Un juez federal dejó sin efecto la demanda de amparo de tres militares presos por el caso Ayotzinapa.

La defensa legal de los militares fue en contra de la orden de aprehensión que quedo cumplimentada en septiembre.

POR ELLO EL JUEZ EUTIMIO ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ DECLARÓ IMPROCEDENTES LOS ACTOS RECLAMADOS.

El amparo fue solicitado por el general José Rodríguez Pérez; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, quienes actualmente se encuentran en prisión.

Los tres militares se encuentran detenidos desde septiembre en el Campo Militar Número 1-A; acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por el caso Ayotzinapa.

Revolución 3.0

El Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades comentó que se vio sorprendido por el hecho de que empresarios hayan presentado amparos por el etiquetado de los alimentos, los cuales son cuatro y han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la nación.

«AFECTA MUCHO…SÍ SORPRENDE QUE HAYA LLEGADO HASTA LA SUPREMA CORTE UN AMPARO HACIA EL ETIQUETADO, QUE YA NO ES UNO, SINO CUATRO. ESTAMOS CONSCIENTES DE ESTO».

Ridaura comentó que estos amparos se basan en un reclamo, argumentado una serie de supuestos «derechos» de los empresarios. «Es totalmente inaudito», expresó.

Por último indicó que el Gobierno de México ha recibido cartas de apoyo de grupos, tanto nacionales como internacionales de gran peso, así como una felicitación por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Revolución 3.0

Y siguen protegiendo al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Resulta que un Juez le otorgó una suspensión provisional al exgobernador, luego de que interpusiera un juicio de amparo contra la orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El recurso de amparo quedó registrado con el número 2477/2022 y fue promovido por el Juez Fustino Gutiérrez Pérez, titular del Estado.

El Juez de amparo programó la audiencia incidental para el próximo 20 de octubre para resolver si se otorgará la suspensión definitiva contra los actos reclamados.

SinLínea

Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obtuvo un amparo contra la prisión justificada que le impusieron por el caso Odebrecht, sin embargo, eso no significa que el exfuncionario vaya a salir libre.

La titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, Guadalupe Rodríguez Escobar, ordenó que la jueza que lleva el caso haga una nueva revisión y emita un nuevo pronunciamiento con libertad de decisión, informaron autoridades.

La sentencia de Rodríguez Escobar busca que se estudie una vez más el caso del exfuncionario.

El 6 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Emilio Lozoya Austin no había cumplido con la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En el caso Odebrecht, continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal para el exfuncionario, detalló la autoridad.

Por el caso Agronitrogenados, a Lozoya se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio. “El procedimiento penal continúa sin ningún beneficio procesal”.

“En el caso de un adeudo fiscal de Emilio, por pago de impuestos, dicho pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que se encuentra en trámite. Este pago de impuestos no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores”, detalló la FGR.

Emilio Lozoya Austin fue detenido en una zona residencial de alto poder adquisitivo de Málaga, España, en febrero de 2020.

Después de ser extraditado, atenido al criterio de oportunidad, enfrentó un proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho desde su casa en la Ciudad de México.

Los delitos de los que se le acusa están relacionados con supuestos sobornos de Odebrecht a cambio de contratos y la compra de una planta chatarra a Altos Hornos de México, lo que le causó un daño al erario.

Mientras seguía su proceso desde casa, se supo poco de él, al menos hasta que el sábado 9 de octubre de 2021, cuando circularon fotos mientras comía en un restaurante de la Ciudad de México en compañía de otras cuatro personas, lo que ocurrió una semana después de que ratificara ante la FGR su declaración contra otros exfuncionarios mexicanos por el caso Odebrecht.

La tarde del miércoles 3 de noviembre de ese año, un juez federal le dictó prisión preventiva a petición de la FGR que alegaron que el exfuncionario utilizó el criterio de oportunidad para dilatar el proceso en su contra.

Expasión

Un tribunal federal revocó la suspensión de plano que le otorgó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, un juez federal del estado de Nuevo León, que lo salvaguardaba de la difusión de nuevos audios por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que lo exhiben ante la opinión pública de supuestos delitos y actividades irregulares.

Los magistrados resolvieron que el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Nuevo León, actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar al priista cuando ya se había declarado incompetente para conocer el asunto.

Argumentaron que el juez de distrito carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado, en los términos del numeral 42 de la Ley de Amparo, debido a que ya había declinado competencia legal para conocer del asunto y no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si aceptaba o no la competencia.

“El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado, en los términos del numeral 42 de la Ley de Amparo, pues ya se había declinado competencia legal para conocer del asunto, y si bien en la ampliación de demanda estaban señalados actos de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo cierto es que el Secretario encargado del despacho ya se había ocupado de la suspensión de plano, así como de los actos futuros de naturaleza inminente acorde con lo peticionado en el escrito inicial de demanda”.

“Lo anterior, agregaron los magistrados del colegiado, jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto” señala el expediente.

Por ello, el colegiado declaró fundado el recurso de queja que interpuso Layda Sansores y anuló la suspensión de plano decretada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León.

Al respecto, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche se declaró incompetente para conocer la demanda de amparo que promovió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno contra de una posible orden de aprehensión en su contra, así como para impedir que la gobernadora Layda Sansores realice declaraciones, manifestaciones y comentarios en su contra “publicados y difundidos en redes sociales”.

El juez Édgar Martín Gasca de la Peña rechazó aceptar la competencia, pues entre otras cosas, advirtió que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en que se dictaron los mismos y el promovente ni siquiera señaló autoridad responsable alguna que resida dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito.

Fuente La Jornada

La mandataria estatal Layda Sansores informó a través de un video que impugnará la suspensión concedida a Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para evitar que se sigan difundiendo los audios en los que se le relaciona con personajes de la política y medios de comunicación. Alegando que estos materiales le están provocando ‘daños psicológicos’.

Sin embargo, Layda Sansores explicó que a pesar que la suspensión contra la difusión de los audios en su programa Martes del Jaguar llegó a destiempo a las oficinas del gobierno del estado, por lo que aseguró no hay desacatado a la autoridad. Informó además que el amparo promovido por Alejandro Moreno se impugnará, pues señala que la decisión del juez de Nuevo León que ese asunto “huele a caño”.

Sansores, además detalló que primero se presentó un amparo en la Ciudad de México, que el juez dijo que era incompetente, lo mandaron a Campeche y también la autoridad jurídica se declaró incompetente “y el Tribunal del Estado declara que es en México donde se tiene que resolver”.

Señaló que el juez un día antes de su programa Martes del Jaguar resolvió negarles la suspensión, entonces “ellos rápidamente se van a Monterrey, Nuevo León; qué casualidad con Movimiento Ciudadano, alguna relación y este juez Víctor Guerrero Alejo de manera sospechosa ya les había negado la suspensión el día 14 y de pronto el mismo martes, resulta que siempre si le concedió el amparo”.

“El es juez de lo penal y no le tocaba resolver, sin embargo argumentando que sufría un trastorno psicológico, que había sufrido tortura, por lo tanto ya no se podrían pasar ni audios ni videos, ni se podía hablar de el, comentar de él, ni reírse de él”

SinLínea

En una aberración más del Poder Judicial de la Federación, el  juez Francisco Javier Rebolledo, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México otorgó un amparo contra el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 que prohíbe el maíz transgénico y elimina progresivamente el uso del glifosato en México a más tardar en 2024, a la empresa fabricante de semillas genéticamente modificadas, Monsanto, para que ésta pueda utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación.

Monsanto impugnó las acciones que ordenan realizar a las dependencias federales sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del uso del herbicida en México, a lo que el juzgador respondió en su fallo que “la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Monsanto respecto de los actos y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia”, lo que puede ser impugnado por el Gobierno Federal y llevar el asunto a  a un tribunal colegiado para que determine si afirma, modifica o revoca el fallo del juez federal en materia administrativa.

El juez Rebolledo afirma, en su sentencia de amparo, que “Es claro que el decreto reclamado no funda ni motiva las decisiones adoptadas en él, pues no se exponen las circunstancias particulares basadas en evidencia científica, ni razonamiento específico para concluir que el uso del glifosato es nocivo para la salud humana y de animales y que el maíz genéticamente modificado afecta la seguridad y a la soberanía alimentarias y su eliminación contribuye a la protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, de manera que resulte justificada la sustitución gradual y absoluta de dicha sustancia y del maíz genéticamente modificado”.

SinLínea

Por increíble que parezca, un juez en México le otorgó la suspensión definitiva a la empresa española Iberdrola para que no pague multa impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De acuerdo con Sin Embargo, la empresa de origen español obtuvo la suspensión definitiva de una multa de nueve mil 145 millones de pesos, luego de que la CRE los acusó de vender energía a compañías no autorizadas en sus permisos.

Por lo que ahora Iberdrola deberá de pagar en tanto no se resuelva el juicio de amparo.

Es decir, el Juez resolvió suspender el pago de la multa en tanto no se resuelva el juicio de amparo que se presentó después de que el pasado 25 de mayo, cuando la CRE multó a Iberdrola Energía Monterrey por vender electricidad a empresas que no aparecían como los socios originales de su planta “Dulces Nombres”, ubicada en Pesquería, Nuevo León.

Es decir, el gigante energético español La planta habría vendido la energía a los socios “simulados” entre enero de 2019 y junio de 2020.

Sin embargo, no todo está perdido pues ahora el órgano regulador podrá impugnar la decisión ante un tribunal superior, pues será hasta septiembre que se lleve a cabo la primera audiencia para atender a fondo el juicio de amparo.

Con información de SinLínea

Ciudad de México. Sólo unas horas antes de que Iberdrola llevara a cabo su junta general de accionistas en España, la multinacional solicitó a un juzgado en México un amparo contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que sancionó por 9 mil 145 millones de pesos a la firma española por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.

Iberdrola interpuso la solicitud, que aún no tiene un estado de admitida, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República para reclamar sobre la discusión, aprobación y emisión de la resolución RES/466/2022 por parte del ente regulador energético en México, la cual fue autorizada por su órgano de gobierno el pasado 25 de mayo.

La empresa estaría inconforme con la sanción por 9 mil 145 millones que se le impuso por la venta ilegal de energía a los más de 500 socios que tiene en la planta Dulces Nombres, la cual se ubica en Pesquería, Nuevo León.

El pasado 25 de mayo la CRE aprobó la RES/466/2022, la cual multa a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusó a la empresa de cobrar por la electricidad que generaba en la planta.

El regulador comprobó que IEM incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en su artículo 36, pues la figura de autoabastecimiento —creada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari— es para que una misma empresa se suministre de la electricidad generada o bien el proyecto original todos los socios sean propietarios.

La CRE demostró con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por IEM entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que la filial de Iberdrola vendió energía a terceros, con lo que hizo caso omiso de la ley.

Pese a ello, Iberdrola en su defensa argumentó que el uso de las facturas, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) facilitó, violaba su secreto fiscal, pero el alegato fue desechado.

Ahora la empresa solicitó el amparo, pero la acusación específica señala que la sanción económica no sólo es para IEM, sino para otros socios de la planta Dulces Nombres.

Este no es el único litigio legal que tiene Iberdrola en México, pues el pasado lunes su solicitud de amparo contra otra resolución de la CRE en el mismo juzgado fue admitida.

En ese caso se trata de la planta ubicada en Querétaro y que es operada por Iberdrola Energía Bajío, la cual pretendía incluir en el proyecto a 519 socios, ya contando a Kimberly-Clark, empresa que recibía el suministro generado.

Más temprano, en Bilbao, España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibió el apoyo masivo de la gestión de la multinacional.

La empresa destacó que el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla su actividad 7 mil 836 millones de euros, 5 por ciento más que el año anterior, es decir, 361 millones de euros más.

Fuente La Jornada