Con 347 votos a favor (de Morena, Verde y PT) y 128 en contra (del PRI, PAN, PRD y MC), la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para desaparecer siete organismos autónomos ante los derroches económicos que implican para el erario.

Se trata de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Será hasta este jueves que sea discutido el dictamen en lo particular de los artículos reservados.

Habrá más transparencia, pero sin corrupción: Sheinbaum

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen para la desaparición de organismos autónomos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la desaparición del INAI “va a haber más transparencia, pero no va a haber corrupción”.

Expuso que las funciones se incorporarán a la Secretaría Anticorrupción “y los datos personales se van a resguardar”.

Señaló que se crearán mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarias en donde la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto y todo lo que hace el gobierno de México.

Asimismo, exhibió algunas observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades al interior el INAI como:

Moches: Desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAl les exigen, a la quincena, entre 10 y hasta 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones para poder continuar.

Aviadores: También se detectó a “personal que no labora directamente en las oficinas del INAl y cuyo trabajo lo realizaron otros servidores público.

Nepotismo: La auditoría forense descubrió lazos de parentesco “desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos” incluso omitiendo requisitos para poder ocupar los cargos.

La auditoría forense también documentó que los siete comisionados -entre ellos, los cuatro que se mantienen vigentes- habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como en el manejo de la tarjeta corporativa American Express en centros nocturnos.

Extinción de organismos

Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición de siete de los órganos autónomos:

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• La Comisión Federal de Competencia (Cofece)
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
• La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
• La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Los diputados de oposición advirtieron que la reforma constitucional afectará la transparencia y la evaluación de las políticas públicas del gobierno federal, mientras que los legisladores oficialistas afirmaron que se busca un ahorro en el presupuesto.

La modificación de la Carta Magna propuesta por el expresidente López Obrador transfiere las facultades de los órganos autónomos a dependencias federales, pero sin autonomía de gestión.

Este jueves continuará el debate de la reforma y se prevé que se realicen distintos cambios al dictamen para después enviarlo al Senado.

Según la proyección del INE, Morena y aliados no obtendrían la mayoría calificada en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un anteproyecto que perfiló la distribución de la Cámara de Diputados y el Senado en las próximas legislaturas conforme a los resultados de las elecciones.

Se prevé una configuración significativa para la política en México. Morena y aliados obtendrían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero se proyecta un resultado diferente en el Senado, donde solo obtendrían la mayoría simple.

¿Cómo se proyecta esta configuración? Míralo aquí:

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa que busca suprimir, fusionar o trasladar unidades administrativas y órganos desconcentrados a distintas áreas del gobierno.

De acuerdo con dicha iniciativa, se requiere de una reorganización que permitirá “eliminar la dispersión de recursos públicos”, para dirigirlos al “cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado”, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo social.

“Se propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas”.

Iniciativa del presidente López Obrador

Además, se instruye la transferencia de sus funciones hacia un grupo de secretarías de Estado, como se desglosa a continuación:

Para ello, “se pretenden eliminar el Fideicomiso de Fomento Minero de su participación en el Servicio Geológico Mexicano, en tanto que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) dejará de ser un órgano desconcentrado de Gobernación, para incorporarse a esa secretaría.”

También se prevé desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y sus funciones serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en tanto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, actual órgano desconcentrado de Gobernación, pasaría a formar parte del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

En la nueva iniciativa que propone el presidente se especifica el traslado y fusión de 18 organismos, institutos y fideicomisos.

De Acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, se incorporaría a esta dependencia, mientras que el Instituto Nacional de Pesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura, se integraría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, pasaría de ser un órgano desconcentrado grado a una Unidad Administrativa.

Mientras que el Instituto Nacional de Economía Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, órganos desconcentrados de la Secretaría de Bienestar, se convertirían en nuevas unidades administrativas de esa dependencia.

Aemás, el Instituto Mexicano de la Juventud, otro órgano desconcentrado de Bienestar, se trasladaría pero en este caso una Unidad Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS).

A su vez, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, se convertiría en una Unidad Administrativa de la secretaría de Energía, por lo que dejaría de ser un órgano desconcentrado de esa dependencia.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se convertirá en una Unidad Administrativa de la Comisión Nacional del Agua, en lugar de ser un órgano descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos.

En tanto que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), de ser un organismo descentralizado no sectorizado, pasará a ser una Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Y la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, dejará de ser una Unidad administrativa de la SEP, para convertirse en una Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Con información de Expansión.

Al filo de media noche la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional que avala la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 para coadyuvar en tareas de seguridad pública.

El proyecto, que contó con 339 votos a favor, será turnado a los congresos locales para los efectos correspondientes.

Con esta reforma “se modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional”.

Cabe señalar que entre las modificaciones que el Senado había realizado anteriormente al proyecto se encuentra la creación de una comisión bicameral que cada semestre deberá obtener un reporte sobre las labores que Sedena y Marina realicen en cuestión de seguridad pública.

Es de mencionar que este proyecto contó con 155 votos en contra, los cuales fueron emitidos, en su mayoría, por miembros del PAN, Movimiento Ciudadano y algunos integrantes del PRD y PRI.

Revolución 3.0

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discutirá el proyecto de decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca eliminar el horario de verano y establecer de forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte. Ello, luego de ser turnado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La iniciativa de Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos se envió en conjunto con el dictamen de impacto presupuestario emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El documento indica que desde 1996, el horario de verano ha contribuido a un ahorro de energía siempre por debajo del 1 por ciento del total consumido anualmente. Ello, señala, no es significativo ni representa un ahorro económico considerable pese a lo argumentado por el decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo. En tanto, datos de la Secretaría de Salud señalaron que la instrumentación periódica de horarios estacionales afecta a la salud pública a corto, mediano y largo plazos.

Por ello, la iniciativa propone abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002, y sus subsecuentes reformas. Lo anterior, a fin de establecer una reforma que reconozca los husos horarios conforme al meridiano de Greenwich, pactado internacionalmente en 1884.

El documento señala que la ley sería de observancia obligatoria en todo el territorio nacional; sus disposiciones, de orden público e interés general; mientras que su aplicación y vigilancia estará a cargo del Ejecutivo federal.

Por otra parte, precisa que el horario estacional para los municipios de la frontera norte se mantendrá de forma excepcional, “dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de Estados Unidos”.

ContraLínea

Con 298 votos a favor de los diputados de Morena, el PT, el Verde y MC, la iniciativa para nacionalizar y proteger al litio presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Los diputados de oposición del PRI, PAN, MC y PRD rechazaron la aprobación de la Reforma Eléctrica este domingo, pero antes de que esto ocurriera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso una nueva iniciativa de reforma a la Ley Minera, con el fin de rescatar la propuesta de nacionalizar el litio.

El tabasqueño ya había anticipado una votación en contra, algo que calificó de “lamentable” y “vergonzoso” durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Ayer por la noche, antes de darse a conocer el resultado de la votación de la Reforma Eléctrica, AMLO escribió un mensaje en sus redes sociales para destacar que “pase lo que pase”, el gobierno federal está blindado contra la traición de legisladores de la oposición.

“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, escribió el mandatario.

La iniciativa de  reforma a la Ley Minera pretende reconocer el litio como patrimonio de la nación y declarar como de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral. No se otorgarán licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones a empresas privadas en la materia, prevé el proyecto.

El presidente firmó desde el pasado miércoles la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de caer en manos de empresas extranjeras y así garantizar el abasto de energía en el país durante los próximos años. “Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros. Si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación”, anticipó el tabasqueño.

En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la minería en México ha representado en los últimos 30 años la sobreexplotación de los yacimientos mineros, lo que ha ocasionado la contaminación de ríos y mantos freáticos, con un beneficio “magro” para los mexicanos y trabajadores del sector.

“La Ley Minera expedida en 1992 estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones, sin que importaran los derechos del pueblo de México. Es una ley con tendencia neoliberal porque puso el marco jurídico al servicio de los grandes capitales y no de la sociedad. Es una ley carente de sentido social, solidario o fraterno”, señala el documento.

También destaca la relevancia tecnológica que ha adquirido el litio para la fabricación de aviones, trenes, baterías para teléfonos celulares y computadoras, y tratamiento de enfermedades como el trastorno bipolar.

“Es, en estos momentos, uno de los metales más demandados por las industrias de tecnología de punta en el planeta”. 

El primer artículo de la nueva iniciativa propone que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado que se creará en términos del artículo 10 de la presente Ley”.

El artículo 5 se establece que “se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”.

El mismo artículo resalta, que “se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y sus exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para el beneficio exclusivo del pueblo de México”.

El artículo 9  propone que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado para ubicar y reconocer áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio.

El artículo 10 precisa que el nuevo organismo público a crear para operar el litio se hará “como lo determine el Ejecutivo, en términos de las disposiciones aplicables”.

Asimismo, el tercer artículo transitorio establece que el presidente de México tendrá que emitir, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, un instrumento de creación del organismo público descentralizado.

En la Cámara de Diputados avanza la discusión  sobre el proyecto de dictamen de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este día, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía aprobaron en lo general –con  47 votos a favor y 37 votos en contra– el  dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética. Mismo que será discutido mañana 12 de abril en el Pleno de San Lázaro.

En la sesión, la diputada Andrea Chávez Treviño señaló que la reforma encuadra a la perfección en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, pues “se fortalece el compromiso de erradicar la corrupción y el derroche de recursos públicos, separar al poder político del poder económico y construir un verdadero Estado de derecho”. También aseguró que este cambio legislativo busca devolver al Estado mexicano la soberanía y la seguridad energética.

Por su parte, la diputada Raquel Bonilla Herrera indicó que con la reforma eléctrica se busca resolver el caos generado en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). “Nos urge que las centrales de generación privada dejen de saturar los corredores de la red nacional de transmisión; asimismo, aprobar esta reforma eléctrica porque el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a garantizar una eficiente planeación del sistema eléctrico”.

En su participación, el diputado Luis Alberto Martínez Bravo indicó que el dictamen eleva a rango constitucional la transición energética y “que mantener la rectoría del Estado en el sector eléctrico no puede hacerse sin una empresa pública que garantice precios accesibles a las mexicanas y a los mexicanos”. Por ello, enfatizó, “se debe contar con una empresa pública fuerte, con sentido social y que siga haciendo llegar la luz a las comunidades más alejadas del país”.

Fuente ContraLínea

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo para interpretar los alcances de la veda electoral y definir que no se considerará propaganda gubernamental durante las campañas y la consulta de revocación de mandato, las opiniones de funcionarios, incluido el Presidente, y acotar así las disposiciones que en la materia ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE).

El titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), anunció que con este paso “se está iniciando un proceso de reforma electoral, que vamos a tardar en culminar”, pero anticipó que no se buscará desaparecer al INE, sino regularlo para que no sobrepase sus facultades.

Al final de una discusión de más de cuatro horas, durante la cual otra vez abundaron insultos y descalificaciones entre todas las fuerzas políticas, Robledo consideró que deben conservarse tres órganos constitucionales autónomos: “El Banco de México, que cuenta el dinero; el Instituto Nacional de Estadística, que cuenta a la gente, y el INE, que cuenta los votos”.

Expuso que las decisiones de los magistrados electorales y los consejeros electorales, que limitan la libertad de expresión, llevaron a proponer el decreto. Resaltó que en México se ha ido del extremo de permitir todo a los presidentes, a impedirles opinar en tiempos electorales, y sobre el alcance político del decreto, admitió: “Es el Presidente el que está en el centro del debate por esa forma que tiene de contestar y de difundir su trabajo, que no gusta a muchos. Y así como no paga propaganda gubernamental para que los medios le estén haciendo apología, así tiene un medio para dar su versión y su opinión. Eso es lo que provoca de fondo esta discusión, lo reconocemos. De lo que se trata es no ir al extremo”.

Debido a que la revocación y el proceso para elegir gobernadores en seis estados ya iniciaron, constitucional y legalmente la Cámara está impedida a realizar modificaciones al marco legal electoral.

Por ello Morena recurrió a la figura de un decreto para “interpretar el alcance” de la prohibición que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, en materia de propaganda gubernamental.

En esa interpretación, sólo se considerará propaganda la que sea pagada con fondos públicos. Además, los integrantes de Morena afirmaron que se busca impedir una mordaza por parte del INE a las opiniones que, como legisladores, han presentado en las asambleas informativas de la iniciativa de reforma en materia eléctrica. Casi 60 diputados de la bancada guinda enfrentan un proceso sancionador por ello.

Así, en el acuerdo quedó explícito que las sanciones no podrán aplicarse supletoriamente a partir del reglamento de quejas del INE, sino “bajo el principio de estricto derecho”.

El resultado de los votos reflejó de nuevo la división en dos bloques, en la Cámara: 267 en favor (Morena, PT y PVEM) y 210 en contra (PAN, PRI, PRD y MC) y cero ­abstenciones.

La oposición anticipó que, si el decreto es avalado por el Senado adonde se turnó, interpondrá una controversia constitucional, no sólo porque no se cumplieron los trámites parlamentarios, sino porque –expuso Marcela Guerra (PRI)– la Constitución sí otorga al Congreso la facultad de interpretar leyes vigentes, “pero no para cambiarla, que es el caso con este decretazo, para beneficiar al Ejecutivo”.

Como es usual, la panista Teresa Castell encendió a las filas de Morena, a quienes endilgó una frase que fue considerada racista: “Ay, mis morenitos trampositos. Ustedes son unos parásitos, llegaron a este recinto por la fama de López y son esclavos de un resentido, enfermo de poder”.

Votado el decreto, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), celebró con los puños en alto la aprobación del acuerdo, que él mismo presentó y defendió. El panista Humberto Aguilar Coronado remachó: “No, no son iguales, son peores. En vez de buscar la unidad de esta Cámara, Gutiérrez Luna se cree el actor principal de La ley de Herodes”.

Fuente La Jornada