El ex presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió del “pueblo de México” a través de un video publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales, en el que se le observa en diversos encuentros con la población mexicana y en el que se escucha el tema “Ese hombre”, de Silvio Rodríguez.
Por medio de su cuenta de X, rememoró diversos episodios de su lucha en la vida política a lo largo del país.
En la grabación, López Obrador destacó sus diversos logros como mandatario en el sexenio (2018-2024).
Por último, el ahora ex presidente escribió: “El pueblo de México es amoroso, el mejor del mundo. Muchas gracias y hasta siempre”.
El presidente AMLO hizo pública una carta a las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con un informe público.
Esto, al presentar la carta a madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, sobre el segundo reporte de la investigación realizada.
Y misma que llevo a cabo el Poder Ejecutivo para encontrar a los jóvenes.
AMLO y la verdad.
Cabe destacar que presidente López Obrador sostuvo que ha coordinado personalmente las tareas de búsqueda en los últimos dos años.
Además, subrayó que una vez a la semana sostiene reunión con el Gabinete de Seguridad para dar seguimiento.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso acciones inéditas del Gobierno de la Cuarta Transformación.
Seguidamente, destacó el diálogo en centros penitenciarios con los involucrados a fin de conseguir información sobre el paradero de los estudiantes.
Lo anterior, por parte de las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Además del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.
Acciones
Por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles y 16 militares.
Además, entre los que se encuentran dos generales y un elemento de la Secretaría de Marina, hecho inédito en la historia de México.
Adicionalmente hay tres órdenes de aprehensión pendientes contra militares. En el sexenio, el número de encarcelados incrementó de 59 a 120 personas.
El presidente López Obrador precisó que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina apoyan la investigación con el objetivo de llegar a la verdad en este asunto de interés público.
En calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, instruyó la apertura de archivos e información.
AMLO por la verdad
“Mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia; porque, entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República”.
Lo anterior, señala el mandatario en la misiva.
Desde el inicio del Gobierno de México, reafirmó, se destinaron recursos, tiempo y voluntad para esclarecer los hechos, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.
A lo largo de casi seis años de administración, la búsqueda en campo contempla la exploración de 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico necesario.
«Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras», refiere.
Carta a las familias de Ayotzinapa
“Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos”.
“De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”.
Dificultades
Sin embargo, señaló, no ha sido posible avanzar más porque López Astudillo, que permanece en la cárcel, no muestra voluntad para seguir cooperando.
Esto, aun cuando él tiene comunicación y contacto comprobado con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes.
La federación, dijo AMLO, también promueve que personas procesadas o sentenciadas pueden acceder de manera directa a beneficios de la Ley de Amnistía.
Lo anterior, si aportan elementos comprobables y útiles en la resolución de casos relevantes para el Estado mexicano, como lo es el de Ayotzinapa.
El segundo reporte sobre los jóvenes desaparecidos incluye la carta del presidente y anexos de la investigación; están disponibles en canales y plataformas oficiales del Gobierno de México para consulta de todo el pueblo, como parte del compromiso de transparencia.
Reporta
“Es una información que antes no se daba a la mayoría de la gente, eran muchos los filtros y también en abono a las organizaciones independientes, no tenían acceso a los medios convencionales, había un control casi absoluto de los medios de información, de los periódicos, de la radio, de la televisión. Entonces, ahora ya hemos informado más sobre este caso”, afirmó.
En la misiva a familiares de padres y madres de familia con motivo de los diez años del caso Ayotzinapa, el titular del Ejecutivo federal expresó:
“…,hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto”.
Ante representantes de medios de comunicación confió en que, si el gobierno federal no esclarece este lamentable hecho, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emprenderá los esfuerzos necesarios para continuar esta misión.
El presidente @lopezobrador_ difundió carta dirigida a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Expuso los avances de investigaciones y cuestionó que, sin pruebas, la periodista Anabel Hernández (y la DEA) fue la 1a. en decir que militares participaron en su desaparición. pic.twitter.com/G6xHwgQztm
El presidente recordó que el sexenio anterior pretendió dar carpetazo al caso construyendo la llamada ‘verdad histórica’.
La versión, sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, descalificada, en particular lo relativo a la presunta incineración de los jóvenes.
Sesión para la instalación del Consejo General rumbo al Proceso Electoral Extraordinario del PJF. Foto Cristina Rodríguez
Para evitar la intervención del crimen organizado en las campañas electorales de los ministros, magistrados y jueces, el Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá a la Secretaría de Gobernación y Seguridad Ciudadana establecer los protocolos de vigilancia que aplicaron en el proceso electoral pasado.
Así lo informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, al señalar que iniciarán acercamientos tanto con Gobernación como con Seguridad para poder contar con una estrategia que impida el uso de dinero proveniente de la delincuencia organizada.
Entrevistada al término de la sesión en la que se hizo la declaratoria del inicio del proceso extraordinario del Poder Judicial, la instalación de los 32 consejos locales y la creación de la Comisión Temporal que dará seguimiento a estas elecciones, Taddei Zavala señaló que sí es necesario “por aquello de que algún aspirante decida solicitar protección en materia de seguridad”.
Consideró que el uso de recursos del crimen organizado en las campañas para jueces “está latente”, pero también habrá que vigilar otros orígenes que estén prohibidos.
Respecto a los cargos que se van a elegir, comentó que calculan la elección de 880 cargos para el próximo primero de junio de 2025, incluyendo todas las vacancias.
Ante ello, la consejera presidenta apuntó que esto modifica el presupuesto que van a presentar para el 2025, aunque la complicación es que están partiendo de una elección que no tiene la misma formalidad o el mismo modelo de las otras elecciones que el instituto ha realizado por más de 33 años.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que están elaborando lineamientos, pues el número de cargos para cada una de las boletas es muy amplio, porque son muchos.
“Tenemos que ver qué hacemos con la capacitación, para que las personas, sobre todo la ciudadanía, tenga claridad por quién va a votar, quiénes son las candidaturas a cada uno de los cargos”, apuntó tras agregar que deben considerar lineamientos en lo que se establecen las leyes secundarias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría desechar los recursos legales con los cuales Grupo Elektra, del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, ha evitado pagar sus adeudos fiscales que suman alrededor de 34 mil millones de pesos.
De acuerdo a información del diario Reforma, la Ministra Yasmín Esquivel y el Ministro Alberto Pérez Dayán presentarán ante la Segunda Sala de la SCJN dos proyectos que desechan los recursos de Elektra que hasta ahora lo han eximido del pago de adeudos fiscales.
La Segunda Sala agendó para el 2 y 9 de octubre la discusión sobre los amparos de Elektra. Estos recursos se emitieron contra sentencias que, en junio, confirmaron la legalidad de los créditos fincados por el SAT en el sexenio pasado.
Para resolver el asunto, bastarán tres votos de los Ministros o Ministras de la Corte para que la empresa del ultraderechista Salinas Pliego, tenga que pagar su adeudo estimado en 34 mil 734 millones de pesos. Si bien, la deuda puede ser negociada para pagarse en 36 mensualidades, el 20% de la suma deberá pagarse al inicio de la negociación.
El proyecto de Esquivel, listado para el 2 de octubre, se refiere a un crédito de mil 431 millones de pesos por omisión de impuestos en 2008. Mientras que el que tiene Pérez Dayán, que se refiere al ejercicio de 2013 y será votado el 9 de octubre, es el más grave que enfrenta la empresa, pues aunque originalmente eran 18 mil 455 millones de pesos, como han pasado seis años desde que el SAT notificó a la empresa, ahora estima que asciende a 33 mil 306 millones, por recargos acumulados.
Cabe mencionar, que el octubre de 2022, Elektra perdió un caso similar por el que tuvo que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 2 mil 626 millones de pesos. Esta determinación ocasionó el enojo del magnate quien llamó “gobernícolas” y “perros” a quienes celebraron que al fin pagaría sus adeudos.
Mientras que la deuda en cuestión fue dada a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien denunció que la tenían “guardada” para así apoyar al empresario y evitar que pague impuestos.
Ahora que el expresidente Ernesto Zedillo “rompió” el silencio para manifestarse contra la reforma judicial, podría explicar al pueblo de México tres expedientes que señalan al político priísta con nexos con los cárteles de Colima y de Juárez. Los documentos oficiales de la extinta PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional –en poder de Contralínea– acusan, por una parte, que su primer círculo familiar (esposa, suegro y cuñado) se habría involucrado con los hermanos Amezcua Contreras; y, por otra parte, que su entonces secretario particular, Liébano Saenz, estuvo presuntamente conectado con el capo Amado Carrillo. Sobre esto último, se asegura que hubo financiamiento ilícito durante la breve campaña electoral de Zedillo. El primer señalamiento se hizo tras pinchar los teléfonos de los integrantes del cártel de las metanfetaminas, mientras que el segundo, cuando la Sedena obtuvo el testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del grupo criminal que encabezaba el Señor de los Cielos, mediante un militar desertor. Ambos casos fueron enterrados gracias al poder del expresidente de México, quien en una de sus primeras acciones de gobierno asestó el mayor golpe al Poder Judicial, cuando desapareció la Suprema Corte y nombró, a modo, a todos los ministros
Tres expedientes oficiales revelan que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue investigado durante su propio sexenio por supuestos nexos con los cárteles de Colima y de Juárez, hechos por los que el político priísta aún estaría impune, debido a su nivel de influencia y a los arreglos que posteriormente estableció con su sucesor, el panista Vicente Fox Quesada.
Se trata de un expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, elaborado en diciembre de 1995 por la V Región Militar y enviado directamente al entonces general secretario Enrique Cervantes Aguirre –al que se le agrega otra investigación que realizó (por separado, pero que llega a las mismas conclusiones) la entonces Procuraduría General de la República, y que se conoció como el ‘Caso LEO’–; y de una tercera indagatoria, también de la PGR –que se hizo de 1996 a 1997–, sobre el cártel de los hermanos Amezcua Contreras.
Los tres archivos –en poder de Contralínea– acusan presuntas relaciones estrechas entre los narcotraficantes y los familiares de Ernesto Zedillo (su esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez; su suegro, Fernando Velasco Márquez; y sus cuñados, Fernando y Francisco Velasco Núñez), así como con uno de sus brazos derechos en la Presidencia (su secretario particular, Liébano Sáenz), por lo que las indagatorias de las autoridades incluyeron hipótesis que ubicaban al entonces presidente de la República como beneficiario final o autor intelectual de los presuntos negocios ilícitos.
Otra de las características de estos tres expedientes es que ninguno de ellos se inició teniendo como línea principal u objetivo primario aErnesto Zedillo o a sus operadores, sino que se llegó a éstos como parte de los hallazgos derivados de las propias estrategias investigativas.
Y la tercera característica es que ninguno de ellos prosperó ni se judicializó. Además de que los investigadores principales fueron acosados brutalmente: uno de ellos fue asesinado (Héctor Rodríguez Armendáriz, agente especial de la PGR); otro, encarcelado (general Jesús Gutiérrez Rebollo); y otro más, exiliado (Samuel González, entonces titular de la UEDO, de la PGR).
El expediente militar
En el caso del expediente militar, la información se obtuvo del testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del Cártel de Juárez, liderado en aquellos años por Amado Carrillo Fuentes.
Fechado el 4 de diciembre de 1995 –apenas un año después de que Zedillo asumiera la Presidencia–, el archivo número 39872, de la V Región Militar y firmado por el general Gutiérrez Rebollo, se basa en el testimonio del subteniente desertor de la Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación, Francisco Corona García, quien tras enrolarse con el Cártel de Juárez, conoció a Amado Carrillo y a sus operadores.
El militar reveló conversaciones que sostuvo con González Quirarte, en las que aseguró que dicho narcotraficante –a quien se le atribuye haber sido el segundo en la estructura del cártel del Señor de los Cielos– reveló que su jefe había financiadoa Liébano Sáenz durante la breve campaña presidencial de Zedillo.
Para entonces, Sáenz –hoy abierto opositor al gobierno del presidente López Obrador– era el secretario particular del presidente Zedillo, y tenía tanto poder, que se le consideraba el segundo al mando del país (algo así como un vicepresidente, a grado tal que en aquella época se consideraba que él pudo haber llegado a la Presidencia, como suplente de Luis Donaldo Colosio tras el magnicidio, y de quien fue jefe de información y propaganda durante su campaña, e incluso fue quien informó de su muerte tras el atentado en Lomas Taurinas).
Acerca del subteniente Corona García, el expediente indica que fue aprehendido por el delito de deserción “por el grupo de información de esta Región Militar, en esta plaza, el 3 de diciembre de 1995 y quien se encuentra relacionado con el Cártel de Juárez”
Agrega que, entre otras cosas, el militar desertor confesó que escuchó directamente a Amado Carrillo Fuentes comentarle a Eduardo González Quirarte: “compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al lic. Lievano Saenz [sic], para que nos vaya bien con Santa Claus”. Y se agrega que el regalo sería presuntamente una casa.
El subteniente Corona también dijo que había preguntado a González Quirarte “quién era el lic. Lievano Saenz [sic], porque no lo conocía, [y] éste le contestó que era el secretario particular del sr presidente de la República. También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quirarte, éste le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el lic. Lievano Saenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia de Ernesto Zedillo. Incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos”.
Expediente LEO
Como previamente lo ha informado Contralínea, este nexo también fue descubierto en el expediente ‘LEO’, que abrió la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la ya extinta Procuraduría General de la República. Nuevamente, la línea de investigación fue la operación y estructura del Cártel de Juárez.
Esta indagatoria se le encargó al agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, quien tras descubrir que los tentáculos de la organización criminal de Amado Carrillo llegaban hasta la secretaría particular de la Presidencia de la República fue ejecutado el 22 de junio de 1999, en Hermosillo, Sonora. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza. Meses antes, el agente había denunciado amenazas de muerte y había pedido su baja a la PGR, pero sus jefes (José Trinidad Larrieta Carrasco y el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar) no le hicieron caso.
Previo a su asesinato –que nunca fue esclarecido–, Rodríguez Armendáriz investigó e integró el expediente ministerial Caso LEO, clasificado como confidencial por la PGR, que acusaba al secretario particular del Zedillo, José Liébano Sáenz, de estar implicado con el Cártel de Juárez. Posteriormente, este asunto fue cerrado supuestamente por falta de elementos.
Ello, a pesar de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluyó que sí había evidencias suficientes de relaciones sospechosas entre el secretario particular de Zedillo y el narcotráfico, así como con lavadores de dinero. Aunque nunca se judicializó el asunto, Liébano Sáenz sí fue citado a declarar por el entonces titular de la UEDO, Samuel González. De acuerdo con los documentos en poder de Contralínea, en aquel interrogatorio se le cuestionó, incluso, por una supuesta relación íntima de su hermana con uno de los principales narcotraficantes del Cártel de Juárez.
Como si se tratara de una novela de intriga política y redes de corrupción al más alto nivel, Samuel García fue amenazado de muerte y –a diferencia de lo que pasó con el agente especial– logró ser designado cónsul en Sevilla, España. Sólo así salvó la vida.
Cártel de los Amezcua Contreras
Otro expediente de la Procuraduría General de la República, ya cerrado y que data del sexenio zedillista, es el que señala una supuesta relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con el cártel de Colima, encabezado por los hermanos Amezcua Contreras, apodados los Reyes de las Metanfetaminas.
En el archivo se incluyen diversas pruebas documentales, entre las que destacan testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas –autorizadas por jueces– a los hermanos Amezcua Contreras.
El documento confidencial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), bajo el título “Organización de los hermanos Amezcua Contreras. Tráfico internacional de efedrina”, refiere que al investigar a ese cártel con sede en Colima –estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco–, agentes federales especiales descubrieron presuntos vínculos de ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente, y los hermanos de ésta, Fernando y Francisco Velasco Núñez.
Los teléfonos de los integrantes del Cártel de Colima fueron pinchados por el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, en 1996 y 1997. Así, la PGR grabó miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Al frente del INCD estaba el general Jesús GutiérrezRebollo, quien posteriormente a estos descubrimientos fue encarcelado hasta su muerte, acusado de presunto narcotráfico, pues habría recibido regalos del entonces jefe del Cártel de Juárez, el Señor de los Cielos.
El documento confidencial de la FEADS, de 43 páginas, revela los contenidos de las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996, el narcotraficante Jesús Amezcua Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro del grupo criminal, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.
Tirado le dijo a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República. Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la Oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.
“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República [Ernesto Zedillo], por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana [Nilda Patricia], la esposa del presidente de la República”.
No obstante, Ernesto Zedillo –quien el primer año de su gobierno asestó uno de los mayores golpes al Poder Judicial, al desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para luego nombrar a sus nuevos integrantes a modo– nunca ha respondido por estos hechos. Ahora que rompió el silencio, podría dar la cara por primera vez y aclarar los señalamientos que aún constan en los archivos históricos de la extinta PGR y de la Sedena, en poder de Contralínea.
Los trabajadores del PJ sentenciaron que seguirán con el paro debido a que ya tenían actividades programadas para la siguiente semana.
Luego de que el pasado 18 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó ponerle fin al paro nacional de labores en juzgados y tribunales nacionales, las y los trabajadores del PJ sostuvieron un encuentro con Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para determinar si acataran lo dicho o continuarán sin laborar.
Y es que, según lo expresado por los trabajadores, el CJF no los consultó en ningún momento para la toma de esta decisión, por lo que, de no llegar a un acuerdo, mantendrán sus protestas afuera del recinto ubicado en Insurgentes Sur e ignorarán la reanudación de labores programada para este lunes 23 de septiembre.
Trabajadores del PJ sostienen encuentro con Norma Piña
Respecto al encuentro con NormaPiña Hernández, este se dio en la mesa de diálogo que de por sí se tenía planificada entre los trabajadores con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed); la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C.; y la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.
A este se sumaron el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación; el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los Trabajadores del Poder Judicial; y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C.
Además del argumento sobre que no los tomaron en cuenta, los trabajadores del PJ expresaron que ahora más que nunca deben estar en paro, pues fue el pasado 16 de septiembre cuando el también llamado Plan Centró en vigor.
Trabajadores del Poder Judicial continuarán en paro
Por tal motivo, los trabajadores del PJ subrayaron que la suspensión de actividades se mantendrá pese a la orden del Pleno, ya que todos cuentan con un plan de acción para la siguiente semana, mismo que, según su visión, no podría cancelarse ya.
Según se tiene, protestarán en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral(INE), donde comenzarán los preparativos para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, el cual contempla las campañas y la realización de la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros el domingo 1 de junio de2025.
Se espera que en próximas horas, el CJF informe sobre la situación presentada entre los colaboradores y Norma Piña Hernández, y deje en claro si el paro sigue o no.
Por mayoría de votos –362 a favor, 133 en contra y cero abstenciones–, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma a la Guardia Nacional, para trasladar su mando a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras darse a conocer el número de votos a favor, se declaró mayoría calificada.
Dicho dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, y fue aprobado por legisladores de Morena, PVEM y PT; mientras que los diputados del PAN, PRI y MC votaron en contra.
Durante la discusión del dictamen, la diputada morenista Clara Luz Flores Carrales aseguró que este cambio legal dará “la oportunidad de vivir en paz y sin miedo, de salir a las calles con la tranquilidad de que existe un Estado preocupado y ocupado por garantizar la seguridad del país. Hoy agradezco y reconozco al Ejército y a la Marina. Hoy le estamos dando a la Guardiacerteza laboral, seguridad social y la dotamos de sus atribuciones”.
Por su parte, la diputada panista Eva María Vásquez Hernández consideró que es un retroceso institucional incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, y repitió la misma narrativa que ha sostenido la oposición a lo largo del sexenio, acerca de la supuesta militarización del país. “La propuesta es una amenaza para nuestro país, porque significa la militarización de la seguridad pública y pretende consolidar un mando meramente militar; significa una regresión en la construcción de un cuerpo civil que responda a las necesidades de la ciudadanía”.
Para el diputado Pedro Vázquez González, integrante de la bancada del PT, esta reforma no militariza la seguridad pública; por el contrario, busca asegurar una formación especializada y un control riguroso que garantice el respeto a los derechos humanos. Además de que se garantizará una actuación efectiva y coordinada con las entidades federativas y municipales, pues establece un marco normativo claro, disciplina operativa y profesionalismo en la Guardia Nacional, lo cual responde a la demanda social de paz y justicia.
Con lo aprobado, se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Ciudad de México, 18 de septimebre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular este miércoles la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que forma parte del “Plan C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con 492 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, aprobó en el pleno el dictamen que reforma el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, luego de su discusión en lo particular, la iniciativa fue aprobada con 483 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Con lo aprobado, se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. Considera una nueva Constitución de los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna.
Esto ante esto que los pueblos y comunidades indígenas, podrán participar, en términos del Artículo Tercero constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. De la misma manera, podrán desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.
El Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, remitió el documento al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Durante la discusión, del dictamen, algunas diputadas y diputados de los partidos de oposición manifestaron su voto a favor de la iniciativa. Por su parte, legisladores de Morena y aliados tomaron la tribuna durante sus respectivas intervenciones para levantar carteles con los nombres de comunidades indígenas
Momento histórico: con 483 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de @Mx_Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia de pueblos y #comunidadesindígenas y #afromexicanos; modificación de gran calado. Aquí puedes… pic.twitter.com/P8GsvSVWPb
La iniciativa, presentada por el Presidente el pasado 5 de febrero en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, propone reconocer la composición pluricultural y multiétnica del país.
En México, existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, integrados por 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones que se autoadscriben indígenas y 2.5 millones que se autoadscriben afromexicanos.
Estas modificaciones tienen el propósito de reconocer como “sujetos de derecho público” a los ciudadanos que conforman los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con lo que se les dotaría de una “personalidad jurídica y patrimonio propio”, para que, a su vez, se reivindique sus derechos y con ello se contribuya a “saldar una deuda histórica” con estos sectores.
Aunque se logró la probación de la reforma sin ningún voto en contra, legisladores manifestaron reservas sobre los alcances que pueda tener la nueva reforma.”Hay aspectos preocupantes de la reforma, la primera tiene que ver con la garantía de acceso a la justicia y la posibilidad de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan ser asistidas por personas intérpretes”, expresó por su parte Asael Hernández Cerón, del Partido Acción Nacional (PAN).
La propuesta expone aunque actualmente la Constitución mexicana sí reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, están dotados solamente de “carácter de entidades de interés público”, por lo que la iniciativa de reforma los reconozca como “sujetos de derecho público”, lo que implica que, de aprobarse las modificaciones, se les brinde de un pleno reconocimiento de sus derechos.
“En la actualidad, si bien el artículo 2o., apartado A, último párrafo, de la CPEUM reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sólo les da el carácter de entidades de interés público. Con esta reforma, se cumple con el reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos”, señala la iniciativa.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ofrece conferencia de prensa en la casa de transición, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2024. Foto Pablo Ramos
Ciudad de México. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que fusionará Segalmex con Diconsa, para crear “Alimentos para el Bienestar”, que formará parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). A cargo de la nueva área estará María Luisa Albores, actual secretaria de Medio Ambiente.
Leonel Cota, director de Segalmex, será subsecretario en Sader y Columba López, “quien me ayudó en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural” en la Ciudad de México, será coordinadora de programas territoriales. “Tres nombramientos que acompañarán a Julio Berdegué” en Agricultura, sostuvo.
En conferencia de prensa, informó que esta mañana se reunió con quienes integrarán el equipo de la dependencia y “vamos a fusionar Segalmex con Diconsa, para hacer una sola unidad. Tuvo sus problemas, que ya conocen algunos, y también otros que se derivan…”
Son tres unidades que vamos a concentrar en una sola. Donde estén todas las tiendas Diconsa, que se llamarán Tiendas del Bienestar”.
Sostuvo que la nueva aérea operará los precios de garantía, además de que vinculará a los pequeños productores agropecuarios -café, frijol, miel, cacao- con las tiendas Diconsa.
Indicó que desde la nueva área se vinculará también con Sembrando Vida, “para que pueda tener un canal de comercialización”.
Anunció que “muchos” servidores públicos actuales “se quedarán hasta diciembre, hasta el cierre del gobierno“, y otros “ocuparán algunas otras áreas, en lo que ya viene la nueva estructura orgánica del gobierno federal”.
Dijo que habrá cambios a la Ley Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “de tal manera que además de disminuir todavía más, estamos quitando duplicidad de funciones y reorganizando las secretarías para cumplir mejor su función.
Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno se mantiene atento a los problemas de inseguridad en el estado de Sinaloa. Explicó que las autoridades federales buscan dos objetivos fundamentales: proteger a los ciudadanos y evitar enfrentamientos entre los grupos criminales que puedan poner en riesgo a la población.
El mandatario instó a los medios de comunicación a no caer en el sensacionalismo ni en el amarillismo al cubrir la situación de seguridad en Sinaloa. Además, respaldó las declaraciones del General Jesús Leana Ojeda, quien mencionó que la seguridad en la entidad depende, en parte, de los grupos antagónicos que operan en la región. A pesar de ello, López Obrador reafirmó el compromiso de las fuerzas armadas en proteger a la población.
#ConferenciaPresidente | Luis Cresencio Sandoval, titular de la @SEDENAmx, detalló los resultados y aseguramientos realizados en #Sinaloa las últimas semanas:
➡️En Sinaloa se han desplegado 2,200 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional ➡️115 armas largas… pic.twitter.com/NleI5ShmPx
Refuerzos en Sinaloa tras la captura de líderes del narcotráfico
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, informó sobre las medidas que el Gabinete de Seguridad ha tomado desde el 25 de julio, cuando fueron detenidos en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Sandoval detalló que se implementaron operaciones de inteligencia y refuerzos militares, especialmente en Culiacán y en la zona sur del estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y evitar confrontaciones entre los grupos delictivos.
El secretario explicó que la estrategia ha consistido en ocupar áreas con alta presencia de grupos criminales, desplegando 2,200 efectivos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, apoyados por vehículos terrestres, seis aviones y cuatro helicópteros. Entre los aseguramientos recientes en Sinaloa destacan 115 armas largas, 14 vehículos blindados, así como drogas como cocaína, metanfetaminas y goma de opio.
Balance de la violencia en Sinaloa
Desde el 9 de septiembre, las fuerzas armadas han enfrentado 13 agresiones en el estado, de las cuales nueve fueron contra personal del ejército y cuatro contra miembros de la Guardia Nacional. Estas confrontaciones resultaron en la muerte de dos militares y dejaron heridos a otros nueve. Además, 30 civiles han fallecido en los enfrentamientos, 22 de ellos en Culiacán.
A pesar de la violencia, Sandoval aseguró que las fuerzas armadas continuarán en el estado el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad interior y el estado de derecho. Se han establecido operaciones de inteligencia y órdenes de aprehensión para seguir actuando contra los grupos delictivos.
