Crímenes de Estado como el de Acteal no se deben repetir, señaló Manuel Méndez, representante del grupo de sobrevivientes de la organización indígena Las Abejas y quien perdió a su familia en esos hechos de extrema violencia. Al participar en la proyección del documental Acteal: barbarie y memoria, expuso: “la gran tristeza que llevamos como personas indígenas de Chiapas [es] que no hemos tenido esa paz y tranquilidad o, por lo menos, esa anhelada conciliación”.

La obra cinematográfica promovida por la Secretaría de Gobernación se proyectó en la Cineteca Nacional el pasado 25 de junio, como parte de los acuerdos asumidos por el Estado mexicano para la reparación integral de las víctimas de la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –que considera este crimen como una grave violación a los derechos humanos–, en el contexto del levantamiento zapatista, la matanza fue perpretada por “un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, [que] dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas –conformado por indígenas tzotziles– mientras se encontraban orando dentro de una ermita. La masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las siete de la tarde; dejó un saldo de 45 personas muertas (18 mujeres –cuatro de ellas estaban embarazadas–, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres), así como 26 lesionados graves. Además, 12 víctimas murieron por heridas causadas por armas punzocortantes o por disparos recibidos por la espalda”.

En la proyección del documental estuvieron presentes un grupo de sobrevivientes, la directora María de Lourdes Rasso, el documentalista Héctor Ortega, y funcionarios del gobierno de México. La obra estará disponible en las páginas web de la Secretaría de Gobernación y en canales públicos.

El documental presenta testimonios de los sobrevivientes, así como el análisis de periodistas, historiadores y exfuncionarios de la administración de Ernesto Zedillo, como el exprocurador general de la República, Jorge Madrazo Cuellar. Así como la cobertura realizada en 1997 por el ya fallecido periodista Ricardo Rocha.

Al finalizar el acto, Patrocinio Hernández –vocero de la organización civil Las Abejas– señaló que persiste la deuda histórica con los pueblos indígenas de México en materia de desarrollo y justicia. Indicó que a pesar de la comunicación establecida con el gobierno de México y el enlace directo con el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, “siguió prevaleciendo el acto de impunidad que protege a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, el representante legal de Las Abejas de Acteal, abogado Leonel Rivero, señaló que han sostenido una serie de reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de obtener información precisa del caso llevado a las salas de dicha comisión, misma que ha no resultado como esperaban.

“Vemos con preocupación la dilación que ha incurrido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una serie de casos que no se  minimiza lo importante que son en  cuanto a violaciones de Derechos Humanos, pero que también han sido resueltos con una celeridad que no se ha aplicado en este asunto y consideramos que las condiciones están dadas con la nueva política de la CIDH de 2023 de priorizar casos”, dijo tras finalizar el documental.

Por último, Patrocinio Hernández Gómez llamó a ver a Chiapas, dada las condiciones actuales: la entidad “ha vuelto a ser epicentro de violencia y desplazamientos forzados”. Además, exigió la presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunés Gasca y Antonio Díaz Valencia, que llevan 17 meses desaparecidos.

A 25 años de la matanza de Acteal, en la región de los Altos de Chiapas, las víctimas y sus familiares aún claman memoria y justicia, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un video difundido en redes sociales, para recordar esta masacre que dejó un saldo de 45 personas muertas, de ellas 18 mujeres, cuatro embarazadas, así como 16 niñas y cuatro niños, expuso que “fue un acto atroz perpetrado por el Estado”, consecuencia “de la política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un autogobierno”.

Este crimen, enfatizó, “fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales bajo una lógica militar. Ahí, se decidían programas e inversiones de las zonas indígenas”.

Rememoró que el 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente de 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del Ejército a integrantes de la organización de la sociedad civil pacifista Las Abejas, conformada por indígenas tzotziles, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita en el poblado de Acteal.

Ese ataque, señaló, dejó también 26 lesionados graves y 12 de las víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes, y quienes fallecieron por disparos “recibieron balas expansivas por la espalda”.

La CNDH indicó que “aunque había una distancia muy corta del Ejército y de la seguridad pública local al lugar, las autoridades decidieron no intervenir”.

Además, apuntó, “existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)”.}

La Jornada