En un episodio emblemático del realismo mágico que caracteriza la vida pública de nuestro país, y en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo, por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes.

Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con “interrogarme hasta el cansancio”.

La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares, sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las fuerzas armadas en procesos que involucran a una autoridad civil, y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos.

En primer lugar, no hay precedente, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad.

Como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo Federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, como sucedió en mi caso, pues durante la audiencia, a pregunta expresa de la jueza Duarte Cedillo, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en mi contra en la Fiscalía General de la República cuando estaba aún en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que evidenció que el propósito de la promoción de esa audiencia era buscar mi autoincriminación.

Se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad. He tenido la oportunidad de estudiar la experiencia de decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional, y si, bien algunas de ellas fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones de los grupos incriminados, en ningún caso se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno.

Parece no entenderse que las comisiones de la verdad son organismos oficiales que se constituyen para esclarecer violaciones graves de los derechos humanos. Las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales, no establecen responsabilidad penal individual para casos específicos; no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una corte de justicia.

Las comisiones de la verdad contribuyen con los procesos judiciales mediante sus conclusiones y recomendaciones, y pueden ayudar a superar la cultura del silencio y la desconfianza.

Por cierto, el Artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares no tienen la autoridad para ejercer jurisdicción sobre personas que no sean miembros del Ejército. La jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional. No es el fuero adecuado para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a autores de violaciones a los derechos humanos.

Sirva este testimonio para refrendar mi compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Ni el enredo de las estrategias jurídicas ni la cargada de corifeos que desinforman nos distraen de esta causa.

Coordinador de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno de la Ciudad de México

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Hoy el Estado mexicano encara una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, acusó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, aseguró que los resultados de dicha indagatoria no tienen precedente e incluyen la detención de 14 integrantes del Ejército Mexicano, dos de ellos con rango de generales.

En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario afirmó que el gobierno de México refrenda su compromiso por resolver el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado, y que el principal objetivo es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de los 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que faltan por encontrar y castigar a los responsables.

Por ello, anunció que a partir de esta semana se informará sobre todas las acciones realizadas en los últimos cuatro años por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Esto, dijo, se hará como desde un principio: sin protagonismos, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y sus familiares.

Encinas Rodríguez destacó que desde el inicio de los trabajos investigativos de este gobierno, los padres y madres de los normalistas pidieron a las autoridades federales atender cuatro ejes fundamentales en la investigación: 1) la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos; 2) la investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por policías federales, municipales y ministeriales; 3) el análisis de la red de telefonía celular; y 4) el trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como posible móvil de la agresión.

“Todos estos temas han sido atendidos. Hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos, dos generales. Sobre los hechos relacionados en el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales; seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, todos sujetos a proceso penal”, detalló.

El subsecretario expuso que también se realizó el análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2014 –noche-madrugada en la que ocurrió la desaparición de los normalistas rurales–, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la “verdad histórica” que construyó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy encarcelado por estos hechos.

Acerca del trasiego de drogas, Encinas indicó que ya se cuenta con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y hoy dichas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos.

Contralínea

Ciudad de México. Aun cuando han pasado 14 años del incendio en la Guardería ABC que dejó 49 niños muertos y poco más de un centenar con lesiones, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en “etapa complementaria” la investigación por los hechos, donde hay dos ex funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo proceso penal.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes se presentó un informe sobre los avances en las reparaciones del daño a las víctimas directas e indirectas de esa tragedia —que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009—, en el que se prevé que este año se cierre el capítulo de reparaciones integrales.

Interrogado sobre si hay sentencias por el caso, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que hay dos personas vinculadas a proceso, Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de Director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.

“Están las dos personas vinculadas a procesos, pero todavía está en etapa complementaria la investigación por parte de la FGR”, apuntó el funcionario federal.

Indicó que el actual gobierno federal da seguimiento a la denuncia por estos hechos presentada ante la Fiscalía el 12 de febrero de 2020 para que se indagara a todos los posibles involucrados, incluidos los que hasta ese momento no habían sido requeridos.

En noviembre de ese mismo año, agregó, fueron detenidos Salazar Salazar y Rochín Nieto. Sin embargo, actualmente la causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía.

“Esta nueva denuncia y las otras hechas a funcionarios del orden estatal tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte, en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación, facultad que ya no tienen actualmente, pero que hablaba de un desorden generalizado no sólo en la supervisión, sino también en la forma cómo se habían entregado las guarderías: sobreponiendo el interés económico sobre la protección de la niñez. Se retomó ese voto en minoría, para integrar esta denuncia que está en proceso, que hay llevado a proceso a dos personas, y se le sigue dando seguimiento en la FGR”, señaló Robledo.

Recordó que a partir de las reuniones que el presidente López Obrador tuvo con las madres y los padres de las víctimas, en junio de 2019, se hicieron modificaciones al decreto de diversas exposiciones para ayudas extraordinarias, que incluye la homologación de medidas económicas vitalicias, atención garantizada en el IMSS o subrogada vitalicia, entre otras.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refrendó el compromiso y solidaridad de la administración federal para con los familiares de las víctimas, los pequeños sobrevivientes; y garantizó que se trabaja para que haya justicia y se castigue a los responsables.

En la atención a las víctimas directas e indirectas, indicó que se tienen 236 persianas con calidad de víctima, 16 por ciento de ellas directas, los 49 niños fallecidos, 104 niños lesionados, 783 personas que comprenden a padres, hermanos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.

Sobre la reparación integral, dijo, se brinda a través de cuatro componentes: dos por la Secretaría de Gobernación, desde la Unidad de Defensa y Protección de Derechos Humanos y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al igual que por el gobierno de Sonora y el IMSS.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos ha erogado pago por reparación a 142 personas, la CEAV ha emitido 327 resoluciones en favor de los núcleos primarios de 144 víctimas directas al tiempo que se brindan servicios de psicología, atención médica y trabajos social.

“Todas las víctimas directas cuentan con una forma directa de reparación”, señaló Encinas.

El gobierno de Sonora brinda estímulos educativos 285 jóvenes que están estudiando.

El IMSS, en tanto, cuenta con un fideicomisos de medidas o ayudas becas para educación, medidas vitalicias, pago de energía eléctrica, seguro salud a familia y medidas equivalentes y toda la atención médica y salud que se presenta de manera directa o subrogada

“Como lo ha señalado el presidente de la República, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación, y esperemos que este mismo año ya cerremos el capitulo que corresponde a reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto emitido por el presidente de la República se cumplirán de manera puntual para todas y cada una de las víctimas que están consideras”, refirió el subsecretario.

La Jornada

Ciudad de México. Al participar en la presentación del informe impreso de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre la guerra sucia en Guerrero, publicado en 2014, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que este estado “fue una de las expresiones más cruentas” de ese periodo, en el que la represión alcanzó a movimientos sociales independientes y “a toda forma de disidencia”.

Ante ello, aseveró, el gran reto que se enfrenta es que el Estado “asuma su responsabilidad de los hechos arbitrarios que cometió” contra la población. Éste, agregó, es el punto fundamental de la reparación del daño, la cual también tiene que ser integral tanto para los familiares de las víctimas, las personas directamente afectadas y las comunidades “que fueron arrasadas por elementos de las fuerzas armadas en aquellos espacios donde había cobertura solidaria y protección a los grupos disidentes”.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Encinas expuso que este informe de la Comverdad es “referente obligado” en todos los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, y confió en que ésta “permita generar condiciones para que haya actos de justicia, de reparación y lo más importante que el Estado mexicano asuma la garantía de no repetición de estos hechos”.

En los 18 meses que restan, dijo, “en este gobierno vamos a hacer todo el esfuerzo, lo humanamente posible para que la comisión dé resultados concretos y tangibles, dé respuestas a las demandas y preocupaciones de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes y particularmente de toda nuestra sociedad”.

En su turno, Alán García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que en el caso de la guerra sucia, a 50 años de distancia, se tiene “una impunidad absoluta”.

A su vez, a través de un videomensaje, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien participó en la elaboración del informe de la Comverdad, destacó que “en Guerrero se estableció la escuela de la muerte con la guerra sucia, con el Ejército en las calles”.

No es casual, enfatizó, “que la forma de operar las desapariciones es producto de esa escuela siniestra que se estableció en las instalaciones militares con los vuelos de la muerte (en los que se arrojaban al mar a personas), con los lugares clandestinos donde a la gente desaparecían y asesinaron, con las formas de actuar para amedrentar, reprimir”.

Destacó la lucha de los colectivos y grupos de sobrevivientes y familiares de víctimas que “han tenido esa fuerza para que en Guerreo las tragedias no tengan mayores consecuencias, porque las matanzas y las masacres siguen, como la de El Charco, Aguas Blancas, como las represiones que se han dado con los estudiantes de Ayotzinapa, como la desaparición de los 43”.

Por su parte, algunos de los sobrevivientes y familiares de víctimas que acudieron a la presentación, demandaron justicia y que se busque a las personas que a 50 años de los hechos siguen desaparecidas.

Mar Antonia Morales Serafín, hija de Abelardo Morales, desaparecido en 1974, entregó al subsecretario Encinas una carta escrita por su padre en la que señalaba que se encontraba en el Campo Militar número 1, y le pidió dar con el paradero de su familiar.

“Quisiera que mi mamá —que está muy enferma— sepa dónde está. Quisiera que lo encontráramos… porque para mí encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas. Es una petición no sólo mía, sino de todas las víctimas: que se haga justicia, saber quiénes son los culpables”, expresó.

Por Alejandro Encinas

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Esta fecha rememora la labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien denunció las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo salvadoreño, y llamó al ejército a detener el genocidio: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”, nada menor en las épocas obscuras de América Latina, y enmarca una de las tareas más importantes en materia de derechos humanos, la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La década de los años 60 y 70 representaron en América Latina una época dolorosa en la historia de sus pueblos por alcanzar la democracia. Fueron tiempos de represión política y de terror enmarcados en golpes de Estado en Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay, El Salvador y Argentina. Durante 30 años se instauraron regímenes autoritarios que buscaron acallar las voces críticas y las luchas sociales en favor de la democracia latinoamericana.

Parte de ello fue la violencia política en Argentina que, desde julio de 1974, y en particular con el golpe militar perpetrado un 24 de marzo de 1976, que instauró una dictadura cívico-militar de terror que dejó profundas heridas en el pueblo argentino. Además de asesinar y desaparecer a miles de personas, se buscó borrar la memoria de las y los hijos de las personas desaparecidas, fomentando el secuestro, desaparición y ocultamiento de identidad de hijos de detenidos desaparecidos dados ilegalmente en adopción, que ahora conocemos por la admirable lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

El exilio argentino en nuestro país comenzó desde 1974 y creció exponencialmente a partir del golpe de Estado hasta llegar a 8 mil personas exiliadas. La mayoría llegó por su cuenta, a pesar de que la embajada mexicana estaba cercada por militares por el conflicto diplomático por negar el salvoconducto del expresidente Cámpora y su familia, e impedir el acceso a decenas de perseguidos que buscaban asilo en nuestro país. Los exiliados lograron su integración en nuestra sociedad, conformando una novedosa identidad, los Argenmex, como resultado del cobijo de la cultura mexicana de amparar y proteger a las personas frente a las injusticias, les ayudó a subsanar heridas.

Conmemorando el derecho a la verdad, se realizó un intercambio de expedientes entre México y Argentina que conforman el reconocimiento de la riqueza social, política y cultural que heredamos ambos países y pese a que México refrendó su carácter como país de asilo, tuvo claroscuros, que permiten hoy colaborar en materia de políticas de memoria y derechos humanos.

Si bien hubo una relación tensa con la dictadura argentina, pues los militares golpistas reclamaban a México otorgar libertades a los exiliados para “desempeñar actividades militantes”, las personas exiliadas fueron objeto de vigilancia y seguimiento por los aparatos represivos del gobierno mexicano. Así lo acredita el acervo entregado al embajador argentino, Carlos Tomada que contiene 3 mil 484 fojas que dan cuenta de las acciones de seguimiento por parte de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y que, en reciprocidad el gobierno argentino hizo entrega de los archivos respecto a los ciudadanos mexicanos víctimas de la dictadura en ese país.

Como lo señaló el embajador Tomada, “esta trágica historia de violaciones graves a derechos humanos, masivas y sistemáticas, ha dejado un saldo enorme, pero también una experiencia en materia de defensa de los derechos y un reconocimiento internacional como referente en materia de memoria de verdad y de justicia”, que debemos de conocer como parte de nuestra historia compartida.

No podemos olvidar el peso de la memoria para la democracia. Ésta constituye un elemento crucial para la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Recordar el pasado reciente es clave para construir una ciudadanía tolerante, comprometida con los valores democráticos en cuya memoria radica la garantía para que estos deleznables acontecimientos no se vuelvan a repetir.

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Ciudad de México. En el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no vamos a aflojar ni a dar marcha atrás por más presiones y resistencias”, reafirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, al tiempo que dio a conocer que se incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, detenido por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada.

Al presentar el cuarto informe de actividades de las dependencias que integran la SG encargadas de la defensa de los derechos humanos, se refirió a este caso y adelantó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el mecanismo de seguimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes continúe hasta marzo de 2023. Se tenía previsto que concluyera labores a finales de diciembre.

En el balance de los trabajos realizados en lo que va del sexenio, Encinas destacó que desde la llegada del actual gobierno se reconoció “la gravísima crisis humanitaria de violación de derechos humanos que existía en el país”, la cual “enfrentamos y encaramos con toda claridad”. Lo anterior, al empezar a construir las instituciones que se requieren para que el Estado cumpla con sus obligaciones y una cultura institucional de respeto a las garantías de toda persona, enfatizó.

Destacó que se terminó la fragmentación de la política en la materia y aunque todavía hay retos, como la crisis de desaparición de personas, las agresiones contra periodistas y defensores, así como la atención a víctimas, “el escenario es cualitativamente distinto al que encontramos a nuestra llegada”.

Anteriormente, el Estado no solamente no estuvo a la altura de cumplir con los retos y responsabilidades, sino que en muchos casos eludió su responsabilidad. El ejemplo más claro, dijo, es cómo renunció a su obligación de garantizar a todas las familias que tienen a un ser querido desaparecido, el derecho a su búsqueda y los familiares tuvieron que emprender esta tarea.

“Hoy se ha revertido esta situación para que el Estado asuma su responsabilidad”, sostuvo.

En el informe, la Comisión Nacional de Búsqueda detalló que se tienen registradas 5 mil 276 fosas clandestinas desde 2006, y se han exhumando 9 mil 221 cuerpos y diferentes restos óseos. Entre diciembre de 2018 y el 24 de noviembre de 2022, 46.26 por ciento de las fosas y 46.2 de las exhumaciones fueron localizadas.

En cuanto al caso Ayotzinapa, Encinas informó que el martes pasado sostuvo una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en la que estuvieron padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, y el nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, Rosendo Gómez.

En el encuentro, señaló, se revisó todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron y se encontraron inconsistencias en muchas de éstas. El que se hayan cancelado 21 de ellas “no implica que no se continúe el proceso de judicialización de acciones contra estas personas”, aseguró, por lo que habrá más detenciones.

La Jornada

En un nuevo respaldo a la investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en el trabajo del presidente de esa instancia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; asimismo, consideró que “hubo una especie de rebelión” al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que se trata de enfrentar la impunidad.

“Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información, y se tienen todos los elementos para sostener la investigación”, apuntó en la mañanera de este martes al ser interrogado sobre las declaraciones de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que confirmaron que una parte de la investigación, el paquete de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp sobre los hechos, es “inconsistente” y “no fiable”, aunque por otro lado confirmaron que el resto de las pruebas contra los acusados “son firmes”.

Al respecto, el mandatario federal sostuvo que pese a la poca fiabilidad de esas capturas de pantalla, las autoridades correspondientes seguirán haciendo averiguaciones a fin de consolidar y fortalecer la investigación. “Se va a hacer justicia”, se comprometió para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Pensaban que no íbamos a actuar y que se iba a ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al (ex) procurador (Jesús) Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención. Cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo, pero tenemos un informe de la comisión (Covaj) y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando”.

El presidente cuestionó a las voces que dan más relevancia a las fallas en los trabajos que a los avances, incluidos medios de comunicación y articulistas. “En vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa, lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha y son capaces de eso y de más”.

—¿Pudo haber precipitaciones en el trabajo de la Covaj, el GIEI afirma es que los mensajes (en los pantallazos) contienen elementos que no existían en aplicación al momento que fueron generados, que se hablaría de una fabricación, que se allegó de elementos que no tienen confiabilidad? -se le preguntó.

—No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso (más que los pantallazos). Es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así -respondió el jefe del Ejecutivo.

Destacó el trabajo del GIEI, pues ha ayudado mucho, sobre todo porque fueron esos expertos los que demostraron que en el régimen pasado, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio –prófugo de la justicia que se encuentra en Israel en un intento por evitar una posible extradición—, que se había fabricado, con base en torturas y otros elementos, la llamada verdad histórica, que concluía que a los 43 normalistas desaparecidos los incineraron en el basurero de Cocula, Guerrero.

“Gracias a ellos (Al GIEI) se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura, y por consigna de algunas autoridades, fue muy buena aportación, y sigue siendo muy buenas sus aportaciones, tan es así que por eso se quedan dos y se van dos, y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos”.

López Obrador comentó que los miembros del GIEI ayer informaron que el grupo se dividirá. “Dos se retiraron (Claudia Paz y Francisco Cox) y dos se quedan (Ángela Buitrago y Carlos Beristain), porque así es esto, es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento, porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica.Además constantemente hacemos un llamado a quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayude, porque no hay impunidad para nadie”.

Llamó a anteponer el interés de las madres y los padres de los jóvenes. “Hay que ver lo que ellos piensan, siempre les vamos a tener muchas consideraciones, los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”.

La Jornada

Tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que se buscará enrarecer y hasta descarrilar la investigación que realiza la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj). Por lo que reafirmó que no habrá impunidad para quienes perpetraron y encubrieron el crimen.

“Ya sabemos lo que viene después, o sea, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr“, dijo en su conferencia matutina tras confirmar que Gómez Trejo renunció al cargo por inconformidades en el proceso para obtener órdenes de aprehensión tras el informe presentado por la Covaj en agosto.

Adelantando que se seguirá actuando conforme a la Covaj, planteó que “así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo”. Descartando que hechos como la reciente filtración del informe al diario Reforma afecten el proceso.

Lee también: Fiscal de Ayotzinapa renunció por desacuerdos en órdenes de aprehensión: AMLO

Por tal, advirtió “que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación”.

Defendiendo la investigación que realiza la Covaj y pidiendo la confianza de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace ocho años, López Obrador también reiteró “que no hay impunidad para nadie y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los zopilotes, buitres y halcones, y cómplices”.

Reporte Índigo

Mientras algunos comentócratas como Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín, desestiman el nuevo informe del caso Ayotzinapa dado a conocer por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció el esfuerzo de las autoridades del Estado mexicano para llegar a la verdad.

“La información hecha pública por el Presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.

“En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, agregó.

La ONU hizo una revisión del informe y resaltó lo siguiente en comunicado dado a conocer este lunes.

1) La nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales. La ONU-DH subraya la importancia que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.

2) Es fundamental que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas.

3) La importancia de la información dada a conocer debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México; y la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.

El Alto Comisionado de la ONU dijo que el nuevo informe presentado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) traza un “momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, porque “la llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible”.

Fernández-Maldonado dijo que es crucial  conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes.

Asimismo, reconoció “la persistencia” de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.

La ONU-DH señala que continuará  su compromiso de seguir brindando asesoría y cooperación técnica al Estado mexicano para la efectiva incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.

Polemón

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Este jueves 18 de agosto, el comisionado presidencial afirmó que el caso fue un crimen de estado.

Además de que Alejandro Encinos leyó las conclusiones preliminares de la investigación, se compartió el documento Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre algunas de las conclusiones se afirmó que hubo coalición entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, como autoridades federales, estatales y municipales.

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de estado”, afirmó.

En ese sentido, Encinas negó la veracidad de la llamada “Verdad histórica”, la cual señaló que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque supuestamente pertenecían a Los Rojos, grupo contrario.

Esta “Verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República,Jesús Murillo Karam. En conferencia de prensa dio a conocer el informe sobre los últimos avances del caso; se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación “exhaustiva, profunda y seria”, con resultados científicos. Por este hecho, renunció a su cargo en febrero del mismo año.

De igual manera planteó que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. Ésta versión se sustentó en la información obtenida “espontáneamente” de una llamada telefónica de una mujer quien proporcionó datos de “El Chereje” y “El Pato”, posteriormente también por interrogatorios realizados mediante tortura.

En el nuevo informe se afirmó que esta versión se generó a conveniencia con la finalidad del cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso, mediante “legitimar socialmente la verdad de los hechos”.

Cuáles son las diferencias entre “la verdad histórica” y la información actual

1. Se señaló que los estudiantes buscaban boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, la entonces presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez. Sin embargo, se indicó que en realidad los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre de 2014.

2. La “Verdad histórica” determinó que los alumnos detenidos por la policía de Iguala fueron llevados a la comandancia de la entidad. Sin embargo, con la información presentada este jueves 18 de agosto, se afirmó que los estudiantes asegurados por la policía municipal de Iguala en Juan N. Álvarez, fueron los que iban a bordo del autobús 1568 y fueron trasladados a su comandancia.

Asimismo, en el aseguramiento de los estudiantes del puente frente al Palacio de Justicia, del autobús 1531, participaron las policías municipales de Iguala y Huitzuco. “En un inicio la intención era solamente darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque ‘A1′, es decir, un jefe de plaza que no se quiere identificar, no buscaba disturbios, además de recuperar el material, el cual aparentemente venía en uno de los autobuses”, se lee en el informe.

3. En la primera versión se dedujo que los alumnos fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por elementos de policías municipales de Iguala y Cocula y entregados en Loma de Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. Mientras que en la información presentada este jueves se aclaró que fueron los alumnos del camión 1568.

La “verdad histórica” indicó que la primera entrega constó de cuatro personas, una de las cuales estaba muerta y fueron transportadas en una camioneta estaquitas. Más tarde se realizó una segunda entrega de 35 a 40 personas las cuales fueron transportados en una camioneta de tres y medias toneladas propiedad de “El Gil”.

Por el contrario, la Segob indicó que los alumnos del camión 1531 fueron asegurados por la policía de Iguala y fueron llevados a Loma de Coyotes, mientras que los asegurados por la policía de Huitzuco fueron llevados a esa entidad.

Una testigo protegida mencionó que se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos. De todos los estudiantes solo tres de ellos fueron de interés para sus superiores, entre los cuales estaban “El Cochiloco” y “El Chilango”.

Hay muchas diferencias entre la «verdad histórica» y la información actualizada (Foto: Twitter/@GlorietaMx)

4. De acuerdo con Murillo Karam, la desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones que “El Gil” transmitió al “Cepillo” a través de “Fercho”, encargado de los sicarios de Guerreros Unidos en Cocula.

Sin embargo, ésto contrasta con la información actual en donde se informó que “A1″ dio la orden de recuperar la mercancía: “Me ch*ngan a todos a discreción”. “A1″ ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben “quien es quien” y se está calentando la plaza demasiado: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.

5. La “verdad histórica” afirmó que los integrantes de Guerreros Unidos los incineraron en le basurero de Colula, por tratarse de supuestos miembros del grupo contrario llamado Los Rojos. Las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartirlos por lo que “El Chuky” les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.

Hasta el momento se desconoce el método de ejecución del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco. En ese sentido, se identificó al sicario Eduardo N, alias “El Chuky” como el que mató y torturó al estudiante Julio Cesar Mondragón “El Chilango”, incluso sin tener instrucciones de sus superiores, se escribió en el informe.

Los operadores de la desaparición de los estudiantes fueron: “El Gil”; “El Negro”; “El Tito”; “El Chino”; “El Pato” Landa y su gente; “El Cholo”; “El Chango”; “La gorda”; “El Duvalín o “Duva”; “El Tony”; “El pollo”; “El Cuca”; “El Feo”; “El Wasako”; “Memo” (primo de “El Chino”); “El Moreno” (cocinero de Guerreros Unidos) y “H1″ mando policial de Huitzuco.

6. Uno de los temas más polémicos fue que los restos hechos cenizas fueron colocados en bolsas negras que arrojaron al río San Juan. Pero el nuevo informe aseguró que el día de los hechos seis estudiantes se encontraban vivos y estaban retenidos en La bodega vieja. El 30 de septiembre “El Coronel” comentó que ellos se encargarían de limpiar todo y que ya se habían encargado de los seis estudiantes que quedaban vivos.

Los 43 estudiantes fueron señalados de pertenecer al grupo de Los Rojos (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Respecto al último punto, la información actual aseguró que los restos fueron movidos a un segundo destino. Respecto a la primera ubicación se conoce que:

-“El Chino” arrojó sus “paquetes” al río Balsas

-“La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo con el apoyo de “El Cuca” y “El Feo”

-A “El Moreno” se le pidió que cocinara a 10 estudiantes, pero por falta de material solo cocinó a cinco, el resto se los mandó a “El Chuky”

– Otros estudiantes fueron desplazados a la casa de Huitzuco; aún se desconoce quién realizó el movimiento

-”El Chino” comentó que hasta en “la mina de los patrones” aventaron gente

En el informe se destacó: “En días posteriores hubo una reunión con Albarca y los ‘asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”. Además se aseguró que secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo para que desterrara los cuerpos y se los llevaron al segundo destino en: 27 Batallón, al rancho del Cura, Lomas de Coyote y La Mina.

Por último, se reiteró que con la “verdad histórica” construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia con el fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos.

Infobae