El desmantelamiento de los narcolaboratorios representó una pérdida 865 millones de pesos, según el Gabinete de Seguridad.

Elementos de seguridad federales dieron un fuerte golpe al crimen organizado en Sinaloa con la inhabilitación de siete narcolaboratorios y áreas de concentración con miles de litros de precursores químicos y toneladas de drogas sintéticas.

Estas operaciones representan una afectación económica de más de 865 millones de pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del gobierno de México.

La destrucción de los laboratorios clandestinos tuvo lugar entre el 20 y el 22 de diciembre en diversas operaciones realizadas por la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) en los municipios de Culiacán y Cósala.

En una de las primeras acciones, la FGR y la Semar localizaron y destruyeron en Culiacán un laboratorio clandestino con precursores químicos y aditamentos para la fabricación de droga sintética. Durante esta operación, aseguraron:

• 1 mil 300 kilogramos de metanfetamina.
• 22 mil 760 kilogramos de sustancias químicas.
• 6 reactores.
• 2 destiladores y material diverso.

Este operativo, realizado en las inmediaciones del poblado Corral Viejo, generó una afectación económica al crimen organizado de 18 millones 868 mil 200 dólares, equivalente a más de 382.2 millones de pesos.

Aseguran narcolaboratorios, vehículos y armas

En el municipio de Cósala, las mismas instituciones de seguridad destruyeron otro laboratorio clandestino, y aseguraron:

• 140 kilogramos de metanfetamina.
• 500 litros de precursores químicos.
• 100 kilogramos de químicos esenciales.
• Material diverso.

El impacto económico para las organizaciones delictivas se calculó en 2 millones 31 mil 960 dólares, equivalentes a 41.1 millones de pesos aproximadamente.

El Ejército Mexicano llevó a cabo otras operaciones en Culiacán y Cósala, inhabilitando cuatro áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de metanfetamina. En estas acciones, se aseguraron:

• 2 mil 100 litros de material químico diverso.

La afectación económica fue de 46 millones de pesos.

Además, en un cateo realizado en Culiacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la FGR aseguraron:

• 98 kilogramos y 1 mil 260 litros de metanfetamina.
• 200 litros de alcohol etílico.
• 169 litros de acetona.
• 6 litros de ácido clorhídrico.
• Material para la elaboración de metanfetamina.
• 209 cartuchos.
• 2 vehículos.

Estas acciones representaron una pérdida para la delincuencia organizada de 396 millones de pesos.

En Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero, elementos del Ejército Mexicano destruyeron:

• 20 plantíos de amapola en dos hectáreas.
• 32 plantíos de marihuana en dos hectáreas.

En otras acciones coordinadas en estados como Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Guerrero y Puebla, se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y drogas.

Los señalamientos hechos el día de ayer por el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, son los primeros en el juicio contra Genaro García Luna en los que se involucra y acusa directamente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su administración declaró la guerra al crimen organizado y encargó gran parte de la estrategia a su Secretario de Seguridad, a quien criminales, expolicías y hasta agentes de la DEA han ligado con esas mismas organizaciones que decía combatir.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El nombre de Felipe Calderón Hinojosa salió a relucir durante el juicio que enfrenta su Secretario de Seguridad y mano derecha, Genaro García Luna, cuando ayer el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, aseguró que el exgobernador priista Ney González habría recibido la orden del entonces Presidente de proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y al Cártel de Sinaloa.

Edgar Veytia se declaró culpable en enero de 2019 de cargos de distribución internacional de drogas en la misma Corte de Brooklyn donde es enjuiciado García Luna. En ese mismo lugar, dos meses antes, en noviembre de 2018, Jeffrey Lichtman, el abogado del “Chapo” Guzmán había asegurado al jurado que Felipe Calderón habría recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, una afirmación que el exmandatario calificó de “falsa y temeraria”.

Los señalamientos hechos el martes por Veytia son los primeros en los que se involucra directamente a Calderón Hinojosa, quien durante su administración declaró la guerra al crimen organizado y encargó gran parte de la estrategia a García Luna, a quien criminales, expolicías y hasta agentes de la DEA han ligado con esas mismas organizaciones que decía combatir. A lo largo del juicio han acusado al exsecretario de Seguridad de haber recibido sobornos y de reunirse con capos como Arturo Beltrán Leyva.

En la Corte de Brooklyn también ha sido mencionado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de esa administración, el General Guillermo Galván, de presuntamente haber recibido sobornos del narco. Un señalamiento que hizo la propia defensa de García Luna durante un interrogatorio a Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, un viejo líder del Cártel del Milenio, sobre el cual no se han dado más detalles hasta el momento.

En el caso del expresidente Calderón, el exfiscal Edgar Veytia, conocido como ”El Diablo” o “La Bestia”, afirmó que su entonces jefe, el exgobernador Ney González y su sobrino se habían reunido en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes le habrían indicado que se debía proteger a “El Chapo” y a sus socios del Cártel de Sinaloa.

“Que la línea era El Chapo”, afirmó escuetamente Veytia sobre el resultado de esa reunión a la que él no ingresó, ya que estuvo en un recorrido con Luis Cárdenas Palominos, exalto funcionario policiaco involucrado con el narco. Ante una objeción de la defensa, liderada por César de Castro, la asistente del Fiscal Saritha Komatireddy replanteó la pregunta y Veytia confirmó. “La orden era proteger a Los Chapos, no a los Beltrán Leyva”.

Ayer, también se contó con el testimonio del agente del FBI, José Moreno, quien habló de una redada llevada a cabo en 2012 contra “El Chapo” Guzmán a partir de una intervención a su teléfono, pero los agentes llegaron tarde al operativo y el líder del Cártel de Sinaloa escapó. La información, relató, se compartió con el excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, quien en octubre de 2021 se declaró culpable de haber colaborado con el narco mientras simulaba un combate al crimen organizado con la DEA.

Pese a los señalamientos que han pesado desde el pasado contra García Luna y su círculo cercano, el expresidente Felipe Calderón siempre ha negado haber sido consciente de ello. Ahora, el expresidente ha sido involucrado directamente.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. “Nunca negocié ni pacté con criminales”, respondió el expresidente un par de horas después de que se diera a conocer el testimonio del exfiscal de Nayarit.

En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina mexicana en Cuernavaca, Morelos. El cuerpo del capo fue exhibido con billetes colocados encima, algo que en su momento fue cuestionado. A inicio de ese mismo año, “El Chapo” Guzmán apareció entre los hombres más ricos del mundo Forbes, un puesto que repetiría en 2010. 

Meses después sería detenido Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, un hombre que espera que testifique en la Corte, y quien en noviembre de 2012 acusó a través de una carta a Genaro García Luna, aún titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de recibir dinero de los grupos criminales, y al Presidente Felipe Calderón, quien estaba a dos días de terminar su sexenio, de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.

Otros testimonios de militares, policías y hasta de la Iglesia señalan que Calderón Hinojosa fue advertido sobre los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad. Dos de quienes expusieron esto, el General Tomás Ángeles Dauahare y Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, fueron arrestados con cargos inventados, como ellos mismos han denunciado. García Luna continuó hasta el final de ese sexenio al frente de la estrategia de seguridad.

“Señor Presidente, lo más preocupante para la Seguridad Pública de nuestro país es que el Ing. García Luna continúa sin dirección en la Policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe, siendo ampliamente comentado por los diferentes medios de comunicación”, escribió Javier Herrera en una carta enviada a Felipe Calderón el 15 de febrero de 2008.

En tanto que el General en retiro Tomás Ángeles Dauahare narró durante el documental Guerra Híbrida, producido y dirigido por Daniel Marmolejo, que en una reunión con Calderón, el 9 de mayo de 2007, le alertó de García Luna, luego de que el entonces mandatario panista le hizo preguntas sobre el Secretario de Seguridad.

“Le dije: ‘Señor Presidente, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted ni a mis jefes […] porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país’. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde se lo hice llegar. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio —me refiero al licenciado Calderón—, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal”, contó el General Tomás Ángeles.

Los dos pasarían años en prisión luego de sus denuncias.

DEL “DIABLO” A “MOREIRA”

El juicio contra Genaro García Luna ha generado expectativas por lo que puedan declarar los testigos cooperantes en relación a la administración del expresidente Felipe Calderón. Sobre todo por las diversas alertas que existieron sobre la colusión de su mano derecha con el crimen. En la semana número tres del juicio, el testimonio del exfiscal Edgar Veytia dio un giro cuando ligó directamente al exmandatario.

El “Diablo” también narró que Luis Cárdenas Palomino —otro de los super policías de Calderón y también acusado en Estados Unidos— le habría dicho que él estaba “del lado equivocado y con el bando contrario por proteger a los Beltran Leyva”. “Nos dijo que era a El Chapo a quien debíamos apoyar”, sostuvo Veytia.

El pasado 30 de enero, se dio a conocer que la Fiscalía de Brooklyn le pidió al Juez Brian Cogan que impidiera que la defensa cuestionara sobre “ciertos hechos” a Édgar Veytia. “El Gobierno [la Fiscalía] se mueve para evitar que la defensa le pregunte a Veytia sobre los hallazgos adversos de credibilidad de varios brazos del Gobierno federal y la decisión relacionada de no ofrecerle un acuerdo de cooperación”, indica un documento judicial.

Los detalles de la petición se mantuvieron bajo sello, pero se tuvo conocimiento que los fiscales estadounidenses buscaban bloquear acciones de la defensa de García Luna contra el testigo cooperante, quien fue defendido en su momento por Jeffrey Lichtman, el mismo abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y  su esposa, Emma Coronel.

Esta semana también revivió la polémica relación y enfrentamientos que sostuvieron el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El exmandatario estatal fue nombrado y acusado por su extesorero: Héctor Villareal Fernández, quien habló de un saqueo de 200 millones en el que implicó a su jefe.

Humberto Moreira, exonerado del delito de enriquecimiento ilícito por la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón y por la Procuraduría de Justicia estatal de Coahuila de su hermano, Rubén Moreira Valdés, en 2015, respondió a las acusaciones de Héctor Villareal utilizando las discrepancias y enfrentamientos mediáticos que ha sostenido con Calderón.

“Por todos es conocida las discrepancias que mantuve, mientras ejercí como Gobernador, con Felipe Calderón. Junto al fallecido Gobernador de Colima, fuimos los únicos responsables políticos que no firmamos el desplegado de gobernadores que reconocía su triunfo en la Presidencia de la República por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el señor García Luna”, escribió Humberto Moreira en una carta enviada este lunes al periódico Vanguardia.

La enemistad de Humberto Moreira contra el expresidente Felipe Calderón —e incluso contra su propio hermano, el también exgobernador y actual legislador, Rubén Moreira— se exacerbó, luego del asesinato de su hijo José Eduardo, de 25 años, el 3 de octubre de 2012 en Ciudad Acuña.

“Mi hijo viene a ser uno de los muertos de esta guerra”, dijo el exgobernador en ese momento. Humberto Moreira también ha acusado que el crimen fue por una venganza de los Zetas contra su hermano, debido a que la policía estatal asesinó al Z-40, uno de los presuntos líderes de los Zetas.

En noviembre de 2012, poco tiempo antes de concluir el sexenio de Calderón, Humberto Moreira llevó a la Corte Penal Internacional de La Haya, una serie de periódicos y documentos que presentó como comunicaciones donde acusa al expresidente de México por los más de 100 mil muertos que hasta ese momento había dejado la guerra contra el narcotráfico.

La evidente rivalidad y hostilidades entre ambos tuvieron su punto más álgido en el año 2017, periodo electoral en que varios medios de comunicación confirmaban que la PGR de Calderón sí había investigado a Moreira.

En marzo de 2017, Calderón Hinojosa acusó a Moreira de permitir la presencia de Los Zetas en Coahuila.”Me consta, porque yo sé que quizá el grupo delincuencial más peligroso y más cruel que haya azotado a Coahuila y a México es el grupo de Los Zetas y, cuando estaba el Gobernador Humberto Moreira, todos los cabecillas de Los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila, aquí vivía Lazcano, aquí vivía Miguel Treviño ‘el Z40’, aquí vivía el ‘Z42’, todos cómodamente”, dijo Calderón en un evento público el 27 de marzo de 2017.

Moreira Valdés, por su parte, publicó el 9 de abril de 2017, un spot de campaña en el que llamó “borracho” a Felipe Calderón Hinojosa. “Salió el borracho, Calderón como siempre. Este hombre aparece en todos lados, siempre ebrio y cometiendo errores. Su estado de ebriedad actual obedece a que su conciencia no lo deja tranquilo de todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvo (durante su sexenio)”, dijo en ese entonces.

En ese mismo mes, se confirmó que la PGR de Felipe Calderón había investigado a Humberto Moreira por enriquecimiento ilícito, pero la indagatoria no prosperó porque la misma corporación lo exoneró, un mes antes de que concluyera el sexenio calderonista.

El 22 de abril de 2017, siendo aún candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, reveló una copia certificada del documento de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se comprobó la exoneración de Moreira, la cual, dijo López Obrador mostraba “la falsedad y simulación que impera en la cúpula del poder, que prueba que PRI y PAN son lo mismo”.

Frente a las acusaciones de Héctor Villarreal de esta semana, Calderón —que por años no desaprovechaba una oportunidad para acusar a Moreira de estar vinculado con los Zetas— no emitió ninguna opinión, como lo venía haciendo sobre el juicio de su mano derecha de García Luna, hasta que ayer no pudo alargar ese silencio cuando fue involucrado directamente con uno de los cárteles que su Gobierno decía combatir.

SinEmbargo

El titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó los detalles del operativo que se realizó durante la madrugada del pasado jueves 5 de enero, en Culiacán, Sinaloa, con el cual se logró  capturar a Ovidio Guzmán “El Ratón”, hijo del “El Chapo” y líder de uno de los brazos del Cártel de Pacífico.

Luis Cresencio Sandoval detalló que la detención de Ovidio Guzmán se logró luego de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia del narcotraficante, en donde realizaba actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de metanfetamina y fentanilo, por lo que se intensificó la vigilancia en el norte y noroeste de Culiacán.

“Se detectó desde hace 6 meses las áreas de influencias donde Ovidio Guzmán realizaba sus actividades ilícitas“, dijo el titular de la Sedena.

El titular de la Sedena relató que durante la madrugada de este jueves 5 de enero una patrulla de la Guardia Nacional que realizaba labores de vigilancia en la zona de Jesús María, detectó a seis vehículos sospechosos, lo cuales contaban con blindaje.

Las Fuerzas Armadas intentaron que los sospechosos descendieran de los vehículos para una revisión, lo cual desató  una agresión armada de los presuntos criminales contra los federales. Ante este enfrentamiento las autoridades emitieron una alerta al personal militar del área para ejecutar un plan de contingencia. 

Sandoval detalló que los criminales se refugiaron dentro de tres domicilios, desde los cuales continuaron el ataque contra las Fuerzas Armadas, dicho altercado causo la muerte de 7 militares y 9 heridos. Tras los hechos, los militares lograron detener a 18 personas en la sindicatura de Jesús María, entre los cuales se encontraba Ovidio Guzmán.

Los delincuentes se agruparon con el fin de rescatar a Ovidio Guzmán y entre las armas que utilizaron se encontraban ametralladoras calibre 50, por lo que los federales tuvieron la necesidad de utilizar un helicóptero  U-H60 Black Hawk para neutralizar a los delincuentes.

“Se agruparon células con intención de rescatar a Ovidio N. en el área de Jesús María, empleaban ametralladoras calibre 50. Perdieron la 7 militares en cumplimiento de sus funciones”, detalló el titula de la Sedena.

Una vez que Ovidio Guzmán fue asegurado por elementos federales, fue trasladado en una aeronave del Ejército mexicano a la Ciudad de México, en donde fue ingresado a las instalaciones del la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“Ante la amenaza inminente se llevo a cabo la evacuación de Ovidio N. en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, fue trasladado del lugar de los hechos a la Fiscalía en la Ciudad de México”, agrego el titular de la Sedena.

Durante la tarde del mismo jueves, Ovidio Guzmán fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Células del grupo criminal realizaron bloqueos en los accesos a Culiacán y diversos puntos, realizaron disparos a aeronaves de la Fuerzas Armadas y a líneas comerciales, sin embargo no lograron rescatar al presunto delincuente gracias a la neutralización”, informó el titular de la Sedena

La detención de Ovidio Guzmán detono una serie de eventos violentos orquestados por el crimen organizado, no solo en Culiacán, ya que en Mazatlán se registraron seis bloqueos, en Los Mochis tres y en Escuinapa dos más, por lo cual fue necesario el despliegue de 3, 586 elementos del ejército y la Guardia Nacional en el estado.

“Se desplegaron a 3, 586 efectivos del ejército y la Guardia Nacional en el Estado, con niveles de adiestramiento, después de los hechos ocurridos“, dijo el titular de la Sedena.

Entre las acciones del crimen organizado se reportaron bloqueos en diferentes vías, incendios de vehículos y agresiones armadas, pero gracias al trabajo conjunto de la autoridad en sus diferentes niveles se logro neutralizar las agresiones.

“Se presentaron bloqueos y agresiones armadas ocasionadas por grupos delincuenciales, pero de forma coordinada con autoridades, se logro la neutralización manteniendo la paz”, señalo el líder de la Sedena.

Tras el operativo orquestado por las Fuerzas Armadas se aseguró el siguiente armamento: 4 fusiles Barret Calibre .50, 6 ametralladoras Calibre.50 y 7.62, 26 armas largas, 2 armas cortas, 111 cargadores abastecidos con cartuchos de diferentes calibres, 595 cartuchos de diferentes calibres, 2 chalecos antibalas.

De este modo, personal de las Fuerzas Armadas aseguraron 13 vehículos y otros 40 se inutilizaron, entre ellos 26 con blindaje. Además, se aseguraron 1.4 kilogramos de mariguana, 150 gramos de cocaína y 6 bolsas de pastillas de fentanilo.

“Se detuvieron a 21 personas del grupo delictivo y aseguraron diversas armas de equipo táctico y 13 vehículos. Además se inutilizaron vehículos, entre los cuales habían varios con blindaje”, señaló el titular de a Sedena

Además, Sandoval informó que se detuvo a 21 hombres pertenecientes al Cártel del Pacifico, además de reportar a 19 agresores fallecidos durante los enfrentamientos. 

Luis Cresencio Sandoval informó y lamentó el fallecimiento 10 militares, quienes perdieron la vida en cumplimiento de sus labores, los cuales serán despedidos conforme a lo que establece el ceremonial militar.

“El estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar”, señaló Sandoval.

Además, Sandoval señaló que 35 militares que resultaron heridos, los cuales están recibiendo la atención médica correspondiente.

En este sentido la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reiteró que con el operativo no se busca ganar una guerra, sino construir la paz y aseguró que la Sedena priorizó el respeto a los derechos humanos, durante el operativo, con la finalidad de retirar de las calles a personas que generan la violencia.

“Nadie está por encima de la ley y ninguna organización criminal es favorecida en el gobierno, vamos a seguir trabajando bajo está línea“, dijo Rosa Icela.

Polemón

Sally Denton, en su nuevo libro The Colony: Faith and blood in a promised land, afirma que los LeBarón tuvieron tratos con el Cártel de Sinaloa y más específicamente, con Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de que varios miembros de la familia fuera asesinados.

En una entrevista para Daily Beast la autora afirmó que el trato se rompió cuando el narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos. En ese momento varios grupos criminales comenzaron una lucha por “el imperio de las drogas de Sinaloa, lo que puso en peligro la vida de los mormones”.

En noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora,  un grupo de “hasta 100 sicarios” atacó y mató a tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón. Al respecto, Denton afirmó que el objetivo de este atentado fue enviar “un gran mensaje” a los hombres de la familia.

“NO FUE UN CASO DE IDENTIDAD EQUIVOCADA; LES APUNTARON. SE TRATABA DE DINERO. ALGUIEN INCUMPLIÓ ALGÚN TIPO DE TRATO”.

El periodista Lewis Beale escribió, en el mismo texto que da promoción al libro de Denton, que los LeBarón tenían un trato de “no te molesto si no me molestas” con Joaquin Guzmán Loera.

Al respecto, Denton opinó: “es ingenuo que el público crea que solo eran vecinos amistosos que saludaban en los puestos de control de los sicarios. No creo que no vivas con algunas de las personas más violentas del mundo sin tener acuerdos. Creo que estaban ayudando con armas”.

Revolución 3.0

En el sexenio de Calderón, el Cártel de Sinaloa expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes y lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad, gracias –entre otras cosas– a la cobertura que le brindó el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico espera su juicio en una cárcel de Nueva York donde se le acusa de traficar drogas ilícitas a Estados Unidos y cooperar con la delincuencia organizada. Actualmente, el también llamado Cártel del Pacífico sigue siendo uno de los nueve grupos más importantes del país y mantiene una lucha encarnizada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Cártel de Sinaloa vivió uno de sus mejores momentos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Bajo el cobijo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, el grupo criminal que por años comandó Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes –entre ellos Italia, Australia, Argentina, Perú, Japón, China–, de acuerdo con informes de las autoridades estadunidenses y de la Unión Europea.

Además, lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico mexicanos lavan entre 29 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales.

Al éxito de la organización criminal contribuyó García Luna, quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico –con información privilegiada de los aparatos de inteligencia del país y del extranjero y con tecnología, como la Plataforma México–. Ahora el exsecretario de Seguridad espera su juicio en una cárcel de Estados Unidos, donde se le acusa de traficar drogas ilícitas y cooperar con la delincuencia organizada.

De acuerdo con el análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations (México: organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico) –publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense el pasado 7 de junio– recuerda que en diciembre de 2019, las autoridades estadunidenses arrestaron a García Luna en Texas por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales.

En el gobierno de Ernesto Zedillo, García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; luego dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 (bajo la Presidencia del panista Vicente Fox). Más tarde, en el gobierno del panista Felipe Calderón, García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública. Desde esos cargos, estuvo al servicio del Cártel de Sinaloa. Al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte donde buscó convertirse en ciudadano estadunidense naturalizado.

Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa es considerado una de las nueve grandes organizaciones criminales del narcotráfico. El análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations indica que los grupos tradicionales son: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana (Arellano Félix), Juárez (Carrillo Fuentes), Los Beltrán Leyva, Golfo y La Familia Michoacana. Y a éstos se suma el Cártel Jalisco Nueva Generación

Respecto del Cártel de Sinaloa, apunta que se le considera la organización criminal más duradera de México, y que comprende una red de organizaciones más pequeñas. “El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cada uno de los principales líderes de Sinaloa como capos a principios de la década de 2000. En la parte superior de la jerarquía estaba el Chapo Guzmán, listado en 2001; Ismael el Mayo Zambada García, fichado en 2002; y Juan José el Azul Esparragoza Moreno, listado en 2003”.

Además, se le señala como el grupo de narcotraficantes más poderoso del hemisferio occidental: “según algunas estimaciones, Sinaloa había crecido hasta controlar entre el 40  y el 60 por ciento del tráfico de drogas de México en 2012 [último año del gobierno de Calderón] y tenía ganancias anuales estimadas en hasta 3 mil millones de dólares”.

Para 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa estaba activo en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, y seguía siendo la organización criminal mexicana con la mayor presencia internacional, gracias a que sus líderes corrompieron con éxito a funcionarios públicos desde el nivel local hasta el nacional dentro de México. Asimismo, señala que las operaciones del Cártel abarcan más de 50 países.

Respecto de la corrupción, el análisis refiere que no sólo corrompió altos funcionarios de México, sino también de América Central y Colombia, pues ese es el modus operandi del Cártel de Sinaloa, que inicialmente no estaba inclinado hacia la violencia sino que prefería la vía del soborno para evadir la represión estatal.

El informe indica que desde el encarcelamiento más reciente y posterior extradición del Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa se habría dividido en cuatro facciones claves: una dirigida por el Mayo; otra, por el hermano del Chapo, Aurelio el Guano Guzmán Loera; una tercera por un cofundador del Cártel de Guadalajara; y un cuarto por los cuatro hijos del Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Como se recordará, en enero de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto extraditó a Joaquín Guzmán a Estados Unidos, quien en febrero de 2019 fue condenado por 26 cargos relacionados con drogas, incluida la conspiración para asesinar.

Antes de la extradición del Chapo, el grupo criminal era el principal traficante de cocaína sudamericana, metanfetamina, marihuana, fentanilo y heroína a Estados Unidos. En 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa poseía la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos. Ese negocio de las metanfetaminas y el fentanilo es el que se disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa ha aprovechado los circuitos financieros para blanquear los recursos que obtiene de sus negocios criminales. Citigroup –a través de diversas filiales– ha servido en varias ocasiones para lavar el dinero de ese grupo criminal. En 2019, la UIF abrió una investigación sobre una red internacional de tráfico de fentanilo ligada al también llamado Cártel del Pacífico y descubrió que las operaciones financieras que tenían origen o destino en Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California), Taiwán (China), Hong Kong y Estados Unidos se vinculaban a estas operaciones criminales.

De acuerdo con el seguimiento financiero, el cártel realizó operaciones de blanqueo de capitales a través de siete bancos: Citibank (la matriz estadunidense), Banamex Citibank y Citibank Taiwan Limited, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, China Merchants Bank Hong Kong Branch.

Las indagatorias arrojaron evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades siguen siendo monitoreadas por las autoridades federales.

La UIF identificó también que en el epicentro de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán como en Tijuana.

En ambas ciudades inicia la cadena financiera que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas identificadas depositan dólares en efectivo en las cuentas abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Citibanamex. Luego este dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslada a las cuentas en el extranjero.

Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la empresa epicentro transfirió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019. De dicha farmacéutica, el expediente de investigación apunta que “de 2018 a 2019, envió transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos, principalmente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diversas personas físicas los beneficiarios de recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 millones de pesos”.

Otro ejemplo de este actuar presuntamente delincuencial es el reporte que emitió el Departamento de Justicia del país vecino el 22 de mayo de 2017, en el que anunció que Banamex USA, una institución financiera con sede en Los Ángeles (California) y subsidiaria de Citigroup Inc., acordó pagar 97.44 millones de dólares a cambio de celebrar un acuerdo de no enjuiciamiento y con ello resolver una investigación sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las normas antilavado.

En su acuerdo con el Departamento de Justicia, la subsidiaria admitió haber cometido infracciones penales al incumplir deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero con políticas, procedimientos y controles apropiados para protegerse contra ese delito. Asimismo, reconoció que omitió deliberadamente presentar informes de actividades sospechosas ante las autoridades competentes. Estas operaciones de blanqueo de capitales se relacionaron con el Cártel de Sinaloa y sus ganancias obtenidas en el vecino país por el tráfico ilegal de drogas.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esos delitos se habrían cometido desde 2007 hasta 2012, periodo en el que Banamex USA procesó más de 30 millones de transacciones de remesas a México con un valor total de más de 8 mil 800 millones de dólares.

Durante el mismo periodo, el sistema de monitoreo de Banamex USA emitió más de 18 mil alertas que involucraron más de 142 millones de dólares en transacciones de remesas potencialmente sospechosas. Sin embargo, realizó menos de 10 investigaciones y presentó sólo nueve informes de actividades sospechosas en relación con estas más de 18 mil alertas, sin presentar ningún reporte sobre transacciones de remesas sospechosas entre 2010 y 2012.

ContraLínea

Fiscales de Estados Unidos presentaron pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en las que amenazó e intentó sobornar a periodistas que sabían de sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos presentados por los fiscales estadounidenses, el ex funcionario en la administración de Felipe Calderón buscó la forma de asesinar a un posible testigo y habría ordenado asesinar al exlíder del Cártel de Sinaloa, Jesús “El Rey” Zambada.

El documento de 20 páginas fue entregado a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también se presentaron grabaciones como prueba, en las que el exfuncionario ejerció presión sobre periodistas para silenciarlos.

¿Qué dicen las evidencias con García Luna?

“Específicamente evidencia de que el acusado intentó silenciar a los periodistas por medio de acoso y sobornos y sus intenciones de manipular el caso con testigos, como pruebas directas de los delitos que se le imputan”, se lee en el documento.

Los fiscales expusieron al juez Brian Cogan, a cargo del caso contra García Luna, que durante 2001 a 2005, empezó a trabajar y colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Cabe señalar que en esta fecha García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la presidencia de Vicente Fox.

“Utilizó su puesto en el gobierno para apoyar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios”, resaltan los fiscales.

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García Luna también “hostigó y amenazó” a periodistas que investigaban sus nexos con el narcotráfico mexicano, según el documento.

“Aproximadamente entre 2008 y 2013 el acusado sometió a periodistas a una campaña de acoso y amenazas como resultado de las investigaciones periodísticas sobre sus actividades. El gobierno (estadounidense) busca también presentar evidencia de que aproximadamente en 2009 y 2010 el acusado utilizó dinero que ganó con los sobornos para pagar como cohecho a organizaciones de periodistas con el objetivo de evitar que periodistas publicaran información negativa sobre él”, subrayan los fiscales federales de Estados Unidos.

En otra de las grabaciones, fechada en noviembre de 2020, García Luna aseguró que tendría la posibilidad de hacer uso de la mafia rusa para mandar matar a los testigos que lo acusan.

García Luna fue detenido en Estados Unidos en 2019 y fue recluido en una prisión federal en Nueva York.

El exsecretario de Seguridad Pública enfrenta cargos por asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

Además, durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán fue mencionado por los testigos, quienes señalaron que recibió fuertes cantidades de dinero, en sobornos, para que dejara operar libremente al Cártel de Sinaloa.

Fuente Reporte Índigo

Siete empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos identifican como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa están vinculadas con el gobernador de Tamaulipas. Los expedientes financieros –a los que Contralínea tuvo acceso– revelan que esas compañías fantasma triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas de García Cabeza de Vaca. El destino de los fondos fue la adquisición de una de las 28 propiedades que posee el mandatario tamaulipeco –incluidos varios ranchos– y que no concuerdan con sus ingresos legítimos, pues en 20 años suman 23.9 millones de pesos.

El Cártel de Sinaloa usó a siete de sus empresas fachada dedicadas al lavado de dinero para triangular más de 60 millones de pesos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revelan las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el estadunidense Fincen (Financial Crimes Enforcement Network).

Las transferencias ocurrieron en 2013 –por 14.3 millones de pesos– y en 2019 –por 44.8 millones de pesos– y sirvieron para que el mandatario tamaulipeco adquiriera un lujoso departamento y después lo vendiera. En total, el servidor público –a quien el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría determinarle que no tiene fuero y debe enfrentar la justicia– posee 28 propiedades en México y Estados Unidos, incluidos ranchos, cuyos valores catastrales y comerciales superan, por mucho, sus ingresos lícitos declarados ante las autoridades fiscales.

Y es que en 20 años –de septiembre de 2000 a septiembre de 2020–, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido ingresos como servidor público por 23 millones 935 mil 764 pesos, de acuerdo con la UIF. Al revisar sus declaraciones fiscales, de inteligencia y otras fuentes de información, la Unidad le documentó ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria por 10 millones 570 mil 856 pesos, que constituyen evasión fiscal. Sin embargo, este monto sólo se refiere a recurso que ingresó a sus cuentas bancarias, no a las propiedades que posee y que, para las autoridades, también demuestran riqueza inexplicable.

Departamento con dinero del Cártel

Los expedientes a los que Contralínea tuvo acceso dan cuenta que la compra y posterior venta de un departamento de lujo en la exclusiva zona de Santa Fe –en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México– vincula al gobernador de Tamaulipas con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la UIF, para su compra en 2013, García Cabeza de Vaca obtuvo recursos de siete empresas fachada de la organización criminal. Tras seis años de mantenerlo como uno de sus bienes inmuebles, en 2019 lo vendió precisamente a esas mismas compañías fantasma dedicadas a lavar dinero.

Para su adquisición, en 2013, la UIF documenta operaciones trianguladas de las siete entidades mercantiles creadas para lavar el dinero del también llamado Cártel del Pacífico hacia una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple), la cual a su vez dispersó ese dinero a las cuentas del entonces senador de la República.

De acuerdo con el expediente de la UIF, en esa primera transacción, la Sofom recibió recursos de dos de las siete empresas fachada del Cártel de Sinaloa. Los SPEI se hicieron el 17 de diciembre de 2013, por un total de 14.3 millones de pesos. Un día después, la Sofom transfirió también por SPEI esos 14.3 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca, quien ese mismo 18 de diciembre de 2013 compró el departamento por, exactamente, 14.3 millones de pesos.

Para la UIF, “existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de posible procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble”. Asimismo, en las indagatorias se descubre que del 2 de mayo de 2013 –siete meses antes de dichas operaciones– al 27 de octubre de 2019, “no se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas de Francisco [Javier García Cabeza de Vaca] hacia la Sofom”.

Además, se advierte que para la compra, el entonces senador usó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), al utilizar estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos. Ello, porque simuló obtener un préstamo de la Sofom que, hasta la fecha y aún cuando ya vendió ese departamento, no ha pagado.

Con informes del Fincen –gracias a los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos materia de combate al crimen organizado trasnacional–, la UIF documenta que las siete entidades mercantiles fantasma –que son origen de los 14.3 millones de pesos que acabaron en las cuentas del gobernador– forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos no sólo del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel de Colombia.

De estas empresas fachada también apunta que todas se encuentran en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluso una de ellas desde aquel momento en el que se realizaron las transferencias a las cuentas de García Cabeza de Vaca. Y es que fue denunciada por la UIF en 2013, por lo cual se inició una “carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal”. Asimismo, otras dos fueron denunciadas e incluidas en la lista un año después, en 2014. Y derivado de la denuncia fue iniciada en la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas.

Venta del departamento al Cártel

El departamento de lujo en Santa Fe, en sí mismo, es una simulación para que el gobernador recibiera 60 millones de pesos. Y es que seis años después de haberlo adquirido con dinero del Cártel de Sinaloa, las mismas siete empresas fantasmas, en conjunto con una octava, estuvieron involucradas en la compra del bien inmueble.

Al respecto, la UIF observa que las empresas que fondearon a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015”. Se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, quien en su momento fue señalado por las autoridades ministeriales de financiar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de ese mismo año.

De acuerdo con el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera, en diciembre de 2019, la empresa “T” vinculada a la Trilladora trasladó al gobernador de Tamaulipas 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

El dinero fue nuevamente triangulado para aparentar origen lícito. Antes de la compra, la empresa “T” había recibido recursos por 44.8 millones de la empresa Avalúos, quien tiene características de sociedad fachada y forma parte del grupo de las siete compañías que lavan dinero al Cártel de Sinaloa. Previo a ello, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos en diferentes operaciones de las otras seis empresas fachada vinculadas con la organización criminal.

Por ello, la UIF observa que “el vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo “T” [Manuel Rodolfo Trillo Hernández], alias la Trilladora, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Asimismo, indica que la empresa fachada que fondeó a la empresa “T” manifestó tener mismo domicilio con otra empresa de Trillo Hernández, e incluso comparte domicilio con esta persona física. Y que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la propia Unidad en 2018 –un año antes de la venta del departamento de Santa Fe– e incluidas en la lista de personas bloqueadas en 2019. “Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.

Las cuentas de Cabeza de Vaca

Para el análisis del caso del gobernador García Cabeza de Vaca, la UIF dio puntual seguimiento a tres cuentas bancarias del político panista:

-Bancomer: de 2017 a 2021 presentó depósitos por 12.4 millones de pesos y retiros por 12.2 millones de pesos. Esta misma cuenta fue la que recibió los SPEI por 14.3 millones de pesos el 18 de diciembre de 2013. Adicionalmente, entre esa fecha y el 4 de febrero de 2014 recibió otros 500 mil pesos.

-Santander: de 2016 a 2019 obtuvo depósitos por 1.9 millones de pesos y retiros por 1.6 millones. Entre 2003 y 2009, esta cuenta registró operaciones en efectivo por 2.01 millones de pesos y 184 mil dólares en depósitos; y en retiros, por 350 mil pesos.

-Banregio: es la cuenta con más actividad en los años recientes, pues entre 2016 y 2021 tuvo depósitos por 61.4 millones de pesos y retiros por 59.8 millones. Entre 2015 y 2019 recibió cheques interbancarios por 9.6 millones de pesos.

Con información de ContraLínea