Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció iniciar “una nueva ruta en las investigaciones” del caso Ayotzinapa, en la que un nuevo equipo realizará una revisión de los expedientes y se incorporará el uso de tecnología con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. 

Así lo afirmaron los padres y las madres de los 43 estudiantes al salir de la primera reunión con la mandataria en Palacio Nacional, quienes destacaron “la disposición de la Presidenta para reconstruir y entrar en una nueva etapa de diálogo”.

Igualmente aseguraron que continuará la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), “pero se tiene que fortalecer”. También resaltaron que el diálogo con la mandataria seguirá, con un próximo encuentro en febrero del 2025.

“Creo que iniciamos bien, con una nueva ruta de diálogo y una nueva disposición de la Presidencia”, enfatizó Vidulfo Rosales, abogado de las familias.

Respecto a la demanda de que el Ejército entregue 800 folios en los que habría información relevante para dar con el paradero de los estudiantes y la participación que tuvo en los hechos de la Noche de Iguala, Melitón Ortega, vocero de las familias, expuso que la mandataria “en breve va a hacer una carta a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) para dar a conocer y solicitar esa información que se requiere”.

Al respecto, Rosales precisó en entrevista que tanto los padres y las madres como la mandataria coincidieron en “no entrar en esta polarización” que representa el tema del Ejército.

No obstante, indicó que dado que es un asunto “de mucha tensión va a haber una modificación respecto a los 800 folios (solicitados) a información que los militares de manera concreta tienen en su poder”. 

Insistió en que Sheinbaum “conformó un nuevo equipo que se abocará a la revisión de los expedientes (del caso) y a la utilización de nueva tecnología”, para la localización de lugares e intervenciones legales de teléfonos. 

Asimismo, indicó que los padres y las madres de los 43 estudiantes reiteraron a la Presidenta la urgencia de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel. Rosales señaló que la respuesta de la mandataria fue que “van a seguir insistiendo (en ello)” pero que depende del gobierno de ese país el que se logre.

Melitón Ortega también resaltó que la jefa del Ejecutivo fijó una postura “de poder avanzar (en el caso) y no estar confrontando… hay que buscar los puntos centrales que nos permitan avanzar”.

En la reunión que se realizó en el Salón Guillermo Prieto (Tesorería) y que duró poco más de hora y media, participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra.

 El presidente AMLO hizo pública una carta a las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con un informe público.

Esto, al presentar la carta a madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, sobre el segundo reporte de la investigación realizada.

Y misma que llevo a cabo el Poder Ejecutivo para encontrar a los jóvenes.

AMLO y la verdad.

Cabe destacar que presidente López Obrador sostuvo que ha coordinado personalmente las tareas de búsqueda en los últimos dos años.

Además, subrayó que una vez a la semana sostiene reunión con el Gabinete de Seguridad para dar seguimiento.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso acciones inéditas del Gobierno de la Cuarta Transformación.

Seguidamente, destacó el diálogo en centros penitenciarios con los involucrados a fin de conseguir información sobre el paradero de los estudiantes.

Lo anterior, por parte de las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Además del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

Acciones

Por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles y 16 militares.

Además, entre los que se encuentran dos generales y un elemento de la Secretaría de Marina, hecho inédito en la historia de México.

Adicionalmente hay tres órdenes de aprehensión pendientes contra militares. En el sexenio, el número de encarcelados incrementó de 59 a 120 personas.

El presidente López Obrador precisó que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina apoyan la investigación con el objetivo de llegar a la verdad en este asunto de interés público.

En calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, instruyó la apertura de archivos e información.

AMLO por la verdad

“Mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia; porque, entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República”.

Lo anterior, señala el mandatario en la misiva.

Desde el inicio del Gobierno de México, reafirmó, se destinaron recursos, tiempo y voluntad para esclarecer los hechos, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.

A lo largo de casi seis años de administración, la búsqueda en campo contempla la exploración de 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico necesario.

«Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras», refiere.

Carta a las familias de Ayotzinapa

“Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos”.

“De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”.

Dificultades

Sin embargo, señaló, no ha sido posible avanzar más porque López Astudillo, que permanece en la cárcel, no muestra voluntad para seguir cooperando.

Esto, aun cuando él tiene comunicación y contacto comprobado con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes.

La federación, dijo AMLO, también promueve que personas procesadas o sentenciadas pueden acceder de manera directa a beneficios de la Ley de Amnistía.

Lo anterior, si aportan elementos comprobables y útiles en la resolución de casos relevantes para el Estado mexicano, como lo es el de Ayotzinapa.

El segundo reporte sobre los jóvenes desaparecidos incluye la carta del presidente y anexos de la investigación; están disponibles en canales y plataformas oficiales del Gobierno de México para consulta de todo el pueblo, como parte del compromiso de transparencia.

Reporta

“Es una información que antes no se daba a la mayoría de la gente, eran muchos los filtros y también en abono a las organizaciones independientes, no tenían acceso a los medios convencionales, había un control casi absoluto de los medios de información, de los periódicos, de la radio, de la televisión. Entonces, ahora ya hemos informado más sobre este caso”, afirmó.

En la misiva a familiares de padres y madres de familia con motivo de los diez años del caso Ayotzinapa, el titular del Ejecutivo federal expresó:

“…,hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto”.

Ante representantes de medios de comunicación confió en que, si el gobierno federal no esclarece este lamentable hecho, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emprenderá los esfuerzos necesarios para continuar esta misión.

El presidente recordó que el sexenio anterior pretendió dar carpetazo al caso construyendo la llamada ‘verdad histórica’.

La versión, sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, descalificada, en particular lo relativo a la presunta incineración de los jóvenes.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la Ley de Amnistía. Aseveró que las reformas no son para liberar a cualquier persona, sino para ayudar a resolver casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Estamos haciendo un esfuerzo para convencer a quienes participaron, que nos den información, los vamos a proteger. También aprovecho, porque no tenemos que ocultar nada, por eso es que reformamos la Ley de Amnistía, porque hay quienes piensan que reformamos la Ley de Amnistía para que el presidente pueda sacar al que desee, y que se convierta en un tirano, un dictador. Es para estos casos, este en especial y otros”, dijo desde Palacio Nacional.

En este contexto, explicó que se reuniría con los padres de los normalistas, a quienes les entregará un informe:

“Yo voy a presentar un informe, no uno, dos o tres antes de irme, uno se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a uno por uno de los padres, aquí, porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes porque esos están ya con una postura”, expresó.

Respecto a las aseveraciones de Anabel Hernández sobre el caso, refirió:

“Vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel no ofrece ninguna sola prueba, la única prueba que ofrece es que entrevista a este señor, y dice que los muchachos no estuvieron en el juzgado, en los separos que incluso llega un grupo de militares y no los encuentran. Tenemos testimonios del jefe de la policía, en donde el juez le dice que si habían estado. (Tenemos) declaración. Documentos no, porque los tuvieron en vez de mantenerlos se los llevaron, la policía”, comentó.

Un grupo de presuntos normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con el rostro cubierto, lanzaron petardos y objetos explosivos en contra de la fachada de Palacio Nacional, en la explanada del Zócalo capitalino. Los hechos dejan 26 policías de la Ciudad de México heridos por las esquirlas de los cohetones.

En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo los manifestantes arrojaron objetos explosivos hacia la fachada de Palacio Nacional, lo cual provocó la movilización de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. 

De acuerdo con reportes, los presuntos normalistas pedían una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar apoyos económicos. Tras los hechos provocados en el Zócalo capitalino, aunque algunas otras versiones señalan que la movilización fue por la liberación de los ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa, tras la violenta movilización los manifestantes se retiraron a bordo de los autobuses en los que llegaron.

Sin embargo, la SSC informó que ante las manifestaciones y el lanzamiento de los objetos explosivos resultaron 26 policías capitalinos heridos, por las esquirlas de los petardos y cohetes.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia de seguridad capitalina detalló que los uniformados recibieron atención médica por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en siete ambulancias.

Asimismo, señalaron que los elementos de la SSC presentaban heridas en las piernas, los brazos y los glúteos, razón por la que fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada.

El pasado 8 de mayo, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México determinó liberarlos y sustituir las medidas a las que estarán sujetos.

Dicha audiencia fue la continuación de la que se inició el 6 de abril de 2024, para debatir los alegatos de clausura de las partes.

Al igual que su criterio previo, la jueza estimó que aún cuando se demostró un riesgo cautelar, este no podía ser considerado “elevado”, por lo que no ameritaba prisión preventiva.

La juzgadora determinó que el cambio de medida cautelar de los ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa no incrementaría el riesgo de sustracción, peligro de obstaculización del proceso ni se pondrían en riesgo las víctimas y testigos.

Con base en esa valoración, la representante del Poder Judicial de la Federación modificó las medidas cautelares no privativas de libertad previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las medidas que les impuso a los ocho imputados son: presentación periódica quincenal los días 1 y 16 de cada mes; garantía económica de 100 mil pesos, por lo que dejó a disposición de los procesados los billetes de depósito de 50 mil pesos exhibidos previamente; prohibición de salir del país; prohibición de convivir y acercarse a las víctimas y testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa.

Aunado a lo anterior, la jueza argumentó que la libertad obedece a que aún en este caso en el que hay dos delitos conexos, no implica que de manera automática tendría que imponerse la prisión preventiva, ya que son hechos circunstanciales materia de dos ejercicios de la acción penal, que no son suficientes para la prisión preventiva justificada.

Además señaló que las evaluaciones de riesgo llevadas a cabo, coincidentemente, en cuanto al fondo y su contenido se advierte que existen elementos para cuestionar su objetividad entre ello, que estaba evidenciado el arraigo domiciliario, familiar, laboral.

Debido a que la revisión de medidas   cautelares de los ocho militares se dio en cumplimiento a la resolución de un incidente en revisión (juicio de amparo fallado por Tribunal Colegiado), ya no es viable su impugnación.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que hubo un abuso de autoridad en el asesinato del normalista de Ayotzinapa, pues el joven no disparó contra las autoridades.

Durante la conferencia matutina el presidente comentó que tienen que ver todos los peritajes, y ahora el expediente está en manos de la Fiscalía General.

AMLO señaló que no permitirán ninguna injerencia, ni tampoco ninguna tentación de querer proteger a los responsables.

Aseguró que el caso no quedará impune, y dijo que los policías implicados en el asesinato del normalista están detenidos y a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario federal envió su pésame a los familiares de este joven, y les dio su palabra de que no se va a fabricar nada para proteger a los responsables.

El presidente descartó que este hecho tenga que ver con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y dijo que buscará una reunión con los familiares, pero sin mediaciones.

“Quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen” enfatizó.

SinEmbargo

Foto: La Mañanera

“Lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En conferencia de prensa matutina indicó que conduce la investigación y se comprometió a que, en un plazo máximo de 20 días, se reunirá con madres y padres de los jóvenes desaparecidos a fin de brindarles más información y pruebas del caso.

“Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación”, subrayó.

Señaló que asesores y abogados de las madres y padres de los 43 jóvenes, supuestas organizaciones en defensa de los derechos humanos y grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros manipulan la información con fines políticos e impiden que los familiares de las víctimas accedan a los avances de la investigación que el Gobierno de México intentó entregarles.

“Quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes. La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos (…) y de otras organizaciones y cómo están vinculados con (Emilio) Álvarez Icaza y con la OEA y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros”, explicó.

“Muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir porque se lo prohibieron los abogados”, agregó.

Ante la irrupción de presuntos normalistas en Palacio Nacional mientras se llevaba a cabo el diálogo circular con representantes de los medios, el jefe del Ejecutivo sostuvo que no escalará la violencia porque el gobierno federal no caerá en provocaciones ni confrontaciones.

“Como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes, (…) pero ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza porque ayudaron a dejar libres a quienes tengo pruebas participaron en la desaparición de los jóvenes”, enfatizó.

“Lo quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta; no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. (…) Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Lo que quieren es provocar”, expresó.

El presidente López Obrador recordó que en los últimos días han hecho manifestaciones similares en otras instalaciones de dependencias federales, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Lotería Nacional, demostrando que se trata de “un plan de provocación clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”.

Afirmó que no parará la investigación a fin de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y conocer la verdad luego del llamado pacto de silencio y de la supuesta verdad histórica del sexenio anterior.

Con información de LópezObrador.org

Luego de que un presunto grupo de normalistas derribaron una de las puertas de Palacio Nacional, con el afán de radicalizar las exigencias hacia el gobierno para “destrabar” la investigación de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que su titular, el subsecretario Arturo Medina Padilla, se contactó con los padres y madres de los 43 estudiantes, con el objetivo de continuar trabajando en el esclarecimiento del caso.

La reunión entre ambas partes se dio posteriormente a los actos de protesta del grupo de manifestantes. Sin embargo, los padres de los 43 exigieron reunirse también con el primer mandatario. A ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su encuentro tendrá lugar en los próximos 15 días.

A partir de tres ejes, la Segob –junto con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj)– reiteró el compromiso que existe por esclarecer el caso que se originó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien ha sido señalado por ser el artífice de la verdad histórica, con la cual exfuncionarios –ligados a estructuras priístas– encubrieron el crimen.

En un primer punto, anunció que se reforzarán los trabajos de búsqueda en campo, a través de la coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como las autoridades federales y del estado de Guerrero.

En un segundo punto, la secretaría anunció que romperá el llamado “pacto de silencio”, con el fin de hallar el paradero de los 43 jóvenes. Y en un tercer eje, la Segob se comprometió a continuar con las acciones legales necesarias para sancionar a los responsables.

El gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió todos los archivos del Caso Ayotzinapa a los padres y madres de los 43 desaparecidos.

Del 4 de enero al 4 de marzo, los archivos relacionados al caso que estén en posesión del Estado Mexicano podrán ser consultados por los padres y madres de los normalistas.

“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos” dice el comunicado.

Marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Rodrigo González/Polemón

Lo anterior fue informado a los familiares de los jóvenes a través de una carta de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).

En la carta, se específica que fue el propio Presidente López Obrador, quien “instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos“.

Asimismo, la carta deja abierta la puerta al diálogo directo y al trabajo coordinado. Ya que se aseguró, el actual gobierno “no tiene nada que ocultar“. Y se aseguró que el gobierno se AMLO ha actuado con total transparencia en el caso.

“Al respecto, reiterarles que esta administración ha actuado con total transparencia y se ha entregado toda la información que se ha solicitado, como se ha informado por escrito y de forma directa”, se lee en la carta.

Se aclaró que la información sobre el tema se hizo llegar mediante una carta, puesto que los padres de los desaparecidos no pudieron asistir personalmente a las últimas reuniones del Covaj.

El segundo informe presentado ayer por el Subsecretario Alejandro Encinas ha permitido restablecer la relación con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, después de días en los que parecía estar en una situación crítica debido a la negativa a proporcionar información militar y la narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Las madres y los padres de los 43 normalistas aseguraron este jueves que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas y que participaron en la reunión para crear la “verdad histórica” deben ser investigadas.

En la conferencia de prensa afuera del Campo Militar, fueron cuestionados sobre qué opinan de “la defensa del Presidente a Omar García Harfuch y que ahora esté buscando una candidatura”. Sin mencionarlo directamente, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 jóvenes, señaló:

“Nosotros creemos que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la ‘verdad histórica’ se tienen que investigar penalmente, tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse”, subrayó.

El abogado y los padres insistieron en que “ya ha quedado acreditado que hubo una reunión de autoridades donde se decidió crear la verdad histórica”, por lo que la exigencia puntual es que todas las autoridades que estuvieron en la junta sean investigadas.

“En virtud de que hubo una junta de autoridades donde participó Enrique Peña Nieto, estamos pidiendo que se abra una investigación penal, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el Presidente”, agregó frente a los medios de comunicación.

La “junta de autoridades” a la que se refiere el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, estaba integrada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.

Rosales destacó que sería una contradicción que se tenga a Murillo Karan en la cárcel y que exista una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, por materializar la “verdad histórica”, y que no existan consecuencias para los demás: “Hubo otras autoridades alrededor que participaron en la construcción y deben investigarse todas las autoridades”.

Y reiteró: “queremos ser claros, estamos hablando de todas esas autoridades”.

A su vez, afirmó que la petición no tiene nada que ver con tiempos electorales: “Esto no es electoral. Nuestra demanda es por verdad y justicia, y quienes han violado la Ley tienen que pagar, quienes manipularon la investigación tienen que ser investigados”.

Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado, sin embargo, en qué parte, cómo, y qué papel jugó es lo que no ha quedado claro.

Alejandro Encinas confirmó ayer que que el expolicía federal y exjefe de seguridad de la capital mexicana aparece en dos informes elaborados por el actual Gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia.

García Harfuch es precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la izquierda y está bien posicionado en la intención de voto. Eso agrega aún más tensión a la referencia. Por eso Encinas fue cuidadoso, y lo dijo: no quiero intervenir en los procesos internos de los partidos. Pero la ecuación parece más o menos sencilla si se reducen a dos las posibilidades: una, donde el policía toma parte del grupo que ayudó a construir la llamada “verdad histórica” y que, sostuvo Encinas ayer, encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto. Otra, donde fue parte de los cientos, quizás miles, que se dieron a la tarea de buscar a los normalistas. En esos años tenía un rango de jefe, lo que refuerza la primera posibilidad.

También comentó, después de varias horas de silencio, que sí participó en “las reuniones”. ¿Cuáles? ¿Las que encabezó Peña Nieto junto con Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio? No está claro. Porque esas reuniones de alto nivel fueron las que construyeron la “verdad histórica” que fue, básicamente, un crimen de Estado –reveló ayer el Subsecretario de Gobernación– para ocultar la verdad y encubrir a servidores públicos e incluso el papel de una institución tan temida como respetada en México: el Ejército.

En el punto 8 del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada “junta de autoridades” que, según el propio reporte, fue la que construyó, “desde el Gobierno federal”, la conclusión que defendió Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, el propio Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal (PF).

La participación de la mencionada “junta de autoridades” implicó la construcción de la “verdad histórica”, donde se estableció que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, fueron privados de la vida e incinerados en el Basurero de Cocula y arrojados desde el puente Río San Juan.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala, Guerrero, también avalaron el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y celebraron que apunte al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano, además de retomar datos clave como los mensajes de Chicago que ligan a militares con el crimen organizado y el tráfico de droga.

“El informe presentado el día de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta narrativa de hechos descrita, pues no retoma estos seis aspectos [que reclamamos] y, sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica”, indicaron desde el plantón instalado en el exterior del Campo Militar Número 1.

Las y los familiares habían reclamado en días anteriores por la narrativa realizada por el Gabinete de Seguridad por seis cuestiones: criminaliza a los estudiantes; diluye la extensión de espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano, de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que hizo a los estudiantes; presenta conclusiones de lo que ocurrió con los estudiantes describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio; incorpora declaraciones de testigos que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados y omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica”.

“No somos necios, queremos la verdad. Que el Gobierno cumpla su promesa de esclarecer”, dijo la señora Joaquina García durante la conferencia de prensa.

Otro aspecto que aprobaron y ven con buenos ojos del informe es que retomó las capturas de pantalla de chats de Chicago, obtenidos por las autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, destacaron.

Los padres y madres también solicitaron que “por las falacias” presentadas en la narrativa del Gabinete de Seguridad, sea retirada. Además, también exigieron a las autoridades “cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la información que hemos solicitado”, y que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la “verdad histórica”.

Otra solicitud planteada es que el Gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), particularmente las relaciones con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.

Los padres también exigieron a las autoridades que dejen de “meter dudas a las población”. “Que no estén metiéndole dudas de lo que pedimos, que es información del Ejército. Ellos van a decir que estamos manipulados, que queremos entrar a la política. No, queremos encontrar a nuestros hijos”, aseveró Mario Carlos González, padre de uno de los normalistas.

Emiliano Navarrete, otro de los padres, reiteró que quieren que no se siga administrando la investigación, verdad y justicia que quieren alcanzar. Aseguró que no van a dar ni un paso atrás y pidieron la judicialización de exfuncionarios de alto nivel.

“Aquí estamos en las puertas del Ejército, este Gobierno que se comprometió a resolver nuestro caso, con esa buena voluntad, pero seguimos y no tenemos ni verdad y justicia, lo que tenemos es la resistencia acá atrás de nosotros”, remarcó al señalar hacia las instalaciones militares. “Nosotros vamos a dar la vida por nuestros hijos, no vamos a dar un paso atrás”.

“Pedimos que esta petición [de dar información del Ejército] sea pronta y efectiva”, abundó Navarrete.

“Y desde este micrófono exigimos que se abra una investigación contra el Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] por haber sido la máxima autoridad, [el exprocurador de Justicia, Jesús] Murillo Karam no pudo haber actuado sin la instrucción de una autoridad”, destacó por su parte Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres.

El padre de uno de los normalistas también anunció que van a retirarse del Campo Militar 1. “Hemos decidido levantar este plantón y esperando que la voz de Encinas sí tenga eco y perfore esa fortaleza y que la información sea entregada, que no haya obstáculo, que el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] no defienda lo indefendible. Queremos llegar a la verdad”.

“Suspendemos el plantón por la instrucción del Presidente de buscar esos documentos del Ejército que faltan”, dijo Cristina Bautista, madre de otro de los normalistas, pero advirtió que “si no cumple el Ejército en entregar esos documentos, vamos a regresar a este lugar”.

COVAJ ENTREGA SEGUNDO INFORME

Ayer, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.

Las conclusiones del Segundo Informe de la CoVAJ refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, que las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Asimismo, reiteró que en ningún momento se identificó un vínculo de los normalistas con ningún grupo delictivo.

El documento también destaca que a la fecha se encuentran detenidas 132 personas, de las cuales, 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, 2 federales ministeriales), siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala.

También han sido arrestados tres funcionarios de la FGR: el exsecretario de Seguridad Pública estatal de Guerrero; el expresidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca; y su esposa, la expresidenta del DIF Iguala, y 14 elementos de la Sedena.

La desaparición de los jóvenes, según plantea el documento, se atribuye principalmente al grupo de Guerreros Unidos, quienes lo habrían hecho en colusión y complicidad con autoridades y policías municipales y federales.

En tanto que la narrativa del Gabinete de Seguridad, presentada a los padres y madres el pasado viernes, proponía tres hipótesis para explicar el por qué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala.

La primera sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal “Guerreros Unidos” debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de “Los Rojos”, el grupo antagónico. La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del Alcalde José Luis Abarca contra los estudiantes por las protestas en el Palacio Municipal de Iguala. Y, por último, la tercera señala la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraban en los camiones tomados por los normalistas durante esa trágica noche en Iguala.

Las familias de los jóvenes desaparecidos habían acusado que la nueva narrativa incorpora elementos que ya habían quedado fuera y que se asemeja a la “verdad histórica”, ya desmantelada por las investigaciones del GIEI.

Los padres también denunciaron que, en esos datos presentados, se criminaliza a los estudiantes desaparecidos. Y es que, la tercera hipótesis sugiere que los estudiantes habrían sido desaparecidos por el tráfico de drogas y, la eventual presencia de estupefacientes, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

En tanto que el informe de la CoVAJ identifica principalmente, como parte de la colusión del Ejército, al Capitán Crespo, quien participó, según el informe, en la entrega de los estudiantes al crimen organizado. Esta aseveración se obtuvo a partir de la declaración del testigo protegido identificado como “Juan”.

Durante la marcha en la novena acción global por el Caso Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas desaparecidos reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la protección que ha dado al Ejército, pues, dijeron, eso les impide saber dónde están sus hijos. De igual forma, acusaron a su Gobierno de tratar de imponer una versión similar a la “verdad histórica” tan criticada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.