Por Allan Pozos

La izquierda en México siempre ha tenido claro que la transformación no es posible si no se piensa en sus juventudes. Esa visión originaria, que apuesta por el relevo generacional y que entiende que la paz se construye atendiendo las causas desde la raíz, encontró su máxima expresión institucional este fin de semana en el IEMS Iztapalapa V.

Hoy, la Ciudad de México da un brinco cuantitativo y cualitativo enorme bajo el liderazgo de Clara Brugada. La Primera Conferencia Juvenil 2026 realizada el 21 y 22 de febrero del año en curso, no fue un evento de discursos vacíos. Su objeto y finalidad legal fueron claros: generar propuestas y opiniones vinculantes que serán sistematizadas para servir como el soporte técnico fundamental en la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045.

Como bien señaló Betzabé Oviedo, representante del Consejo Joven, durante el acto inaugural: “entender que la organización colectiva es, por sí misma, un acto de rebeldía. En un mundo que busca aislar a las juventudes para alejarlas del Estado como herramienta de transformación, reconocerse como actores sociales sentados a diseñar lo público es una acción revolucionaria.”

Para garantizar que esta incidencia fuera real, la Conferencia se desarrolló bajo un enfoque de absoluta horizontalidad. Durante dos días de intenso debate territorial, 200 personas jóvenes por día, representando el músculo y la diversidad de 127 colectividades y organizaciones civiles registradas, trabajaron sin monólogos ni jerarquías.

En este engranaje, el papel del Consejo Joven resultó invaluable, fungiendo como los articuladores y moderadores del debate en las seis mesas temáticas oficiales establecidas en la convocatoria:

1. Derecho a la vivienda digna.
2. Empleo y trabajo dignos para las juventudes.
3. Rumbo a la formación artística con sentido comunitario y de justicia social.
4. Acciones que promueven la permanencia educativa.
5. Salud mental y emocional para las juventudes.
6. Decidir nuestra sexualidad: los retos.

Este monumental ejercicio cobra una relevancia histórica mayúscula. Nuestra Jefa de Gobierno ha dejado claro que el PGD es una gran apuesta al diálogo y por el retorno de lo público. A esta inmensa consulta ciudadana —que ya cuenta con 40 mil cédulas domiciliarias, 12 mil 500 planteamientos en Plaza Pública, 68 asambleas en pueblos originarios y 120 mil encuestas a niñas y niños— se suma con fuerza y organización la voz de las nuevas generaciones: 1,028 juventudes que ya han sido escuchadas y tomadas en cuenta a lo largo de 28 talleres participativos y 400 jóvenes participantes de la Conferencia Juvenil.

Es un momento de inflexión. Como bien apuntó la mandataria, planear para 20 años resulta poco; la Ciudad requiere una visión de mayor plazo y una reforma constitucional para garantizarla. Y son precisamente las juventudes quienes, con sus acuerdos, están sentando las bases de esa visión a futuro en ejes vitales como la vivienda asequible, el bienestar, la salud y el espacio público.

El éxito de esta jornada histórica fue posible gracias a la visión del Instituto de la Juventud (INJUVE), que funcionó como un sólido espacio organizativo y de propuesta logística. Mediante una labor permanente de vinculación y relaciones interinstitucionales, se logró tejer la red de alianzas que permitió sumar el apoyo metodológico del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), la voluntad del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para cobijar estos trabajos en el corazón del territorio, y el respaldo incondicional de la Secretaría de Bienestar.

Gobernar obedeciendo significa gobernar escuchando. Porque, como sentenció Tomás Rodríguez en el discurso de clausura: “La ciudad pertenece a sus habitantes”. Hoy luchamos para que las juventudes seamos sujetos, no objetos, de la planeación.

Por Alberto Garzón Espinosa

La tecnología y las máquinas deberían servir para liberar al ser humano, no para afianzarlo a esa rueda del hámster que es el capitalismo. De hecho, el problema no es que existan esclavos energéticos, sino quién los controla, con qué propósito y en beneficio de quién

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se ha defendido de las acusaciones de despilfarro energético de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) argumentando que también se gasta mucha energía para entrenar a un humano. Según Altman, si contamos toda la energía que un ser humano necesita desde su nacimiento hasta ser productivo —unos 20 años, de acuerdo con sus cálculos—, entonces la IA es igual o más eficiente energéticamente. Como era previsible, esta analogía entre máquinas y seres humanos ha sido muy criticada por deshumanizadora, pues sugiere una equivalencia moral entre, por ejemplo, mantener con vida a un bebé y el entrenamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que la crítica debe situarse en un plano mucho más profundo.

La virtud de la analogía de Altman es que es técnicamente correcta, al menos en primera instancia. Desde el punto de vista energético, tanto las máquinas como los organismos vivos somos entidades que requieren la “ingesta” continua de energía para poder “funcionar” —lo que en términos físicos supone realizar trabajo—. Lo que varía es el tipo de combustible que necesitamos, ya que mientras las máquinas pueden utilizar la madera, el carbón, el petróleo, la electricidad… los seres humanos estamos más limitados y nuestro metabolismo solo acepta lo que nuestras enzimas pueden transformar, como los alimentos: no podemos comer carbón ni beber petróleo. Pero el proceso bioquímico es básicamente el mismo, y digerir un terrón de azúcar libera aproximadamente la misma cantidad de energía química que quemarlo al aire libre, aunque mediante procesos distintos. Esta es la razón por la que es posible medir las diferentes formas de la energía en la misma unidad: julios o calorías, por ejemplo. Desde el punto de vista energético, ¡somos comparables!

Lejos de ser algo obsceno, este punto es central para comprender tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de las sociedades contemporáneas. Y de paso me permite darle la vuelta al argumento de Altman. Baste un ejemplo elemental al que me gusta recurrir: si las aristocracias griega y romana podían trasladarse de un lado a otro sin caminar era porque tenían a su disposición a un grupo de esclavos humanos que usaban su potencia para llevar al propietario de un lado a otro. Eso sí, a los esclavos había que alimentarlos continuamente; lo que no siempre era barato. Hoy, esos esclavos han sido sustituidos por vehículos de transporte que, debido a su enorme potencia física, además pueden conseguir velocidades mucho mayores; pero también hay que alimentarlos, solo que con combustibles fósiles —y con electricidad en el caso de los eléctricos—. Para hacernos una idea, un SUV de 250 caballos trabajando a potencia máxima es equivalente a unos 2.000 esclavos humanos trabajando simultáneamente. Debido a lo barato de los combustibles fósiles y la falta de problemas morales para “explotarlos”, la generalización de estas máquinas ha permitido una elevación del bienestar material de gran parte de la sociedad en los últimos 250 años. Así, la era del antropoceno es también la era de la masificación de los esclavos energéticos.

Si esta equivalencia energética chirría a nuestro sentido común es precisamente porque hemos naturalizado lo que el antropólogo Alf Hornborg llama el fetichismo de las máquinas, es decir, que miramos hacia otro lado respecto a los flujos de energía y recursos naturales que son necesarios para hacer funcionar a nuestras máquinas (desde secadores de pelo hasta vehículos de transporte, pasando por ordenadores y otros productos electrónicos). Lo cierto es que el mantenimiento de toda nuestra tecnoestructura —de todas esas máquinas que sostienen la vida moderna, particularmente en los países desarrollados— depende de la entrada continua de recursos y energía, procedentes muchas veces de otras partes pobres y explotadas del mundo, y además genera costes ambientales, que también suelen externalizarse. Y, como sucede con nuestros organismos, si dejamos de incorporar energía como “alimento”, las máquinas se convierten en cacharros inútiles. El propio Hornborg suele contar que, con el colapso de la Unión Soviética y el desabastecimiento local de muchos suministros, los agricultores rusos pronto se dieron cuenta de que sin gasoil sus tractores eran poco más que chatarra. 

Hoy sabemos que la generalización de las máquinas impulsadas por combustibles fósiles no solo ha mejorado nuestro bienestar material —porque ha permitido elevar la productividad económica a niveles sin precedentes en términos históricos— sino que, como afirmó el historiador Tony Wrigley, también ha abierto la caja de Pandora: el impacto ecológico es descomunal, empezando por el cambio climático que amenaza la vida misma en el planeta. El reto civilizatorio actual es, de hecho, ser capaces de transitar hacia nuevas fuentes de energía renovables que alimenten a nuestras máquinas y que permitan sostener formas de bienestar material compatibles con los límites del planeta. No hay urgencia mayor que esa en términos históricos.

Llegados a este punto podríamos cuestionar si de verdad estamos disfrutando de ese bienestar material. Está fuera de toda duda que tanto las máquinas como la tecnología están cada vez más avanzadas, como demuestra la espectacularidad de la inteligencia artificial. Pero si observamos las condiciones de trabajo de los seres humanos, estas no han variado tanto a lo largo de las décadas; y cuando lo han hecho ha sido a peor: precariedad, flexibilidad, explotación… Los seres humanos seguimos siendo un hámster en la rueda de la producción capitalista, y las máquinas no nos están liberando, sino que se están adaptando a ese destino trágico. Es aquí donde se encuentra la carga de profundidad del comentario de Sam Altman: para qué sirve realmente la IA.

Cualquier avance tecnológico es, potencialmente, liberador: en tanto permite producir lo mismo en menos tiempo, abre la puerta a que el ser humano disfrute de más ocio y menos trabajo. El problema es que cuando la tecnología se inserta en un sistema institucional como el capitalismo, esa puerta se cierra para siempre y solo queda emplear todos los recursos en producir más cantidad en el mismo tiempo —o en más tiempo, si las condiciones sociopolíticas lo toleran—. Esto es a lo que se refiere Sam Altman cuando sugiere que un ser humano solo es productivo al llegar a los 20 años, dando por hecho que todo el tiempo previo es una simple inversión energética. Así, lo importante para él parece limitarse al carácter “productivo” del instrumento, sea una máquina o un ser humano. El punto crítico no es que compare los consumos energéticos de máquinas y seres humanos, sino que conceptualiza a ambos como sacrificios necesarios para un bien mayor: el del beneficio privado capitalista. 

El problema, por lo tanto, no es la tecnología, sino el capitalismo. Aunque las alarmas hayan saltado al expresarse una equivalencia energética entre máquinas y humanos, lo verdaderamente problemático es que no estemos cuestionando que las máquinas —y ello incluye a la inteligencia artificial, que es una tecnología que requiere un consumo brutal de recursos naturales y energía— estén únicamente al servicio del beneficio empresarial. No se trata de elegir entre máquinas y humanos, como pensó el movimiento luddita en el siglo XIX o como ocurre con el debate contemporáneo sobre la automatización de empleos, sino de conseguir construir una sociedad donde las máquinas sean “esclavas” no solo energéticamente sino también políticamente. 

Al fin y al cabo, la tecnología y las máquinas deberían servir para liberar al ser humano, no para afianzarlo a esa rueda del hámster que es el capitalismo. De hecho, el problema no es que existan esclavos energéticos, sino quién los controla, con qué propósito y en beneficio de quién. Utilizadas de otro modo, esas mismas tecnologías podrían permitirnos vivir mejor dentro de los límites del planeta, reduciendo el tiempo de trabajo necesario y ampliando el tiempo de ocio y disfrute. A esa posibilidad muchos la llamamos ecosocialismo. Y ofrece un horizonte mucho más amable para la vida y, seguramente, el único viable.

 @agarzon

Un informe de la ONU desmonta la falsa acusación contra Venezuela

El informe sobre conclusiones y consecuencias en materia de políticas de drogas de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), correspondiente a 2019, revela que Colombia es el mayor productor de cocaína a nivel mundial y Estados Unidos el consumidor más importante de su principal “fruto” nacional para la exportación.

En las 64 páginas de este informe no aparece mención alguna sobre Venezuela, mientras que Estados Unidos figura en casi todos los tópicos que la ONUDD presenta como alarmantes: el aumento del consumo de heroína, metanfetamina y opiáceos, así como el crecimiento de las redes de distribución de drogas que derivan en un número mayor de muertes cada año.

Lo que devela este informe es que, en términos de producción, exportación o tráfico de drogas, Venezuela no figura en el mapa como un país involucrado en la trama del narcotráfico internacional, un aspecto que escuece la narrativa estadounidense para implicar a la República Bolivariana en actividades de narcotráfico.

Tampoco figura algo sobre el tan mentado “Cártel de los Soles” o la supuesta relación entre Maduro, Diosdado y las FARC de Colombia para traficar cocaína hacia Estados Unidos, argumento central utilizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para acusar falsamente al presidente Nicolás Maduro y demás líderes venezolanos.

En cambio, aparecen de manera reiterativa Colombia, México y Afganistán, tres países que han sido intervenidos militarmente por Washington de diversas formas en las últimas dos décadas: el primero con el Plan Colombia, el segundo con la Iniciativa Mérida y el último tras una guerra ilegal de agresión que comenzó en 2001 y aún no termina.

Aunque la ONUDD no lo indica directamente en sus conclusiones, es muy fácil establecer un patrón estructural: donde Washington se involucra militarmente, crece la producción de drogas y los envíos de las mismas hacia Estados Unidos, impulsando con ello las muertes por sobredosis que alcanzaron, según reportan las instituciones oficiales en 2019, más de 69 mil en el país norteamericano.

Las acciones militares ilegales y coloniales por parte de Estados Unidos en el extranjero han tenido un reflejo a lo interno de su propia sociedad. La muy publicitada “Guerra contra las Drogas” (en su segunda edición, ya que la primera fue declarada en 1971), que ya ha dejado más de medio millón de muertos en su paso por México y Colombia, se enmarca en una estrategia de militarización según lo expresado por el periodista Mike Whitney en 2011, quien entiende al narcotráfico como un eslabón del poder financiero estadounidense.

Sobre la “Guerra contra las Drogas”, Whitney advierte:

“Esto no tiene que ver con las drogas; se trata de una política exterior chiflada que apoya a ejércitos por delegación para imponer el orden por medio de la represión y militarización del Estado policial. Se trata de expandir el poder norteamericano y de que engorden los beneficios de Wall Street”.

Esta lógica económica, militar y empresarial al mismo tiempo genera un doble efecto: por un lado, una ola de violencia en los países donde la DEA, la CIA y el FBI actúan en alianza con los carteles, y por otro, la destrucción de la salud de los estadounidenses adictos a las sustancias ilícitas, factor que representa la primera causa de mortalidad en el país por encima de los accidentes de tránsito y los asesinatos por armas de fuego.

A esa epidemia de salud pública ha contribuido decisivamente la política de guerra de agresión de Washington.

La narcopolítica

El periodista Alfonso León en El Espectador de Colombia nos detalla el primer antecedente en que las drogas y la política de injerencia de Estados Unidos se configuraron como un arma de guerra. Para ello hay que remitirse a Vietnam años antes de que, bajo el gobierno de Lyndon Johnson, Washington entrara formalmente al conflicto armado del país asiático tras la bandera falsa del Golfo de Tonkín.

León cuenta:

“A instancias de la CIA, los hombres de Diem (quien derrocó al ‘emperador títere’ de los franceses Bao Dai en los cincuenta) empezaron a utilizar aviones norteamericanos para transportar armas y suministros en apoyo a las fuerzas del Kuomintang que enfrentaban a la revolución comunista en China. Las operaciones de regreso se utilizaron para cargar las aeronaves con opio, a la vista de todo el mundo, para financiar la naciente guerra en Laos y Camboya. Las compañías aéreas fueron popularmente bautizadas como ‘Air Opium’”.

Ya involucrados directamente en la guerra, y perdiéndola, el presidente John F. Kennedy intentó forzar un viraje en los apoyos a sus aliados vietnamitas para salvar la credibilidad de la participación en el conflicto. Ya el negocio se había diversificado transformando el opio en heroína con productos químicos importados desde la colonia británica de Hong Kong. Tal viraje no ocurrió del todo por un hecho que León precisa con contundencia:

“Perseguir la heroína implicaba enfrentar a sus aliados y, en plena Guerra Fría, bajo el peligro del ‘efecto dominó’, cualquier cosa era preferible a la instauración de un nuevo régimen comunista en Asia”.

La guerra contra Ho Chi Minh y su pueblo abrió una narcorruta oceánica por el Pacífico y abrió las fronteras estadounidenses a la heroína, los traumatizados soldados se volvían adictos a esta droga pero también a la marihuana y, cuenta León, ya el 60% de los efectivos militares consumía algún tipo de estupefaciente para 1965.

El investigador polaco Lukasz Kamienski, autor de Las drogas en la guerra, asevera que la Guerra de Vietnam representó para Estados Unidos “la primera guerra farmacológica real” debido al “acceso a múltiples drogas diferentes con las que los soldados se automedicaban como alcohol, marihuana, heroína, LSD, opio o barbitúricos, en general consumían todo lo que cayera en sus manos y Vietnam era un paraíso de las drogas”.

El efecto del narcotráfico combinado a la guerra fue tan poderoso que, como imágenes históricas, tenemos a Charlee Sheen siendo un joven soldado estadounidense que fumaba marihuana para soportar la tensión de la guerra en la película Platoon de Oliver Stone, pero también los festivales y las movilizaciones contra esa misma guerra repletas de LSD y otras sustancias que inundaban las principales ciudades estadounidenses.

A partir de ahí, el narcotráfico se transformaría en un instrumento para las guerras ilegales y coloniales de las élites políticas en adelante, pero también en un negocio transnacional que transformaba a la propios estadounidenses en clientes-esclavos de una inmensa maquinaria de transporte, importación, distribución y venta controlada de drogas por las agencias de seguridad y espionaje de su propio gobierno, abultando en última instancia los bolsillos de los grandes banqueros.

La revolución sandinista y los movimientos guerrilleros en Centroamérica en los años 80 darían una nueva oportunidad para probar lo aprendido en Vietnam.

La Administración Reagan desplegó un plan de guerra mercenaria y de desgaste contra la naciente revolución nicaragüense a través de los Contras, un ejército mercenario financiado y entrenado por la CIA y nutrido por policías y militares removidos luego de la caída del dictador Anastacio Somoza.

La oposición del Congreso estadounidense y la ilegalidad de esta operación obligó a recurrir a canales irregulares para financiar el movimiento que debía derrocar al sandinismo. Apoyándose en los carteles del narco en Colombia y México, y a través de aviones de la CIA, se transportaba cocaína y crack que luego serían vendidas en ciudades estadounidenses; con el dinero recaudado, los Contras recibirían armas y pertrechos para prolongar la guerra contra el gobierno sandinista.

Esa misma traza del narcotráfico como factor de acumulación económica e instrumento de intervención militar se reforzaría decisivamente con la invasión a Panamá en 1989 (para, a partir de ahí, controlar la ruta caribeña) y con el respaldo a los sectarios muyahidines contra la Unión Soviética en Afganistán. El narco es el hilo común de los procesos globales que abarcan todo el hemisferio.

Políticamente, el mando de la operación contra Nicaragua estuvo a manos del vicepresidente George Bush, padre del psicópata que invadió a Irak y Afganistán entrando el nuevo milenio. Lo acompañarían en primera línea dos auténticos criminales de guerra: el coronel Oliver North y Elliott Abrams, quien hoy en día funge como intermediario entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado en la guerra de cambio de régimen contra Venezuela.

Como resultado de esta operación en Los Angeles emergió lo que se conocería tiempo después como “la epidemia del crack”, debido a la debacle social y espiral de violencia y asesinatos, producto del narcotráfico, que cambió para siempre la ciudad. Un documental de años recientes llamado Snowfall retrata no sólo las terribles consecuencias humanas que generó la masificación del consumo de crack en Los Angeles, sino cómo la misma CIA controlaba redes de venta y distribución que iban desde Colombia, pasando por México hasta llegar a la ciudad norteamericana donde se recaudaba parte del dinero que sería enviado a los Contras.

La narrativa anticomunista de Reagan en Centroamérica le costó la vida de cientos de miles de estadounidenses que decía querer proteger de la amenaza soviética. Por cada 10 nicaragüenses inocentes asesinados por los Contras, “florecían” decenas de adictos al crack que transformarían la ciudad de Los Angeles en una escena de The Walking Dead.

Aunque avanzado los años 80 ya se hacía evidente la trama entre la CIA y el narcotráfico para financiar ilegalmente la guerra contra Nicaragua, no sería hasta 1996 que la olla se destaparía. El periodista Gary Webb publicó una serie de artículos en el periódico San Jose Mercury New de California que haría historia al desvelar las conexiones entre la CIA, el narcotráfico y la guerra contra Nicaragua.

Destapado el caso y evidenciadas las conexiones que representaron un enorme daño reputacional a los compinches de la Administración Reagan, la decisión era cargar todas las baterías contra Webb. Periodistas que antes le habían profesado su amistad en medios corporativos como The New York Times y The Washington Post pidieron su renuncia, a lo que el San Jose Mercury New accedió finalmente.

Las presiones escalaron a tal punto que Webb quedó aislado, sin trabajo y dañada su reputación (culminando en un posterior y dudoso suicidio), aunque su trabajo periodístico, años después, ha demostrado ser revelador y seguir estando vigente.

El nacimiento del narcocapitalismo

La acumulación de estas operaciones del narco comandadas por las agencias estadounidenses tuvieron un efecto decisivo a largo plazo: las fronteras entre las drogas y cualquier otra mercancía fueron definitivamente borradas, pasando a convertirse en un negocio que, por la tasa de rendimiento que tiene en el mercado, supera la brecha de beneficios de negocios como el petrolero o de la industria farmacéutica.

Para el investigador colombiano Renán Vega Cantor, también profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá: “Lo que hizo el narcotráfico fue generalizar un tipo de comportamiento empresarial (…) los narcotraficantes son empresarios capitalistas”.

Argumenta que “el narcotráfico es un negocio capitalista. Por eso es que cuando se analiza el fenómeno hay mucha hipocresía. En el fondo no hay mucha diferencia entre vender cigarrillos, vino, café o cocaína. Desde el punto de vista comercial no hay ningún tipo de diferencia”.

Cantor comparte la opinión de Whitney de que la “Guerra contra las Drogas” ha derivado en la militarización:

“Las vías (de tráfico) convencionales han sido controladas con muchos mecanismos: radares, aviación, submarinos, una parafernalia tecnológica muy costosa que usa Estados Unidos y que incluso le ha servido como pretexto para militarizar países como Colombia”.

El mencionado informe de la ONUDD relata el fracaso de la lucha “antidrogas” del Plan Colombia, o más bien, ofrece un testimonio riguroso de cómo el negocio es controlado directamente por Estados Unidos a través de organizaciones narcoparamilitares y contratistas estadounidenses que se apoderan de grandes segmentos de la producción y exportación de la cocaína.

Puede decirse que el matrimonio entre capitalismo y narcotráfico, que es el espejo del de Wall Street con la élite política, fue una maniobra desde arriba donde el establecimiento político de Washington jugó un papel decisivo en la centralización de una maquinaria que coincidió a la perfección en el contexto neoliberal.

Una extensa investigación de Michael C. Ruppert relata que Dick Cheney, gerente general de la petrolera Halliburton, vicepresidente durante la era Bush hijo y furibundo neoconservador,

“(…) como Secretario de Defensa de Bush durante la operación ‘Tormenta del Desierto’ (1990-91), también dirigió operaciones especiales que involucraban a rebeldes kurdos en el norte de Irán. La principal fuente de ingresos de los kurdos durante más de cincuenta años ha sido el contrabando de heroína desde Afganistán y Pakistán a través de Irán, Irak y Turquía”.

Sigue Ruppert:

“De 1994 a 1999, durante la intervención militar de los Estados Unidos en los Balcanes (…) el Ejército de Liberación de Kosovo controlaba el 70% de la heroína que ingresa a Europa occidental, ahí donde la subsidiaria de Halliburton, Brown and Root, ganó miles de millones de dólares que abastecen a las tropas estadounidenses desde grandes instalaciones en la región. Las operaciones de apoyo de Brown and Root continúan en Bosnia, Kosovo y Macedonia hasta el día de hoy”.

La investigación, más adelante, concluye:

“Las huellas de Dick Cheney se han acercado a las drogas más de lo que uno podría sospechar (…) Sería correcto decir que existe un vínculo directo entre las instalaciones de Brown and Root, a menudo en regiones remotas y peligrosas, entre cada región productora de drogas y cada región consumidora de drogas del mundo”.

Ruppert también afirma:

“La Administración Clinton se ocupó de todo lo que se desperdició en viajes de heroína con la destrucción de Serbia y Kosovo en 1998 (…) Eso abrió una línea directa desde Afganistán a Europa occidental y Brown and Root también estaban justo en el medio de eso. La habilidad de Clinton para racionalizar las operaciones de drogas se describió en detalle en la edición de mayo de FTW en una historia titulada ‘El Gasto Presidencial del Dinero de Drogas del Partido Demócrata’ (…) La esencia de la lección económica de las drogas fue que al cultivar opio en Colombia y contrabandear cocaína y heroína desde Colombia a la ciudad de Nueva York a través de República Dominicana y Puerto Rico (una línea recta virtual), las rutas tradicionales de contrabando podrían acortarse o incluso eliminarse. Esto redujo tanto el riesgo como el costo, aumentó las ganancias y eliminó la competencia”.

Este modelo keynesiano aplicado al narcotráfico y apoyado en la dirección política de la élite norteamericana que convirtió la infraestructura militar y empresarial de Estados Unidos en rutas de control y distribución de drogas, ha convertido este negocio en una válvula de escape dentro de la fallida economía estadounidense. Es el más lucrativo del presente siglo.

El escritor italiano Roberto Saviano, autor de las obras Gomorra y CeroCeroCero, afirma:

“Ningún negocio en el mundo es tan dinámico, tan inquietantemente innovador, tan leal al espíritu puro del libre mercado como el negocio de la cocaína (…) La cocaína es un activo seguro. La cocaína es un activo anticíclico. La cocaína es el activo que no teme ni a la escasez de recursos ni a la inflación del mercado (…) La cocaína se convierte en un producto como el oro o el petróleo”.

Desde principios del siglo XXI hay un consenso de que el dinero del narcotráfico lavado por bancos estadounidenses asciende a 3 billones de dólares, y es posible que la cifra en la actualidad duplique o triplique esa estimación.

Así, lo que inició con el narcofinanciamiento a los sindicatos mafiosos de los corsos en Francia en los 50, y que luego se fortaleció con el “Triángulo del Opio” en Asia para luchar contra los comunistas chinos, lógica que después se extendió hacia Australia, Panamá, Colombia, Centroamérica y Afganistán con el objetivo de controlar áreas cada vez más grandes del negocio, se transformó en una compleja estructura financiera que vincula, orgánicamente, al sistema económico estadounidense, sus bancos, y a su élite política.

Siendo el narcotráfico un nuevo nicho de acumulación “originaria” dentro del capitalismo mundial, no escapa de las dinámicas de concentración y centralización que describen el funcionamiento general del sistema.

Por tal motivo, estas últimas dos décadas que coinciden con el lanzamiento del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida por un lado, y la invasión contra Irak y Afganistán por otro, han derivado en un cambio en la estructura gerencial y económica del narcotráfico.

Ahora los capos colombianos se han transformado en el ejército fabril encargado de la producción, los carteles mexicanos han emergido como poderosos distribuidores y productores de heroína, mientras que en lo más alto de la pirámide, los principales banqueros estadounidenses concentran la mayor parte de las ganancias, inyectan el dinero lavado en el aparato circulatorio de la economía y sostienen una sociedad de consumo construida bajo el artificio de que nunca se acabará… la cocaína.

Cuando el cártel es la propia DEA

Hace pocos años, se filtró un conjunto de mapas de la DEA que demostraban el alcance del Cártel de Sinaloa, cuyo rostro principal era Joaquín “El Chapo” Guzmán (y otros carteles mexicanos), confirmando la complicidad de la agencia de narcotráfico territorio adentro de Estados Unidos.

Los círculos muestran las áreas urbanas donde los carteles tienen mayor poder, siendo el Cártel de Sinaloa (en amarillo) el de mayor expansión a lo largo de Estados Unidos. Fuente: Daily Mail

“El Chapo” controlaba amplias zonas en una red que se extendía por el centro de Estados Unidos hasta ambas costas oceánicas del país bajo la mirada permisiva de las instituciones que deberían velar y hacer efectivo su desmantelamiento.

En amarillo oscuro y pálido se muestran las áreas en las que el Cártel de Sinaloa tiene mayor influencia en el mapa estadounidense. Fuente: Daily Mail

Más revelador resulta la investigación de la periodista mexicana Anabel Hernández sobre los contratos de la DEA con Ismael “El Mayo” Zambada para que el Cártel de Sinaloa monopolizara el mercado de sustancias ilícitas a cambio de información e incautación de los negocios de los carteles rivales en México y Estados Unidos. Los hallazgos de Hernández cuestionan la legitimidad de la principal agencia antidrogas estadounidense, que pareciera tener en los Zambada más como aliado y socio que como enemigo.

En febrero de este mismo año, confirmando las conexiones entre esta agencia y los carteles del narco, “las autoridades estadounidenses arrestaron el viernes a un ex agente de la Administración de Control de Drogas, acusado de conspirar con narcotraficantes colombianos para robar millones de dólares que el gobierno estadounidense había confiscado a presuntos traficantes”, según reportó la agencia Reuters.

El agente José Irizarry fue acusado por fiscales federales de enriquecerse al “usar secretamente su posición y su acceso especial a la información”. Usaron el dinero, dijeron, para financiar un lujoso estilo de vida de casas y autos caros y un anillo de Tiffany de 30 mil dólares”.

Reuters también afirma:

“Los fiscales alegaron que Irizarry, una vez un agente condecorado, aprovechó un tipo particularmente sensible de investigación encubierta de la DEA, en la que los agentes se hacen pasar por lavadores de dinero, recolectando efectivo de los traficantes de drogas y canalizándolo a través de cuentas bancarias encubiertas. Dijeron que Irizarry desvió secretamente ese dinero a cuentas que él y otros conspiradores controlaban. A fines de 2013, dijeron los fiscales, Irizarry ayudó a recolectar casi mil 100 millones de dólares de presuntos narcotraficantes que fueron depositados en cuentas bancarias encubiertas de la DEA. Irizarry tenía más de la mitad de ese dinero transferido a cuentas controladas por uno de sus asociados”.

En 2017, una confesión cambiaría todo y volvería a confirmar a la DEA como un cartel del narcotráfico. El hijo de Pablo Escobar, líder del famoso Cártel de Medellín, dio a conocer las conexiones de su papá con agencias estadounidenses, desmontando de manera explosiva el mito de la “Guerra contra las Drogas” encabezada principalmente por la DEA.

Juan Pablo Escobar, en una entrevista para El Confidencial de España, confesó:

“En honor a la verdad hay que contar cómo mi padre llegó a obtener semejante cantidad de poder y dinero. Es, sin duda, gracias a las alianzas. Le mandó 92 mil kilos de cocaína a la DEA durante tres años y se embolsó 700 y pico millones de dólares, que le permitieron comprar voluntades, bandidos, financiar terrorismo y causas para su propio beneficio. Las palabras literales de mi padre fueron: ‘Terminamos trabajando con quienes nos perseguían’. Más claro no canta un gallo. Esto mismo sucede hoy, 23 años después”.

También este año fue acusado y sentenciado el agente de la DEA Fernando Gómez “por su papel en una conspiración de drogas de una década que involucró el contrabando de miles de kilogramos de cocaína desde Puerto Rico a Nueva York”.

ABC News reseñó:

“Los fiscales acusaron a Fernando Gómez de infiltrarse en la DEA en 2011 y de ayudar a una red de narcotraficantes conocida por matar a sus rivales. Gómez se declaró culpable el año pasado de vender armas de fuego a un narcotraficante de alto volumen mientras trabajaba como oficial de policía en las afueras de Chicago. También ayudó a la Organización de Narcotraficantes Unidos a evitar ser detectados por las fuerzas del orden público, recogió dinero para la red de narcotraficantes y accedió incorrectamente a los registros de la DEA sobre un cooperador que creía que tenía información sobre sus cómplices”.

Como afirmaba esta tribuna hace par de años retratando un caso histórico:

“Venezuela no quedaría exenta de ser utilizada como una plataforma del narcotráfico internacional capitaneada por estos carteles norteamericanos. Varios casos explotaron en la opinión pública durante la década de los 90, más por rencillas dentro del cártel que por otra cosa, que develaron el estrecho vínculo de la CIA y la DEA en la exportación de drogas desde Venezuela, mediante la infiltración y posterior control a lo interno de las fuerzas armadas”.

El caso al que hacíamos referencia era el de Ramón Guillén Dávila, jefe antidrogas de la entonces llamada Guardia Nacional en la década de 1980, con quien la CIA y la DEA habían contrabandeando toneladas de cocaína desde Venezuela.

Precisamos en su momento:

“Reseñó The New York Times que en el año 1989 los agentes de la CIA en Venezuela, Jim Campbell y Mark McFarlin, se reunieron con la agregada de la DEA, Anabelle Grimm, para discutir envíos de cocaína a Estados Unidos (mediante su operador Ramón Guillén Dávila), para supuestamente recabar información sobre carteles colombianos. Aunque la agregada se opuso, los agentes de la CIA continuaron con la operación sin que ella notificara a sus mandos superiores que la agencia de inteligencia estaba traficando cocaína. La omisión es también una forma de complicidad”.

¿Con luchadores antidrogas así cómo no va a crecer el narcotráfico hasta el infinito? ¿Acaso no confirma todo el compendio relatado que Estados Unidos es el principal promotor del narcotráfico mundial? ¿No es evidente que instrumentaliza a distintos carteles globales para controlar los flujos de sustancias ilícitas?

Más aún, y a la luz de lo planteado: ¿no es Estados Unidos, sus élites y su sistema financiero, el mayor beneficiario del narcotráfico global?

Por Editor

Durante más de una década, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, simbolizó la expansión más violenta y sofisticada del narcotráfico en México. Su organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pasó en pocos años de ser una escisión regional a convertirse en una maquinaria criminal con presencia internacional, capacidad paramilitar y control territorial en amplias zonas del país. Su ascenso coincidió con los años más intensos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por gobiernos del PRI y del PAN, mientras su caída ocurrió en un contexto distinto: el de una estrategia de seguridad que privilegia la inteligencia operativa, la coordinación institucional y el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales.

El origen de Oseguera Cervantes se remonta a las redes del narcotráfico jalisciense que se consolidaron tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la desaparición del Cártel del Milenio. Expolicía municipal y posteriormente operador del crimen organizado, “El Mencho” supo aprovechar la recomposición del mapa criminal que siguió a la captura o abatimiento de líderes históricos durante los sexenios panistas. La estrategia de descabezamiento de organizaciones —sin un plan integral de reconstrucción institucional— provocó la multiplicación de células armadas y disputas territoriales, caldo de cultivo ideal para el surgimiento de un grupo extremadamente agresivo.

Entre 2010 y 2018, el CJNG creció de manera exponencial. Durante ese periodo, el país registró niveles récord de violencia y expansión del narcotráfico hacia regiones previamente consideradas estables. Bajo gobiernos del PAN y posteriormente del PRI, el grupo logró consolidar rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y cocaína, así como redes de lavado de dinero y extorsión. Su poder se manifestó en ataques directos contra fuerzas federales, derribo de aeronaves militares y exhibiciones públicas de armamento de alto calibre que evidenciaban un nivel de equipamiento comparable al de fuerzas irregulares.

Analistas coinciden en que el crecimiento del CJNG no puede entenderse sin el vacío institucional generado por la fragmentación de otros cárteles y la corrupción local en diversas entidades. En varios estados, autoridades municipales y estatales fueron infiltradas o rebasadas, permitiendo que la organización construyera una base social mediante coerción, propaganda y control económico. La violencia no fue un subproducto accidental, sino una herramienta deliberada de expansión.

Con la llegada de un nuevo proyecto político en 2018, la estrategia de seguridad comenzó a modificarse. El énfasis pasó de la confrontación frontal a la inteligencia financiera, la coordinación interinstitucional y la presencia territorial mediante la Guardia Nacional. Paralelamente, se reforzó la cooperación internacional para rastrear flujos de dinero, armas y precursores químicos. El CJNG siguió siendo una amenaza prioritaria, pero el Estado buscó debilitarlo de manera estructural antes de intentar capturar a su líder.

Durante años, “El Mencho” evitó la captura mediante una combinación de movilidad constante, redes de protección y un aparato de seguridad altamente entrenado. Su círculo cercano estaba compuesto por familiares y operadores de absoluta confianza, lo que dificultaba la infiltración. Sin embargo, los golpes a su estructura financiera, la detención de mandos regionales y la presión sobre sus rutas de suministro redujeron gradualmente su margen de maniobra.

El operativo que finalmente condujo a su caída fue el resultado de un largo proceso de inteligencia acumulada. Fuentes oficiales han subrayado que no se trató de una acción improvisada, sino de una intervención de alta precisión diseñada para minimizar daños colaterales y evitar una escalada de violencia mayor. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y agencias federales permitió ubicar al capo en un enclave rural de Jalisco, donde se desarrolló un enfrentamiento con su guardia personal.

La neutralización de Oseguera Cervantes provocó reacciones violentas del CJNG en diversas regiones, incluyendo bloqueos carreteros y ataques coordinados. Sin embargo, la rápida respuesta de las fuerzas federales impidió que la organización recuperara la iniciativa. A diferencia de episodios anteriores en la historia del narcotráfico mexicano, el Estado logró contener la violencia y restablecer el orden en un plazo relativamente corto.

La caída de “El Mencho” representa más que la eliminación de un líder criminal. Marca el debilitamiento de una estructura que simbolizaba la fase más agresiva del narcotráfico contemporáneo. También envía un mensaje político: el Estado mexicano mantiene la capacidad de enfrentar a las organizaciones más poderosas sin ceder al terror ni a la intimidación.

No obstante, el desafío de fondo persiste. La experiencia histórica demuestra que la captura o muerte de un capo no garantiza la desaparición de su organización ni del mercado ilegal que la sustenta. El verdadero reto consiste en evitar la fragmentación violenta y reconstruir las condiciones de seguridad en las regiones afectadas.

La trayectoria de “El Mencho” ilustra, en última instancia, la evolución del crimen organizado en México durante las últimas décadas: un fenómeno que se fortaleció al amparo de instituciones debilitadas, estrategias fallidas y corrupción sistémica, y que hoy enfrenta un Estado decidido a recuperar el control territorial. Su ascenso fue producto de un periodo de desorden y violencia estructural; su caída, resultado de una estrategia que privilegia la inteligencia sobre la espectacularidad.

Así, la historia del líder del CJNG se inscribe como un capítulo emblemático de la lucha entre el Estado y el narcotráfico: la crónica de un poder criminal que creció hasta desafiar a las instituciones y que finalmente fue confrontado por ellas. Un recordatorio de que la seguridad nacional no depende sólo de operativos, sino de la solidez del proyecto político que sostiene al Estado.

Por Carlos Fazio

En su campaña presidencial para 2028, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, trae agenda propia. Producto de la mafia terrorista cubano-estadunidense que históricamente ha lucrado con la industria de la contrarrevolución al sur de la Florida, Rubio opera una diplomacia paralela que responde a los intereses del anticastrismo militante y del sionismo colonizador-genocida. 

Mentiroso pertinaz y compulsivo, como documentó la plataforma independiente Drop Site News, Rubio desinforma y manipula a Donald Trump acerca de las “conversaciones” con Caracas y La Habana. Y en su cínica y engañosa relación con México, utiliza a sus alfiles de Miami y a sus quinta columnas domésticos como agentes provocadores y de penetración con fines desestabilizadores golpistas. Ejemplos de los primeros son el congresista republicano Carlos Giménez y sus correligionarios, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, a quienes sumó a últimas fechas una figura de su propia creación: la tarifada Rosa María Payá, su proxy infiltrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, bendecida por los veteranos ex activos de la CIA, Frank Calzón y Carlos Alberto Montaner. Entre los segundos figuran el ex canciller Jorge G. Castañeda, Ricardo Salinas Pliego, Federico Döring, Beatriz Pagés, René Bolio Hallorán, Juan Peña Nader, Mariana Gómez del Campo, Francisco García Cabeza de Vaca y otros vendepatrias amanuenses de poca monta como Carlos Alazraki, Carlos Tello Díaz y Jorge Fernández Meléndez. 

Hijo putativo de la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen (la Loba feroz), y respaldado en sus orígenes políticos por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) del CEO Jorge Mas Canosa y dirigentes de la Brigada 2506 –organización directamente asociada a la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos derrotada en playa Girón–, Rubio también contó entre sus padrinos al terrorista confeso Luis Posadas Carriles (“Pusimos la bomba, ¿y qué?”), copartícipe, con Orlando Bosch, del atentado en pleno vuelo contra la aeronave de Cubana de Aviación en 1976, en el cual murieron 73 personas, y Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, organización fachada de la Agencia Central de Inteligencia. 

Vinculado al movimiento conservador Tea Party, Rubio obtuvo en 2010 la senaturía por el Partido Republicano en Florida, y seis años después, con apoyo de los neoconservadores, el ala más militarista del estamento de seguridad nacional republicano, compitió por la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, contando entre sus donantes a megamillonarios como Larry Ellison, fundador de Oracle, contratista del Pentágono; el magnate de los casinos Sheldon Adelson (y luego su viuda Miriam); el gestor de hedge funds Paul Singer, estrecho aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y miembro de la Coalición Judía Republicana, un lobby de presión a la derecha del AIPAC, e instituciones bancarias como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. En un giro pragmático oportunista, Little Marco −como lo llamó entonces de manera burlona el magnate−, se alió después con su vencedor, cortejando a los líderes de MAGA y a personajes influyentes del entorno trumpista como Stephen K. Bannon y Donald Trump Jr. y se ha convertido en el miembro más poderoso del gabinete, siendo el primer secretario de Estado que ocupa simultáneamente la cartera de asesor de seguridad nacional desde Henry Kissinger. 

Desde esa posición de fuerza Rubio opera las políticas de cambio de régimen contra Cuba y Venezuela, y en el caso mexicano mueve sus fichas y estrecha vínculos con la ultraderecha palafrenera cipaya. Esa fue la tarea principal del congresista Carlos Giménez y la comisionada anticastrista de la CIDH, Rosa María Payá, durante sus recientes visitas a México. Tras su encuentro con los legisladores Kenia López (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Pedro Haces (Morena), Giménez, un exbombero representante del condado Miami-Dade, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y rindió pleitesía a los marines de la sede diplomática. Posteriormente denostó a la presidenta Claudia Sheinbaum por seguir con lo que llamó “su patética jugada de saquear al pueblo mexicano” para “oxigenar a sus compinches de la dictadura moribunda en Cuba”; “¡Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos su penosa desfachatez!”, escribió en X. A su vez, con su discurso de odio e impulsando las matrices de opinión de la CIA, Rosa María Payá participó a hurtadillas el 22 de enero pasado, en un foro contra Cuba organizado en la Universidad de la Libertad del empresario Ricardo Salinas Pliego, que derivó en el envío de una nota diplomática de la cancillería mexicana a la secretaría ejecutiva del organismo de la OEA. 

Peones de Marco Rubio en el sur de la Florida, Carlos Giménez y su colega María Elvira Salazar, enfrentan contradicciones con la política migratoria de Trump en ese estado de cara a las cruciales elecciones de medio término. Si bien Rubio no puede oponerse abiertamente a la agenda del presidente sin pagar costos políticos inmediatos, rehén del anticastrismo radical que opera como un factor de disciplinamiento interno dentro del Partido Republicano sí puede condicionar la información de inteligencia que recibe y administrar los tiempos de la diplomacia en su beneficio personal. No es el caso de Salazar, quien enfrenta ahora la hostilidad de organizaciones como la John Birch Society, que al grito de “América para los americanos”, pide, con el estratega Anthony Sisk, la deportación de la congresista de origen cubano.

Por Carlos Castillo

La política no se trata de sentimentalismos: se trata de resultados, control y rumbo. Y en estas semanas se han visto tres mensajes que conviene leer con frialdad: la Presidencia está depurando ruido, en los estados ya se mueven piezas de cara al futuro, y en seguridad pública siguen pasando cosas que no deberían ser “normalizables”.

1) SEP: depurar el ruido sin renunciar al proyecto

El episodio de Marx Arriaga en la SEP se convirtió en un dilema que ningún gobierno serio puede tolerar por mucho tiempo: cuando un operador se vuelve más conflicto que solución, se vuelve lastre. Su salida como responsable de Materiales Educativos se confirmó el 13 de febrero de 2026, tras días de tensión pública.
La presidenta lo cerró con una línea clara: “Los libros de texto no van a cambiar”. Traducción: se protege el fondo, se corrige la forma y se corta el incendio.

Eso guste o no es una señal de mando: la agenda educativa no la dicta el escándalo.

2) Sucesión temprana: el futuro se conversa, pero el presente se gobierna

Pongo el calendario sobre la mesa porque importa: la presidenta inició funciones el 1 de octubre de 2024; hoy, febrero de 2026, apenas se rebasó el primer año de gobierno, no “dos”. Y aun así, ya se sienten las vibraciones de 2030.

En Nuevo León, Samuel García fue directo al hablar de su ruta: “Voy por todo”.
Aquí lo digo sin rodeos: la ambición no es pecado. Lo que sería error es confundir ambición con espectáculo. Si Samuel quiere estar en la conversación nacional, la manera inteligente de hacerlo es sencilla: que su carta de presentación sea gobierno, no marketing. En un país cansado, la gente premia a quien entrega.

Y sobre Mariana Rodríguez: se ha reconocido públicamente que sí está considerando competir por la gubernatura en 2027.
Aquí es donde muchos se equivocan: algunos quieren usar el tema para golpearla con la palabra “nepotismo” sin matices; otros quieren venderlo como si fuera automático. Ni una ni otra.

Mariana tiene algo que en política actual vale oro: capacidad de conectar y movilizar causas sociales, especialmente en temas de niñez y población vulnerable. Pero si decide competir, el estándar debe ser alto y claro: proyecto propio, agenda pública medible, equipo técnico sólido y separación total del “cargo como herencia”. Esa es la única forma de desactivar la narrativa de continuidad familiar: competencia abierta, propuestas y resultados.

En otras palabras: Samuel y Mariana pueden estar de nuestro lado si entienden algo básico: la legitimidad no se pide, se construye con gobierno, con resultados y con institucionalidad.

3) Coahuila: industria real, gobernabilidad y una deuda histórica llamada AHMSA

Mientras unos se destapan, otros se están posicionando con una narrativa más dura: seguridad, inversión, empleo. Y ahí Coahuila aparece como referencia por su perfil industrial: inversiones y expansión de manufactura siguen ocurriendo (por ejemplo, el anuncio de expansión de operaciones de Milwaukee Tool en Torreón).
Y en el sector automotriz, Stellantis ha sostenido públicamente planes de inversión y expansión para su planta de Saltillo.

Pero el punto grande, el que define familias y región, es AHMSA. Ya hay fechas y cifras: la subasta está programada para el 27 de febrero de 2026 y se ha informado un valor base de referencia de 1,127 millones de dólares.
Además, se reporta que tres postores se registraron para participar en el proceso.

Aquí la Presidencia tiene una oportunidad de Estado: si ayuda a encauzar una salida seria, transparente y útil para los trabajadores, será una decisión que se cobra en empleo y paz social. Si se deja pudrir, será una factura política y humana.

4) Puebla: lo intolerable no se administra con boletines

Y luego está la realidad que no perdona: Puebla. El ataque en la zona de Angelópolis, afuera del bar “Sala de Despecho”, dejó tres personas asesinadas y heridos (las cifras reportadas varían entre cuatro y cinco lesionados), con detenidos tras el operativo.

Aquí no hay “narrativa” que alcance. A las familias no les sirve una rueda de prensa. Sirve investigación real, control territorial, inteligencia y castigo. Y sirve, sobre todo, un mensaje que hoy urge repetir: no podemos normalizar ejecuciones en zonas comerciales como si fueran parte del paisaje.

Por Daniel Cervantes

Tras comenzar a hablar del segundo piso de la cuarta transformación, había temores entre las bases del partido y algunos sectores de la ciudadanía sobre lo que podría ocurrir con el movimiento de transformación tras la salida de López Obrador de la presidencia y la nueva elección interna del partido para la candidatura presidencial.

En ese entonces se hablaba de una pugna interna entre “los puros” y “los pragmáticos”, se argumentaba que los primeros representaban a las bases e ideales del lopezobradorismo de calle, mientras los segundos tenían por prioridad ganar elecciones sin importar que a veces fuese necesario hacer de lado los principios e ideales. Incluso, había quienes sostenían que la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era líder de los segundos, olvidando su larga trayectoria en el movimiento.

Lo cierto era que los temores eran válidos en ese entonces, el fantasma del priismo no deja de acechar nunca la política mexicana, el miedo se presentaba como mecanismo de defensa colectivo.

Sin embargo, a año y medio de esa elección y poco más de uno de gobierno del segundo piso, la 4T ha sabido moverse entre esos dos ejes (pragmatismo/” idealismo”) de forma magistral. Las y los “líderes”, tanto en el partido como el gobierno, pendulean entre ambos extremos cuando es necesario. En este momento se podría decir que los supuestos bandos del 24 están combinados y sus representantes están liderando espacios cuyos perfiles favorecen. Pragmáticos en espacios pragmáticos, puros en espacios con necesidad de puros; sin olvidar mencionar que la presidenta se mueve entre ambos mostrando su capacidad e inteligencia política. 

Esa capacidad de lectura del momento y de administración de las tensiones internas ha sido, quizá, uno de los mayores aciertos del segundo piso. Lejos de caer en la caricatura de una ruptura o de una “normalización” al estilo priista, el movimiento ha entendido que gobernar implica decidir, priorizar y, en ocasiones, ceder sin claudicar o dejar los ideales de lado. La diferencia central está en que esas decisiones no se toman de espaldas a un proyecto histórico, sino en función de su viabilidad, continuidad y capacidad de poner ideales en práctica. 

La figura de Claudia Sheinbaum resultó clave en este año de gobierno. Su liderazgo no se explica únicamente por la herencia política de López Obrador, sino por una trayectoria propia que combina formación técnica, compromiso ideológico y disciplina práctica. Su conducción ha mostrado que el pragmatismo no necesariamente es sinónimo de oportunismo, ni el idealismo de inmovilidad. Por el contrario, ha logrado articular ambos registros en una práctica política que busca sostener la gobernabilidad sin romper con las banderas fundacionales de la 4T.

Seguir por el camino de poner en práctica los ideales no ha sido difícil en este primer año, y todo indica que tampoco lo será de aquí a 2027. Las condiciones de gobierno son, hoy por hoy, inmejorables para la presidenta: una legitimidad electoral sólida, mayorías legislativas, un movimiento cohesionado y una oposición fragmentada y sin proyecto. Ese escenario abre una ventana histórica que no suele repetirse con facilidad en la política mexicana.

Pero nada de eso se sostiene por inercia. Si algo ha enseñado la experiencia histórica es que los proyectos de transformación se oxidan cuando las bases se repliegan y delegan por completo la conducción. De ahí la importancia de confiar, sí, pero también de presionar, acompañar y exigir como militantes y como ciudadanía politizada, no desde la deslealtad, sino desde el compromiso con el rumbo del proyecto. 

Por Editor

El anuncio del Paquete Económico de 2026 marca una etapa decisiva para México. No se trata solo de cifras o presiones políticas: plantea una visión clara de consolidación fiscal, mayor justicia tributaria, fortalecimiento institucional y redistribución inteligente de los recursos. A continuación, los elementos más destacados y una valoración con base técnica.

1. Corrección a privilegios fiscales: los bancos y el FOBAPROA

Históricamente, las instituciones financieras mexicanas se han beneficiado de deducciones ligadas al Fideicomiso Bancario (FOBAPROA), particularmente reclamando beneficios fiscales sobre las partes de sus pagos de deuda que luego eran descontados por el gobierno. Esto representaba un costo para las finanzas públicas de alrededor de 10 mil millones de pesos al año, monto que, por abusivo, ha sido blanco de críticas crecientes. En 2026, ese mecanismo dejará de operar como lo ha hecho, lo que implicará una recuperación de recursos para el Estado y una menor carga para los contribuyentes.

Así, México avanza hacia una mayor equidad: si bien las entidades financieras deben cumplir con el sistema de impuestos como cualquier otro actor económico, no resulta aceptable que además obtengan devoluciones por conceptos que distorsionan el principio tributario de contribución proporcional. Esta medida refleja procurando sanear las finanzas públicas y redistribuir responsabilidades fiscales.

2. Reforma fiscal progresiva: impuestos y modernización recaudatoria

El Paquete Económico incorpora nuevos gravámenes y ajustes: bebidas azucaradas, cigarrillos, videojuegos, apuestas, entre otros. Estas medidas no son meras recaudaciones mecánicas, sino parte de una política para desincentivar conductas con externalidades negativas (como los daños a la salud) o regular sectores que han escapado de una supervisión efectiva.

También se prevé un incremento en la capacidad recaudatoria del país del orden del 6.3% comparado con los ingresos actuales, con la meta de llegar a que los ingresos tributarios representen el 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se logra, sería un hito: históricamente México ha luchado por superar la barrera del 13-14% del PIB para ingresos fiscales, lo que implica mayor espacio presupuestario para gastos sociales sin endeudamiento adicional.

3. Prioridad social: aumentos presupuestales en salud, educación, seguridad y vivienda

El proyecto presupuestal para 2026 contempla incrementos significativos en partidas sociales.

• En salud, el presupuesto crece casi un 10%, lo que debe traducirse en mayor acceso, cobertura, insumos, personal y mejora en infraestructura.
• Para educación, el aumento ronda el 7%, lo cual es indispensable para enfrentar retos como la deserción escolar, la mejora de la calidad educativa y la incorporación de tecnologías.
• Además, vivienda, seguridad y programas sociales también verán un impulso presupuestal. Esto reafirma el compromiso de políticas públicas orientadas hacia quienes más lo necesitan.

4. Fortalecimiento institucional: INE, Poder Judicial y administración

Otro rasgo central del Paquete es la atención al funcionamiento de órganos autónomos y del sistema judicial:

• Se prevé un ajuste al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), en consonancia con su función crucial para las elecciones y la democracia.
• El Poder Judicial también recibe una asignación mayor, con la intención de que los incrementos alcancen no solo a magistrados, ministros y jueces, sino también al personal de base. Esto busca equilibrar las estructuras jerárquicas y mejorar la operación cotidiana de los tribunales.

Este fortalecimiento institucional contribuye a que las decisiones de gobierno se apeguen a los estándares de rendición de cuentas, al debido proceso y al principio de imparcialidad, factores esenciales en un Estado democrático de derecho.

5. Evaluación macroeconómica: sostenibilidad y percepciones internacionales

La consolidación fiscal no solo es una aspiración doméstica: los mercados internacionales, así como las agencias calificadoras, están observando con atención. Según lo reportado, México ha logrado mantener sus calificaciones soberanas por parte de agencias como Standard & Poor’s con niveles de BBB / BBB+, mientras que Moody’s mejoró la nota crediticia de Pemex, lo que indica confianza en la administración del riesgo financiero y de los pasivos del Estado.

Además, la estimación de que los ingresos tributarios alcanzarán el 15.1% del PIB sin necesidad de crear impuestos nuevos, sino mejorando la recaudación y combatiendo la evasión, da señales de que la estrategia puede ser viable si se acompaña de disciplina presupuestaria y transparencia.

6. Críticas anticipadas y respuestas previstas

Como en todo proyecto de gran envergadura, ya se levantan voces opositoras que alertan sobre riesgos: supuesta grieta fiscal, presión sobre sectores productivos, alto costo de vida, etc. Sin embargo, muchas de estas críticas carecen de propuestas alternativas concretas.

• Las voces contrarias tienden a repetir discursos sobre quiebras presupuestales sin presentar diagnósticos financieros específicos.
• Otras denuncian que Pemex no rinde, que el Tren Maya “no sirve”, etc., pero sin cifras que comparen costos de oportunidad u otras rutas de inversión.

En contraparte, la administración ha puesto sobre la mesa datos y escenarios: sostenibilidad de deuda, evaluaciones del impacto social, enfoque preventivo en salud pública, protección de derechos constitucionales, etc. Si esos elementos se consolidan, la percepción pública seguirá favoreciendo la continuidad de la transformación.

Conclusión

El Paquete Económico 2026 no es perfecto —ningún presupuesto lo es— pero sí representa un avance tangible en el rumbo político y económico del país. Las medidas fiscales, redistributivas e institucionales apuntan hacia una transformación con responsabilidad: equilibrar crecimiento, bienestar social y prudencia financiera.

Si se cumplen las promesas —transparencia en el uso de los recursos, evaluación de los programas, rendición de cuentas constante—, México podrá vivir en 2026 un fortalecimiento real de su soberanía fiscal, de su democracia y del tejido social. La transformación no solo se declara: la transformación se comprueba, día a día.

Por Carlos Bortoni

Sobresalió como sobresale aquello que se excede en sus proporciones, el que Alito atacara a Noroña en el Senado. Sobresalió porque Alito, amo y señor de una naturaleza porril y autoritaria, fue víctima de un Noroña que lo provocó para perder los estribos. Imaginen la provocación que significa para alguien como Alito que no le den la palabra. Si de por sí, tener que pedirla resulta indignante, que no se la den es mucho peor y no hay forma de resolver tan indignante indignación que no sea a golpes.

Desde luego que algunos encontrarán indefendible el actuar de Alito “te veo a la salida” Moreno. Para ellos, exigir, educadamente el derecho a la palabra gritando “¡Te parto tu madre, cabr*n! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put*, cabr*n! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la ching*da”, es inadmisible. Piensan que en la discusión pública se debería argumentar y proponer, piensan que los gritos e insultos no aportan nada al debate político.

Olvidan que los madrazos son la extensión de la politiquería por otros medios, que los argumentos que presentó Alito al golpear a Noroña son los más claros que Alito y el PRI han presentado en años. El sacrificio de Alito al atacar a Noroña, elevando el nivel de la discusión pública a la altura que la discusión pública merece ser elevada, opaca el hecho de que la verdadera víctima es Alito, dictatorialmente relegado, en las urnas, al nivel de la nada.

Entrados en gastos

Normalizar la discusión civilizada en la vida política nacional, es normalizar que la ciudadanía renuncie al uso de la violencia para resolver sus conflictos, es normalizar la generación de soluciones que incorporen diversas perspectivas en la toma de decisiones, es normalizar, ¡horror de los horrorosos horrores!, la posibilidad de alcanzar acuerdos ¡Afortunadamente, contamos con Alito para impedirlo!

Por Juan Rosales

“… ahora el INE —desde mi punto de vista— se extralimitó en decir que “había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final”. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE; el Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora, quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces, sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: ¨todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra¨, independientemente de cuál sea o qué se presente”.

Presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo.
Conferencia del Pueblo. 24 de junio de 2025.
https://youtu.be/ovBE52DmTFg

En el contexto de la serie de reformas enviadas por el Ejecutivo Federal para su revisión y, en su caso, aprobación en el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario que inició la semana pasada, la presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo se refirió en dos ocasiones diferentes a la reforma electoral.

En la primera la presidenta mencionó que dicha reforma está incorporada en sus 100 puntos de gobierno y será presentada en su momento. Se refirió a tres aspectos nodales de la misma: la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones costó la pasada elección; los recursos destinados a los partidos políticos y el tema de los plurinominales. Para darles una nueva tarea a los comentócratas, para que empiecen a hablar de eso, afirmó Sheiunbaum. 

En la segunda ocasión la presidenta subrayó que el INE seguirá siendo un organismo autónomo, queremos que siga habiendo elecciones limpias. Contundente afirmó que es falso, falso, que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Pero sí, dijo, es necesario que se revise el tema de los plurinominales y amplió su comentario citando el esquema de reconocimiento de las minorías en la Ciudad de México y en otros estados:

… el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político, lo mismo tiene el Senado de la República, pero el problema son las listas de plurinominales. Supongamos que una persona, “Juan Pérez”, es candidato de un partido político al Distrito I de la Ciudad de México, gana el de ese partido político; pero, en segundo lugar, muy cerca, quedó “Pedro López” de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría, y no listas.

¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, es una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace en el Senado. El que gana el primer lugar se lleva los dos senadores… Entonces, entra la pareja que ganó y luego, entra el que va en el número uno del partido político que quedó en segundo lugar, pero eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto.

Interrogada acerca de si los partidos aliados de Morena opondrán resistencia en el tema de la desaparición de los plurinominales, Sheiunbaum indicó que no lo creía, pues todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía. 

Cabe recordar que la propuesta de reforma electoral fue presentada, el 28 de abril de 2022, por nuestro siempre presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento la calificó como más que una reforma electoral, como una iniciativa de reforma democrática … esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. 

Esta afirmación no fue gratuita. AMLO se refirió a que era una reforma democrática dados sus alcances.  En la exposición de motivos, se apunta que el objeto de esta es adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años. Principalmente busca facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, ampliar la representatividad, garantizar la pluralidad en los poderes públicos, así como fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y la imparcialidad en las contiendas electorales.

La reforma a más de veinte artículos de nuestra Constitución propone diez objetivos. Para efectos de este comentario me permito referirme brevemente a algunos de ellos, los cuales incluyo por separado en los dos párrafos siguientes. Primero los relativos al sistema electoral propiamente dicho y los que refieren cambios propuestos en la elección de representantes populares y al financiamiento público de los partidos políticos, posteriormente. 

En materia electoral centra su atención en: dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder; conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y jurídicas únicas, bajo el principio de la austeridad republicana; elegir mediante voto secreto, directo y universal a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.

En cuanto a la elección de los representantes populares y a los recursos otorgados a los partidos: elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes; eliminar 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado; limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les otorga mensualmente. La letra en negrilla no aparece en el original. Dejo el enlace para que pueda revisarse el texto de dicha iniciativa.
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf?fbclid=IwAR2iGdEAI7YSJVYwirnEAWvp5S1fNDpG3bdvLFr6KgFGvq8ITCr7KxvuOdo

Como sabemos la iniciativa no prosperó al no contar Morena y sus aliados con la mayoría calificada necesaria en ambas cámaras. La oposición partidista, por su parte, esgrimió para justificar su rechazo a la iniciativa la “defensa de la institucionalidad democrática”, representada según ellos por el Instituto Nacional Electoral. Pero la historia podría ser otra en el contexto del segundo piso de la 4T. Es de esperar que Sheiunbaum presente la iniciativa una vez que asuman sus cargos los nuevos integrantes de los distintos órganos del Poder Judicial, recién electos, el 1 de septiembre próximo.

Detengámonos en la coincidencia entre López Obrador y Claudia Sheiunbaum relacionada con el multimillonario presupuesto que el INE solicita año con año y la urgencia de hacer algo al respecto. En la página 10 de la iniciativa del 2022 se describe la enorme estructura del INE a nivel central, distrital y estatal, así como la existencia de los Órganos Electorales (OPL) en el interior del país, resultado de una supuesta descentralización del órgano electoral, pero que en realidad resulta en una duplicidad de funciones.

La iniciativa propone que el nuevo organismo se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberán las de los OPL, organizando la totalidad de los procesos electorales en México. Asimismo, eliminar los distritos electorales y con ellos la estructura electoral distrital. Y pone énfasis en que el nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales. 

Se concluye que al hacer del INEC una instancia única y verdaderamente nacional se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a la ciudadanía y a los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

Algunas cifras demuestran el alto costo que representa para el erario, y por ende para los ciudadanos, mantener la costosísima estructura del actual INE y los OPLs. En 1999 se asignó al órgano electoral un presupuesto de 13,400 millones de pesos (mp). Para el 2018 se aprobaron 68,300 mp, es decir un 409% de crecimiento en menos de 20 años. En 2025, tras el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, la asignación fue de 19,646 mp. En el caso de los OPLs cada año se gastan más de 13 mil mp. Para este 2025 los OPLs en conjunto recibieron un presupuesto de más de 17,342 mp. 

Cierro este artículo con la frase de Carlos Monsiváis, recordado a propósito del 15 aniversario de su fallecimiento: la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y viene muy a cuento porque la presidenta comentó en su conferencia que esa frase está relacionada con lo que los opinólogos comentan acerca de: “¡se acabó la República!”, “hay antidemocracia”, “el gobierno censura” (…) ahora todos traen “censura, censura”; nadie los censura a ellos, pero hablan de censura, como retahíla. Nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006, es uno de los comentócratas más mencionados; cuando él validó un fraude electoral, que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006, nunca mencionan eso…

AMLO lo dijo aquel 28 de abril de 2022: La reforma a la ley electoral es para garantizar democracia y hacer valer las decisiones del pueblo.