nombres por razones operativas y legales.

Dos figuras con mayor probabilidad

Harfuch precisó que las autoridades federales mantienen vigilancia sobre varios mandos regionales del CJNG, pero que dos concentran mayores posibilidades de encabezar la organización.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación… dos son los más probables”, señaló.

La reserva de identidades responde a que las indagatorias siguen en curso y a que la divulgación podría comprometer operativos o procesos judiciales.

Liderazgos regionales y estructura fragmentada

El secretario explicó que el CJNG no depende únicamente de una figura central, sino que cuenta con una red de jefes regionales con capacidad operativa propia. Esto permite que la organización continúe funcionando incluso tras la eliminación de su líder histórico.

De acuerdo con el funcionario, el grupo criminal mantiene presencia en múltiples estados del país, lo que incrementa el riesgo de disputas internas por el control territorial y financiero.

La identificación anticipada de estos liderazgos forma parte de la estrategia gubernamental para evitar que la transición derive en una escalada de violencia.

Un vacío de poder tras la muerte del capo

La muerte de “El Mencho” —abatido durante un operativo militar en Jalisco el 22 de febrero de 2026— dejó un vacío de liderazgo en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

El CJNG había logrado consolidarse como una estructura altamente centralizada bajo su mando, lo que hace particularmente delicada la etapa posterior a su desaparición.

En situaciones similares, el relevo suele desencadenar luchas internas o fracturas en facciones rivales, lo que históricamente ha derivado en picos de violencia.

Vigilancia preventiva y despliegue de seguridad

El Gobierno federal ha establecido centros de coordinación y vigilancia para monitorear posibles movimientos de reacomodo dentro del cártel. La estrategia busca anticipar escenarios de confrontación y neutralizar a los mandos antes de que consoliden un nuevo liderazgo.

La reacción violenta del CJNG tras la caída del capo —bloqueos, incendios y ataques coordinados en varios estados— evidenció la capacidad operativa del grupo incluso sin su dirigente.

Por ello, las autoridades consideran prioritario impedir que surja una figura que reconstituya el poder central del cártel.

Un mensaje de control estatal

La confirmación de que los posibles sucesores están identificados y bajo investigación pretende enviar una señal clara: el Estado no sólo golpeó a la cúpula del CJNG, sino que busca impedir su recomposición.

En términos estratégicos, la fase posterior a la caída de un líder criminal suele ser decisiva. Si las autoridades logran desarticular a los aspirantes antes de que consoliden su mando, la organización puede fragmentarse o debilitarse de forma estructural.

Por el contrario, si surge un nuevo líder con legitimidad interna, el cártel podría recuperar su cohesión y capacidad ofensiva.

Un escenario aún abierto

Especialistas advierten que el futuro del CJNG dependerá de múltiples factores: lealtades internas, control de rutas, financiamiento y presión estatal. La organización podría fragmentarse en células regionales o reorganizarse bajo un mando colegiado.

Mientras tanto, el Gobierno federal insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y evitar que el relevo criminal se traduzca en nuevas oleadas de violencia.

La caída de “El Mencho” cerró un capítulo en la historia del narcotráfico mexicano, pero el desenlace de la sucesión determinará si se trata de un golpe definitivo o del inicio de una nueva fase del conflicto.

Ciudad de México.— A dos días del operativo federal que culminó con la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las actividades comienzan a restablecerse en Jalisco y Michoacán, luego de la ola de violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en represalia por la caída de su líder.

Durante su mensaje, la mandataria aseguró que los bloqueos carreteros registrados tras los disturbios ya fueron retirados y que el regreso a la normalidad avanza de forma sostenida gracias a la coordinación entre fuerzas federales y gobiernos estatales.

“Ayer se registraron siete bloqueos… todos fueron levantados”, explicó, aunque reconoció que aún permanecen vehículos incendiados en los márgenes de algunas carreteras, los cuales serían retirados para liberar completamente las vías.

Normalización gradual tras el “domingo negro”

El abatimiento del jefe del CJNG provocó una reacción violenta del grupo criminal en múltiples regiones del país, especialmente en el occidente. Se reportaron incendios de vehículos, bloqueos, ataques armados y suspensión temporal de actividades en diversas localidades.

Las acciones buscaban paralizar la movilidad y sembrar temor entre la población, una táctica recurrente de organizaciones criminales ante golpes a su estructura de mando. Tras la intervención de fuerzas federales, la situación comenzó a estabilizarse.

La presidenta informó que en Jalisco se suspendieron clases de manera preventiva, pero expresó confianza en que las actividades escolares se reanuden en breve. También señaló que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara avanzan hacia su normalización y que en destinos turísticos como Puerto Vallarta las operaciones prácticamente han regresado a la normalidad.

Coordinación federal-estatal

Sheinbaum subrayó que mantuvo comunicación directa con los gobernadores de Jalisco y Michoacán para supervisar la situación y garantizar la seguridad de la población. La estrategia se centró en recuperar el control de carreteras, restablecer servicios y evitar nuevas acciones de sabotaje.

“Prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, afirmó, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener la calma y confiar en las instituciones encargadas de la seguridad pública.

La respuesta coordinada incluyó despliegues militares, patrullajes permanentes y labores de inteligencia para prevenir nuevos brotes de violencia.

Un desafío nacional, no regional

Los disturbios posteriores a la caída del capo no se limitaron a dos estados. Informes señalan que la reacción del CJNG incluyó bloqueos, incendios y ataques en diversas entidades del país, lo que evidenció el alcance territorial de la organización.

Sin embargo, el Gobierno federal sostiene que el intento de desestabilización fue contenido y que no logró paralizar al país ni alterar de manera permanente la vida cotidiana.

A nivel internacional, incluso se reconoció que la situación se está normalizando, pese a la magnitud inicial de los disturbios, y que las autoridades mantienen garantías de seguridad para eventos internacionales previstos en el país.

Mensaje político y de seguridad

El restablecimiento de actividades tiene una dimensión más amplia que la logística. Representa una señal de que el Estado mantiene la capacidad de responder ante reacciones violentas del crimen organizado sin perder el control institucional.

Para el Gobierno, la prioridad inmediata es garantizar la paz social, proteger a la población civil y evitar que las organizaciones criminales conviertan la violencia en un mecanismo de presión política o territorial.

La presidenta reiteró que el objetivo central de su administración es la seguridad con enfoque de paz, no sólo mediante operativos, sino a través de acciones integrales que fortalezcan la estabilidad en las regiones afectadas.

Regreso a la normalidad

Mientras continúan los trabajos de limpieza de carreteras y evaluación de daños, las autoridades esperan que en los próximos días se reanuden plenamente las clases, el transporte y las actividades económicas.

El mensaje oficial es claro: pese a la magnitud del golpe al CJNG y la reacción violenta posterior, el país no se encuentra paralizado y las instituciones funcionan.

En palabras de la propia mandataria, hay gobierno, hay coordinación y hay fuerzas del orden desplegadas para garantizar que la vida cotidiana retome su curso.

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mediante análisis genéticos realizados tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, al tiempo que inició decenas de investigaciones por la ola de violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintos puntos del país.

El reconocimiento forense, efectuado por especialistas de la Agencia de Investigación Criminal, pone fin a cualquier duda sobre la caída del líder criminal más buscado de México y uno de los capos más poderosos del mundo. La verificación científica constituye un paso clave dentro del proceso legal para documentar oficialmente el abatimiento del jefe del CJNG.

La FGR detalló que personal ministerial, pericial y policial se trasladó al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de cuerpos, necropsias y diligencias necesarias. Además del líder criminal, otros integrantes de su círculo de seguridad murieron durante el enfrentamiento con fuerzas federales.

Una ofensiva criminal con alcance nacional

Tras la operación, el CJNG desplegó una reacción violenta coordinada en múltiples estados, mediante bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a infraestructura. En respuesta, la Fiscalía abrió 57 carpetas de investigación en 14 entidades federativas, de las cuales 37 corresponden a hechos ocurridos en Jalisco.

Las indagatorias abarcan delitos de delincuencia organizada, posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La autoridad también informó el aseguramiento de armas de alto poder, entre ellas fusiles con aditamentos lanzagranadas, rifles Barrett, granadas y otros equipos tácticos propios de organizaciones paramilitares.

Dos presuntos integrantes del CJNG fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras se determina su situación jurídica conforme a derecho.

Golpe al corazón del CJNG

El operativo que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes fue ejecutado por fuerzas federales en una zona rural de Tapalpa, considerada bastión histórico de la organización. La intervención fue precedida por labores de inteligencia que permitieron ubicar con precisión al capo y a su guardia personal.

Durante años, “El Mencho” encabezó la expansión del CJNG hasta convertirlo en una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor alcance internacional, dedicada al tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

Su muerte desencadenó una respuesta inmediata del cártel, que intentó desestabilizar diversas regiones mediante acciones coordinadas de sabotaje y violencia. Sin embargo, las autoridades desplegaron operativos de contención que evitaron una escalada mayor.

Identificación científica y mensaje de Estado

El uso de pruebas genéticas para confirmar la identidad del capo tiene implicaciones más allá del ámbito pericial. Representa un cierre institucional a uno de los capítulos más violentos del narcotráfico contemporáneo y refuerza la narrativa de que el Estado mexicano mantiene la capacidad de enfrentar a organizaciones criminales de gran escala.

Especialistas señalan que este tipo de procedimientos son indispensables para evitar controversias legales, teorías de desinformación o disputas sobre la identidad del fallecido, especialmente tratándose de un líder criminal con múltiples identidades y redes internacionales.

Al mismo tiempo, la apertura de investigaciones en más de una decena de estados evidencia el alcance territorial del CJNG y la magnitud de su capacidad operativa, incluso tras la pérdida de su principal dirigente.

El desafío posterior

Aunque la caída de “El Mencho” constituye un golpe significativo, las autoridades reconocen que la organización conserva estructuras regionales capaces de operar de manera autónoma. La prioridad inmediata es desarticular esas células y evitar un proceso de fragmentación violenta que derive en nuevas disputas entre facciones.

La FGR indicó que continuará informando sobre el avance de las investigaciones conforme lo permita el debido proceso, mientras los operativos de seguridad permanecen activos en varias regiones del país.

En términos estratégicos, la confirmación genética y las investigaciones abiertas marcan el inicio de una nueva fase en la confrontación entre el Estado y el CJNG: la transición de un liderazgo centralizado hacia un escenario donde múltiples actores criminales podrían disputar el control de las plazas.

Lo ocurrido en Tapalpa no sólo representa el final de un hombre, sino el comienzo de una operación nacional para desmantelar la estructura que construyó. Un proceso que definirá, en buena medida, el rumbo de la seguridad pública en los próximos años.

Por Editor

Durante más de una década, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, simbolizó la expansión más violenta y sofisticada del narcotráfico en México. Su organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pasó en pocos años de ser una escisión regional a convertirse en una maquinaria criminal con presencia internacional, capacidad paramilitar y control territorial en amplias zonas del país. Su ascenso coincidió con los años más intensos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por gobiernos del PRI y del PAN, mientras su caída ocurrió en un contexto distinto: el de una estrategia de seguridad que privilegia la inteligencia operativa, la coordinación institucional y el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales.

El origen de Oseguera Cervantes se remonta a las redes del narcotráfico jalisciense que se consolidaron tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la desaparición del Cártel del Milenio. Expolicía municipal y posteriormente operador del crimen organizado, “El Mencho” supo aprovechar la recomposición del mapa criminal que siguió a la captura o abatimiento de líderes históricos durante los sexenios panistas. La estrategia de descabezamiento de organizaciones —sin un plan integral de reconstrucción institucional— provocó la multiplicación de células armadas y disputas territoriales, caldo de cultivo ideal para el surgimiento de un grupo extremadamente agresivo.

Entre 2010 y 2018, el CJNG creció de manera exponencial. Durante ese periodo, el país registró niveles récord de violencia y expansión del narcotráfico hacia regiones previamente consideradas estables. Bajo gobiernos del PAN y posteriormente del PRI, el grupo logró consolidar rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y cocaína, así como redes de lavado de dinero y extorsión. Su poder se manifestó en ataques directos contra fuerzas federales, derribo de aeronaves militares y exhibiciones públicas de armamento de alto calibre que evidenciaban un nivel de equipamiento comparable al de fuerzas irregulares.

Analistas coinciden en que el crecimiento del CJNG no puede entenderse sin el vacío institucional generado por la fragmentación de otros cárteles y la corrupción local en diversas entidades. En varios estados, autoridades municipales y estatales fueron infiltradas o rebasadas, permitiendo que la organización construyera una base social mediante coerción, propaganda y control económico. La violencia no fue un subproducto accidental, sino una herramienta deliberada de expansión.

Con la llegada de un nuevo proyecto político en 2018, la estrategia de seguridad comenzó a modificarse. El énfasis pasó de la confrontación frontal a la inteligencia financiera, la coordinación interinstitucional y la presencia territorial mediante la Guardia Nacional. Paralelamente, se reforzó la cooperación internacional para rastrear flujos de dinero, armas y precursores químicos. El CJNG siguió siendo una amenaza prioritaria, pero el Estado buscó debilitarlo de manera estructural antes de intentar capturar a su líder.

Durante años, “El Mencho” evitó la captura mediante una combinación de movilidad constante, redes de protección y un aparato de seguridad altamente entrenado. Su círculo cercano estaba compuesto por familiares y operadores de absoluta confianza, lo que dificultaba la infiltración. Sin embargo, los golpes a su estructura financiera, la detención de mandos regionales y la presión sobre sus rutas de suministro redujeron gradualmente su margen de maniobra.

El operativo que finalmente condujo a su caída fue el resultado de un largo proceso de inteligencia acumulada. Fuentes oficiales han subrayado que no se trató de una acción improvisada, sino de una intervención de alta precisión diseñada para minimizar daños colaterales y evitar una escalada de violencia mayor. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y agencias federales permitió ubicar al capo en un enclave rural de Jalisco, donde se desarrolló un enfrentamiento con su guardia personal.

La neutralización de Oseguera Cervantes provocó reacciones violentas del CJNG en diversas regiones, incluyendo bloqueos carreteros y ataques coordinados. Sin embargo, la rápida respuesta de las fuerzas federales impidió que la organización recuperara la iniciativa. A diferencia de episodios anteriores en la historia del narcotráfico mexicano, el Estado logró contener la violencia y restablecer el orden en un plazo relativamente corto.

La caída de “El Mencho” representa más que la eliminación de un líder criminal. Marca el debilitamiento de una estructura que simbolizaba la fase más agresiva del narcotráfico contemporáneo. También envía un mensaje político: el Estado mexicano mantiene la capacidad de enfrentar a las organizaciones más poderosas sin ceder al terror ni a la intimidación.

No obstante, el desafío de fondo persiste. La experiencia histórica demuestra que la captura o muerte de un capo no garantiza la desaparición de su organización ni del mercado ilegal que la sustenta. El verdadero reto consiste en evitar la fragmentación violenta y reconstruir las condiciones de seguridad en las regiones afectadas.

La trayectoria de “El Mencho” ilustra, en última instancia, la evolución del crimen organizado en México durante las últimas décadas: un fenómeno que se fortaleció al amparo de instituciones debilitadas, estrategias fallidas y corrupción sistémica, y que hoy enfrenta un Estado decidido a recuperar el control territorial. Su ascenso fue producto de un periodo de desorden y violencia estructural; su caída, resultado de una estrategia que privilegia la inteligencia sobre la espectacularidad.

Así, la historia del líder del CJNG se inscribe como un capítulo emblemático de la lucha entre el Estado y el narcotráfico: la crónica de un poder criminal que creció hasta desafiar a las instituciones y que finalmente fue confrontado por ellas. Un recordatorio de que la seguridad nacional no depende sólo de operativos, sino de la solidez del proyecto político que sostiene al Estado.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad federales tras el operativo que culminó con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado durante años el narcotraficante más poderoso y buscado del país.

La mandataria destacó la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades federales, subrayando que la acción representa uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en décadas. Tras los enfrentamientos y la posterior reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno aseguró que la situación se encuentra bajo control y que las carreteras del país permanecen transitables.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, mediante una intervención de alta precisión basada en labores de inteligencia. Las fuerzas federales localizaron al líder criminal en un complejo rural y desplegaron unidades terrestres y apoyo aéreo para intentar su captura.

Durante la operación, los elementos de seguridad fueron atacados por integrantes del CJNG, lo que derivó en un enfrentamiento armado. El capo resultó gravemente herido y falleció posteriormente, mientras que varios miembros de su círculo de seguridad murieron en el lugar.

La caída del líder criminal provocó una respuesta violenta del cártel en diversas regiones del país, con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques coordinados. Autoridades federales desplegaron operativos de contención en múltiples estados para restablecer el orden y proteger a la población.

Informes oficiales indican que los enfrentamientos posteriores dejaron decenas de muertos, entre ellos elementos de seguridad y presuntos integrantes del grupo delictivo, además de numerosos detenidos y aseguramientos de armamento.

Pese a la magnitud de la reacción criminal, el Gobierno sostuvo que la acción demuestra la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a las organizaciones delictivas más violentas sin ceder ante la intimidación. Desde Palacio Nacional se enfatizó que el operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas, aunque contó con información de inteligencia compartida por agencias estadounidenses.

“El Mencho” era considerado uno de los principales responsables del tráfico internacional de drogas y de una escalada de violencia contra autoridades desde la década pasada, lo que lo convirtió en objetivo prioritario de México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa millonaria por su captura.

Para el Gobierno federal, la neutralización del líder del CJNG representa no sólo un éxito táctico, sino un mensaje de que el Estado mantiene la iniciativa frente a las estructuras criminales que operan en el país. El reconocimiento presidencial a las fuerzas del orden se inscribe en esa narrativa: la de un Estado que, pese a los costos y riesgos, continúa disputando el control territorial y la seguridad pública a los grupos armados.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre el desmantelamiento de una célula del CJNG que se dedicaba al reclutamiento de personas, a quienes se reclutaba a través de redes sociales.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Fuerzas federales, entre civiles y militares, desmantelaron la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que reclutaba y entrenaba, desde las redes sociales, a futuros miembros de su organización criminal. Este grupo operaba en Teuchitlán, de acuerdo con lo dado a conocer esta mañana por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre los detenidos están los líderes de la operación en rancho Izaguirre.

Durante la conferencia matutina que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum este 24 de marzo, el Secretario de Seguridad detalló que la célula de reclutamiento en cuestión era liderada por José Gregorio «N», alias «El Lastra» o «Comandante Lastra», quien fue detenido en la Ciudad de México el pasado 20 de marzo.

Según lo señalado por García Harfuch, «El Lastra» fungía como la persona a cargo de los centros de adiestramiento hallados en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, además de vinculársele con el reclutamiento de personas para el CJNG, actividad que habría desempeñado a través de redes sociales entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

José Gregorio «N», explicó el Secretario de Seguridad, reclutaba al engañar a personas mediante falsas ofertas laborales en redes sociales. «Utilizaban principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, mediante engaños, además, de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de cuatro mil a 12 mil pesos semanales», mencionó.

Harfuch añadió que las personas interesadas en las ofertas de trabajo eran citadas en terminales de autobús para ser trasladadas al centro de adiestramiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Ahí, se les instruía sobre el manejo de armas y recibían acondicionamiento físico. «Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas, también, les retiraban sus celulares», dijo.

«Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo, eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva», informó el titular de la SSPC, quien añadió que «El Lastra» dio testimonio de que aquellas personas que se resistían al adiestramiento o trataban de escapar, eran privadas de la vida, golpeada o sometidas a algún tipo de tortura.

El Secretario de Seguridad informó que José Gregorio «N» fue capturado junto a Abril «N», como resultado de un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca.

La detención se logró a raíz de labores de análisis y seguimiento que ejecutó el área de investigación y Patrullaje Cibernético de la SSPC, la cual se dio a la tarea de analizar perfiles en redes sociales que estaban relacionados con el reclutamiento de personas.

«El detenido también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de dos estudiantes universitarios», indicó Harfuch, quien añadió que «El Lastra» se reunió el 10 de marzo con otra persona identificada como Gonzalo «N», en Puerto Vallarta, Jalisco. En dicha reunión, habría recibido la orden de terminar con las labores de adiestramiento que llevaba a cabo, tras lo cual procedió a ocultarse en el municipio de Tala.

«De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la Autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril “N”, de 43 años», mencionó el Secretario.

Asimismo, dio a conocer que, además de las detenciones, se dieron de baja 39 páginas de reclutamiento que operaban en distintas plataformas digitales. «Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más», resaltó.

Por último, apuntó que, de septiembre de 2024 a la fecha, han sido detenidas un total de 49 personas relacionadas con actividades de reclutamiento. «Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco», dijo.

Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación han beneficiado con liberaciones y diversos amparos –por ejemplo, para evitar extradiciones a Estados Unidos– a integrantes del crimen organizado. Una revisión elaborada por Contralínea arroja que, entre 2022 y lo que va de 2024, el grupo más favorecido es el Cártel Jalisco Nueva Generación, del que incluso el segundo al mando fue puesto en libertad. Por ejemplo, se les dictó libertad a dos hermanos del líder del CJNG, apodado Mencho: Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana– Oseguera Cervantes. A la lista se suman: Erick Valencia Salazar, cofundador del cártel; Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o R1; así como el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esa organización. El Cártel de Sinaloa figura como el segundo más favorecido, y otras agrupaciones –como el Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima, Guardia Guerrerense– también recibieron beneficios de este tipo

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación –algunos de muy alta jerarquía e identificados como generadores de violencia extrema– figuran como los más favorecidos por el Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados ordenaron la libertad, por ejemplo, de dos hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG: se trata de Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana, quien aún enfrenta prisión por otros delitos–. Además, fallaron para que Erick Valencia Salazar, cofundador de la organización, abandonara la prisión. Lo mismo ocurrió con Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o  R1; así como el caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esta organización.

En segundo lugar, figura el Cártel de Sinaloa, con los casos de Héctor Palma –el Güero Palma–, uno de sus fundadores; Néstor Isidro, el Nini, jefe de sicarios de los Chapitos; Kevin Daniel Castro Beltrán, presuntamente relacionado con el Nini; y Leticia Rodríguez Lara, exintegrante de la Policía Judicial Federal, de la antigua PGR.

Entre los casos relevantes relacionados con grupos delictivos también sobresalen sentencias o resoluciones de jueces y magistrados a favor el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Luis Antonio Yépez, el Monedas, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y de ese mismo grupo: Fernando Emanuel Juárez, el Panther, Giovanni ‘N’ y Cristian ‘N’; estos dos últimos, supuestos cómplices del Monedas.

También están los casos de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos;  Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán, presunto líder del grupo Guardia Guerrerense; Mario Alberto Cárdenas, el Betito, del Cártel del Golfo; el presunto narcomenudista Guadalupe Israel, el Choncho, quien opera en Guanajuato y ha sido detenido y liberado 16 veces entre 2022 y 2024; Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de Los Mazatlecos.

Así, el Poder Judicial de la Federación mantiene una deuda con las víctimas de la violencia: en vez de procurar justicia, jueces y magistrados otorgan beneficios procesales a presuntos delincuentes, relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, lo que deja una escena de impunidad generalizada.

Y aunque en el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, grupos opositores y la agencia antidrogas estadunidense DEA afirman que uno de los riesgos del voto popular es que el crimen organizado podría postular narcocandidatos, la realidad es que jueces y magistrados llevan años dictando sentencias para favorecer a presuntos narcotraficantes. Más aún, algunos juzgadores han sido acusados de mantener supuestos nexos con los cárteles, como se ha revelado cada 15 días en el informe Cero Impunidad, elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Los beneficios del Poder Judicial a los cárteles del narcotráfico también contrastan con el llamado que hizo la ministra presidenta Norma Piña, de que la reforma ponga en el centro a las víctimas, pues hasta ahora algunos de sus subordinados –jueces y magistrados– siguen liberando a generadores de violencia extrema.

Beneficios al Cártel Jalisco Nueva Generación

El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por las autoridades como uno de los más violentos y peligrosos en la actualidad. Tiene su centro de operaciones en Jalisco y mantiene presencia en 28 de las 32 entidades del país, con excepción del triángulo dorado. A este grupo se le atribuyen diversos hechos violentos, como el secuestro de jóvenes para obligarlos a unirse a sus filas, o el asesinato de ocho trabajadores de un call center en mayo de 2023.

-Caso Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo. Reportes de inteligencia citados por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, el hermano del líder del CJNG es uno de los principales operadores logísticos de esa organización criminal. A pesar de ello, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de México –con sede en el penal de Almoloya de Juárez–, Rogelio León Díaz Villarreal, falló por la no vinculación a proceso del presunto integrante del CJNG, detenido por la Guardia Nacional la madrugada del domingo 21 de abril durante un operativo.

Así, por órdenes del juez fue liberado una semana después de su detención, tras una audiencia realizada el día sábado 27 de abril, que se prolongó hasta la madrugada del domingo 28. El juez consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a las 3:48 de la madrugada portando armas y con la cantidad de 2 mil 11 pastillas de fentanilo y 38 gramos de cocaína, porque si se tratara de una persona que se dedicara a la venta de estupefacientes los tendría al interior de su casa y no en el cuerpo.

Además, consideró que Abraham Oseguera no estaba en condiciones óptimas de salud para cargar un arma larga, con base en la opinión de un médico que ofreció el detenido; es decir, no se recurrió a un dictamen pericial. En la audiencia, el agente del Ministerio Público cuestionó al médico, quien aceptó que su cliente sí podía cargar hasta cinco kilogramos de peso.

Sin embargo, el juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el informe policial y los videos aportados por la defensa. En los videos, según la percepción del juzgador, no se advierte que el detenido haya podido correr hacia su domicilio por temas físicos y de salud, tampoco se le observó armado pero sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de la casa.

De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, dichos videos fueron aceptados como válidos sin tomar en cuenta la opinión del perito en informática, quien estableció que éstos podían haber sido alterados o editados, al no contener el código que revelaría si fueron o no manipulados previamente.

-Caso Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana. Otro de los hermanos de Nemesio Oseguera, el Mencho, fue aprehendido en diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue vinculado a proceso por la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 29 de marzo de 2023, la jueza Abigail Ocampo Álvarez le otorgó un amparo para dejar insubsistente la vinculación a proceso por delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Con ello, ordenó al juez de control reponer el procedimiento en su contra.

La jueza argumentó que la cantidad de cocaína que poseía el imputado no acreditaba que pretendía venderla, pues no se encontró una báscula o dinero en el lugar. En cuanto al acopio de armas, la juzgadora señaló que sólo se acreditó la existencia de cinco, y no más de cinco como lo había referido la Fiscalía. Además, argumentó que tampoco se acreditó que la posesión del armamento tuviera fines ilícitos.

-Caso Erick Valencia Salazar, alias el 85. Reconocido en reportes de inteligencia como el cofundador del CJNG, fue detenido en 2012, luego de mantener un enfrentamiento armado con miembros del Ejército que culminó con ataques a la población civil. A pesar de esta situación, fue puesto en libertad en diciembre de 2017, luego de que el juez federal de Guadalajara, Alejandro Castro Peña, determinó que hubo violaciones a su debido proceso y que no había pruebas suficientes en su contra. Su liberación se hizo pública hasta mediados de enero de 2018, porque ocurrió en periodo vacacional, lo que le impidió al gobierno federal impugnar la decisión del juez.

Fue recapturado en 2022 y también fue requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por tráfico de drogas entre 2003 y 2008; pero el 12 de septiembre de 2023, el juez Alfonso Alexander López Moreno otorgó una suspensión definitiva en favor de Erick Valencia  para que no se ejecutara el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta en tanto se resolviera el amparo promovido por el detenido. Por esta resolución, su proceso se alargó hasta que el 27 de febrero. El gobierno federal presionó el dictamen judicial hasta que se le negó el recurso de amparo contra la extradición en febrero de 2024.  A la fecha no ha sido extraditado.

-Caso Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o el R1. Es identificado como presunto lugarteniente de Los Valencia, del CJNG, y segundo al mando dentro de la organización liderada por el Mencho. Mediante un auto con fecha 18 de noviembre de 2022, el juez Julio César Moreno Fierros, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Sonora, en su calidad de juez exhortado, y en cumplimiento a la sentencia absolutoria  decretada por la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, solicitó al Cefereso número 11 en Sonora ponerlo en inmediata libertad.

Su detención se dio en 2012 y sobre él pesaban cinco procesos judiciales, los cuales fueron cayendo hasta llegar a este último donde se ordenó su liberación. Todas las resoluciones judiciales tuvieron una constante: hubo desvanecimiento de pruebas, no comparecieron testigos y, a criterio de los jueces, no habían elementos suficientes para acreditar responsabilidad alguna. Además de que la última decisión de liberarlo se dio la madrugada de un sábado, para no llamar la atención y que la FGR no apelara el fallo.

-Caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del magistrado, tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta determinación fue tomada tras resolver un recurso de revisión administrativa. Dicho juzgador figuraba en lo más alto del organigrama de la estructura jerárquica del CJNG.

En 2016, como magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, Isidro Avelar exoneró de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a Nemesio Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del CJNG y quien fue extraditado a Estados Unidos.

En 2017, el Departamento de Justicia del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por favorecer al grupo delictivo y fungir como su operador financiero. Aunque no se le acusó por delincuencia organizada –pues no se pudo comprobar que hubiera recibido dinero del Mencho–, sí se le acusó de enriquecimiento ilícito, porque  habría recibido más de 12 millones de pesos sin poder justificar su procedencia. En julio de 2023 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió del proceso, debido a que determinó que “fue poco ético, pero no ilegal” el enriquecimiento ilícito del exmagistrado vinculado al CJNG.

Beneficios al Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa tiene su mayor influencia en Sinaloa, Durango y Chihuahua (región conocida como el triángulo dorado). Además, se tiene información de su presencia en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este grupo es responsable del Culiacanazo o jueves negro: una serie de enfrentamientos armados entre elementos de las Fuerzas Armadas y miembros de la facción de los Chapitos, con el objetivo de liberar a Ovidio Guzmán, alias el Ratón, ocurridos el 17 de octubre de 2019.

-Caso Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma. Fundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa –junto a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo–, fue detenido en mayo de 1995, acusado de los delitos de homicidio, narcotráfico y asociación delictuosa. El 3 de mayo de 2023, el gobierno federal dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, notificó en la madrugada del sábado 1 de mayo –día festivo y de descanso obligatorio en México– a la dirección del penal de máxima seguridad Altiplano, la resolución de absolución a Héctor Luis Palma Salazar, por el delito de delincuencia organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6/2018-IX. El capo fue reaprehendido al salir de prisión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó dicha liberación como un sabadazo, práctica que consiste en liberar a los presuntos delincuentes en fin de semana, lo que complica a los directores de los reclusorios indagar si existen órdenes de aprehensión vigentes en otros estados.

Para el 17 de mayo de 2023, Cecilia Crockman Flores –encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero– decretó auto de libertad de la acción penal por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de nueve personas ordenando su liberación en un plazo de tres horas.

El 27 de febrero de 2024, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Conrado Alcalá Romo; otorgó un amparo que dejó insubsistente la orden de aprehensión en contra del Güero Palma por el proceso de homicidio en agravio de Juan Castillo Alonso,  subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco; cometido en 2000.

-Caso Néstor Isidro, el Nini. El mismo día de su detención (22 de noviembre de  2023) y de manera inmediata, la jueza María de los Ángeles Sánchez Cisneros otorgó una suspensión de plano a favor del presunto integrante del Cártel de Sinaloa, para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo que fue víctima de actos de tortura e incomunicación; sin embargo, el 23 de noviembre de 2023, el actuario del juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido de malos tratos.

-Caso Kevin Daniel Castro Beltrán. Dos días después del arresto del Nini, fue detenido Kevin Daniel por elementos de la FGR y miembros de la Sedena tras un cateo realizado el 23 de noviembre de 2023, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Montecarlo –en Culiacán, Sinaloa–, donde al detenido le aseguraron más de 6 mil tabletas de fentanilo, otras drogas y armas de distintos calibres.

Una semana después de su arresto, el juez Alberto Díaz Cruz decidió no vincularlo a proceso. Su dictamen se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel, en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no sólo los nueve que firmaron el acta de cateo; por lo que, a consideración del juzgador, “no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia”.

De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, el juez “confundió” a los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos a los que les corresponde la búsqueda y localización de indicios, y que son los únicos autorizados para firmar el acta.

-Caso Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety. Fue policía judicial federal, pero abandonó su puesto para unirse al Cártel de Sinaloa, donde comenzó a controlar la zona de la Riviera Maya. Al respecto, las autoridades presumen que Leticia Rodríguez controlaba en esa zona la distribución de narcóticos procedentes de Colombia hacia Sonora y Sinaloa, para después ser enviados a Estados Unidos.

De acuerdo con la información, tiempo después decidió separarse de este cártel para convertirse en jefa de plaza del Cártel del Golfo. Se inició una carpeta de investigación en su contra el 31 de julio de 2017, tras una denuncia anónima en la que se le señaló por la venta y distribución de cocaína en la zona hotelera y turística de Quintana Roo, por lo que fue detenida el 9 de agosto. Ese mismo día promovió un recurso de nulidad para impugnar cualquier sentencia en su contra, argumentando supuesta tortura, con ello logró que la magistrada Sara Olimpia Reyes García excluyera una prueba documental contemplada en la causa penal 104/2008, lo que dio como resultado un fallo absolutorio el 11 de noviembre de 2022 a favor de Leticia, y su hijo José Rafael.

Una segunda carpeta de investigación fue abierta el 9 de agosto de aquel año, pues al momento de su detención sobre la carretera Puebla-Córdoba, en compañía de otras tres personas, se les aseguraron armas de fuego, envoltorios y bolsas con metanfetaminas. Pese a las pruebas presentadas el 1 de julio de 2022, el juez Francisco Marroquín Arredondo le dictó sentencia absolutoria.

La tercera carpeta de investigación fue abierta por el delito de delincuencia organizada y contra la salud, con motivo de una denuncia anónima que le acusaba de ser propietaria de tres inmuebles en Cancún, donde presuntamente guardaba mercancía, droga y dinero. Pero el 13 de enero de 2022, el juez de control de la carpeta administrativa 335/2021 resolvió “no vincular a proceso” a Leticia Rodríguez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por el Primer Tribunal Unitario del 27 Circuito.

Fue liberada el 18 de noviembre de 2022, y aunque el gobierno federal anunció en la conferencia mañanera que buscaría apelar la decisión del juez del Tribunal de Enjuiciamiento, la liberación se dio de una forma muy rápida. De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, al dictarle libertad se echaron abajo más de 10 años de inteligencia de investigación contra las actividades del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo.

Beneficios del PJF al Cártel Santa Rosa de Lima

-Caso Fernando Emanuel Juárez Morelos, el Panther. El juez Jorge Quiroz Quintero emitió un fallo absolutorio a favor del Panther, considerado como el sucesor de José Antonio Yepes, el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de tres agentes de la Fiscalía General de Guanajuato, y daños dolosos en agravio de esta misma institución. Por esta razón ordenó de manera inmediata su libertad.

De acuerdo con el juez Quiroz Quintero, los elementos probatorios ofrecidos no fueron suficientes para acreditar la participación de Fernando Emmanuel en estos hechos. Actualmente sigue preso en el Cefereso 18 de Coahuila, ya que enfrenta cargos por otro proceso penal.

-Caso José Antonio Yépez, el Monedas, y sus presuntos cómplices. El hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima fue detenido el 7 de enero de 2024 junto a otras dos personas, por elementos de la Fiscalía General de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la FGR, tras repeler una agresión armada suscitada en una comunidad del municipio de Juventino Rosas. Pero fue puesto en libertad cinco meses después.

El pasado 17 de junio, tras una votación unánime el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa –integrado por los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández, Eustacio Esteban Salinas Wolberg y Eduardo López Muñoz– concedió una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a él y sus presuntos cómplices el 9 de enero, por considerarla “inconvencional”.

El tribunal ordenó a la jueza de control celebrar una nueva audiencia para poner a discusión otras medidas cautelares, e incluir la posibilidad de la prisión preventiva justificada. En la audiencia celebrada el 18 de junio, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica.

En el caso de Luis Antonio, le prohibió acercarse a los policías aprehensores así como salir del país; y a pesar de que la jueza reconoció el alto riesgo de fuga, no lo consideró suficiente para justificar la prisión preventiva. La juzgadora también rechazó considerar que Luis Antonio fuera hijo del Marro.

Aunque el gobierno federal ordenó una revisión para determinar si existían otros procesos en su contra y poder aprehenderlo nuevamente, el mismo 18 de junio la jueza determinó un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la resolución, y poner en libertad a este presunto delincuente.

Respecto a los otros dos detenidos, Giovanni “N” y Cristian “N”, la jueza también prescindió de la prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción.

Tras los asesinatos de tres agentes de seguridad vial y de tránsito ocurridos la mañana del pasado 10 de julio en la salida de la carretera Celaya-Salvatierra, el presidente López Obrador detalló que, de acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, se tiene la hipótesis de que el aumento de violencia en Guanajuato, y esos crímenes en particular, están relacionados con la liberación de Luis Antonio Yépez –alias el Monedas– hijo del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Otros casos relevantes

En el abanico de casos relevantes de jueces que favorecen a presuntos delincuentes destacan:

Caso Rafael Caro Quintero. A éste –junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, don Neto– la DEA lo acusa de haber planeado el secuestro y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena. Por ese crimen es requerido por una Corte Federal del Distrito Central de California, por lo que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México su extradición. No obstante, el 22 de septiembre de 2023, el juez José Fernando García Quiroz otorgó una suspensión provisional contra todo acto tendente a extraditar a Caro Quintero de territorio nacional.

El mismo juez le concedió una suspensión de plano el pasado 27 de mayo para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la petición de extradición hecha por el gobierno estadounidense, lo que preocupó al gobierno federal al considerar que tras esta decisión podría ser liberado como ocurrió en 2013, cuando ganó un amparo que fue otorgado por la jueza Abigail Ocampo (misma que otorgó un amparo a Tony Montana hermano del Mencho).

-Caso Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. El 7 de septiembre de 2023, el juez Julio Veredín Sena Velázquez otorgó una suspensión provisional al hermano del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien heredó el liderazgo del Cártel de Juárez y fue requerido por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, acusado de 46 cargos, entre ellos lavado de dinero, actividad criminal continua, importación y posesión con la intención de distribuir cocaína y marihuana, entre otros.

-Caso Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán. Había sido sentenciado a 50 años de prisión, pero el 20 de enero de 2021, el magistrado Benjamín Gallegos Segura ordenó la inmediata y absoluta libertad de Edilberto Bravo, alias el Gavilán, tras revocar la sentencia definitiva decretada por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal –con competencia en Azueta y Montes de Oca– por el delito de secuestro agravado. El argumento para liberarlo fue que existieron inconsistencias respecto al lugar de privación y cautiverio de la víctima, por lo que se concluyó que no habían elementos suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado.

-Caso Mario Alberto Cárdenas, el Betito. El 11 de noviembre de 2022, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó fallo absolutorio a favor de Mario Alberto, presunto integrante del Cártel del Golfo, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del psicotrópico clorhidrato de metanfetamina. Se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordenó su inmediata liberación.

-Caso Guadalupe Israel, el Choncho. El 26 de mayo de 2023, el juez José de Jesús Rodríguez Hernández ordenó la liberación del presunto narcomenudista Guadalupe Israel y siete de sus supuestos cómplices, a pesar de ser detenidos en flagrancia durante un cateo, en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina, así como en posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Este presunto delincuente ha sido detenido en por lo menos 16 ocasiones y pese a ser encontrado con grandes cantidades de drogas, armas y dinero ha sido puesto en libertad.

-Caso Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. Considerado como presunto líder de la organización criminal Los Mazatlecos, fue absuelto por el juez Aníbal Castro Borbón, luego de considerar que aunque fue detenido después de agredir a elementos del Ejército Mexicano y resguardarse de forma ilegal en una propiedad privada, el morador propietario de dicho inmueble ratificó de manera tardía –por temor a posibles represalias– ante el juez de control, su autorización para la entrada de los elementos de seguridad al domicilio para realizar la detención, lo que consideró razón suficiente para declarar nulas todas las pruebas y otorgar la absolución.

Así, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que liberan a generadores de violencia extrema también son responsables por la actual violencia que se vive en el país.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que se procederá con la denuncia penal por delitos contra la administración de justicia, además de una queja al Consejo de la Judicatura, por la liberación de Ramón ‘N’, alias ‘El Moncho’ y/o ‘R1’, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la sección “Cero impunidad” informó que ya libró cinco procesos penales en juzgados federales de Jalisco y el último proceso fue hace unos días. Por este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió contra los “sabadazos”, porque se informó de la libertad en la madrugada del sábado.

Ramón ‘N’ fue detenido en 2012 con sus hermanos Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, y Jesús Santiago ‘N’, presuntos integrantes de este cártel. Se le atribuía ser el segundo en importancia dentro de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El funcionario federal relató que ‘El Moncho’ estaba acusado de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud “y la jueza 1 de Procesos Penales del estado de Jalisco solicitó poner en libertad inmediata a este sujeto, quien primero fue lugarteniente de Los Valencia, de una organización delictiva, y después del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Mejía Berdeja expuso que la jueza emitió la sentencia absolutoria y el juez segundo de distrito en el estado de Sonora fue exhortado a dar cumplimiento, por lo que se envió el escrito al centro de reclusión federal comprendido en Hermosillo, Sonora.

“Esta persona que se encontraba recluida contaba con cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Uno a uno de los procesos penales por delitos muy graves como secuestro y delincuencia organizada, de los que fue absuelto por jueces diferentes”, dijo.

Los juzgados que refiere son: Juzgado 7 de Jalisco; Juzgado 3º de Distrito en Materia de Procesos Federales en Jalisco; Juzgado 3º de Procesos Penales en Jalisco; Juzgado 5º de Primer Partido Judicial de Jalisco.

“En todos estos procesos el modus o la circunstancia, desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos, no a elementos a juicio del juez para acreditar la responsabilidad, y cada una de estas aduanas la fue librando hasta librar el último proceso y finalmente caer en este caso de impunidad”, agregó.

El subsecretario de Seguridad dijo que también se le acusa de ser, junto con sus hermanos, el presunto responsable de organizar, coordinar y llevar a cabo bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y en Colima en agosto de 2020.

“Era el presunto responsable de implementar acciones en contra de otras células antagónicas en las plazas donde operaba, y por encomienda de la cabeza de esta organización criminal, alias ‘El Mencho’, coordinaba la incursión de ese grupo delictivo en los Estados de Guanajuato y Michoacán”, indicó.

Agregó que al momento de su detención responsabilizó a los líderes de Caballeros Templarios de la colocación de mantas en la ciudad de Guadalajara, en las que se citaba la supuesta fractura entre grupos criminales.

Proceso

Esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, reveló que el pasado 11 de octubre se logró la detención de Cesar Augusto “N”, alias “El Gafe”, a quien se presume como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA EL FUNCIONARIO DESTACÓ QUE ESTE SUJETO SERÍA JEFE REGIONAL DE DICHO GRUPO DELICTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y EL SALTO, JALISCO.

César “N” también sería señalado como presunto responsable de los delitos de secuestro y homicidio. Además, estaría vinculado con los hechos ocurridos en la plaza comercial Landmark, ubicada en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con Mejía Berdeja, “El Gafe” es considerado uno de los principales generados de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Bajo su cargo, estaría la coordinación de células de narcomenudistas, sicarios y halcones.

Además, este hombre también se encargaría del reclutamiento de nuevos miembros de celular operativas en diferentes estados de la República.

Revolución 3.0

Luego de los actos de violencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, el fin de semana pasado se informó que 36 personas han sido detenidas.

En conferencia de prensa por parte del gobierno federal se informó que esta se debió al intentar capturar a Ricardo Ruiz Velazco y de Gerardo González Ramírez, presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que continuó en Chihuahua tras la riña en un centro de readaptación social.

El fin de semana grupos criminales realizaron la quema de establecimientos, autos incendiados y bloqueos, en algunos estados del país. Por lo que este lunes el gabinete de seguridad federal ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre la violencia que inició en Guanajuato y Jalisco.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que fueron detenidas 36 personas por los actos de violencia.

“Esto suma un total, por estos eventos, al momento que estamos informando, de 36 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común y del fuero federal”, precisó.

También se informó que se detuvieron por otros hechos violentos a más de 3,000 personas en el país.

“Este fin de semana por ilícitos del fuero común y federal hubo 3,630 detenidos; hablamos de una cifra que se da en todo el territorio del país durante tres días y este Registro es parte de las reformas que este gobierno ha impulsado y que, además de ser público, pues ilustra la capacidad de reacción del Estado Mexicano”, dijo.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que los actos de violencia del fin de semana responden a algún tipo de distracción o para enviar un mensaje a otras bandas del crimen organizado.

“De alguna forma las organizaciones van buscando cómo hacer para poder distraer a las fuerzas de seguridad, para que atiendan una situación y ellos poder hacer otra o también por el debilitamiento quieren hacerse, sentirse fuertes y generan situaciones de violencia donde a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes de que aún son fuertes cuando en realidad poco a poco se ha ido minando esta estructura delincuencial”, explicó.

En tanto, Ricardo Mejía también coincidió con el General de Seddena y consideró que, “al verse mermados, los miembros del crimen organizado buscan demostrar poderío”.

“Como reacción a estas acciones y para buscar generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal, para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva”, agregó.

Finalmente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó que en México haya ‘terrorismo’, como lo asegura la oposición y sus voceros. Y defendió la estrategia de seguridad pública implementada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No son atentados terroristas, no hay que magnificar, no son más allá que la propaganda. No es que queramos minimizarlo, pero desde luego hay una estrategia del gobierno federal que está dando resultados”, dijo.