Reitera Antonio Castro solicitud al gobernador de Coahuila para explicar cifras de inversión privada y empleo reportadas en su informe anual

Palacio Legislativo, 03-12-2024 (Notilegis).– El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena) reiteró la solicitud al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, que explique de dónde provienen las cifras de inversión privada y empleo reportadas en su informe entregado al Congreso estatal el pasado 30 de noviembre.

El diputado recordó que, como ya lo había denunciado con anterioridad, el gobernador sostuvo su informe en la afirmación de que Coahuila captó 995 mil millones de pesos de inversión privada.

“Esto equivale, aproximadamente, a 5 mil millones de dólares, de los cuales el 35 por ciento corresponde a inversión nacional, y el 65 inversión extranjera directa, que se aproxima a 325 millones de dólares, tomando como base un tipo de cambio de 19 pesos por dólar”, abundó.  

Esta información, aclaró, debería ser de conocimiento de la Secretaría de Economía federal pero no se encuentra registrada en su reporte del primer semestre de 2024. Según la dependencia, Coahuila únicamente ha captado 392 millones de dólares de inversión extranjera; es decir, hay una discrepancia del 88 por ciento entre la información del gobernador y los datos oficiales.  

“Esto es un problema grave porque dicha información debe reportarse con claridad. Preguntamos al gobernador de dónde provienen estos datos y si serán confirmados en el reporte del segundo semestre de 2024, que se publicará en los primeros meses de 2025. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta por parte del equipo del gobernador priista Manolo Jiménez Salinas ni del propio gobernador”, apuntó.

Comentó que es grave la opacidad en el estado de Coahuila, por ello, se están solicitando aclaraciones, basadas en fuentes oficiales que evidencian discrepancias.  

Por todo lo anterior, recalcó, solicitamos al gobernador Manolo Jiménez Salinas que explique de dónde provienen las cifras de inversión privada y empleo reportadas en su informe. “Es nuestra obligación como representantes populares pedir esta información para tener datos claros y no engañar al pueblo de Coahuila”, concluyó.

Por Antonio Castro.

Contrario a lo que el precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila ha declarado recientemente, es un absurdo comparar lo recibido en un programa social con un salario correspondiente a la venta de la fuerza de trabajo. Se trata de una similitud desproporcionada de origen. Un salario es la proporción mínima de la venta de la fuerza de trabajo de una o un trabajador; un programa social es cubrir un vacío social que el Estado abandonó a la suerte de un sector de la población socialmente desfavorecido e invisibilizado. Pero claro, es fácil salir con la verborrea alta de declarar semejante barbaridad porque su condición de vida es diferente a la realidad social que se vive Coahuila.

Si parte desde sus privilegios, los mismos que su posición de clase le han brindado, seguramente puede decir que un apoyo social es un apoyo mínimo, una insignificancia que no podrá cubrir o resolver las necesidades de quienes lo reciben y es mejor un salario, pero de nuevo, son cosas que no pueden compararse. Más bien los programas sociales han sido una renta que ha solucionado problemáticas de la gente y les han cambiado la realidad con lo que perciben. Hablamos de esa misma gente que antes no tenía lo suficiente para cubrir ciertos gastos, como la compra de medicamentos o alimentos básicos y que gracias al apoyo han podido sacar a flote. Es un absurdo estar cuestionando su efectividad solo por la ceguera que produce un sesgo económico, ideológico y político derivado de odiar a las clases bajas peyorativamente llamadas pobres.

Que bajen esa bandera de que van a trabajar para todas y para todos; su asta se rompe al no apreciar los esfuerzos que se hacen por los más pobres. Recordemos que la agenda de esos apoyos nunca ha sido buscar una clientela política o utilizarlos como una forma de manipulación o extorsión hacia los beneficiarios, sino resolver una problemática que el estado no ha podido cubrir para subsanar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Ese tipo de programas se alejan de utilizarse de forma ambiciosa debido a que representan un derecho constitucional que no permite buscar beneficios personales, sino que beneficia a los sectores social desfavorecidos, mismos a quienes les corresponden.

Es absurdo que el precandidato priista para la gubernatura, Manolo Jiménez, haga esas comparaciones. Más bien lo que se entiende es que el fondo de sus comentarios es una cuestión ideológica y un odio y repele hacia las clases marginadas. Recordemos que no le conviene que los programas sociales se entreguen de forma directa y sin intermediarios y que cubran lo que el estado ha dejado de hacer, ya que probablemente no quiera perderse la oportunidad de que pase el recurso por sus manos para poder utilizarlo perversamente en beneficio suyo y de su partido, el Revolucionario Institucional -PRI-.

Algunos de nosotros no le creemos cuando dice que va a trabajar para todas y todos, ya que sabemos que odia a los pobres porque viene de una tradición familiar de los llamados nuevos ricos de Coahuila, que se hicieron de su riqueza a costa de la apropiación de terrenos ajenos en la capital del estado, pero lo esconde su riqueza mala habida en decir que es gracias a la cultura del esfuerzo, de que no le des el pescado al que lo necesita, sino dale la caña para pescar; de que hay que echarle ganas y de que los pobres son pobres porque quieren. Él ignora que existen problemáticas serias, de fondo y estructurales para las cuales el Estado no había dado las herramientas necesarias para sortear y poder tener una vida digna. Veámoslo como lo que son: comentarios clasistas. Si siendo precandidato los hace, empecemos a pensar cómo será su mandato si llegase a gobernar.

No lo olvidemos: esos mismos programas sociales han sido el soporte para que el Estado mexicano y la economía no llegaran a una crisis terrible durante la pandemia. Gracias a su implementación, el consumo ha aumentado, y lo sustentamos en los datos arrojados por el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior -IMCPMI- del INEGI, hubo un crecimiento de 5.8 por ciento en el consumo de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, una parte de ese aumento es porque más de 25 millones de familias reciben un apoyo social, tienen mayor solvencia económica para destinar al consumo.

Los programas sociales del gobierno popular del presidente López Obrador son políticas reales, sin parafernalias y sin ánimo de utilizarlas para el beneficio personal sin manipulación, sino para lo que realmente son: para la gente que más los necesita.

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Por Antonio Castro.

Cada vez es más evidente la desaparición del PRI del mapa político nacional; se acerca por el espejo retrovisor. Pero no es suficiente para poder confiarnos, es bien sabido que son capaces de hacer cualquier cosa por aferrarse a los últimos dos estados que siguen gobernando (Estado de México y Coahuila). En Coahuila, Miguel Riquelme ha destinado todos los esfuerzos y recursos del estado para colocar a Manolo Jimenez (secretario estatal de desarrollo social) en la gubernatura, a sabiendas de que cubrirá sus espaldas y dará continuidad a su política de pillaje y negocios sucios, de compadrazgo e impunidad.

Sin embargo, a nivel federal, lejos de sus alcances políticos, se ha estado erigiendo un obstáculo que podría truncar su plan. Se trata de la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) deje fuera de la jugada a Manolo Jiménez gracias a la reglamentación de paridad de género total discutida dentro del instituto a raíz de la legislación federal que así lo designa. Esto obligaría a los partidos a postular por lo menos una candidata mujer en las próximas elecciones del Estado de México o Coahuila según sea el caso; de ser hombre en una, debería ser mujer en la otra. Esto, a menos de que la legislación local de los estados contemplara ya la implementación de políticas de paridad de género.

A este acuerdo propuesto por el INE, le han puesto trabas el senado y el Partido Acción Nacional, a pesar de que en 2021, de las 15 candidaturas en juego, se designaron a 7 mujeres y 8 hombres, o las de 2022, donde de las seis gubernaturas, se postularon a 3 mujeres y 3 hombres.

Ante este escenario, Miguel Angel Riquelme ordenó a sus copartidarios del legislativo local, a apresurarse para aprobar una ley de “paridad” que salvase el cuello de su peón Manolo Jiménez en caso de que en el estado de México hubiera candidato hombre. Siguiendo esta orden, los diputados locales del PRI aprobaron en menos de tres días, sometidos y sin un criterio objetivo, la “ley de paridad”, una ley que, cubierta bajo la capa de ser progresista, se permitía ser un artificio para esquivar las reglamentaciones del INE. ¿Cómo? Escondiendo en un artículo transitorio la trampa que beneficiaba a la dictadura priísta coahuilense, aplazando la paridad en las candidaturas hasta el año 2029, blindando a su figurín hacia el 2023. Esta ley, más que reivindicar a la mujer y darle la representación debida y la oportunidad de que ocupe los cargos, es una afrenta a la paridad y una confirmación de la cultura machista que impera en este régimen en extinción.

Con el paso de los meses, se controvertió la constitucionalidad de esta ley, dada la evidente irregularidad con la que fue creada, por lo que en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la nación se impulsaba un proyecto donde se proponía declarar la inconstitucionalidad del artículo transitorio que buscaba posponer la postulación de mujeres en el estado hasta el 2029, dando paso a que en el 2023 los partidos postulacen exclusivamente candidatas mujeres en Coahuila, bajo un estudio extenso del caso a cargo de la ministra Loretta Ortiz.

Con lo anterior, les habría salido el tiro por la culata a Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jimenez. Por esta razón, en un acto sumamente corrupto y denigrante a los poderes del estado, presionaron a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Coahuila para rescatar la cada vez más problemática y complicada candidatura de Manolo Jimenez. En una búsqueda por aprovechar la acción de inconstitucionalidad 03/2022, promovida por el grupo parlamentario de Morena, y ponerle fin al relevo eterno del priismo en el estado, (misma que por cierto, había estado en la congeladora y sin atención, dado que en mayo se discutió la acción de inconstitucionalidad local 02/2022 al igual sobre esta ley de paridad), consiguieron en una resolución fast track, a unas cuantas horas después del anuncio de la SCJN, que se invalidara la ley de paridad y así se pudo dejar de momento sin materia de promoción al proyecto de la ministra Loreta y asegurar la candidatura de Manolo para el 2023.

En un artículo publicado en el sitio web de Proceso (Redacción. 2022, 28 junio) y que se puede leer en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Ictbup, dedicado al tribunal de Coahuila invalidando la paridad de género, se explica que el Tribunal Constitucional local hizo referencia a que, conforme a la Constitución Local y la Ley de Justicia Constitucional local, para que las reformas constitucionales locales sean válidas, “se debe garantizar la deliberación mínima del sentir de los ayuntamientos”. Como órganos deliberantes municipales, abundó, los ayuntamientos deben expresar y motivar sus razones para aprobar en forma válida una reforma constitucional como parte del Constituyente Reformador, y debido a que esa condición no se cumplió, el Tribunal decidió dejar sin efecto el decreto de reforma y ordenó al Congreso del estado reponer el procedimiento para que los ayuntamientos se expresen. Este fallo indica que el Congreso coahuilense deberá sesionar dentro de las 24 horas que se notifique la sentencia y hasta que no se cumpla con dicho proceso, la reforma de paridad para el siguiente proceso electoral 2023 en donde se renovará la gubernatura y el Congreso, quedará invalidada y sin efectos.

Cabe destacar que la magistrada María del Carmen Galvan Tello fue la ponente de la AIL 03/22, quien hasta el 2019, fue consejera jurídica del Gobernador Miguel Angel Riquelme, que ya sabemos ha sido el mayor beneficiado de esta resolución, en dupla con Manolo Jimenez.

Así mismo, una vez que la magistrada Galvan Tello fue ascendida, el que fue presidente del Tribunal Electoral del Estado y mismo que le entregó la gubernatura a Riquelme, el licenciado Valeriano Valdes Cabello, es ahora el consejero jurídico del gobernador. Para los analistas, esto debería ser temática de discusión, pues no parece existir una división clara entre los miembros de los distintos poderes ni algo que separe sus vínculos partidistas.

Hoy más que nunca debemos llamar a la rendición de cuentas en todos los aspectos sociales y políticos; representación equitativa de género en los cargos populares y alto al saqueo del estado de Coahuila con el compadrazgo del que ha sido víctima año tras año.