El presidente López Obrador celebró esta mañana la buena calificación crediticia que México recibió esta semana. En ese sentido, señaló que el cambio en la opinión de las calificadoras obedece a varios motivos.

No obstante, rescató que la razón principal es que las finanzas de México se encuentran estables. Prueba de ello es que entre enero y julio de este año ingresaron a las arcas un total de 2 billones 568 mil pesos.

De manera específica, por ingresos tributarios se obtuvieron 2 billones 63 mil pesos. Esto significa que la recaudación ha crecido, en términos reales, un 2% por arriba de lo que se observó en los primeros meses de 2021.

AMLO apuntó que la calificación crediticia de México también se debe a otros factores, tales como las exportaciones. En ese sentido, el mandatario recordó que ayer la Oficina del Censo reveló datos que posicionan a nuestro país como segundo socio comercial de Estados Unidos.

“Las calificadoras consideran que están bien manejadas las finanzas públicas en el país, pues está también demostrando con la estabilidad cambiaria, la llegada de la inversión extranjera”.

Revolución 3.0

Por IVONNE MARTÍNEZ

S&P Global Ratings revisó la perspectiva de las calificaciones soberanas de México a estable de negativa, ya que prevé que continúe la ejecución de políticas fiscales y monetarias más cautelosas en lo que resta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, la calificadora internacional de riesgo crediticio confirmamos las notas de México en moneda extranjera de largo plazo de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’.

“La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que prevalecerá un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos dos años, a pesar de un contexto mundial más complejo. Esperamos que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador siga políticas económicas que deriven en una dinámica fiscal y de deuda estable”.

S&P Global Ratings

En un reporte, abundó que a pesar de las presiones sobre la inflación y el crecimiento, en medio de shocks de precios internacionales y el creciente riesgo de recesión en Estados Unidos, espera que continúe la ejecución cautelosa de las políticas fiscales y monetarias de México durante lo que resta del Gobierno del Presidente López Obrador y que el índice de deuda neta del gobierno general del país se mantenga estable.

Dada la etapa en que se encuentra el ciclo político y la polarización en el Congreso, S&P precisó que no espera que se aprueben iniciativas constitucionales que presionen el entorno de negocios.

“Por consiguiente, revisamos la perspectiva de las calificaciones soberanas de México a estable de negativa, y confirmamos nuestras calificaciones en moneda extranjera de largo plazo de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’”, anunció.

Señaló que la perspectiva estable incorpora los complejos desafíos fiscales en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cautelosa ejecución fiscal del soberano, la menor incertidumbre sobre la política energética y los avances en la inversión del sector privado relacionada con el comercio.

Precisó que retrocesos inesperados en la gestión macroeconómica o en el diálogo entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro y los vínculos transfronterizos, podrían debilitar la inversión y la confianza de los inversionistas, lo cual llevaría a una baja de las calificaciones en los siguientes dos años.

Además, niveles más altos de deuda del Gobierno general y de déficits aumentarían los riesgos fiscales asociados con cualquier apoyo extraordinario necesario para las empresas estatales, Pemex y CFE, y también podrían derivar en una baja de las calificaciones soberanas.

En tanto, una gestión política y económica eficaz que impulse la trayectoria de débil crecimiento de México, por ejemplo, con un panorama de inversión más dinámica, podría traducirse en un alza de la calificación.

De manera similar, añadió, las iniciativas que impulsen la flexibilidad presupuestal, los espacios fiscales, y que amplíen la base tributaria no petrolera para mitigar los potenciales pasivos contingentes provenientes de las empresas propiedad del gobierno en el sector de energía, podrían mejorar la calidad crediticia.