En caso de existir archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que comprueben que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sabía que Genaro García Luna –su mano derecha encontrado culpable de narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos– estaba asociado al Cártel de Sinaloa se harán públicos, aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultado por Contralínea acerca de la posibilidad de que en los documentos del Cisen se localicen las pruebas de que el expresidente tenía conocimiento de la corrupción de su secretario de Seguridad Pública, el primer mandatario afirmó que todos los expedientes del Centro fueron entregados al Archivo General de la Nación y se pueden transparentar.

Sí “se puede obtener siempre y cuando se presente la solicitud. No hace falta que se haga en Transparencia, nosotros podríamos entregar esa información si existe, si es real, no tenemos por qué ocultar nada”, dijo a esta revista. El 22 de marzo pasado, Contralínea entrevistó al exdirector de la Escuela de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Retana Yarto, quien aseguró que hay pruebas documentales del Cisen que apuntan a una presunta complicidad del exmandatario con García Luna.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador explicó que sí se tomó la decisión de abrir todos los archivos del Cisen: “se han entregado al Archivo General de la Nación todos los archivos del antiguo Cisen, de la antigua Policía Federal, y se pueden consultar en el Archivo General de la Nación”.

El jefe del Ejecutivo federal expuso que si hay algún tema en especial, “puede hacerse una solicitud y nosotros entregamos todos estos archivos”.

Además, explicó que aún falta la clasificación de todos esos documentos y eso lleva tiempo. “Son muchos papeles, pero sí hay una solicitud específica sobre algo, hay voluntad, hay decisión de entregar todo, de hacer más pública la vida pública, no ocultar absolutamente nada”.

López Obrador reveló que el Archivo General de la Nación ya le entregó su expediente elaborado por el Cisen y la Policía Federal de cuando fue opositor: “ya lo recuperé, lo solicité y me lo entregó el director del Archivo General de la Nación. Entonces, sí hay posibilidad de tener estos informes”.

El presidente dijo que “hay que esperar lo que va a resultar del juicio porque falta que el juez emita una sentencia definitiva en el caso de García Luna. Y el abogado del señor García Luna ha estado expresando que es posible que él declare, García Luna, y esto sería muy bueno porque tendría que decir qué vínculos estableció con autoridades de más alto nivel y también qué relación con agencias y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, esto sería muy bueno porque no puede haber actuado solo, desde luego tenía un equipo”.

Recordó que hay exfuncionarios cercanos al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón ya consignados, “pero hay una esfera de actuación que tiene que ver con otras autoridades; por ejemplo, la fiscalía en el operativo Rápido y Furioso, en el contrabando de las armas, participaron autoridades de Estados Unidos y autoridades de México, fue un operativo concertado. Entonces, él participó y desde luego el fiscal en ese entonces, y habría que saber si se le enteró al presidente sobre este asunto”.

Por ello, el presidente López Obrador reiteró que hay que esperar la conclusión del juicio, que tiene como plazo hasta el mes de junio.

Contralínea

Existen al menos 57 informes del seguimiento y espionaje que realizaron el Cisen y la Sedena a los normalistas rurales de Ayotzinapa, entre 2011 y 2014. Se trata de los reportes a los que tuvo acceso el GIEI y en los que se dan detalles no sólo de asambleas, marchas, reivindicaciones y relación de los estudiantes con organizaciones, sino también de asesinatos, detenciones y desalojos. Tanto el extinto Cisen como el Ejército tenían agentes infiltrados en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos

En su tercer informe del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la existencia de al menos 57 informes de inteligencia elaborados por el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En éstos quedan al descubierto las labores de seguimiento y espionaje permanente que hicieron ambas instituciones –entre 2011 y 2014– contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Los reportes a los que tuvo acceso el GIEI detallan desde las reivindicaciones estudiantiles –como la exigencia de que se crearan plazas para maestros rurales recién egresados–, movilizaciones y toma de autobuses, pero también de conflictos con autoridades policiales, asesinatos y otros episodios de violencia policiaca.

Al respecto, en su Informe Ayotzinapa III, el GIEI da cuenta de que tuvo acceso a 57 informes de seguimiento de las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa de 2011 a 2014, época que coincide con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el estado de Guerrero.

Agrega que del periodo de 2014 les fueron entregadas 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Cisen –que era dependiente de la Secretaría de Gobernación– que daban cuenta de las actividades de los estudiantes de Ayotzinapa, tanto de días anteriores al crimen como de ese mismo día hasta las actividades de toma de autobuses en las afueras de Iguala. Por ello, los expertos concluyen que las autoridades civiles federales y militares conocían de las actividades de los estudiantes y el monitoreo a que eran sometidos.

El GIEI apunta que “los informes reservados de las autoridades militares de Sedena, así como posteriormente de los servicios de inteligencia del Cisen, dan cuenta de las reivindicaciones de plazas o transparencia en el uso de recursos; movilizaciones y toma de buses, para las marchas; conflictos con las autoridades policiales y algunos hechos de violencia específicos como asesinatos, detenciones o desalojos; incluyendo igualmente reportes de discusiones en asambleas y relación con otras organizaciones”.

Añade que esa información y monitoreo de las actividades estudiantiles no sólo se hacía con métodos de observación externa o información de contexto, sino con la existencia de agentes de inteligencia infiltrados con fachada de estudiantes de la normal rural. “Según pudo comprobar el GIEI, dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información”. Al respecto, cita dos oficios internos de la dependencia entonces bajo el mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda: el GAOI/5246, del 29 de septiembre de 2014, y el GAOI/5823, del 21 de octubre de ese mismo año.

Los expertos internacionales también señalan que en el momento del crimen –noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron tanto la desaparición de los 43 normalistas como los ataques que dejan seis jóvenes asesinados y 40 heridos–, al menos, tres agentes de inteligencia de Sedena estaban activos en la normal de Ayotzinapa y en Tixla, la localidad donde ésta se encuentra.

En algunos documentos, refieren en su tercer informe, “se habla abiertamente de ‘fachada de alumno’. Ninguno de dichos reportes hacía en ningún caso referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado”.

Documento: RESUMEN GIEI AYOTZINAPA III

Algunos informes del espionaje

Los expertos independientes revelan extractos de algunos de los 57 informes de espionaje a los que tuvieron acceso. Por ejemplo, se cita el documento con folio G.A.O.I./5087, del 22 de septiembre de 2014, en el que la Comandancia de la 35 Zona Militar informa a la superioridad DN-1, S-2, sobre “las actividades de los alumnos de la Escuela Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.

El oficio indica: “se tuvo conocimiento de una reunión del comité estudiantil ‘Ricardo Flores Magón’, (…) al interior de las instalaciones de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Mpio. de Tixtla, Gro., donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aprox. 15 autobuses (…) con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la Plaza de México D.F. a fin de participar en el ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. de 1968, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco’”.

En ese mismo documento, la Comandancia de la 35 Zona Militar ordenó a todos los batallones del estado de Guerrero que dieran seguimiento a las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa. “Así, se indica al Comandante del 50 Batallón de Infantería: ‘se mantenga al pendiente de las actividades que realizan los alumnos de citado plantel educativo, con la finalidad de informar oportunamente la salida de contingentes a la Ciudad de México para la conmemoración del ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. 1968’, así como el de otras organización (sic) con presencia dentro de su sector de responsabilidad”.

El tercer informe del GIEI observa que esa misma instrucción se giró a los comandantes de los Batallones 27, 34, 41 y 93 a quienes se les solicitaba: “Informe(n) por el medio más expedito a esta Cmcia. de Z.M. sin detrimento de realizarlo posteriormente por escrito, la salida de contingentes dentro de sus sector (sic) de responsabilidad a esta plaza o a la Cd. de México, a fin de participar en la conmemoración del aniversario citado en texto”.

El día del crimen también hicieron espionaje

EL Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que varios documentos de inteligencia –sin precisar cuántos– del Cisen y de la Sedena revelan el seguimiento pormenorizado que tuvieron los normalistas rurales de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

“De todas las evidencias, podemos concluir que los estudiantes tomaron tres autobuses de la [central] camionera, que venían en dos autobuses de la Escuela [Normal Rural de Ayotzinapa] y que deciden regresar nuevamente y de forma urgente a Tixtla, domicilio de la Escuela. Desplazándose en total en cinco autobuses hacia Tixtla, tomaron diversas rutas divididas en dos grupos. Que se conocieron los disparos y las agresiones que sufrieron los normalistas en los dos escenarios señalados, y se transmitieron las informaciones a los mandos de las diferentes corporaciones, habiendo desaparecidos de estos dos escenarios confirmados:

“-Un grupo de los desaparecidos se encontraba en un autobús ubicado al frente del Palacio de Justicia en la carretera rumbo a Chilpancingo y;

“-El otro autobús que iba de tercero en la caravana de los autobuses que llevaban los estudiantes que estaba ubicado sobre la calle Juan N Álvarez, dirección periférico, tal y como lo señalamos en los informes del GIEI año 2015 y 2016.”

El informe establece que las autoridades policiales y militares de todos los niveles en Iguala tuvieron conocimiento en tiempo real de todos esos hechos: “sabían de quién se trataba [normalistas rurales] desde las reuniones en las que se preparaba la toma de autobuses para la marcha del aniversario” [de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968].

“Conocieron la mañana del 26 de septiembre de 2014 el intento de tomar autobuses en Chilpancingo, frustrado por la policía estatal. Sabían del objetivo de la acción que los jóvenes pretendían realizar. Conocieron y se reportó en documentos el viaje de salida de la escuela hacia Iguala, siendo monitoreados en el trayecto. Supieron de las circunstancias de su llegada a las afueras de la ciudad a tomar autobuses, y de cómo un grupo ingresó a Iguala para devolverse con el bus y quedó encerrado en el mismo. Supieron y reportaron en documentos que el resto de los jóvenes que había quedado fuera esperando, llegaron a la central camionera y se llevaron tres autobuses. Conocieron su intento de salida de la ciudad”.

El informe del GIEI señala que “todos sabían, a través de OBIS [infiltrados identificados internamente como agentes de obtención y búsqueda de información] que reportaban directamente desde el lugar de los hechos y del C-4, que un número grande de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos o agresiones físicas en los dos escenarios del Palacio de Justicia y de la calle Juan N Álvarez, por varias policías municipales con un enorme despliegue de vehículos de distintas corporaciones y policías vestidos de negro en el caso del Palacio de Justicia”.

Al citar el informe interno FCA No.CRFI/1194, del 26 de septiembre de 2014, el GIEI destaca que la documentación que obtuvo da cuenta de un hecho llamativo: “este seguimiento detallado y reproducido en los referidos informes cesa en las horas críticas de la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, otros documentos de inteligencia que reproducen el contenido de interceptación de comunicaciones dan cuenta que las autoridades militares tenían información en tiempo real de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Iguala”.

Otros documentos militares

El informe del GIEI revela fragmentos de otros documentos militares que revelan pormenores del papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso Ayotzinapa. En ellos también se descubre el seguimiento y labores de espionaje que hacía el Ejército de las actividades del crimen organizado, “especialmente de enfrentamientos, hechos de violencia y control en diferentes lugares de Iguala y zonas aledañas”.

Al respecto, indica que tanto las autoridades militares como el Cisen “hacían seguimiento a las actividades del crimen organizado en tiempo real, a través de intervenciones de comunicaciones de integrantes de las organizaciones delictivas”. De esto último, enfatiza que también sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando “las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.

Uno de los ejemplos que cita es el mensaje militar CRFI, del 24 de agosto de 2014, un mes antes de la tragedia: “(…)en relación a (sic) los hechos ocurridos y la información obtenida por los OBIS de esta unidad es probable que estas acciones hayan sido realizadas y ordenadas por el grupo delictivo Guerreros Unidos asentado en esta plaza con la finalidad de no permitir que integrantes de un grupo antagónico entre a esta ciudad para disputarles el control de las operaciones ilícitas que tienen en la misma (…)”.

Asimismo, se refiere al mensaje militar F.C.A. 037114, del 27 de septiembre de 2014, cuando ya había sucedido el “gran operativo” que dejó como saldo seis jóvenes muertos, 43 normalistas rurales desaparecidos, 40 heridos y 120 víctimas de persecución que sufrieron tentativas de asesinato. Aunque de éste no se cita ni un párrafo textual, el informe del GIEI, detalla: “da cuenta que la caseta de cobro número 3 de Iguala, carretera México/Chilpancingo, había sido decretada instalación estratégica del 1 al 30 de septiembre. Caseta que cumple un rol fundamental en la narrativa acerca de cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que contaba en los días de los hechos con presencia de una patrulla militar”.

Asimismo, revela la existencia del documento militar llamado “Panorama General delictivo en el Estado de Guerrero”, de noviembre de 2014. Y reproduce un fragmento del mismo: “el estado de Guerrero es relevante en la producción de estupefacientes, principalmente amapola, por su ubicación geográfica e infraestructura de comunicación, facilitando el trasiego aéreo, terrestre y marítimo procedente de Centroamérica, con destino a los EUA”.

Otro oficio al que hacen referencia es el F.C.A. G.A.O.I/5388, del 4 de octubre de 2014, enviado por la Comandancia de la 35 Zona Militar a la Comandancia del 27 Batallón de Infantería, en el cual los militares abordan el tema de la utilización de autobuses en el traslado de droga: “La chiva que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago USA vía carretera en autobús como el reciente autobús detenido en Puebla”.

A pesar de la importancia que revisten todas estas informaciones internas, fue hasta el año pasado con la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) empezaron a entregar a cuenta gotas estos documentos al GIEI. En su más reciente informe, el Grupo reitera la necesidad de que estas dos instituciones den acceso pleno a sus archivos y con ello se contribuya a conocer la verdad acerca de este macro caso de un crimen de lesa humanidad.

Uno de los hallazgos más relevantes del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, tiene que ver con el espionaje y la infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por parte del Ejército Mexicano.

El Informe Ayotzinapa III revela que los normalistas rurales fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.

Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advierte de la intervención de comunicaciones.

“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.

Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.

Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.

En el reporte queda claro que la Sedena no tiene facultades legales para realizar estas operaciones, ni tampoco las intervenciones de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos, pues no contaba con órdenes de jueces. Más aún, ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.

No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del GIEI y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia. De ahí que sea muy probable que con este mismo malware se hayan hecho las intercepciones de comunicaciones ligadas a este caso.

En México está demostrado que el malware Pegasus ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas, por lo que ésta no sería la primera vez que se le hubiera dado ese uso.

Contralínea documentó que desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.

Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).

Es evidente que la plataforma de espionaje con la cual contaba la Sedena antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes normalistas es Pegasus, considerada una de las más invasivas y con mayor capacidad de romper sistemas de seguridad y encriptación de comunicaciones.

El informe del GIEI, revela que “todas las corporaciones –Ejército, Cisen y Policía Federal y estatal– hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos de 2014”. No hablan, sin embargo, de qué plataformas de espionaje fueron empleadas en estas labores.

Entre sus hallazgos se apunta que esas autoridades “conocían perfectamente que, desde principios de septiembre de 2014, se estaba organizando una conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México con todas las Escuelas Normales, y la encargada de realizar el aprovisionamiento, consecución de transporte y alimentación (boteo), era la Normal Raúl Isidro Burgos”.

También se señala que elementos de la Sedena y el Cisen “hacían seguimiento permanente a las actividades de boteo y toma de camiones de manera especial en este mes de septiembre, teniendo claridad de los autobuses, placas, y marcas que habían sido tomados en los diversos municipios de Guerrero”.

El tercer informe enfatiza que el Ejército Mexicano “tenía infiltrada la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia. Los documentos confirman que un normalista, que está entre los estudiantes desaparecidos, ingresó a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para realizar labores como Órgano de Búsqueda de Información (OBI). Igualmente, el ejército contaba con al menos otro OBI que ejercía como estudiante de la Escuela e informante del Ejército”.

De esas documentaciones a las que tuvieron acceso los expertos internacionales se desprende que había un tercer OBI situado en la ciudad de Tixtla, “quien observó los movimientos en la escuela después de los hechos”. Además se señala que la Sedena conoció de todas las actividades que los normalistas rurales de Ayotzinapa habían planeado para aprovisionarse de vehículos y recursos desde el 14 de septiembre de 2014.

Las omisiones intencionales de la Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional –entonces comandada por el general Salvador Cienfuegos Zepeda– no sólo omitió actuar para detener la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales, sino que sistemáticamente ha ocultado lo que sabe.

El informe del GIEI señala que “durante y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación. De la misma manera instruyó procesos disciplinarios en contra de sus integrantes y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente”.

Respecto de la interceptación de comunicaciones, se apunta la existencia de documentos que confirman que “las autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”.

Además se advierte que hubieron investigación por parte de autoridades militares que se ocultaron. “El GIEI pidió insistentemente las investigaciones que se hubieran adelantado en el fuero militar con ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La reiterada respuesta a este requerimiento fue que no se había adelantado ninguna investigación. A la fecha no se ha tenido acceso a la misma. Sin embargo, distintos documentos militares dan cuenta de que si se ordenó y realizó una investigación por parte de autoridades militares”.

El informe cita como ejemplo un documento del 15 de octubre de 2014, de la IX Región Militar del Estado Mayor, CG en Acapulco, que “hace referencia a que se realizó una ‘exhaustiva investigación’ sobre los hechos. En este documento se incluyen informes y entrevistas a integrantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería. En la sección de consideraciones, existe una afirmación que corrobora la existencia de una averiguación previa en el fuero militar. Al referirse a una declaración de uno de los estudiantes que se encontraba en el Hospital Cristina, señala que: ‘sobre el particular, en las declaraciones obtenidas del personal que participó en los hechos, no es posible determinar la veracidad de estas declaraciones, circunstancia que fue confirmada por el ministerio público adscrito a la 35/a Zona Militar, quién por es del DN-21 inició una averiguación previa’”.

También da cuenta de otra documental elaborado por la Policía Militar Ministerial que data de octubre de 2014: en la Sección B de Investigaciones también se refiere a investigaciones adelantadas por autoridades militares. “El documento informa sobre el ‘avance de investigación’ originada por artículos de prensa en la que estudiantes denuncian el mal trato que recibieron en el Hospital Cristina por elementos del ejército. En la sección denominada ‘IV. Acciones que se realizan’, al final del documento se afirma que: ‘un equipo investigador de la PMM continúa con la investigación de los hechos, entrevistando a personal militar del 27/o BI, médicos y personal administrativo del hospital ‘Cristina’ y paramédicos de la Cruz Roja de Iguala, Gro”.

Los expertos concluyen que personal de la Policía Ministerial Militar realizaron entrevistas como parte de una investigación relacionada con los hechos. Sin embargo, acusan que los resultados de estas indagatorias no se incluyeron en los documentos a los que les dieron acceso ni se encuentran en las averiguaciones previas.

Pegasus en la Sedena

Fue el gobierno de Calderón el que compró la plataforma de espionaje Pegasus. La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.

El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación. El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Cisen.

Fuente ContraLínea