Altos funcionarios del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), instalaron oficialmente el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El cual entrará en operación a partir del 1 de julio cuando se distribuyan las compensaciones a los primeros jubilados bajo la ley de 1997.

Este mediodía, en la gobernadora Rodríguez Ceja se reunió con los secretarios Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda; Luisa Alcalde, de Gobernación; y Marath Bolaños, de Trabajo, para realizar la instalación y dar paso a la operación del comité técnico del fideicomiso que preside Banxico y que definirá las reglas de operación e inversión de los fondos.

IMSS pagará “copetes” de pensiones a jubilados”

Esto según comentó Carlos Martinez, director del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), respecto a que “hay una ingeniería institucional bien importante atrás de todo esto, porque están todas las Afores, está la Consar, que regula todo el sistema de ahorro, la Secretaría de Hacienda que nos va a coordinar a todos”.

Previo a la reunión, también destacó la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pues “va a ser una ventanilla que va a pagar precisamente los copetes” de las pensiones. En tanto que, cuestionado sobre si ha habido problemas para que las Afores entreguen sus remanentes, respondió que no pues es un mandato de ley.

Oposición interpuso acción de inconstitucionalidad

Si bien con esto continúan los planes para poner en marcha la el Fondo de Pensiones para el Bienestar el próximo 1 de julio, como marca la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el presidente López Obrador, apenas la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la impugnación de la oposición.

Será la ministra Loretta Ortiz, una de las cinco que ha propuesto el primer mandatario durante su sexenio, la que determinará si se admite o no la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados federales los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

El comportamiento que ha presentado el peso frente al dólar “ha obedecido a los sólidos fundamentos macroeconómicos del país”, reconoció la gobernadora del Banco de México (Banxico). La maestra Victoria Rodríguez Ceja indicó que el dólar ha registrado una apreciación generalizada ante el apretamiento de las condiciones monetarias a nivel global, pero “en el caso del peso mexicano, a pesar de algunos episodios de volatilidad, éste ha exhibido una notable resiliencia”.

La titular del banco central explicó que esos fundamentos macroeconómicos se basa en la disciplina fiscal, el equilibrio de cuentas externas, un tipo de cambio flexible y un sistema financiero robusto. Al comparecer este 25 de abril ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, la funcionaria destacó que la presión de las condiciones sobre otras monedas de economías emergentes dificulta el control de la inflación, algo que no se presenta en estos momentos en el país gracias a la solidez del peso.

Rodríguez Ceja expuso que la política monetaria del Banco de México obedece al objetivo prioritario de estabilidad de precios, por lo que no se tiene un objetivo de tipo de cambio ni de diferencial de tasas de interés respecto de cualquier otra economía. Añadió que la importancia de cualquier variable en las decisiones del banco central radica en el grado de incidencia sobre el proceso inflacionario de México.

Ante los legisladores, señaló que el objetivo prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, así como promover el sano desarrollo del sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y proveer a la economía del país de moneda nacional.

La gobernadora dijo que “durante 2022 y lo que va de 2023, la economía nacional ha continuado enfrentando un ambiente global, complejo e incierto. En particular para el ámbito de competencia del Banco de México, este entorno se ha caracterizado principalmente por presiones inflacionarias no vistas en décadas, cuyo carácter persistente y generalizado ha afectado los precios de un gran número de bienes y servicios de la canasta de consumo de los hogares en un conjunto de economías, incluyendo la mexicana”.

Agregó que en el periodo se han presentado acontecimientos que han puesto a prueba el sistema financiero mexicano, su resiliencia y su contribución a la estabilidad y al crecimiento económico. En el tema de estabilidad de precios, dijo que “la inflación es uno de los fenómenos que mayormente lesionan el crecimiento económico y generan desigualdad social”. Ello, porque el aumento constante y desordenado de precios dificulta la planeación del consumo y las actividades productivas, inhibe la inversión y el ahorro, y disminuye la calidad de vida de toda la población, afectando de manera desproporcionada a los sectores más pobres.

La titular del Banxico expuso que existe un consenso de que la estabilidad de precios es un basamento fundamental para cualquier proceso de crecimiento económico sostenible y con equidad. Y reconoció que se ha vivido un periodo de inéditas presiones inflacionarias, derivadas de eventos que difícilmente hubieran podido pronosticarse, como la pandemia de Covid-19 y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

“La pandemia, un evento sanitario ajeno al ciclo económico, implicó un desafío global que generó un gran número de lamentables pérdidas humanas, dislocó lo procesos productivos y las cadenas de suministro, y transformó la vida cotidiana de millones de personas en el mundo. Por su parte, la guerra en Europa del Este, además de su costo humano y sus desafíos en la paz mundial, ha tenido repercusiones muy significativas en los precios de insumos esenciales en la economía internacional, como los alimentos y los energéticos, lo cual, a su vez, han generado un fuerte impacto sobre la inflación global”, señaló Rodríguez Ceja.

No obstante, expuso que “tras el periodo más severo de aislamiento durante la pandemia, la reapertura de actividades en diversas economías, el cambio en los patrones de consumo hacia mercancías y las medidas de estímulo principalmente en las economías avanzadas, dieron lugar a una expansión de la demanda agregada a nivel global. Lo anterior propició que en diversos mercados la oferta tuviera dificultades para ajustarse al mismo ritmo que la demanda, lo que ejerció presión al alza sobre los precios en una multiplicidad de bienes y servicios”.

Añadió que la conflagración en Europa del Este agudizó estas presiones inflacionarias, debido a la incertidumbre provocada y a las irrupciones adicionales en las cadenas de suministro. “En este contexto, la economía global en 2022 moderó su crecimiento hacia el cuarto trimestre y las previsiones para 2023 por parte de los principales organismos multilaterales, apuntan a una desaceleración”.

Sistema financiero estable

La gobernadora del Banco de México también se refirió al objetivo de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar un buen funcionamiento del sistema de pagos. “Para que un sistema financiero sea saludable, debe ser estable, competitivo, eficiente y accesible. Cuando se cumple con alguna de estas condiciones, se limita el bienestar de los usuarios y se inhibe la aportación potencial del sistema financiero al crecimiento económico, además de complicar la transmisión de la política monetaria”.

Al respecto, consideró el sistema financiero mexicano ha mostrado su estabilidad ante la contingencia sanitaria pero, también, ante el riesgo generado por los problemas de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, que se extendió a otros mercados financieros internacionales, aunque  sus efectos han disminuido de manera importante.

Rodríguez Ceja expuso que el Banco de México vigila de forma permanente la estabilidad del sistema financiero y participa en foros internacionales para promover la salud y estabilidad financiera global. En el plano nacional, dijo, participa en el consejo de estabilidad del sistema financiero, en el que las autoridades mexicanas en la materia interactúan y se coordinan para vigilar eventuales vulnerabilidades.

Con los datos generados por estas actividades, aseguró que “el sistema financiero mexicano se encuentra bien capitalizado y con amplias reservas de liquidez, y que, en ausencia de eventos desfavorables adicionales, no se prevén afectaciones directas al sistema bancario mexicano que pongan en riesgo su solvencia”.

Sobre la quiebra del Silicon Valley Bank, indicó que su administración subestimó el riesgo de tasa de interés que concentró sus exposiciones en un grupo de depositantes del mismo sector de la economía, muchos de los cuales contaban con saldos muy por encima de la cobertura del seguro, factores que lo expusieron a una corrida bancaria.

La gobernadora detalló que el nerviosismo se extendió a otras instituciones estadunidenses con características similares, pero hasta ahora se trata de casos específicos asociados a la similitud entre dichos bancos, ya sea por el sector al que atienden o por las características de sus depositantes.

En el caso de Credit Suisse, indicó que “si bien las dudas sobre su viabilidad se pueden inscribir en el entorno de marcada incertidumbre, el banco llevaba varios años reduciendo su balance, después de haber sufrido pérdidas importantes en los mercados de derivados y con una gestión cuestionada por los mercados. Adicionalmente, uno de sus principales accionistas señaló que no invertiría más en la institución por varios factores sobre los que no comentaría. En ambos casos, las autoridades financieras correspondientes han actuado de manera oportuna para evitar el contagio”.

Rodríguez Ceja consideró que los bancos mexicanos no presentan exposiciones crediticias ni a través de títulos con las entidades afectadas de Estados Unidos y Europa, que impliquen este tipo de riesgos para sus balances generales.

Asimismo, aseguró que la exposición a riesgo de tasa de interés de los bancos y casas de bolsa ha disminuido; incluso, dijo, es relativamente baja. “Todas las instituciones bancarias mexicanas satisfacen holgadamente los estándares internacionales en lo que se refiere a requerimientos regulatorios de liquidez, a diferencia de las instituciones intervenidas en los Estados Unidos, cuyo sector no está sujeto a dichos estándares”.

La funcionaria explicó a los senadores que una diferencia clave entre los bancos mexicanos y los de Estados Unidos es que las instituciones del vecino país del norte tienen activos menores a 250 mil millones de dólares y no están sujetos a los estándares de liquidez establecidos por el acuerdo de Basilea III, por lo que no calculan el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente de financiamiento estable neto. “Tampoco están obligados a hacer un cómputo oportuno del riesgo de tasa de interés en su libro bancario, lo que conduce a que los títulos que tienen en sus activos no reflejen las variaciones en su valor de mercado. Finalmente, no están considerados para las pruebas de tres que anualmente realiza la Reserva Federal”.

Y expuso que, “en contraste, todos los bancos en México deben satisfacer los requerimientos regulatorios de liquidez y se sujetan a pruebas de estrés por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el análisis del propio Banco de México; en armonía con los estándares establecidos en el Acuerdo de Basilea III. De hecho, las pruebas de estrés que publicamos en el Reporte de Estabilidad más reciente, muestran que aún ante escenarios adversos severos, el Sistema Bancario Mexicano continuaría satisfaciendo los requerimientos de capital y liquidez exigidos por los estándares regulatorios vigentes”.

Por ello, consideró que los bancos mexicanos cuentan con holgados niveles de capital, por lo que no existen razones fundamentales que pudieran expresar la situación de liquidez del sistema bancario. “El sólido marco macrofinanciero que existe en México, basado en la disciplina fiscal, el equilibrio de cuentas externas, un tipo de cambio flexible y un sistema financiero robusto; resultan fundamentales para amortiguar este tipo de choques. No obstante, el nerviosismo en los mercados financieros internacionales podría continuar y las autoridades financieras somos muy conscientes de la importancia de estar preparados ante eventos adicionales que pudieran suscitarse y de actuar con oportunidad y decisión, para mitigar el impacto de dichas contingencias en caso de que ocurran”.

Contralínea

A casi cuatro años de que el Congreso de la Unión cancelara la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, el Banco de México mantiene vigente un esquema similar que permite el pago de por vida a sus exgobernadores, exsubgobernadores y exaltos funcionarios, a costa del erario nacional. En la lista de beneficiarios se encuentran los neoliberales Ernesto Zedillo –opositor a la “ola de gobernantes populistas en América Latina”–, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz y otros más de 90 beneficiarios. Las pensiones mensuales van de los 120 mil a los 338 mil pesos

En su mayoría afines al pensamiento neoliberal y promotores del adelgazamiento de los derechos laborales, un centenar de exfuncionarios del Banco de México (Banxico) mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague una pensión vitalicia similar a la que cobraban, hasta octubre de 2018, los expresidentes de la República y que fue cancelada por el Congreso de la Unión.

Los beneficiarios son exgobernadores, exsubgobernadores y exdirectivos del banco central, entre los que destacan Ernesto Zedillo Ponce de León, Agustín Carstens Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Sus pensiones anuales van alcanzan hasta 4 millones de pesos anuales. Además, se les garantizan otras prebendas como seguro de gastos médicos de cobertura amplia.

De acuerdo con los datos del propio Banxico (actualizados al primero y segundo trimestre de 2022), el expresidente Ernesto Zedillo cobra de esa institución 121 mil 763.22 pesos mensuales, por lo que al cierre de este año se habrá embolsado 1 millón 461 mil 156 pesos. En el banco central se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica. El político priísta fue uno de los principales impulsores de la privatización de los bienes públicos, entre ellos los Ferrocarriles Nacionales de México.

A éste se suma otro centenar de privilegiados. Entre ellos, Miguel Ángel Mancera Aguayo, quien cobra mensualmente 338 mil 833.75 pesos. Éste encabezó el banco central del 1 de abril de 1994 [último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari] al 31 de diciembre de 1997 [periodo en el que Ernesto Zedillo ocupó la Presidencia]. A este se le recuerda como corresponsable del llamado error de diciembre de 1994, cuando por falta de reservas internacionales, crisis de deuda externa, déficit público abultado y una acelerada devaluación del peso, México cayó en una profunda crisis financiera.

En su Informe anual de 1995, el Banco de México apuntaba que durante ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. La interrupción repentina de los flujos de capitales del exterior hacia México a finales de 1994 e inicios de 1995, sumada a la consecuente devaluación de la moneda nacional, impusieron a la economía del país un ajuste doloroso pero inevitable. […] Cabe señalar que uno de los factores críticos que determinaron la estrategia específica adoptada, fue la débil situación del sistema financiero, resultado en buena medida del previo sobreendeudamiento de un número importante de familias y empresas mexicanas”.

En aquel entonces los subgobernadores del Banxico eran: Ariel Buira Seira –cuya pensión vitalicia actualmente asciende a 228 mil 513.44 pesos mensuales [2 millones 742 mil 161.28 pesos al año]; Guillermo Güémez García; Jesús Marcos Yacamán, con una pensión vitalicia de 219 mil 942.72 pesos cada 30 días; y Francisco Gil Díaz, a quien los mexicanos le seguimos pagando 219 mil 115.81 pesos al mes. Este último fue promotor de la creación de la empresa privada ISOSA y del derecho de trámite aduanero –operado por los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II–, con los cuales se defraudó por años a la Hacienda Pública.

Otro exgobernador del banco central que tiene garantizada su pensión es Guillermo Ortiz Martínez, quien cada mes cobra a la nación 270 mil 642.37 pesos. El cargo lo desempeñó del 1 de enero de 1998 [último año del gobierno de Zedillo] al 31 de diciembre de 2009 [periodo que abarcó los gobiernos de Vicente Fox y parte del de Felipe Calderón].

Antes de ocupar ese cargo, Ortiz Martínez fue secretario de Hacienda en el sexenio de Zedillo. Asumió la dependencia federal el 29 de diciembre de 1994, tras la renuncia de Jaime Serra Puche ante la grave crisis que enfrentaba el país. Como titular de Hacienda, promovió el rescate fiscal de los bancos y con ello propició que las deudas privadas de éstos se convirtieran en deuda pública a través del Fobaproa, que ha costado más de 2 billones de pesos a los mexicanos.

Además de lo que le paga la nación por concepto de pensión vitalicia, Ortiz Martínez gestionó mediante correos electrónicos dos donativos en efectivo –por 5 mil dólares cada uno, en octubre de 2020 y noviembre de 2021– para beneficio del Grupo de los 30 [Consultative Group on International Economic and Monetary Affairs, Inc]. En sus solicitudes indicaba que el objeto del dinero sería contribuir en la realización de sus planes de trabajo para 2020 y 2021, respectivamente.

Guillermo Ortiz es tesorero del Grupo de los 30, donde también son miembros Ernesto Zedillo y Agustín Carstens. Las donaciones con dinero público estuvieron autorizadas por el director de Recursos Materiales del Banxico, Guillermo José Martínez Villarreal, bajo las justificaciones de que se tomaba “en cuenta que los fines de su representada tiene propósitos culturales y científicos”.

En la lista de los pensionados se encuentra también Agustín Guillermo Carstens Carstens, con una paga de 131 mil 134.04 pesos al mes. Fue gobernador del banco central entre el 1 de enero de 2010 [Felipe Calderón] y el 30 de noviembre de 2017 [Enrique Peña Nieto].

El también exsecretario de Hacienda (diciembre de 2006-2009) se caracterizó por ser un duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsó la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para adelgazar los derechos laborales.

Entre sus frases más polémicas está aquella que pronunció el 20 de octubre del 2006, cuando era el coordinador económico de Felipe Calderón: “no hay balas de plata que uno pueda usar para que de repente haya más crecimiento, menos pobreza y más empleo”.

En la lista de exgobernadores pensionados de por vida está también Alejandro Díaz de León, supuestamente con 26 mil 370.10 pesos aunque su último sueldo que cobró en diciembre pasado ascendió a 364 mil 207.9 pesos.

Los otros pensionados

Los otros pensionados por toda su vida son los exsubgobernadores: José Julián Sidaoui Dib, con 246 mil 91.30 pesos al mes; Roberto del Cueto Legaspi, con 205 mil 631.80; Javier Guzmán Calafell, con 199 mil 988.76; y Manuel Ramos Francia, con 22 mil 71.24.

Asimismo, los exaltos funcionarios: Enrique Trueba Méndez de Vigo, con 302 mil 234.29 pesos mensuales; Francisco Gerardo Rueda Rábago, con 285 mil 911.62; Fernando Liceaga Rodríguez, con 284 mil 761.30; Humberto Armando Acevedo Milan, con 264 mil 99.58; Ángel Antonio Palomino y Hasbach, 246 mil 216.02; José Julián Sidaoui Dib, 245 mil 164; Luis Emilio Gutiérrez Moller, 244 mil 607.85; José Luis Flores Lozano, 217 mil 65.12; Sergio Augusto Ghigliazza García, 217 mil 300.16; Luis Jaime Marentes Manzanilla, 215 mil 529.90; Manuel Camacho Téllez, 209 mil 492.50; Armando Raymundo Rodríguez Heres, 208 mil 750.66; Jorge Federico Espinosa de los Monteros Guerra, 207 mil 229.37; Luis Humberto Villalpando Hernández, 205 mil 980.47; Francisco Abelardo Vela Venegas, 192 mil 74.85; Gilberto Calvillo Vives, 191 mil 994.82; Carlos Jaime Bazdrech y Parada, 191 mil 424.66; Antonio Pérez Ossio, 188 mil 830.15; Ángel Rodríguez Vera, 186 mil 82.66; Magdaleno Casillas Caballero, 181 mil 777.82; Pablo García Cisneros, 171 mil 58.72; Jesús Francisco Vara Mora, 178 mil 176.60 ; Víctor Joaquín Galindo Montoro, 176 mil 953.52; Carlos Enrique Isoard y Viesca, 170 mil 358.28; Germán Andrés Fernández Aguirre, 167 mil 475.09; Salvador García Borbolla, 164 mil 720.05; Raúl Sierra Otero, 162 mil 99.10; Jorge Carlos López González, 160 mil 273.80; Álvaro Sergio Barba Rodríguez, 153 mil 466.96; Mario Luis Carranza y Lozano, 155 mil 410.26; Guillermo Tejeida Miranda, 149 mil 67.83; Reynaldo Reyes Medel, 139 mil 125 pesos al mes.

El Gobierno de México anunció que el Banco de México (Banxico) tiene previsto lanzar su propia moneda digital en circulación a partir del próximo 2024. El gobierno mexicano explicó que considera de suma importancia adherirse a la nueva ola tecnológica que está tomando lugar en el sector económico y financiero. 

«El @Banxico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación», compartió el Gobierno de México a través de su cuenta de Twitter. 

El gobierno mexicano explicó que es de suma importancia que el país logré consolidar el uso de nuevas tecnologías, así como también las nuevas infraestructuras de pagos de última generación, pues esto nos permitirá avanzar rumbo a la inclusión financiera.

Fuente Político MX