Se dio a conocer nuevos casos de supuesto desvío de recursos por parte de la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.
La dirigencia nacional de Morena dio a conocer no uno, sino dos nuevos casos de presunto desvió de recursos por parte de la candidata de PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.
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De acuerdo con la información proporcionada por Mario Delgado y Víctor Hugo Romo, exdelegado de la Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron cuando la candidata se desempeñó como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.
“AQUÍ ESTÁN MÁS PRUEBAS DE LA ACTUACIÓN CORRUPTA DE LA CANDIDATA DEL PRIAN, Y SÓLO ES UNA EVIDENCIA MÁS DE CÓMO SE MANEJA LA DERECHA CUANDO ASUME EL PODER QUE EL PUEBLO DE MÉXICO LE CONFIERE: ENGAÑANDO, DESVIANDO RECURSOS SÓLO PARA SUS INTERESES PERSONALES”.
Morena revela nuevos desvíos de recursos de Xóchitl Gálvez
Mario Delgado y Víctor Hugo Romo dieron a conocer que Xóchitl Gálvez habría desviado los 10 millones de pesos, dijeron que supuestamente destinó para la remodelación del teatro Ángela Peralta, la cual nunca se realizó.
“ELLA FIRMÓ UN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL POR 10 MILLONES DE PESOS PARA LA REMODELACIÓN DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA. VEAN LA IMPLICACIÓN, ELLA FIRMA EL CONVENIO DIRECTO, SE HACE UNA ASIGNACIÓN DIRECTA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN ESE MOMENTO”, DIJO HUGO ROMO.
También señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el desfalco. Por lo tanto, en septiembre de 2018 solicitó la devolución de 10 millones de pesos por la obra no ejecutada.
En este sentido, Víctor Hugo Romo manifestó que, tras las elecciones del 2 de junio, le pedirá a la ASF que le proporcione información sobre qué ocurrió con el procedimiento de inhabilitación de Gálvez.
“VINIERON LAS IMPLICACIONES LEGALES JURÍDICAS EN CASO DE NO HACER LA OBRA, (…) RESULTÓ QUE HAY UNA DENUNCIA DE VECINOS EN DONDE LAS OBRAS NO SE EJECUTARON NI SE HICIERON”.
Por si esto fuera poco, la ASF detectó otra obra fantasma de Gálvez durante su gestión como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues no concluyó trabajos en carreteras por 5 millones de pesos.
“NO SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN CARPETA ASFÁLTICA Y CUYO IMPORTE EQUIVALE A 5 MILLONES DE PESOS EN SU HABER COMO COMISIONADA DEL 2003 AL 2006, TUVO UNA IMPLICACIÓN DE UNA OBRA FANTASMA DETERMINADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR QUE AHÍ NO SE HICIERON CARRETERAS POR ESTE MONTO”.
Finalmente, los morenistas trajeron a colocación los expedientes secretos X, llamados así por la inicial del nombre de la aspirante presidencial y por los presuntos casos de corrupción que se han descubierto.
“PRIMERO FUE LA CASA ROJA, DESPUÉS LOS CONTRATOS MULTIMILLONARIOS POR MIL 400 MILLONES DE PESOS, MARINA PARK, DISTRITO POLANCO, GRUPO ALTEZZA Y GRUPO MARHNOS, DONDE TIENE SUS ‘DISTINGUIDÍSIMAS’ OFICINAS, Y AHORA DOS OBRAS FANTASMAS”.
Conversaciones con empresarios del sector y banqueros. El esquema aplicado con la empresa española será central si Sheinbaum llega a Palacio.
Este miércoles tanto en Palacio Nacional como en el entorno de Claudia Sheinbaum tuvieron lugar encuentros e intercambios a partir de los apagones de electricidad que ayer martes se expandieron por 18 estados del país.
En los contactos con el sector empresario, según pudo conocer LPO, hubo coincidencias en que lo ocurrido fue por un exceso de demanda y que, sin generación de electricidad por parte de privados, y ante un país con temperaturas cada vez más altas, esta situación se va a reiterar. Para entender: el apagón es consecuencia de que el sistema alcanzó su demanda máxima rozando los 48 mil 472 Megawatts (MW) de energía eléctrica consumida por hora.
En el sector empresario creen que dentro de lo complejo del panorama, un aspecto positivo es que le expone a Claudia Sheinbaum el escenario que le tocará heredar si gana las elecciones. Desde Caintra Nuevo León, principal cámara industrial del país, igualmente, evitaron reproches y pidieron a las empresas ahorrar electricidad.
En el War Room de la candidata aseguran que Rogelio Ramírez De la O, que todo indica seguirá en Hacienda, se propone extender el modelo aplicado para nacionalizar las plantas de Iberdrola a todo el esquema de generación de energía.
Este mecanismo consiste en utilizar un vehículo privado que canalice inversiones del mercado hacia obras estratégicas. El secretario de Hacienda le dijo días atrás a un grupo de banqueros que producir energía en México será rentable a futuro y que la cantidad de recursos a captar para llegar a la generación requerida rondan los 40 mil millones de dólares. Un primer paso para otra mundo en el que, según el secretario, hay de todo por hacer: el del transporte de la energía.
Ideas que agradan a los ejecutivos pero que no encuentran una consonancia del todo fácil con el discurso de la candidata morenista de que CFE tiene que seguir teniendo la hegemonía en la generación de electricidad. Por cierto: los últimos estados financieros de la empresa que conduce la familia Bartlett son un desastre, con un desplome de las utilidades de más del 90% en el primer trimestre.
El punto más sensible de este rumbo es sobre la influencia de Andrés Manuel López Obrador en un eventual sexenio de Sheinbaum. ¿Concederá el presidente un mayor protagonismo de los privados en el mercado eléctrico? A los escépticos Ramírez De la O les responde con historias y anécdotas de la excelente relación que por hoy tiene el tabasqueño con Ignacio Sánchez Galán, CEO de Iberdrola, empresa a la que López Obrador gustaba de denostar en sus conferencias matutinas y a la que ahora, tras la compra de las centrales, le pagará 250 millones de dólares en concepto de «transferencia de know-how».
El pasado 8 de mayo, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México determinó liberarlos y sustituir las medidas a las que estarán sujetos.
Dicha audiencia fue la continuación de la que se inició el 6 de abril de 2024, para debatir los alegatos de clausura de las partes.
Al igual que su criterio previo, la jueza estimó que aún cuando se demostró un riesgo cautelar, este no podía ser considerado “elevado”, por lo que no ameritaba prisión preventiva.
La juzgadora determinó que el cambio de medida cautelar de los ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa no incrementaría el riesgo de sustracción, peligro de obstaculización del proceso ni se pondrían en riesgo las víctimas y testigos.
Con base en esa valoración, la representante del Poder Judicial de la Federación modificó las medidas cautelares no privativas de libertad previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las medidas que les impuso a los ocho imputados son: presentación periódica quincenal los días 1 y 16 de cada mes; garantía económica de 100 mil pesos, por lo que dejó a disposición de los procesados los billetes de depósito de 50 mil pesos exhibidos previamente; prohibición de salir del país; prohibición de convivir y acercarse a las víctimas y testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa.
Aunado a lo anterior, la jueza argumentó que la libertad obedece a que aún en este caso en el que hay dos delitos conexos, no implica que de manera automática tendría que imponerse la prisión preventiva, ya que son hechos circunstanciales materia de dos ejercicios de la acción penal, que no son suficientes para la prisión preventiva justificada.
Además señaló que las evaluaciones de riesgo llevadas a cabo, coincidentemente, en cuanto al fondo y su contenido se advierte que existen elementos para cuestionar su objetividad entre ello, que estaba evidenciado el arraigo domiciliario, familiar, laboral.
Debido a que la revisión de medidas cautelares de los ocho militares se dio en cumplimiento a la resolución de un incidente en revisión (juicio de amparo fallado por Tribunal Colegiado), ya no es viable su impugnación.
Por consenso, los 32 gobernadores y gobernadoras firmaron una petición dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que el máximo tribunal se desista de eliminar la prisión preventiva oficiosa, tal como lo habían acordado el pasado 26 de abril en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México (Conago). Datos del gobierno federal estiman que de cancelarse esa figura, quedarían en libertad de forma inmediata 68 mil presuntos delincuentes, incluidos integrantes del crimen organizado y homicidas.
En el oficio que entregaron a la titular del Poder Judicial de la Federación, los 32 integrantes de la Conago manifiestan su preocupación “por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana”. Tras manifestarse respetuosos de la división de poderes y en calidad de Amicus Curiae [amigos de la corte], solicitaron que en la resolución que emita la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa se mantenga la “‘supremacía constitucional’ respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra carta magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”.
Los 32 gobernadores y gobernadoras de todas las fuerzas políticas consideraron que si la Suprema Corte se ajusta a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales federales podrían colapsar al “verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
También manifestaron que “la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso: por lo tanto, sólo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa”.
Los gobernadores y gobernadoras expusieron en su oficio dirigido a Norma Piña que la prisión preventiva oficiosa es parte de la política de combate al crimen. Desde el punto de vista de las y los mandatarios locales, esa figura garantiza una adecuada conducción del proceso penal, para el esclarecimiento de los hechos, además de que se protege a las víctimas de los delitos y se procura que los responsables no queden impunes.
Otro aspecto que asocian a la prisión oficiosa es que se reparan los daños causados por el delito. “Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactara directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.
Aunado a lo anterior, destacaron que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar en cuenta que las víctimas del delito son quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.
Y enfatizaron que aunque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución de México. “Resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno”.
Los gobernadores y gobernadoras concluyeron que si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le da preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno, “se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de invalidar en sentido práctico una norma de rango constitucional, lo que llevaría a vulnerar la propia Constitución, emanada de la voluntad del constituyente permanente y no de un acuerdo de voluntades entre Estados miembros de la comunidad internacional”.
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que denunció a María Amparo Casar por presunta corrupción en el cobro de una pensión por la muerte de su esposo.
Fue en la conferencia de prensa matutina que Octavio Romero, titular de Pemex, anunció que se presentó una denuncia contra la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por presuntamente haber utilizado sus influencias y conseguir el pago del seguro y la pensión por su esposo, Carlos Márquez Padilla, ex trabajador de la dependencia estatal, quien se suicidó aventándose desde un edificio de Pemex en la capital en 2004.
No obstante, según expuso Octavio Romero, la muerte de Márquez Padilla fue señalada como “accidente de trabajo” para otorgar el seguro de vida y la pensión vitalicia a su viuda María Amparo Casar, con lo cual obtuvo aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales.
La paraestatal informó que, luego de que se encontró en el acta de defunción la real causa de muerte de Márquez Padilla, se suspendieron los pagos de la pensión a María Amparo Casar, debido que la viuda habría usado sus influencias para que la muerte de su esposo fuera certificada como un accidente de trabajo y no como un suicidio.
“Ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem para sus hijos y para ella, todo esto antes de que hubiese un planteamiento judicial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, el cual finalmente resolvió que había sido un suicidio.
Por cierto esta señora junto con Aguilar Camín en aquel momento visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino accidente, para que procediera el pago, tanto del seguro como de la pensión”, aseguró Octavio Romero.
Además, se informó que Pemex ya inició las acciones para recuperar los 31 millones de pesos otorgados a María Amparo Casar.
De forma descarada, la encuestadora Massive Caller se atrevió a poner a Xóchitl Gálvez arriba de Claudia Sheinbaum en sus encuestas sobre la elección presidencial.
Esto no es una casualidad, pues la encuestadora Massive Caller junto a su satélite Systematic Calls, están íntimamente ligadas al PAN y sus gobiernos. Tan es así que han obtenido ganancias por más de 27 millones de pesos durante los últimos 8 años.
Durante su paso por la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), el panista Santiago Taboada ocasionó un desfalco de 32 millones de pesos con recursos de origen federal que le fueron entregados para el desarrollo de obras y atención de la seguridad ciudadana, de acuerdo con las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de los últimos tres años de su gestión.
Taboada ha sido alcalde en dos ocasiones en Benito Juárez, una de las 16 alcaldías que conforman la CDMX, conocida por ser bastión del PAN en la capital del país. El ex diputado ganó su primer mandato en 2018 tras conseguir casi el 49 % de los votos y en el 2021 fue reelecto con el 68 % de los sufragios.
Su última administración estuvo marcada por el escándalo conocido como “Cártel Inmobiliario”, que permitió la construcción de pisos y viviendas excedentes a cambio de la “cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares”, según lo dio a conocer en noviembre del año pasado la entonces fiscal de la CDMX Ernestina Godoy.
Taboada ha negado su implicación en el caso en distintas declaraciones para medios locales. No obstante la dimensión del escándalo, la coalición del PRI, PAN y PRD, denominada Fuerza y Corazón por México decidió postularlo para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en un giro inesperado respecto del método que habían anunciado previamente, que incluía la realización de foros y encuestas entre los aspirantes.
Cuenta pública 2022
La ASF observó el gasto de los recursos federales que se entregaron a Taboada a través de dos rubros: el de Participaciones Federales a Municipios y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
En la cuenta pública del 2022, la entidad fiscalizadora revisó la totalidad de los recursos asignados a la Alcaldía Benito Juárez por un monto de 47 millones 805 mil pesos que corresponden a las Participaciones Federales a Municipios, encontrando un desfalco de 14 millones 371 mil 739 pesos.
En esta auditoría de cumplimiento, marcada con el número 663 se derivaron dos observaciones que suman esa cantidad y otras dos que instruyen al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito Juárez, fincar responsabilidades en contra de servidores públicos que no entregaron la información de contratos y documentación oficial que comprueba el ejercicio de los recursos.
La ASF hizo una revisión a la obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, encontrando que no pudo verificar el financiamiento de las operaciones con los recursos asignados, debido a que la Alcaldía Benito Juárez no proporcionó los registros contables y presupuestales.
Lia Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón y Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por México a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro
De aquí se desprende la primera observación marcada con la clave 2022-D-09014-19-0663-06-001, la cual detectó un desfalco por 6 millones 153 mil 651 pesos, derivados de la contratación de un servicio para el desarrollo de una estrategia institucional para la revisión y mejora de la gestión pública de la Alcaldía Benito Juárez, pues no hay evidencia de que se llevara a cabo. Tampoco hay registro de la entrega de los comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por un monto de 2 millones 841 mil 700 pesos.
En otro contrato que tenía como finalidad llevar a cabo un diagnóstico para mejorar los procesos de adjudicación y ejecución del presupuesto participativo 2022, la ASF tampoco encontró los comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que ascienden a un monto de 522 mil pesos y no hay evidencia de que el servicio se hubiese realizado.
La Alcaldía Benito Juárez también celebró un contrato por 1 millón 200 mil pesos en servicios de consultoría de contratos individuales de trabajo, pero no hay memorias de los juicios atendidos y la documentación es ilegible.
Con el recurso de las participaciones federales, Taboada ordenó el suministro e instalación de luminarias tipo cerillo en las calles más oscuras de la Colonia Narvarte, pero no presentó los SPEI por un monto de 1 millón 751 mil 700 pesos, ni los estados de cuenta bancarios y el acta de entrega no tiene fecha. El informe detalla que no presentó cotizaciones, constancia de situación fiscal ni registro del padrón de proveedores.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno por la alianza PAN-PRI-PRD. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro
La misma observación por falta de los SPEI con monto de 1 millón 38 mil pesos y el acta de entrega-recepción ocurre en la contratación del suministro y aplicación de repellado y pintura de fachadas en la calle Albert. La Alcaldía no presentó el análisis cualitativo de las propuestas ni las actas constitutivas de las empresas que concursaron para asignarse la obra.
En cuanto a la revisión de obra pública se refiere, la ASF elaboró la observación 2022-D-09014-19-0663-06-002 en la que se detectó un desfalco de 8 millones 218 mil 87 pesos en la ejecución de la segunda etapa del mercado Mixcoac y la rehabilitación del mercado Lázaro Cárdenas. Del primero, la entidad fiscalizadora señala que la Alcaldía Benito Juárez no entregó el reporte fotográfico de la estimación 11 por un monto de 1 millón 796 mil pesos, así como pruebas de laboratorio.
Del segundo, señala que no presentó el acta de entrega-recepción, ni reporte fotográfico de la estimación 11 por 2 millones 471 mil 400 pesos, ni pruebas de laboratorio. También menciona que en el contrato de servicios profesionales técnicos para el apoyo logístico en actividades relacionadas con la obra pública por un monto de 3 millones 950 mil pesos no se incluyeron reportes de actividades, informes quincenales ni el informe final.
El candidato del PRI-PAN-PRD en la ciudad de México, Santiago Taboada. Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro
Otro desfalco millonario de Santiago Taboada con el Fortamun
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) establece que al menos el 20 por ciento de este fondo se debe destinar a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
En el caso de la Alcaldía Benito Juárez, la ASF observó las cuentas públicas del 2020 y 2021 encontrando en ambas un desfalco que asciende en conjunto a los 17.6 millones de pesos.
La auditoría 654 que corresponde al ejercicio fiscal del 2021 reporta un desfalco de 2.5 millones de pesos, después de que en una primera instancia se le hubieran hecho observaciones por casi siete millones de pesos, debido a que las autoridades no presentaron documentos que comprobaran y justificaran el gasto. Entre sus observaciones, la ASF señala que la Alcaldía presentó recibos de pago de seguros sin validez fiscal.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno por la alianza PAN-PRI-PRD. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro
También advierte falta de transparencia en el ejercicio presupuestal, debido a que no publicó en su página de internet los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos. El informe menciona que ni siquiera entregó la documentación que acredita que enviaron los comprobantes de gastos al Gobierno de la Ciudad de México, donde se concentraron inicialmente los recursos del FORTAMUN para repartirse posteriormente a sus 16 alcaldías.
También perteneciente al mismo rubro, la auditoría señalada como el número 675-DS-GF, la ASF estimó que el daño a la Hacienda Pública es de 15 millones 118 mil 732 pesos más rendimientos, debido a que no presentó evidencia de haber destinado recursos del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020 para el pago de servicios personales en seguridad pública. La falta de comprobantes y registros contables del ejercicio presupuestal es una constante en esa auditoría.
Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en diputados; Marko Cortés, presidente nacional del PAN, acompañaron a Santiago Taboada, alcalde con licencia en Benito Juárez, a su registro como precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por la alianza PRI-PAN-PRD. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro
En su informe la ASF destaca por ejemplo que la Alcaldía Benito Juárez no tiene mecanismos de control que garanticen la adecuada ejecución de los recursos asignados. La falta de transparencia en el ejercicio de los recursos también es otra de las observaciones que hace la entidad fiscalizadora.
“La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020 y las acciones a realizar; sin embargo, no proporcionó trimestralmente la información sobre el avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, de acuerdo con los lineamientos de información pública del CONAC”, dice el informe.
El cochinero de Santiago Taboada en la Benito Juárez
El mal uso de los recursos que realizó el panista, no sólo fue descubierto por la ASF, también por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) que detectó un desfalco global de aproximadamente 2.6 millones de pesos en su cuenta pública del 2022.
El reportero Omar Montalvo dio cuenta de ese hecho en el diario Basta! donde expone los resultados de la auditoría, registrada con el número de expediente ASCM/69/22.
Un millón de pesos corresponde a la ejecución del programa de apoyo a estudiantes denominado Beni-Titúlate que consistió en la dotación de becas por única vez y hasta por 5 mil pesos en agosto del 2022, como una ayuda para contribuir a su formación académica.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la capital por la coalición “Va por la CDMX (PAN, PRI y PRD). Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
De acuerdo con Montalvo, la ASCM detectó que al menos dos de los funcionarios públicos de la Alcaldía tomaron, cada uno, diez mil pesos de ese programa para su beneficio propio, y aunque la administración de Taboada intentó justificar el desvío de recursos, no pudo conseguirlo debido a la falta de pruebas.
Otra de las observaciones está dirigida a la realización del Tercer Festival EstacionArte 4×4 BJ en agosto del 2022 como una estrategia para reactivar la industria creativa y cultural de la Alcaldía Benito Juárez ante el impacto de la pandemia por Covid-19 que azotó a todo el planeta.
La administración de Taboada ejerció 1 millón 600 mil pesos en este evento, sin embargo, la ASCM no recibió los documentos de la programación presupuestal y tampoco los comprobantes de la aplicación del recurso.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la ciudad de México. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.
El informe de la entidad fiscalizadora señala lo siguiente: “(Se le solicitó) que proporcionara las facturas de los proveedores y/o comercios con domicilio fiscal en la Alcaldía Benito Juárez, a fin de comprobar los costos de producción de artes visuales y escénicas; sin embargo, el sujeto de fiscalización fue omiso en proporcionar las facturas que amparan los costos de producción”.
El Gobierno del panista es uno de los más cuestionados por las instituciones fiscalizadoras y de transparencia, que han dejado en evidencia su falta de rendición de cuentas y de un ejercicio público de los recursos dentro del marco de la ley.
El activista digital Julián Macías Tovar ha publicado un detallado hilo en X, exponiendo una red de bots diseñada para apoyar a Xóchitl Gálvez, candidata prianista. Estas cuentas falsas, cuyas imágenes de perfil son extraídas de diferentes páginas web, son creadas para apoyar a la candidata, pero con frecuentes errores en los hashtags, tales como #MiVotoParaXóchilt y variantes similares con errores tipográficos o números añadidos, para aumentar la visibilidad en las tendencias diarias de la plataforma.
Nuevo fallo en el trollcenter de Xóchitl. +26K cuentas publican +100K tuits con el HT equivocando su nombre #MiVotoParaXochilt. Además probaremos como estas cuentas ponen miles de tuits con las narcoetiquetas y se coordinan con las personas que administran la cuenta de Xóchitl. pic.twitter.com/pLju21FYV5
Estos usuarios también se dedican a difamar a sus rivales políticos, como Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, quienes previamente ya habían denunciado estas prácticas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Según el análisis de Macías Tovar, la actividad de estas cuentas comenzó simultáneamente con el lanzamiento de la campaña de Gálvez, sugiriendo una coordinación directa.
Lo más revelador del hilo es la constante interacción entre la cuenta oficial de Gálvez y las cuentas de bots, llevando a especular que la persona detrás de la campaña de bots podría ser la misma que maneja la cuenta oficial de la candidata. Esta interacción violaría las normas de X, incluyendo la creación de interacciones falsas para hacer que las publicaciones parezcan más populares y las actividades coordinadas para influir artificialmente en las conversaciones.
Esto no solo demuestra que la conversación no es orgánica sino que con el resto de pruebas publicadas en diferentes informes queda claro que incumple numerosas normas de X de manera sistemática y diaria con cientos de miles de cuentas.https://t.co/K6EeBL15J2pic.twitter.com/coiYnu2IA6
Estas cuentas pueden publicar hasta 400 tweets al día usando hashtags en apoyo a Gálvez, lo que sugiere una programación automatizada de las publicaciones. Esta revelación plantea serias preguntas sobre la ética de la campaña de Gálvez y el impacto de estas tácticas en la integridad del proceso electoral.
El hilo de Macías Tovar ha generado una amplia discusión en X sobre las prácticas de campaña digital y ha llamado la atención sobre la necesidad de mantener la honestidad y la transparencia en las estrategias políticas en la era digital.
El deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, sería el principal beneficiario de “administrar” el dinero de las cuentas de pensiones no reclamadas, las cuales se pretende que sirvan de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, también es propietario de Afore Azteca, la cual administra 482 mil 732.6 millones de pesos de 18 millones 201 mil 924 de trabajadores.
De acuerdo al columnista Roberto Fuentes Vivar, también es esta afore la que cuenta con la mayor cantidad de cuentas y el primer lugar en plusvalías recibidas durante 2023, con 516 mil 213 millones lo que le dio un resultado neto de 147 mil 825 millones de pesos.
Pero eso no es todo, sino que Afore Azteca maneja los recursos de los Afores que se encuentran en la cuenta concentradora del Banco de México. Es decir, la administradora del deudor fiscal concentra las cuentas de trabajadores que no han reclamado su dinero, de trabajadores que fallecieron y de las cuentas que están pendientes por asignarse a otras Afores.
Este tipo de cuentas significan la gran mayoría de las personas afiliadas a su afore, pues, según el mismo columnista
“Si a la Afore de Ricardo Salinas Pliego se le quitaran los casi nueve millones de cuentas administradas por el Banco de México, se quedaría solo con 41 mil 883, lo que la ubicaría en el último lugar del sistema, en lo que se refiere a número de trabajadores afiliados en su Afore”, señaló.
El magnate ha expresado su oposición sobre la Reforma al sistema de pensiones propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
En una publicación de X, Salinas Pliego aseguró que con esta iniciativa el gobierno busca “robar el dinero de la gente“.
Además, comparó al gobierno con “parásitos” que no producen dinero, sino que lo obtienen de aquellos que sí lo generan.
Se van a robar el dinero de la gente… ¿ustedes confiarían en que los #Gobiernicolas tengan el permiso de decidir cuál cuenta está inactiva y robarle todo el dinero que tenga, qué probabilidades hay de que se equivoquen alguna vez y se roben cuentas que si están activas, ustedes… https://t.co/93GQOVVsJz
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 12, 2024
Desde la semana pasada, Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que los trabajadores que se comenzaron su vida laboral bajo el esquema de 1997 puedan tener una pensión digna que sea equivalente al 100% de su último salario antes del retiro. Y uno de los financiamientos de este Fondo sería precisamente el dinero en las cuentas no reclamadas.
La propuesta generó una guerra sucia en su contra desde medios corporativos y políticos de oposición, quienes aseguran lo mismo que ha dicho Salinas Pliego.
Por su parte, el Presidente López Obrador informó que la distorsión de la propuesta se debe a que toca intereses económicos, además del contexto electoral en el que surgió.
Entre las Afores que se verían afectadas por la iniciativa de reforma, se encuentran varias que están ligadas a grupos e instituciones que se han posicionado en contra del gobierno de AMLO. Principalmente, Ricardo Salinas Pliego, la familia Coppel y Citibanamex.
Durante la conferencia matutina del presidente mexicano, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, advirtió el riesgo que representa eliminar la prisión preventiva oficiosa, debido a que de darse la situación esto causaría la liberación de alrededor de 68 mil presuntos criminales a nivel nacional.
«Eliminar la prisión preventiva de oficio dejaría en libertad a 68 mil presuntos delincuentes en el país«, expuso la secretaria de Gobernación.
Uno de los temas que más discusión ha generado esta semana ha sido la posibilidad que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminen la prisión preventiva oficiosa.
La cuestión fue abordada durante la conferencia matutina presidencial el pasado 16 de abril, donde la secretaria de Gobernación dio los motivos del porqué la propuesta es tan riesgosa, argumentando que la prisión preventiva es una medida cautelar para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, homicidio doloso o violencia sexual, entre otros.
De acuerdo con lo denunciado por Luisa Alcalde el impacto recaería en los actuales presuntos delincuentes que son 11 mil 640 quienes están acusados de homicidio, 7 mil 150 de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 de delincuencia organizada.
Advirtió que la reincidencia criminal es otro problema debido a que con la liberación de estos individuos se pone en peligro a los testigos, víctimas, personal policíaco, fiscalías locales, jueces y demás involucrados; además de que disminuirían las denuncias de situaciones similares por implicar que los denunciantes también correrían peligro.
«Se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga«, alertó Luisa María Alcalde.
La funcionaria detalló que la entidad federativa que más resultaría afectada por esta iniciativa sería el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión, además de Jalisco donde se hayan 8 mil 342 individuos acusados y Veracruz con 4 mil 554 presuntos delincuentes.
Cabe resaltar que esta iniciativa se está discutiendo en la SCJN debido a la resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia judicial que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes instan a México a llevar a cabo la reforma de su marco normativo.
Es por ello que la secretaria de Gobernación también expuso que, de darse la abolición de la prisión preventiva, se estaría vulnerando «la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse».
«Cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución. (…) El artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación«, añadió.
Finalmente, hizo un llamado a la SCJN para que respete la Constitución, «la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones«.
El viernes pasado el Gabinete de Seguridad envió una carta a la SCJN para plantear las preocupaciones respecto a la posibilidad de invalidar la prisión preventiva oficiosa que impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes atrayendo riesgos evidentes. pic.twitter.com/e8Q1eIVajF
