Todo México lo sabe: el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se han plantado frente a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no por principios ideológicos, sino por miedo a perder el dinero y los escaños que les garantiza el sistema que tanto se ha criticado. Un politólogo de la UNAM lo analiza sin filtros.

El chantaje al descubierto

El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo intentan presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que frene o modifique su propuesta de reforma electoral. La razón es clara: tienen pavor de que se les reduzca el financiamiento público y desaparezcan los plurinominales en el Senado. La respuesta de la mandataria fue contundente: se negó a ceder y les devolvió la responsabilidad política, dejándolos solos frente a la ciudadanía para que expliquen por qué defienden sus privilegios por encima de la transformación del país.

Cómo la democracia se convirtió en negocio

Para entender el berrinche del PVEM y el PT hay que comprender lo que ocurrió en México entre 1996 y 2000: lo que se llamó «transición a la democracia» fue, en realidad, una transición hacia la democracia neoliberal. Ese proceso implicó una mercantilización radical de la política: los partidos se convirtieron en empresas, los candidatos en mercancías, las campañas en estrategias de marketing y los ciudadanos en consumidores. El voto dejó de ser un acto cívico y se convirtió en moneda de compra.

Bajo esa lógica, los partidos dejaron de representar sectores concretos de la sociedad y se volvieron organismos extremadamente pragmáticos, dispuestos a capturar cualquier voto sin importar compromisos previos. El dinero se volvió su razón de ser, y la eficiencia electoral su único objetivo.

Menos democracia interna, más poder para unos pocos

La neoliberalización de los partidos los hizo más oligárquicos. Las decisiones dejaron de tomarse en congresos abiertos con militantes y pasaron a concentrarse en pequeños grupos de tecnócratas, encuestadores y managers de redes sociales. Entre menos democracia interna, más fácil competir en el mercado electoral. Lo importante ya no es representar a nadie, sino ganar candidaturas para mantener el flujo de dinero y poder que otorgan los cargos públicos.

Cuando la ciudadanía dice que «todos los partidos son iguales», no se equivoca del todo: la neoliberalización alcanzó a todos. Ninguno se salvó de la mercantilización ni de la oligarquización, porque quienes no asumieron las reglas del juego simplemente desaparecieron del mapa.

El PVEM: el partido más oportunista del sistema

El Partido Verde es quizás el caso más emblemático de este fenómeno. Aprendió a lucrar con la bandera ecológica para extraer dividendos políticos sin comprometerse nunca con las causas ambientales reales, que exigirían señalar a los grandes capitalistas como responsables de la catástrofe climática. En cambio, prefirió pactar con ellos, lavarles la cara y cobrar el favor. Su estrategia ha sido siempre la misma: aliarse con el partido en el poder, sea quien sea, a cambio de posiciones, presupuesto y escaños.

Morena y la Cuarta Transformación sabían desde el principio con quién se aliaban. Y pese a ello, aceptaron al PVEM por sus votos, otorgándole a cambio decenas de diputaciones, municipios y hasta la gubernatura de San Luis Potosí. Ahora ese mismo partido usa su posición de ventaja para chantajear a la presidenta. El oportunismo estaba en su ADN desde siempre.

El PT: leal a AMLO, no a la transformación

El Partido del Trabajo se construyó políticamente sobre el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Supo leer el alcance de ese movimiento y se ancló a él para recibir los beneficios que llovían bajo su legitimidad electoral. Mantuvo su apariencia de izquierda para capitalizar políticamente el proyecto transformador, pero en el momento en que su subsistencia económica se pone en riesgo, da el salto y muestra sus verdaderas prioridades. No es traición ideológica porque nunca hubo una ideología sólida más allá del pragmatismo: es simplemente el sistema funcionando como fue diseñado.

La reforma electoral de Sheinbaum: modesta pero necesaria

Lo que plantea la presidenta no es una revolución que desmantele por completo la democracia neoliberal. Es una propuesta razonable y alcanzable: reducir el 25% del financiamiento público a los partidos, eliminar los plurinominales en el Senado y aumentar la fiscalización sobre el dinero electoral. Medidas que, en cualquier democracia madura, serían consideradas de sentido común. Pero en el México neoliberal, donde los partidos-empresa viven de esos recursos como si fueran derechos adquiridos, tocarlos equivale a una declaración de guerra.

La austeridad republicana no desmonta el sistema, pero sí descoloca privilegios. Reducir el presupuesto y aumentar la transparencia obliga a las oligarquías partidistas a vincularse de verdad con sus representados, o a quedar desnudas ante la ciudadanía.

La lección que la 4T no puede ignorar

Los escándalos recientes que involucran a figuras cercanas al movimiento —como las actuaciones cuestionables de Mario Delgado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal o Julio Scherer— demuestran que incorporar agentes de la derecha no los transforma. La derecha se formó con una cultura política propia: traiciones, ventajismos, clientelismos y lealtad al gran capital. Traerlos no solo es sumar personas, es heredar sus métodos y sus vicios.

La sociedad mexicana está observando. El PVEM y el PT tienen ante sí una decisión histórica: demostrar que son aliados reales de la transformación o confirmar que solo estuvieron mientras hubo ganancias. Continuar con la reforma electoral, pese al chantaje, es la señal más clara de que en la Cuarta Transformación los principios valen más que el pragmatismo mercantilista. Y eso, en el México de hoy, es en sí mismo un acto de resistencia democrática.

Mientras Chihuahua encabeza cifras alarmantes de inseguridad y carencias sociales, su gobernadora panista construye un palacete de lujo con candiles de hojas de oro, cuarcita importada y arte de galería exclusiva. La investigación que la tiene acorralada.

La mansión que lo dice todo

Una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —conocida popularmente como «Maru Campos»— es propietaria de una lujosa residencia de 1,800 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, en la capital del estado. El inmueble, bautizado como la Mansión Dorada, cuenta con alberca, chimenea, jardín paisajístico con árboles nativos trasplantados con grúa y un baño de visitas cuyo plafón luce 400 hojas de oro auténtico. El terreno solo tiene un valor catastral de 31.7 millones de pesos, sin contar los acabados de mármol, cuarcita Taj Mahal, vitrales artesanales, muebles de alta gama y obras de arte de galería.

La versión de Maru: su marido se la construyó

Ante la presión mediática, la gobernadora salió a dar la cara en entrevista radiofónica para reconocer que la propiedad es suya, pero trasladar la responsabilidad a su difunto esposo. Señaló que la mansión se la construyó su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, quien falleció en octubre de 2025, y negó que siguiera en construcción. Sin embargo, fotografías tomadas el 11 y 16 de febrero de 2026 muestran uno de los tres lotes aún en obra negra. Los documentos de la sucesión testamentaria y los avalúos obtenidos por SinEmbargo demuestran que Cruz Russek adquirió los lotes entre diciembre de 2023 y enero de 2025, apenas días antes de casarse con la gobernadora, y que al menos uno seguía en construcción meses después de su fallecimiento.

Cuestionada también sobre la transparencia de su patrimonio, la mandataria declaró: «Mi vida es limpia, mi vida es transparente». No obstante, sus propias declaraciones patrimoniales presentan vacíos que no detallan varias de sus operaciones inmobiliarias, y se negó a responder el cuestionario que SinEmbargo le remitió desde el 20 de febrero.

El rastro del duartismo: dinero que huele a nómina secreta

Lo más grave de la investigación no es el lujo en sí, sino de dónde pudo venir el dinero. La red de operaciones inmobiliarias ligadas a Maru Campos involucra a José Luis García Mayagoitia, exsecretario de Hacienda y excontralor durante el gobierno de César Duarte, actualmente en prisión por corrupción. Las firmas Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, vinculadas a García Mayagoitia, aparecen en compraventas, permutas y cesiones de terrenos relacionados tanto con la Mansión Dorada como con otras propiedades de la gobernadora o de su empresa, la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, en la que la mandataria reconoció poseer el 98% de participación.

Cabe recordar que Campos Galván fue señalada en su momento por haber recibido presuntamente más de 9 millones de pesos provenientes de la tristemente célebre nómina secreta de Duarte —mecanismo con el que se distribuyeron al menos 1,100 millones de pesos entre empresarios, legisladores, sacerdotes y periodistas a cambio de favores políticos—. Fue vinculada a proceso penal, aunque dicha causa se diluyó misteriosamente tras su victoria electoral en 2021.

Un patrimonio que explotó al llegar al poder

Los números no mienten. En pagos como funcionaria pública, Campos acumuló 13 millones de pesos en el periodo analizado, a los que se suman otros 13 millones obtenidos por enajenación de bienes entre 2021 y 2024. En ese mismo periodo, su empresa adquirió propiedades por 43 millones de pesos y bodegas por 37 millones adicionales, algunas de las cuales han sido arrendadas a instancias municipales, generando así un círculo de negocios entre el sector público y el privado. La riqueza inmobiliaria de la mandataria se disparó justo al llegar al poder, incrementando su patrimonio reconocido a casi 40 millones de pesos en propiedades.

Seguridad pública para proteger la mansión, no a los ciudadanos

Mientras la ciudadanía chihuahuense clama por más policías en las calles ante una crisis de inseguridad que no cede, la Mansión Dorada es custodiada permanentemente por al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal, además de escoltas privados para la familia de la mandataria. El contraste es brutal y simbólico: los recursos del Estado, al servicio del privilegio.

Sheinbaum exige transparencia; el Congreso local, en la mira

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en pronunciarse sobre el caso. Durante su conferencia matutina del 2 de marzo, señaló que la Fiscalía de Chihuahua y el Congreso local deben revisar el origen de los recursos de la Mansión Dorada, y advirtió que si hubiera recursos federales involucrados, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República tendrían que intervenir. La 4T hace lo que la oposición jamás hizo: exigir cuentas, aunque duela.

Una gobernadora de cristal

El caso de la Mansión Dorada de Maru Campos no es un asunto menor ni anecdótico: es el reflejo de cómo las élites políticas del bloque conservador han operado históricamente en México, utilizando el poder público como trampolín hacia la acumulación privada. Mientras el proyecto de la Cuarta Transformación avanza en transparencia, austeridad republicana y combate a la corrupción, el PAN en Chihuahua gobierna para unos pocos, se rodea de los mismos operadores del pasado corrupto y construye mansiones doradas. La ciudadanía merece saberlo, y merece exigir cuentas.

Durante el proceso electoral de 2024, la oposición –liderada por el empresario Claudio X González Guajardo– desplegó una campaña mediática, política y judicial para presionar al Tribunal Electoral y forzarlo a resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional contra la Constitución. Por sufragio, la mayoría calificada le correspondía a la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia”. De haberse concretado lo que pretendían los opositores habría significado un “golpe de Estado técnico” por la vía judicial, denuncia –en entrevista– el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF

En el contexto de las elecciones de 2024, la oposición desplegó una campaña mediática, política y judicial que tuvo por objetivo presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de calificar los comicios, resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional, denuncia el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF.

En entrevista para Contralínea, agrega que lo que se buscaba con estas estrategias era forzar a las y los magistrados electorales a fallar contra lo que marca la Constitución, y evitar que la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, Verde y PT– tuviera la mayoría calificada. Considera que –de haberse concretado– habría significado un “golpe de Estado técnico”, pues dicha coalición obtuvo las curules en las urnas.

“Se montó una campaña de propaganda contra el Tribunal para efecto de que el Tribunal se doblara, no aplicara la Constitución y no siguiera ninguno de los precedentes; […] peor aún, se desplegó una campaña mediática donde pusieron nuestros rostros en espectaculares montados en la Ciudad de México, además en redes sociales. Se hizo bastante presión”, detalla el magistrado electoral.

La oposición utilizó todas las vías posibles para evitar asumir su derrota electoral, que derivó en la pérdida de espacios en el Congreso de la Unión, señala De la Mata. Como ejemplo no sólo cita el despliegue de espectaculares en las inmediaciones de los domicilios particulares de los magistrados, sino también la campaña mediática para descalificar al propio Tribunal Electoral, con el claro objetivo de desvirtuar el debate público y orientarlo hacia una supuesta “sobrerrepresentación” en favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM.

Para el magistrado, se trató de una estrategia sistemática de presión política y mediática contra el Tribunal Electoral, orientada a forzar resoluciones contrarias a la Constitución y a precedentes históricos establecidos con la reforma electoral de 2009, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto Nacional Electoral (INE)– fijó criterios sobre la asignación de curules de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

De la Mata explica que, al tratarse de un tema con lineamientos constitucionales explícitos y una línea jurisprudencial constante –reiterada en los procesos electorales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024–, la resolución “debió haber sido muy sencilla”, debido a que los juzgadores únicamente tenían que aplicar la literalidad de la ley. Sin embargo, tras los resultados adversos en la elección de 2024 para la oposición –PAN, PRI y el ahora extinto PRD–, la apuesta fue a una campaña de propaganda para intentar que el TEPJF “se doblara” y dejará de aplicar estos precedentes, lo que habría vulnerado a las instituciones y a la democracia.

“El Tribunal no se dobló, hicimos lo correcto y aplicamos la Constitución; sin embargo, la propaganda de este mismo grupo sigue, ellos siguen hablando. […] No se puede obligar a un órgano jurisdiccional a tomar decisiones en contra de la ley, y menos cuando los resultados ya se habían dado a conocer. Cambiar las reglas después de conocer los resultados habría significado un fraude en la mesa o un golpe de Estado técnico, algo gravísimo”, afirma el magistrado De la Mata. Reitera que la presión se dio desde distintos frentes.

El doctor en derecho Felipe de la Mata afirma que recuerda que en esa embestida participaron académicos, intelectuales, “líderes de opinión”, analistas, integrantes del Poder Judicial de la Federación y hasta de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No sólo participaban en medios de comunicación, sino que escribieron cartas para favorecer a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la sentencia SUP-REC-35/05/2024 y sus acumulados, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Incluso grupos empresariales importantes empezaron a cabildear para que no se tomara la decisión establecida en los límites constitucionales y, bueno, la verdad es que la presión fue alta”, explica el magistrado a Contralínea. Destaca que ceder a esas exigencias habría implicado entregar el control de la Cámara de Diputados a fuerzas políticas que no obtuvieron ese respaldo en las urnas.

Las presiones que refiere el magistrado De la Mata también se enuncian en su libro Entre la Constitución y la campaña mediática –también coordinado por la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza–, de reciente publicación. Ahí se da cuenta, por ejemplo, de las declaraciones de la expresidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien acusó que ella y sus compañeros habían recibido amenazas “incluso personales y familiares” por resolver con libertad y apego a derecho.

Marea Rosa, de Claudio X, entre los que presionaron

La narrativa sobre una supuesta inconstitucionalidad por “sobrerrepresentación” en la asignación de diputaciones de representación proporcional en 2024 fue impulsada de forma directa por la llamada Marea Rosa, grupo opositor ligado al empresario Claudio X González Guajardo y a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Su consigna era clara: deslegitimar a las autoridades electorales, presionar para modificar criterios constitucionales vigentes y vulnerar la democracia, asegura la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza, especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Justicia Constitucional.

En entrevista con Contralínea, la especialista explica que también en las esferas electorales se vivió unblacklash judicial (reacción adversa), entendido como un fenómeno en el que una sentencia genera críticas, resistencia social o tensión institucional. Esa reacción negativa fue amplificada desde el ámbito político y mediático contra el fallo judicial, para impactar en la opinión pública y erosionar la legitimidad del TEPJF.

Al ser consultada sobre la importancia del libro Entre la Constitución y la campaña mediática para aclarar la controversia generada por la asignación de diputaciones plurinominales en 2024, la maestra Tello considera que su publicación sirve para desmontar la narrativa construida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, orientada a desinformar y a crear en el imaginario colectivo la idea de que hubo “un robo” en la asignación de escaños.

“Lo más grave de los descalificativos es que se llevó al debate de deslegitimar a las autoridades electorales. Fue tal la presión hacia las autoridades electorales y la narrativa repetida una y otra vez por específicas personas, específicos medios, que en el imaginario colectivo de muchas personas se dio esta idea de que hubo un robo en el proceso de asignación de las diputaciones, y que las autoridades electorales están cooptadas por Morena.”

Con mentiras, se buscó sembrar la desconfianza hacia las autoridades electorales, consideró la magistrada Soto Fregoso. En el libro se cita la siguiente reflexión de quien entonces presidía la Sala Superior del TEPJF: “no habíamos visto algo así en esa magnitud. Y creo que eso es lo más grave: que voces que están todo el tiempo llamando a cuidar a las instituciones, este movimiento de la Marea Rosa, por ejemplo, que estaban defendiendo al INE, son las mismas personas que, si no comparten su interpretación de la Constitución, no tienen ningún empacho en acusarlas de ‘vendidas’ a las propias autoridades”.

La obra Entre la Constitución y la campaña mediática también detalla que en el 2024 se pretendió exigir a las autoridades electorales un cambio en los criterios de asignación que se han seguido de manera ininterrumpida durante más de una década. Sin embargo, dichos criterios cuentan con sustento constitucional y una línea jurisprudencial consolidada, por lo que cualquier modificación habría implicado una alteración arbitraria de las reglas y una vulneración a los marcos constitucionales.

“Eso a mí me parece muy grave, porque las instituciones son muy importantes para mantener cualquier democracia y establecen la confianza ciudadana. Es muy importante la legitimidad, la confianza. Fue muy irresponsable la manera en que se abordó por parte de este grupo de académicos y también por algunos medios de comunicación este tema. Entonces, creo que eso es lo más grave al final del día, que se empobrece, además, el debate público; y cualquiera que opine lo contrario es descalificado”, expone la maestra Alejandra Tello Mendoza.

México necesita una reforma en materia electoral

Desde su creación, el sistema de representación proporcional ha enfrentado múltiples críticas. No obstante, a partir de 2009 las autoridades electorales –tanto administrativas como jurisdiccionales– han interpretado y aplicado de manera consistente la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, sin grandes variaciones. En este marco, se ha sostenido que el límite de la sobrerrepresentación es una figura destinada exclusivamente a los partidos políticos, y no a las coaliciones.

Así ocurrió en las elecciones federales de 2009 a 2021, por lo que en el proceso electoral de 2024 no existía una razón jurídica ni una justificación constitucional válida para modificar dicha interpretación. Incluso, en 2015 y 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera categórica que eran los partidos –y no las coaliciones– quienes debían participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional, así como que la verificación del límite de sobrerrepresentación era aplicable únicamente a institutos políticos.

Bajo este panorama, en los últimos años el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de impulsar una nueva reforma en materia electoral. En particular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado abiertamente la necesidad de revisar el diseño institucional del sistema electoral, para lo cual conformó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, encargada de recabar las inquietudes de la ciudadanía, así como los análisis de especialistas y académicos.

Y fue el pasado 25 de febrero cuando se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral en la “mañanera del pueblo”. Ésta se compone de 10 puntos: 1) eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2) reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones; 3) mayor fiscalización; 4) voto en el extranjero; 5) disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6) regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots; 7) cómputos distritales; 8) democracia participativa; 9) prohibición al nepotismo; y 10) no reelección.

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, ¿qué es partido de Estado? No. Oye, quitamos la autonomía al INE. No’. Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la maestra en derecho electoral Alejandra Tello Mendoza, México requiere una reforma en materia electoral que realmente atienda las demandas sociales de fondo y no se limite a ajustes coyunturales o a ciertas disputas partidistas, sino que fortalezca la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.

“Me parece falaz argumentar que no es necesario una reforma electoral tratando de salvaguardar lo que hay hoy. Creo que siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión y por supuesto que se necesita una reforma electoral y el debate de la sobrerrepresentación lo deja en claro. Lo que nosotros argumentamos es que sí es necesario afinar el sistema electoral porque obviamente tiene muchas distorsiones”, indica la experta en la materia.

Agrega que entre los temas que se deben revisar está el funcionamiento de las coaliciones y la militancia efectiva de los partidos deben revisarse y regularse de manera expresa en la ley. “Hay muchísimos temas pendientes. Por eso me parece falaz que algunos académicos digan que no es necesaria una reforma electoral, sobre todo cuando ellos mismos participaron en el discurso de que el sistema no favorece a los partidos en el poder”.

Con ello, Tello considera la posibilidad de que las principales líneas de una eventual reforma electoral no alcancen los votos suficientes para modificar la Constitución, particularmente en el escenario de que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, PT, PVEM– no logre construir los consensos necesarios para una reforma de carácter constitucional.

Lo anterior, explica, confirma uno de los argumentos centrales de su libro: que, a pesar de las acusaciones de “sobrerrepresentación”, ningún partido por sí solo puede cambiar el marco constitucional. “Hoy vemos que un solo partido no puede cambiar la Constitución, se necesita sí o sí de otras fuerzas políticas y creo que eso fue lo que se buscó con la reforma de 1996. Entonces, regresando al tema de la reforma electoral, sí. Evidentemente, a partidos pequeños como el PT o el Verde, evidentemente, no les conviene la eliminación, por ejemplo, de las plurinominales o su reducción, la reducción del financiamiento público”.

Al ahondar en este análisis, la investigadora retoma las críticas del politólogo italiano Giovanni Sartori, quien fue particularmente severo con el sistema mixto mexicano al considerar que combina “lo peor de dos mundos”; es decir, la lógica de la mayoría relativa con los efectos distorsivos de la representación proporcional.

“Soy más partidaria de sistemas de mayoría que permitan la formación de gobiernos fuertes, con todos los riesgos que eso implica. Pero hoy, viendo cómo está el mundo, necesitamos capacidad real de gobierno”, señala. En esa línea, cita a teóricas como Nancy Fraser y Chantal Mouffe, quienes han advertido sobre la necesidad de Estados soberanos robustos capaces de confrontar el poder económico y financiero global”.

Al respecto, dice que en muchas ocasiones, los sistemas electorales tienden a diluir el poder, “y eso ocurre especialmente con la representación proporcional en regímenes presidenciales”. “Pero más allá del debate técnico, lo más importante es que cualquier reforma sea consensuada, que incorpore al mayor número posible de actores políticos”.

Finalmente, la maestra Tello Mendoza reconoce que el escenario actual no parece propicio para una negociación amplia. Sin embargo, el resultado aún está por delinearse. “Lo ideal es que hubiera a disposición de ambas partes, tanto de la oposición como de los partidos en el poder negociar una reforma con todas las voces. No vemos que eso esté ahorita para el escenario. La oposición lleva muchos años también poniéndose en una situación de moratoria constitucional. Y bueno, tampoco los partidos en el poder necesitan a la oposición para legislar, seamos realistas. Y lo que se requiere al final del día es un consenso para que tenga legitimidad”.

Ciudad de México.— La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no sólo detonó una violenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en carreteras y ciudades del país. También abrió un frente menos visible, pero igual de decisivo: una avalancha de desinformación diseñada para amplificar el miedo, confundir a la población y proyectar la idea de un Estado rebasado.

En las horas posteriores al operativo federal en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la vida del capo más poderoso del narcotráfico contemporáneo, redes sociales, plataformas digitales y cadenas de mensajería se inundaron de imágenes alarmistas, versiones contradictorias y supuestos reportes de caos generalizado. Muchas de esas historias, con el paso de las horas, resultaron falsas o gravemente exageradas.

Un “domingo negro” también informativo

Los disturbios tras la muerte del líder del CJNG fueron reales: incendios de vehículos, bloqueos carreteros y ataques coordinados en varios estados del país formaron parte de la respuesta del cártel. Sin embargo, junto a esos hechos verificables circuló una narrativa mucho más amplia que hablaba de colapso nacional, toma de instalaciones estratégicas y violencia fuera de control.

Especialistas señalan que la desinformación se propagó con una velocidad inédita, alimentada por cuentas anónimas, actores políticos, comentaristas y usuarios que replicaron contenidos sin verificación. De acuerdo con análisis académicos, en las primeras 48 horas posteriores al operativo se registraron entre 200 y 500 publicaciones con información falsa o no confirmada, varias de ellas con niveles de viralidad extraordinarios.

La escala del fenómeno sugiere que no se trató únicamente de rumores espontáneos, sino de un ecosistema informativo saturado por mensajes alarmistas que amplificaron la percepción de caos.

El crimen organizado también pelea en redes

Informes de seguridad y análisis internacionales coinciden en que los cárteles han incorporado la propaganda digital como parte de su estrategia. Tras la muerte del capo, contenidos manipulados —incluidas imágenes antiguas o fuera de contexto— circularon para exagerar la magnitud de los disturbios y socavar la confianza en la capacidad del Estado para mantener el control.

Expertos advierten que estas campañas buscan proyectar poder incluso cuando las organizaciones sufren golpes significativos. En términos psicológicos, el objetivo es compensar la pérdida de liderazgo mediante la percepción de omnipresencia.

La utilización de redes sociales por parte de estructuras criminales no es nueva, pero la sofisticación actual —potenciada por herramientas digitales y la rapidez de difusión— ha transformado el impacto de estas narrativas.

La versión del caos total

Entre las historias más difundidas figuraron supuestas tomas de aeropuertos, ciudades incendiadas y enfrentamientos masivos en múltiples estados. Muchas de esas versiones no pudieron ser confirmadas por autoridades ni por reportes periodísticos directos.

Aun así, la repetición constante de estas narrativas generó una sensación de crisis nacional, con cancelaciones de actividades, pánico entre viajeros y saturación de líneas de emergencia. El daño, en términos de percepción pública, fue inmediato.

Medios internacionales destacaron que, aunque el operativo contra el capo representó un golpe estratégico al narcotráfico, la respuesta violenta del CJNG y la difusión de información alarmista crearon un ambiente de incertidumbre generalizada.

Reacciones políticas y mediáticas

En el terreno político, la circulación de versiones no verificadas se convirtió en un campo de confrontación. Mientras algunos actores denunciaron una campaña de desinformación destinada a debilitar la imagen del Gobierno federal, otros interpretaron los disturbios como prueba de una crisis de seguridad.

El episodio evidenció la fragilidad del debate público ante eventos de alto impacto. La velocidad de las redes superó la capacidad de verificación de los medios tradicionales y de las instituciones.

Un golpe real, una narrativa amplificada

La operación que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes fue resultado de años de inteligencia y coordinación federal. El líder criminal, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, murió tras un enfrentamiento con fuerzas mexicanas que provocó represalias violentas del CJNG en diversas regiones.

Ese golpe estratégico dejó a la organización sin su principal figura y abrió un periodo de incertidumbre interna. En ese contexto, la batalla por la narrativa pública adquirió una importancia crucial.

Para organizaciones criminales, proyectar fuerza puede ser tan relevante como ejercerla. La difusión de rumores de control territorial o de colapso institucional contribuye a mantener la percepción de poder, incluso cuando la estructura se encuentra debilitada.

El nuevo frente de la seguridad nacional

Lo ocurrido tras la caída de “El Mencho” confirma que los conflictos contemporáneos ya no se libran únicamente en el terreno físico. La información —o la manipulación de ésta— se ha convertido en un instrumento de influencia capaz de alterar comportamientos sociales, decisiones económicas y percepciones políticas.

En este sentido, la crisis informativa posterior al operativo revela una transformación profunda: la seguridad nacional incluye hoy la capacidad del Estado para contrarrestar narrativas falsas y garantizar información confiable a la ciudadanía.

La historia reciente muestra que una mentira viral puede viajar más rápido que cualquier comunicado oficial. Y cuando el miedo se instala en la opinión pública, los hechos verificables suelen llegar demasiado tarde para neutralizar su impacto.

La caída del líder del CJNG fue, sin duda, un acontecimiento histórico en la lucha contra el narcotráfico. Pero también expuso un fenómeno paralelo: la existencia de una guerra informativa donde actores criminales, políticos y mediáticos compiten por imponer su versión de la realidad.

En esa disputa, la estabilidad de un país puede depender tanto de lo que ocurre en las calles como de lo que se cree que está ocurriendo en las pantallas.

Con información de SinEmbargo

Ciudad de México.— En un hecho inusual por su amplitud política y territorial, las y los gobernadores de las 32 entidades federativas manifestaron su respaldo a la política nacional de paz y seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje de unidad institucional frente a los desafíos de violencia y crimen organizado que enfrenta el país.

El pronunciamiento conjunto, difundido a través de redes sociales y canales oficiales, establece el compromiso de los ejecutivos estatales de mantener coordinación permanente con el Gobierno federal y actuar dentro de sus atribuciones para garantizar la tranquilidad de la población.

La postura implica el apoyo de 31 gobernadores y gobernadoras, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre federación y estados para consolidar una estrategia integral de seguridad.

Coordinación como eje central

El mensaje subraya que la paz no puede construirse de manera aislada desde un solo nivel de gobierno. Por ello, las entidades federativas refrendaron su disposición a trabajar de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y las fuerzas federales, particularmente en tareas de prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Este enfoque coincide con la visión del actual Gobierno federal, que plantea la seguridad como una responsabilidad compartida y no exclusivamente militar o policial. En ese sentido, los mandatarios estatales reconocieron la necesidad de acciones integrales que atiendan tanto los delitos como las causas estructurales de la violencia.

Otros reportes señalan que la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) también expresó su respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas y a la estrategia federal, destacando el profesionalismo de las instituciones encargadas de salvaguardar a la población.

Un mensaje político de unidad nacional

El respaldo colectivo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por episodios recientes de violencia y por el golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó reacciones criminales en diversas regiones. Frente a estos hechos, la señal de cohesión entre federación y estados busca transmitir estabilidad institucional y continuidad en la estrategia de seguridad.

Además, el pronunciamiento tiene implicaciones políticas: muestra que, más allá de diferencias partidistas, existe un consenso básico sobre la necesidad de fortalecer al Estado frente a organizaciones delictivas con capacidad transnacional.

En el documento, las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar dentro del marco legal y de fortalecer sus propias capacidades institucionales, desde policías estatales hasta fiscalías, con el fin de evitar vacíos de poder que puedan ser aprovechados por el crimen organizado.

Seguridad con enfoque integral

La política de seguridad del actual Gobierno federal se sustenta en varios pilares: presencia territorial de fuerzas federales, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y programas sociales orientados a reducir los factores de riesgo que alimentan la violencia.

Desde esta perspectiva, el respaldo de los estados no sólo implica apoyo político, sino también la posibilidad de implementar acciones conjuntas en materia de prevención, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento institucional.

Especialistas en seguridad han señalado que la cooperación entre niveles de gobierno es uno de los factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia nacional, particularmente en un país con profundas diferencias regionales en materia de violencia y capacidad institucional.

Un frente común frente al crimen

El pronunciamiento de los gobernadores envía un mensaje claro: la lucha por la paz y la seguridad no puede fragmentarse por intereses partidistas. La coordinación entre estados y federación se presenta como la única vía viable para enfrentar a organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras administrativas.

Al cerrar filas con la estrategia nacional, los mandatarios estatales buscan también fortalecer la legitimidad del Estado frente a la ciudadanía, que exige resultados concretos en materia de seguridad.

Más allá de la retórica, el desafío ahora será traducir este respaldo en acciones tangibles: operativos coordinados, intercambio de inteligencia, fortalecimiento policial y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento del crimen organizado.

En un país marcado por décadas de violencia, la unidad institucional aparece como un requisito indispensable para avanzar hacia una paz duradera. El pronunciamiento conjunto de las entidades federativas, al menos en el plano político, apunta en esa dirección.

Ciudad de México.— La participación de legisladores del PRI y del PAN en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada recientemente en Estados Unidos, desató críticas desde el Gobierno federal, que interpretó el viaje como una señal clara de alineamiento con agendas internacionales de ultraderecha.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la asistencia de los representantes opositores a este foro, al que calificó como un espacio vinculado con posturas contrarias a la democracia y a los intereses del pueblo mexicano. El encuentro, realizado en el Capitolio estadounidense, reúne tradicionalmente a figuras del conservadurismo internacional y promotores de políticas de línea dura en materia migratoria, económica y social.

Desde Palacio Nacional se subrayó que la presencia de legisladores mexicanos en ese tipo de eventos permite a la ciudadanía identificar con mayor claridad la orientación ideológica de la oposición. La mandataria sostuvo que estos vínculos reflejan una continuidad histórica del conservadurismo que, a su juicio, ha buscado en distintas épocas modelos de gobierno excluyentes o autoritarios.

En su posicionamiento, Sheinbaum recordó episodios del siglo XIX en los que sectores conservadores promovieron la instauración de una monarquía en México, aludiendo a la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Según la presidenta, los actores políticos actuales que participaron en la cumbre reproducen esa tradición política, caracterizada —dijo— por su distancia respecto a las demandas populares y su cercanía con intereses externos.

El Gobierno también cuestionó el uso de recursos públicos para financiar los traslados internacionales, sugiriendo la necesidad de transparentar los gastos y justificar el beneficio concreto de estos viajes para la población. La asistencia fue descrita por voces oficiales como “turismo legislativo” que no contribuye al trabajo parlamentario ni a la solución de los problemas nacionales.

Asimismo, legisladores de Morena plantearon la posibilidad de impulsar acciones para revisar el origen de los recursos utilizados y fijar una postura institucional frente a lo ocurrido. El episodio, advirtieron, abre un nuevo capítulo en la confrontación ideológica entre el bloque gobernante y la oposición.

Para el Ejecutivo, la controversia trasciende un simple viaje diplomático: se trata de una disputa por el rumbo político del país y por la definición de los valores que deben guiar la representación popular. Mientras el oficialismo reivindica un proyecto centrado en la justicia social y la soberanía, considera que la oposición busca respaldo en plataformas internacionales que promueven agendas conservadoras.

El debate pone de relieve, una vez más, la polarización política que atraviesa al país, en un contexto donde cada gesto público de los actores políticos adquiere una dimensión simbólica. La presencia de legisladores mexicanos en foros ideológicos extranjeros no sólo se interpreta como una acción individual, sino como una señal del tipo de alianzas que podrían influir en el futuro de la política nacional.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista ruptura o traición dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) tras la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y aseguró que el proyecto político es colectivo y no patrimonio de una sola persona.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las diferencias internas son parte natural de un movimiento amplio y democrático, pero advirtió que las descalificaciones personales sólo favorecen a los adversarios políticos.

“Nadie es dueño del movimiento ni de los espacios públicos”, afirmó al referirse a la controversia generada por los cambios en la Nueva Escuela Mexicana y la salida del funcionario educativo.

Sin ruptura ni traición a la 4T

Sheinbaum subrayó que el debate no implica abandono de los principios impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni una división interna profunda.

Según explicó, el movimiento se construyó con la participación de amplios sectores sociales y continúa abierto a distintas visiones, siempre que se mantenga el compromiso con sus objetivos fundamentales.

También rechazó la idea de “pureza ideológica” dentro de la 4T y afirmó que todos sus integrantes pueden aportar desde distintos espacios del servicio público o la organización social.

Reconoce la labor de Marx Arriaga

La Presidenta reconoció el trabajo realizado por Arriaga al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), especialmente en la elaboración de los nuevos materiales educativos.

Sin embargo, dejó claro que ningún cargo es permanente ni pertenece a una persona en particular, y que los proyectos gubernamentales pueden evolucionar con el tiempo.

Incluso señaló que al exfuncionario se le ofrecieron alternativas para continuar dentro del Gobierno, como la posibilidad de encabezar un consulado u ocupar otra responsabilidad pública.

“Con Noemí Juárez Pérez, nuestra Subsecretaria de Educación Básica, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la Historia en los Libros de Texto, porque la mayor parte de los libros tienen a los héroes, pero no a las heroínas”, explicó desde Palacio Nacional.

Diferencias por los libros de texto

La mandataria explicó que el principal desacuerdo surgió cuando el Gobierno decidió reforzar la presencia de las mujeres en la narrativa histórica de los libros de texto gratuitos, iniciativa con la que Arriaga no coincidió plenamente.

Ante ello, se optó por realizar ajustes al proyecto educativo y nombrar a una nueva titular en el área de materiales educativos, con el objetivo de continuar el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana con un enfoque más incluyente.

Sheinbaum insistió en que el modelo pedagógico no se abandona, pero sí puede perfeccionarse y adaptarse a nuevas necesidades.

Llamado a resolver diferencias por vías institucionales

La Presidenta también consideró que los desacuerdos deben resolverse dentro de los cauces institucionales y no mediante confrontaciones públicas.

Señaló que no debieron intervenir elementos policiacos si no existía un delito, y reiteró que el diálogo y los procedimientos legales son la vía adecuada para resolver conflictos dentro del Gobierno.

Finalmente, enfatizó que el movimiento de transformación es plural y seguirá avanzando con la participación de múltiples actores, sin exclusiones definitivas.

Por Editor

El anuncio del Paquete Económico de 2026 marca una etapa decisiva para México. No se trata solo de cifras o presiones políticas: plantea una visión clara de consolidación fiscal, mayor justicia tributaria, fortalecimiento institucional y redistribución inteligente de los recursos. A continuación, los elementos más destacados y una valoración con base técnica.

1. Corrección a privilegios fiscales: los bancos y el FOBAPROA

Históricamente, las instituciones financieras mexicanas se han beneficiado de deducciones ligadas al Fideicomiso Bancario (FOBAPROA), particularmente reclamando beneficios fiscales sobre las partes de sus pagos de deuda que luego eran descontados por el gobierno. Esto representaba un costo para las finanzas públicas de alrededor de 10 mil millones de pesos al año, monto que, por abusivo, ha sido blanco de críticas crecientes. En 2026, ese mecanismo dejará de operar como lo ha hecho, lo que implicará una recuperación de recursos para el Estado y una menor carga para los contribuyentes.

Así, México avanza hacia una mayor equidad: si bien las entidades financieras deben cumplir con el sistema de impuestos como cualquier otro actor económico, no resulta aceptable que además obtengan devoluciones por conceptos que distorsionan el principio tributario de contribución proporcional. Esta medida refleja procurando sanear las finanzas públicas y redistribuir responsabilidades fiscales.

2. Reforma fiscal progresiva: impuestos y modernización recaudatoria

El Paquete Económico incorpora nuevos gravámenes y ajustes: bebidas azucaradas, cigarrillos, videojuegos, apuestas, entre otros. Estas medidas no son meras recaudaciones mecánicas, sino parte de una política para desincentivar conductas con externalidades negativas (como los daños a la salud) o regular sectores que han escapado de una supervisión efectiva.

También se prevé un incremento en la capacidad recaudatoria del país del orden del 6.3% comparado con los ingresos actuales, con la meta de llegar a que los ingresos tributarios representen el 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se logra, sería un hito: históricamente México ha luchado por superar la barrera del 13-14% del PIB para ingresos fiscales, lo que implica mayor espacio presupuestario para gastos sociales sin endeudamiento adicional.

3. Prioridad social: aumentos presupuestales en salud, educación, seguridad y vivienda

El proyecto presupuestal para 2026 contempla incrementos significativos en partidas sociales.

• En salud, el presupuesto crece casi un 10%, lo que debe traducirse en mayor acceso, cobertura, insumos, personal y mejora en infraestructura.
• Para educación, el aumento ronda el 7%, lo cual es indispensable para enfrentar retos como la deserción escolar, la mejora de la calidad educativa y la incorporación de tecnologías.
• Además, vivienda, seguridad y programas sociales también verán un impulso presupuestal. Esto reafirma el compromiso de políticas públicas orientadas hacia quienes más lo necesitan.

4. Fortalecimiento institucional: INE, Poder Judicial y administración

Otro rasgo central del Paquete es la atención al funcionamiento de órganos autónomos y del sistema judicial:

• Se prevé un ajuste al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), en consonancia con su función crucial para las elecciones y la democracia.
• El Poder Judicial también recibe una asignación mayor, con la intención de que los incrementos alcancen no solo a magistrados, ministros y jueces, sino también al personal de base. Esto busca equilibrar las estructuras jerárquicas y mejorar la operación cotidiana de los tribunales.

Este fortalecimiento institucional contribuye a que las decisiones de gobierno se apeguen a los estándares de rendición de cuentas, al debido proceso y al principio de imparcialidad, factores esenciales en un Estado democrático de derecho.

5. Evaluación macroeconómica: sostenibilidad y percepciones internacionales

La consolidación fiscal no solo es una aspiración doméstica: los mercados internacionales, así como las agencias calificadoras, están observando con atención. Según lo reportado, México ha logrado mantener sus calificaciones soberanas por parte de agencias como Standard & Poor’s con niveles de BBB / BBB+, mientras que Moody’s mejoró la nota crediticia de Pemex, lo que indica confianza en la administración del riesgo financiero y de los pasivos del Estado.

Además, la estimación de que los ingresos tributarios alcanzarán el 15.1% del PIB sin necesidad de crear impuestos nuevos, sino mejorando la recaudación y combatiendo la evasión, da señales de que la estrategia puede ser viable si se acompaña de disciplina presupuestaria y transparencia.

6. Críticas anticipadas y respuestas previstas

Como en todo proyecto de gran envergadura, ya se levantan voces opositoras que alertan sobre riesgos: supuesta grieta fiscal, presión sobre sectores productivos, alto costo de vida, etc. Sin embargo, muchas de estas críticas carecen de propuestas alternativas concretas.

• Las voces contrarias tienden a repetir discursos sobre quiebras presupuestales sin presentar diagnósticos financieros específicos.
• Otras denuncian que Pemex no rinde, que el Tren Maya “no sirve”, etc., pero sin cifras que comparen costos de oportunidad u otras rutas de inversión.

En contraparte, la administración ha puesto sobre la mesa datos y escenarios: sostenibilidad de deuda, evaluaciones del impacto social, enfoque preventivo en salud pública, protección de derechos constitucionales, etc. Si esos elementos se consolidan, la percepción pública seguirá favoreciendo la continuidad de la transformación.

Conclusión

El Paquete Económico 2026 no es perfecto —ningún presupuesto lo es— pero sí representa un avance tangible en el rumbo político y económico del país. Las medidas fiscales, redistributivas e institucionales apuntan hacia una transformación con responsabilidad: equilibrar crecimiento, bienestar social y prudencia financiera.

Si se cumplen las promesas —transparencia en el uso de los recursos, evaluación de los programas, rendición de cuentas constante—, México podrá vivir en 2026 un fortalecimiento real de su soberanía fiscal, de su democracia y del tejido social. La transformación no solo se declara: la transformación se comprueba, día a día.

Luisa María Alcalde habla con Reporte Indigo sobre lo que significa dirigir al principal partido de México y cómo busca fortalecerlo para las elecciones de 2027

Por Carlos Montesinos

Al iniciar su décimo mes al frente de la dirigencia nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján conversó con Reporte Indigo sobre lo que significa conducir el principal partido político de México, los preparativos para la elección de 2027 y lo que significa coincidir a la cabeza del proyecto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entrevistada en las oficinas del partido, Alcalde definió como un orgullo y una enorme responsabilidad el haber asumido la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pues identifica al partido como el legado que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que a su vez es nutrido por millones de simpatizantes y militantes.

“Es un momento en el cual necesitamos fortalecer y consolidar a Morena para llegar a la elección del 2027, porque este es el momento donde apostaron a que, yéndose Andrés Manuel López Obrador, nos íbamos a debilitar, iba a desaparecer este partido. Entonces estamos fortaleciendo la institucionalidad”, señala.

Así, recuerda que apenas hace un año, casi 36 millones de personas votaron por mantener en curso el proyecto de Morena, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo de las cámaras del Congreso de la Unión. Coincidiendo con el periodo en que ella llegó al CEN del partido.

“Es en ese contexto en el que a mí me toca dirigir a este partido, a Morena, en un momento en nuestro país donde podemos asegurar que es tiempo de mujeres. Qué mejor para mí, qué mejor momento y orgullo de poder estar al frente de Morena con una presidenta como lo es Claudia Sheinbaum Pardo”, menciona.

Fortalecen al partido que creció rápido

En cuanto a cómo fortalecer a Morena, reflexiona que “hemos crecido de manera tan rápida y hemos logrado hoy gobernar en la mayoría de los estados, en la mayoría de los municipios y tener mayoría en el Congreso, pues eso también es sin lugar a dudas una responsabilidad de siempre estar recordando de dónde venimos”.

Bajo esta idea de mantener la mística que dio origen al movimiento, la actual dirigencia morenista difundió los 100 postulados de un morenista entre la militancia e implementó un decálogo para todas las autoridades emanadas del partido. Además de renovar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia encargada de dirimir las controversias internas.

A la par, lanzaron una campaña nacional de afiliación fijando como meta los 10 millones de militantes para finales de año y que, a mitad del proceso, ya supera los seis millones. Así como establecerán comités de base en todas las secciones electorales para fomentar la participación de la gente.

Una de las medidas más sonadas en estos meses fue la reforma estatutaria aprobada por unanimidad en el reciente Consejo Nacional para evitar actos de nepotismo en la definición de candidatos a puestos de elección popular. Si bien el CEN ya había aplicado este candado en las elecciones municipales en Durango y Veracruz, ahora se aplicará a nivel nacional.

“Ya lo establecimos como una regla y lo vamos a aplicar en 2027 porque ha sido una de las definiciones que tomamos en el Consejo Nacional. Entonces, ¿qué es lo que establece con claridad esa normativa? Pues ningún cargo puede ser sucedido por algún familiar directo”, recalca la líder del partido.

Faltando dos años para la cita electoral de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas, Morena ya se perfila como el favorito en las encuestas.

“La gente respalda a sus gobiernos estatales. Han sentido y han percibido ese proyecto de transformación distinto al pasado, con gobernantes comprometidos que han avanzado en términos sociales, de infraestructura, de empleos, de bienestar, y eso se percibe a través de la respuesta donde dicen: queremos que siga gobernando Morena”, indica.

Se reservan el derecho de admisión

Posicionándose a la cabeza en la mayoría de los 12 estados que gobierna y que renovarán administración en 2027, con posibilidades competitivas en las entidades que hoy controla la oposición, Morena se encamina a las elecciones intermedias.

Cuestionada sobre la posibilidad que personajes de otros partidos lleguen a Morena a disputar la candidatura, como ha ocurrido en ocasiones anteriores ante el descontento de las bases, Luisa María Alcalde Luján explica que, si bien es necesaria la apertura para gobernar por la vía pacífica, también pueden reservarse el derecho de admisión.

“En este momento no veo, pero puede ser, pero no veo la necesidad en algún estado en específico de sumar a personajes de otros partidos. Yo creo que en nuestro partido tenemos ya hoy liderazgos muy fuertes, que me parece son los que hoy serían punteros en las encuestas”, elabora en cuanto a un escenario de esta índole.

Sobre el método de encuesta para definir candidatos, argumenta que “nos da mucha fortaleza, porque la gente es la que está decidiendo y es la que va a salir a votar y, dos, genera condiciones de unidad, porque tú ya sabes que esa va a ser la competencia”. Poniendo como ejemplo la que se realizó para la candidatura presidencial que ganó Sheinbaum Pardo.

Prioridad: Mayoría legislativa

Más allá de las gubernaturas, Alcalde mantiene como meta la mayoría calificada en el Congreso de la Unión que ha permitido las reformas constitucionales. Lo que ve como una garantía de protección a las políticas de Morena en caso de que -dice al tocar madera- regrese un gobierno de derecha en un futuro.

“La idea es poder seguir teniendo las dos terceras partes y también la mayoría en los congresos locales, porque eso realmente va a permitir que no haya, digamos, marcha atrás y al contrario que podamos seguir avanzando cada vez más en beneficio de la gente”, dice al contrastar que las “mayorías aplastantes” de antes aprobaron reformas perjudiciales.

En ese tenor, se le cuestionó sobre la condición en la que se encuentra la coalición Sigamos Haciendo Historia que Morena integra con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. En particular luego de que dirigentes de este último alzaron críticas por la falta de acuerdos para consumar la alianza en Veracruz.

“Yo creo que somos conscientes, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y sin lugar a dudas Morena, de que juntos somos más fuertes y que no es un asunto, insisto, de una alianza coyuntural, sino qué es lo que nos permite realmente llegar a los cambios necesarios”, confía en cuanto a estas discrepancias entre los institutos aliados.

Recordando que no es la primera vez que compiten por separado en elecciones municipales o incluso estatales, Alcalde también señala que los tres partidos van juntos en aspectos fundamentales. Como abanderar a Sheinbaum o al “tener las dos terceras partes y cambiar el texto constitucional. Eso solo ha sido posible gracias a esta alianza”.

Desde el triunfo de AMLO, el crecimiento de Morena ha sido tan rápido hasta convertirse en la primera fuerza política del país. Este nivel de poder ocasionó la llegada de miles de militantes de otros partidos para lograr posicionarse o seguir en posibilidades de mantenerse vigentes en la política y, por lo tanto, vivir de ella.

El recorrido de la lideresa

Con 37 años de edad, Luisa María Alcalde Luján hace un recuento sobre su trayectoria política que, de cierta forma, se ha desarrollado a la par de Morena. Pues inició como representante de estudiantes y jóvenes de la asociación civil que buscaba el registro como partido político y ahora se encuentra en el liderazgo de la principal fuerza nacional.

“Regresar al partido me parece de lo más afortunado en mi vida personal, porque eso que construimos hoy ha dado un montón de frutos y hay una enorme responsabilidad de conducción sobre los principios y las bases de Morena”, dice sobre este recorrido desde la articulación de bases hasta el comité ejecutivo.

Como parte de este proceso, Alcalde pasó por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pues se desempeñó como diputada federal, de las pocas que hicieron oposición al denominado Pacto por México. Para luego llegar al poder junto a López Obrador, quien la designó secretaria del Trabajo, primero, y de Gobernación, en su último año de mandato.

“Aunque no ha pasado tanto tiempo estamos en un momento bien distinto, pero lo más gratificante es que uno va a las diferentes entidades federativas y te sigues encontrando a esa misma gente con la que construimos hace años este partido”, rememora en cuanto a las diferencias entre los últimos sexenios.

De igual manera, comenta que su trayecto “es muy gratificante, porque tiene que ver también con este relevo generacional que en nuestro partido la verdad es que está muy vivo y ha permitido que siempre estuviesen los mismos liderazgos”. Sumado al “tiempo de mujeres”, una de las banderas de la actual primera mandataria.

Apelando a la politización del pueblo ante lo que advierte como campañas de difamación por parte de la oposición, Alcalde Luján agrega que “lo que nos toca es seguir construyendo y seguir siempre con la frente en alto, demostrando todos los días con nuestro trabajo, acciones en Morena y en el Gobierno, lo que significa la esperanza de México”.

La fuerza de Morena

El Movimiento de Regeneración Nacional fue fundado por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2011. Para esas fechas se trataba de una organización política y social con miras a las elecciones presidenciales de 2012, en las que AMLO participó como candidato de la coalición de los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Al perder las elecciones, López Obrador da estructura formal a Morena, ya como un desprendimiento del Partido de la Revolución Democrática. Fue hasta 2014 que Morena obtuvo su registro oficial como partido político y pudo participar por primera vez en una elección presidencial en 2018.

La reciente reforma impulsada por el grupo parlamentario de la 4T ha sido objeto de polémica y desinformación. A través de un análisis basado en el texto legal y el contexto jurídico internacional, se desmienten los principales señalamientos y se explica su verdadero alcance.

Desde su aprobación en el Senado, la reforma a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen ha sido rápidamente etiquetada por algunos sectores de la oposición y medios afines como la “Ley Censura”. Esta denominación, cargada de intención política, ha contribuido a una percepción distorsionada del contenido real de la iniciativa, que busca actualizar el marco jurídico para proteger derechos fundamentales en el entorno digital.

La reforma no crea nuevas restricciones a la libertad de expresión ni otorga facultades discrecionales al gobierno federal para censurar contenido. Su objetivo principal es armonizar la legislación mexicana con estándares internacionales sobre protección a la privacidad, el honor y la reputación, especialmente ante el auge de las redes sociales y la circulación de información sin control editorial.

¿Qué dice realmente la reforma?

El texto reformado establece mecanismos civiles –no penales– para que los ciudadanos puedan exigir el retiro de contenido que atente contra su vida privada, honor o imagen, a través de procesos judiciales. Esto quiere decir que no hay censura previa ni intervención gubernamental directa, sino un recurso legal ante un juez civil.

Entre los principales puntos que contempla la reforma están:

1. Derecho de réplica y rectificación reforzado.
2. Obligación de medios y plataformas a retirar contenido difamatorio si así lo determina una autoridad judicial.
3. Definición más clara de los límites entre crítica legítima y ataques a la dignidad personal.
4. Protección contra la difusión no consentida de imágenes o información privada.

Lo que no es la ley: Desmintiendo punto por punto

1. “La ley permite al gobierno borrar publicaciones incómodas”: FALSO.
El procedimiento para solicitar la eliminación de contenido requiere la intervención de un juez. No se otorga poder alguno al Ejecutivo ni a ninguna secretaría para determinar qué se retira.

2. “Es un ataque a la libertad de prensa”: FALSO.
La libertad de prensa está garantizada y se mantienen intactos los derechos para investigar, opinar y publicar. La reforma no afecta el trabajo periodístico realizado con ética y veracidad. Solo busca sancionar casos en los que haya daño comprobado a la reputación mediante información falsa o maliciosa.

3. “Se sancionará cualquier crítica al gobierno”: FALSO.
La crítica política, sátira, caricatura y opinión pública están protegidas por la Constitución. Los artículos reformados no tipifican como delito ni infracción civil las expresiones de crítica o disenso ideológico. Lo que se busca es evitar calumnias personales, no silenciar el debate democrático.

¿Por qué es relevante esta reforma?

México se encuentra entre los países con mayores niveles de violencia digital, campañas de difamación y filtraciones ilegales de información personal. Diversos organismos internacionales, como la ONU y la CIDH, han recomendado modernizar los marcos legales para proteger a las personas, sin menoscabo de la libertad de expresión.

En países como España, Alemania, Argentina o Francia, ya existen figuras similares a las que plantea esta reforma, donde ciudadanos pueden apelar a tribunales para proteger su vida privada frente a medios o plataformas digitales.

Además, la reforma responde a un vacío jurídico existente en cuanto a la protección de datos personales no patrimoniales, especialmente ante casos de “linchamiento digital” o campañas de desprestigio sin sustento.

Un contraste con el discurso opositor

Si bien es legítimo que exista una vigilancia ciudadana sobre cualquier reforma que toque derechos fundamentales, el discurso de algunos actores políticos y mediáticos ha sido deliberadamente alarmista, presentando una ley de protección civil como si fuera un mecanismo de censura estatal. Esta narrativa desconoce que el derecho a la privacidad y la honra es también un derecho humano, y que no puede subordinarse incondicionalmente a la libertad de expresión, sobre todo cuando esta se usa para difamar o dañar reputaciones sin pruebas.

Conclusión

La reforma a la Ley de Responsabilidad Civil no es una amenaza a la libertad de expresión, sino una actualización necesaria para proteger a los ciudadanos en un entorno digital cada vez más agresivo y sin regulaciones claras. Lejos de instaurar censura, establece mecanismos legales con intervención judicial que ya operan en democracias consolidadas. Etiquetarla como “Ley Censura” sin un análisis jurídico profundo distorsiona el debate público y dificulta el entendimiento de una medida que busca equilibrar derechos en conflicto.